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jueves, 28 de febrero de 2013

La represa hidroeléctrica de Belo Monte,Brasil

"El Río es el corazón de nuestras tierras y de nuestra gente... Nosotros no nos sentaremos a ver mientras aquellos en Brasilia atentan con determinar nuestro futuro sin habernos consultado, escuchado, respetado y sin nunca haber puesto un pie en nuestras tierras... Ni el Río Xingú ni nuestras vidas están a la venta". 

(Extracto de una carta del movimiento Xingú Vivo para Siempre del 4 de febrero de 2010).

El río Xingú recorre casi 3,000 kilómetros a través del Amazonas, en el corazón de Brasil, y es el hogar de miles de indígenas, comunidades ribereñas y de una extraordinaria biodiversidad de flora y fauna. De completarse la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, por el consorcio Norte Energía S. A. (liderado por la paraestatal Electrobras), más de 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras agrícolas serán inundados y al menos 20 mil personas, desplazadas.

La represa propone desviar casi toda el agua del Xingú. Entre los incontables impactos de tal intervención se puede mencionar que las áreas donde tradicionalmente habitan peces serían irreversiblemente destruidas; que miles de personas perderían el acceso al agua, alimento, trabajo y transporte por el río; y que vastas áreas de selva serían inundadas, lo que además generaría la emisión de cantidades masivas de gases de efecto invernadero, mientras que la vegetación se pudriría. Adicionalmente, y dado que las obras ya han iniciado, miles de personas están perdiendo sus casas, su forma de vida y su cultura.

 Indígenas y ribereños han estado luchando contra la represa desde que fue propuesta, veinte años atrás. Lamentablemente, a pesar del rechazo general que ha provocado desde su gestación, y de las variadas controversias legales y políticas alrededor de una inadecuada evaluación de impacto ambiental —incluyendo la falta de implementación de salvaguardas para la protección del ambiente y los derechos de las personas—,  la Agencia Federal de Medio Ambiente de Brasil (IBAMA) otorgó el 1º de junio de 2011 la licencia a Norte Energía para la  instalación del proyecto Belo Monte, bajo una intensa presión política.

Project PhotoLa degradación ambiental empezó a notarse desde que se iniciaron las obras, confirmando lo que muchos temían. El caudal del río disminuyó, afectando desde ya la fuente de alimentación y de transporte de aquellas comunidades que habitan la zona. Ante la inminencia de daños irreparables, AIDA y organizaciones de la sociedad civil de Brasil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar medidas de protección en favor de las comunidades afectadas.

El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares mediante las cuales solicitó al Gobierno de Brasil suspender inmediatamente todo proceso de licenciamiento y construcción del proyecto de la represa Belo Monte, protegiendo los derechos a la vida y a la salud de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Posteriormente, el 29 de julio de 2011, la misma Comisión modificó el objeto de la medida y solicitó al Estado la adopción de medidas para proteger la vida, salud e integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, incluyendo aquellas en situación de aislamiento voluntario. Lamentablemente, ambas solicitudes han sido ignoradas por el gobierno.

Sin embargo, el 13 de agosto de 2012, la quinta sala del Tribunal Regional Federal de Brasil (TRF1) confirmó la solicitud de la CIDH, ordenando la suspensión inmediata de las obras bajo pena de multa al consorcio constructor. El tribunal argumentó que la autorización del proyecto por parte del Congreso brasileño en 2005 fue ilegal, en vista de que los pueblos indígenas afectados no fueron apropiadamente consultados, de conformidad con la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la OIT, del cual Brasil es signatario. Agregó que no se hizo una evaluación independiente de los impactos ambientales.

Desafortunadamente, el 27 del mismo mes, el Presidente de la Corte Suprema de Brasil revocó el mandato de suspensión, autorizando la reanudación inmediata de las obras. Sin embargo, está pendiente que el pleno de la Corte Suprema analice el mérito del asunto, existiendo la posibilidad de que dicha instancia ratifique la decisión que suspendió el proyecto.

AIDA, en seguimiento a su trabajo sobre grandes represas y dado que la situación de Belo Monte se ha repetido en otros proyectos hidroeléctricos en Brasil, elaboró dos informes para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que fueron presentados en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Brasil. En dichos informes se concluyó que efectivamente el gobierno no consultó con las comunidades afectadas y no obtuvo consentimiento libre, previo e informado, como exige el derecho internacional de derechos humanos. En los informes también se documentaron violaciones a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indígenas y el posible desplazamiento forzado de cerca de 40 mil familias. Como resultado del EPU, otros Estados recomendaron a Brasil asegurar que se cumpla la consulta con las comunidades afectadas por este tipo de proyectos.

La controversia que rodea Belo Monte sigue el trágico patrón común de las grandes represas en Latinoamérica. Es típico que los desarrolladores las construyan sin una adecuada participación de las comunidades afectadas y sin estudios de impactos sociales y ambientales suficientes ni completos. Estos proyectos se caracterizan por tener costos adicionales imprevistos, niveles de producción sobreestimados, y altos niveles de corrupción. Además, en zonas tropicales, pueden llegar a emitir tantos gases de efecto invernadero como una planta de carbón, lo que no es considerado por los evaluadores. Entretanto, las comunidades locales asumen los impactos extremadamente negativos, mientras que las grandes industrias consumidoras de energía reciben todos los beneficios.

Si Belo Monte continúa, habría incoherencia con la imagen que el Gobierno de Brasil proyecta como líder regional. Por el momento, no se han acatado las medidas cautelares de la CIDH, ni se han evaluado integralmente los impactos sociales y ambientales. Tampoco existe aún un acuerdo claro de compensación para las personas que están siendo desplazadas, ni se ha reconocido la necesidad de compensar a las personas perjudicadas pero no forzadas a desplazarse. 

Dos informes de AIDA están fortaleciendo los esfuerzos de los oponentes: Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad? y la Guía de Defensa Ambiental: Construyendo la Estrategia para el Litigio de Casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, disponibles en inglés, español y portugués. Con tu ayuda, seguiremos brindando asistencia a las comunidades afectadas que están luchando contra la represa.



Sitios de Web Útiles:

Video de dos minutos sobre las protestas de la represa.
Carta de ONGs sobre el premio de "Proyecto del Año"
Carta abierta al Presidente del BNDES sobre el financiamiento para Belo Monte
Página en Facebook de AIDA sobre Belo Monte
Organizaciones Aliadas:
International Rivers
Instituto Socioambiental
Movimento Xingu Vivo para Sempre
Última actualización el 18. Febrero 2013 - 15:09. Creado el 07/06/2011 - 10:26.
Prensa y boletines de AIDA:
La represa hidroeléctrica Belo Monte
Comunidades Indígenas
Ecosistemas Amenazados
Protegiendo Fuentes de Agua Dulce
Represas
Documentos de referencia:
La represa hidroeléctrica Belo Monte/project/belomonte#sthash.Lw0P4aAs.dpuf

Última actualización el 18. Febrero 2013 - 15:09. Creado el 07/06/2011 - 10:26.

- See more at: http://www.aida-americas.org/es
http://www.aida-americas.org/es/project/belomonte

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