lunes, 11 de enero de 2016

No habrá pacto para librar a Urdangarin, la infanta y Torres del banquillo porque la acusación popular no lo apoya


La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en el Club Náutico de Palma de Palma en agosto de 2014 (Foto: Getty/Carlos Álvarez)


No habrá pacto para librar a Urdangarin, la infanta y Torres del banquillo porque la acusación popular no lo apoya

M.A. Ruiz Coll 11/01/2016

Cinco acusados ya han aceptado penas inferiores a los tres años. Matas está dispuesto a entregar su palacete, pero no acepta reconocer el delito de malversación. La infanta Cristina confía verse exculpada de todos los cargos gracias a la doctrina Botín

La Fiscalía no podrá sacar adelante ningún pacto para reducir la pena y librar del banquillo a Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina y Diego Torres, porque no cuenta para ello con el apoyo de la acusación popular.

Como ha informado Okdiario, la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto a los dos principales acusados, Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, un acuerdo de conformidad, que rebajaría sus penas a cambio de reconocer los cargos que se les imputan y devolver los 6,2 millones de euros de dinero público que cobraron indebidamente.

Si prosperara esta propuesta, el marido de la infanta Cristina vería reducida su pena a 9 años de cárcel, frente a los 19 años y medio de prisión que reclama para él la Fiscalía. En cuanto a Diego Torres, su petición de pena se vería reducida de 16 a ocho años.

Sin embargo, el acuerdo de conformidad sólo puede salir adelante si es respaldado, además de por la Fiscalía, por la acusación particularque ejerce la Abogacía del Estado y por la acusación popularrepresentada por la abogada Virginia López Negrete.
Matas entrega su palacete

Las fuentes consultadas por Okdiario señalan que el acuerdo no será posible, dado que no cuenta con el respaldo de esta última acusación. En el caso de la infanta Cristina, podría librarse del banquillo si el tribunal acepta aplicarle la doctrina Botín, tal como reclama su defensa.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach también ha negociado durante las últimas semanas una propuesta de acuerdo con el ex presidente del Govern balear, Jaume Matas.

El ex dirigente popular ha aceptado reconocer los delitos de fraude –que implica una pena de uno a tres años– y prevaricación, que no conllevaría pena de prisión, sino sólo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El acuerdo también incluye la entrega de la mitad de su palacete situado en Palma y valorado en 2,5 millones de euros, para resarcir el daño económico causado. Gracias a todo ello, Matas vería reducida su pena a un año de prisión.

Ya hay pacto con cinco acusados

Sin embargo, el pacto aún no está cerrado porque el ex dirigente autonómico no ha accedido a reconocer el delito de malversación, que también le imputa el ministerio público.

Anticorrupción sí ha logrado cerrar ya acuerdos de conformidad con otros cuatro acusados, que han decidido reconocer los delitos que se les imputan a cambio de la imposición de penas inferiores a los tres años de cárcel.

Se trata del ex director general de Deportes del Govern balear, José Luis Ballester; el ex director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía; el ex secretario del Ibatur, Miguel Ángel Bonet, y el contable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

   Estos son los 18 acusados que se sientan en el banquillo del ‘caso Urdangarin’

Miquel Roca pedirá el lunes que la infanta Cristina no sea juzgada en aplicación de la 'doctrina Botín'

Iñaki Urdangarin (hasta 26,5 años de cárcel) y su ex socio Diego Torres(22,5 años) afrontan las peticiones de penas más elevadas en el juicio del caso Nóos que se inicia este lunes en Palma de Mallorca.


Durante esta primera sesión, dedicada a resolver las cuestiones previas, el abogado Miquel Roca planteará la petición para que la infanta Cristina no tenga que sentarse en el banquillo, en aplicación de la llamada “doctrina Botín”. El sindicato manos limpias, representado por la abogada Virginia López Negrete, pide para la infanta una pena de 8 años de cárcel y una multa de 2 millones de euros.

Después de este trámite previo, no será hasta el 9 de enero cuando se inicien las declaraciones de los 18 acusados, entre los que se encuentran el ex presidente del Govern balear Jaume Matas (afronta penas de hasta 11 años de cárcel) y varios miembros de su ejecutivo: el ex director de Deportes José Luis Ballester, Juan Carlos Alía, Gonzalo Bernal y Miguel Ángel Bonet.

También se sentarán en el banquillo varios ex altos cargos de la Generalitat valenciana por adjudicar contratos a Iñaki Urdangarin. La vista culmina así varios años de investigación del juez José Castro y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, recogidos en un sumario que ocupa 76.000 folios.

Okdiario 10/01/2016
http://okdiario.com/espana/estos-son-los-18-acusados-que-se-sientan-en-el-banquillo-del-caso-urdangarin-51231


La abogada del Estado dice que “Hacienda somos todos” sólo es un eslogan publicitario



Manos Limpias defiende el papel de la acusación popular porque es un "instrumento fundamental para luchar contra la corrupción"

El eslogan “Hacienda somos todos” no es aplicable a la infanta. Es la tesis que ha defendido la representante de la Abogacía del Estado,Dolores Ripoll, durante la primera sesión del juicio del caso Urdangarincelebrada en Palma de Mallorca.

La acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias pide para la hija del rey Juan Carlos penas que suman 8 años de cárcel y una multa de dos millones de euros, como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por su marido.

La letrada López Negrete pide que no se aplique a la hija del Rey Juan Carlos la doctrina creada para "favorecer a un banquero"

Sin embargo, durante la sesión inicial del juicio, tanto el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach como la letrada del Estado ha pedido que la infanta Cristina sea eximida de todos los cargos en aplicación de la llamada doctrina Botín.

