lunes, 2 de diciembre de 2013

Una empresa minera australiana sume en la miseria a una aldea en Filipinas

La vida en la aldea filipina de Dipidio es un infierno debido a la actividad de la minera Oceana Gold, informa el diario australiano ‘Green Left Weekly’. Pero ahora las firmas australianas podrían ser investigadas por violaciones de derechos humanos.

En Dipidio, en la provincia filipina de Nueva Vizcaya, desarrolla sus actividades de extracción de oro la empresa Oceana Gold, una compañía australiano-neozelandesa que empezó a operar en Filipinas en 1994 aprovechándose de condiciones excepcionalmente ventajosas, como por ejemplo la exención del pago de impuestos durante varios años.

La actividad de Oceana Gold resultó devastadora para esta región del norte de la isla de Luzón, denuncia el rotativo. Miles de árboles fueron cortados para perforar una mina al aire libre de 765 hectáreas que tuvo consecuencias desastrosas para la biodiversidad. Los lugareños de Dipidio informan que han desaparecido de la zona muchos animales, como tucanes, antílopes y jabalíes. La calidad del agua en la región también se ha deteriorado debido a la contaminación que genera la mina, por lo que los habitantes de la aldea se ven obligados a comprar el agua potable para poder sobrevivir.

La vida de la población local ha quedado destrozada: muchos lugareños admiten haber sido forzados a vender su tierra a la empresa sin ninguna posibilidad de revocar el convenio. La construcción de la mina les privó de la posibilidad de cultivar arroz, que tradicionalmente había sido su actividad principal, y ahora se ven obligados a trabajar como peones en la mina por la mitad del sueldo que reciben los trabajadores llegados de la capital del país, Manila.

Para defender sus derechos y expresar su desacuerdo con las actividades de la empresa, los habitantes del pueblo han organizado acciones de protesta, pero estas todavía no han dado ningún fruto.

Dipidio fue unos de los pueblos que en septiembre recibieron la visita de varios grupos de protección del medio ambiente, de defensa de los indígenas e incluso religiosos. Forman parte de una misión a escala nacional que recopila datos para exigir que se investiguen los delitos de destrucción medioambiental, violación de derechos humanos y robo que cometen en Filipinas las compañías mineras australianas.

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