Varias decenas de afectados por la financiera UCI de Madrid, Cataluña y Murcia han presentado, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) una denuncia penal en la Audiencia Nacional contra los máximos responsables del grupo financiero Santander, BNP Paribas y la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) por presuntos delitos de estafa continuada, delito contra los consumidores, contra el orden socioeconómico y asociación ilícita en concurso con organización criminal por la comercialización de hipotecas basura o subprime a través de la financiera UCI.
Las familias denunciantes piden a la Audiencia Nacional que abra una investigación judicial sobre estos hechos con protección específica a los denunciantes, la reparación del daño causado y la depuración de responsabilidades de quienes diseñaron y ordenaron la puesta en práctica del sistema de comercialización de productos tóxicos, entre los que destacan Emilio Botín, Patricia Botín y Alfredo Sáenz.
La parte tiene indicios de que el grupo Santander y BNP Paribas otorgaron préstamos hipotecarios para el acceso a la vivienda en condiciones tales que hacían previsible el impago de un elevado número de ellos sin avisar a los clientes del riesgo de la operación. El objetivo de esta comercialización con gestión temeraria del riesgo es el ánimo de lucro y la posterior venta de los préstamos a inversores internacionales (titulización). Las entidades logran sacar así tales hipotecas de los balances internos para conseguir nueva financiación con la que continuar el negocio de préstamo hipotecario.
Las entidades financieras concedieron a través de UCI préstamos a jóvenes, población migrante y personas con intención de cambiar de casa con escasa solvencia económica. Aparecen indicios de estafa en la concesión de tales préstamos al provocar endeudamientos durante décadas con falta de información y engaño acerca del riesgo contraido. Los préstamos incluyen además condiciones declaradas abusivas por los tribunales, un abuso que se multiplica en los casos de renegociación de deuda en los que UCI impone condiciones usurarias como la capitalización de intereses durante el periodo de duración de los acuerdos.
La venta de estos productos hipotecarios se realizaba a través de una compleja red de sociedades mercantiles y profesionales del ámbito inmobiliario, como la tasadora asociada a UCI, Valtecnic, y de la asesoría financiera, que cumplían los planes de UCI de colocación de hipotecas tóxicas.
El volumen de cotización de los fondos de UCI entre los años 1999 a 2009 asciende a 14.365,8 millones de euros, con un total de 133.701 hipotecas y 22.831 préstamos personales no hipotecarios. Entre un 11 y 15% de las hipotecas concedidas lo fueron sobre viviendas de protección oficial, y por encima del 30% a jóvenes menores de 39 años.
Hasta ahora hemos denunciado que ha habido estafa con hipotecas, que se han violado los derechos humanos, y les hemos dicho a los banqueros que son unos criminales. Ahora además les señalamos y en los casos en los que tengamos posibilidad por reunir prueba suficiente queremos lanzarles el mensaje de que les vamos a sentar en el banquillo. Así, esta denuncia se enmarca en la estrategia de lucha contra impunidad financiera impulsada por la PAH a través de la campaña Juicio y Castigo. Una campaña de denuncia social y pública que gracias a la lucha colectiva nos permite ahora abrir una línea judicial de trabajo como otra importante herramienta para exigir juicio y castigo a los culpables y para dar un paso más hacia el fin de la impunidad de la estafa hipotecaria; también una herramienta para exigir verdad, justicia reparación y no repetición. Rechazaron nuestra propuesta de mínimos, la ILP, y ahora decimos alto y claro que subimos las apuestas, y vamos a por los responsables últimos de la estafa hipotecaria: los integrantes más poderosos de los consejos de administración de las entidades financieras.
La iniciativa JUICIO y CASTIGO no ha hecho más que comenzar. Sabemos que el camino será largo pero también sabemos que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”. Ya es hora de que los tochos les empiecen a llegar a los banqueros. Con la lucha colectiva SÍ SE PUEDE.
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