Es decir, argumentan que dado que laacusación particular ejercida por ambas partes no imputa ningún delito a la infanta, laacusación popular representada por el sindicato Manos Limpias no está legitimada para plantear cargos contra ella.

Para respaldar esta tesis, Dolores Ripoll ha sostenido que “Hacienda somos todos” es sólo un eslogan publicitario creado para meter miedo a los contribuyentes, pero no tiene ningún efecto jurídico.
“Un día importante para España”

Sólo la Administración del Estado, como parte perjudicada, está facultada para ejercer la acusación en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública, ha recalcado la letrada Ripoll.

Por su parte, la abogada que ejerce la acusación popular, Virginia López Negrete, ha advertido que si se aplica la doctrina Botín a la infanta Cristina para librarla del banquillo se sentaría un grave precedente.

Se trata, ha añadido, de una “doctrina anacrónica que se dictó en su día única y exclusivamente para favorecer a un banquero, Botín, que en paz descanse”. En su lugar, a su juicio debería aplicarse la llamada doctrina Atutxa, que permite ejercer la acusación popular en defensa de un interés común de todos los españoles que ha sido dañado, en este caso el presupuesto público.

“Hoy es un día muy importante para España”, para el estado democrático y “sobre todo para la acción popular” que consagra la Constitución como “instrumento fundamental contra la corrupción para evitar que poderes y élites políticas de este país puedan no estar bajo la ley”, había anunciado López Negrete a su llegada a la sala de vistas.

M.A. Ruiz Coll 11/01/2016
http://okdiario.com/espana/la-abogada-del-estado-dice-que-hacienda-somos-todos-no-es-aplicable-a-la-infanta-51815


Dos acusaciones dependientes del Gobierno tratan de dar carpetazo al juicio a la Infanta

El fiscal negará que Manos Limpias pueda acusar a Cristina de Borbón en solitario, y el abogado del Estado no le imputa delitos. La sala estudiará si archiva el caso con la doctrina Botín
MANUEL ALTOZANO
10.01.2016 – 05:00 H.

Dos acusaciones dependientes en última instancia del Gobierno, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, intentarán previsiblemente forzar el carpetazo al juicio contraCristina de Borbón en la primera jornada de la vista del caso Nóos que se celebra en la Audiencia de Palma. El hecho de que ambas partes no acusen a la Infanta puede dar lugar a la aplicación por el tribunal de la doctrina Botín, es decir, a archivar el caso respecto a ella al considerar insuficiente la acusación popular del sindicato de funcionarios Manos Limpias.

Por primera vez en la historia de España, un miembro de la familia real, hermana e hija de reyes, se sienta en el banquillo. Cristina de Borbón está acusada de dos delitos contra la Hacienda Pública como cooperadora necesaria de su esposo, Iñaki Urdangarin. Ambos eran copropietarios de la sociedad Aizoon, la firma mediante la cual habrían cobrado parte de los fondos públicos presuntamente malversados a través el instituto Nóos, con la que habrían defraudado a Hacienda 337.000 euros.

La primera jornada del juicio está reservada a las cuestiones previas. En ella, tanto la defensa de la Infanta como el Ministerio Fiscal se agarrarán previsiblemente a la doctrina Botín para sacarla del banquillo. La Abogacía del Estado, que actúa en representación de la Agencia Tributaria, no ha pedido el archivo del caso respecto a ella, aunque no la acusa de ningún delito. Solo la acusación popular de Manos Limpias señala a la Infanta, para la que pide ocho años de cárcel. El tribunal se ha dado un mes, hasta el 9 de febrero, para estudiar el asunto antes de que empiecen las declaraciones de los 17 acusados.

Manos Limpias pide que no se aplique la doctrina Botín

La doctrina Botín, creada en diciembre de 2007 por el Supremo en el caso de las cesiones de crédito contra el banquero, mantiene que una acusación popular (la de cualquier ciudadano que trate de defender un interés público, en el caso Nóos, Manos Limpias), no puede instar la apertura de juicio contra un imputado si el fiscal o la acusación particular (la ejercida por el perjudicado directo del delito, en el caso de la infanta, Hacienda a través del abogado del Estado) han pedido el archivo del caso.

La sentencia por la que fue absuelto el presidente del Santander ya fallecido se basaba en una interpretación literal del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que “si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (…) lo acordará el juez”.

Sin legitimación para acusar

El fiscal anticorrupción del caso Nóos, Pedro Horrach, ya defendió la aplicación de esa doctrina en su escrito de acusación. “La legitimación en solitario de la acusación popular“, es decir, de Manos Limpias, “para instar la apertura de juicio oral exige la concurrencia de las dos siguientes circunstancias: que se trate de delitos que protegen bienes jurídicos colectivos y que no exista posibilidad de personación de un interés (acusación) particular”, advirtió Horrach. “Es evidente que no concurre la segunda circunstancia puesto que el interés particular se halla representado por la Abogacía del Estado como acusación particular”, añadió.

La Abogacía del Estado, sin embargo, no pidió expresamente que se archivara el caso respecto de la hermana del Rey. En su escrito de conclusiones provisionales, se limitó a no acusarla. Si lo hace, se completarían supuestamente los requisitos para la aplicación de la doctrina Botín. El Ministerio de Justicia, del que depende ese organismo, ha manifestado por activa y por pasiva que su interés es que Cristina de Borbón no sea juzgada, al entender que no cometió ningún delito.

El abogado de la Infanta pide la nulidad del proceso

Los abogados de la Infanta, Miquel Roca y Jesús María Silva, han anunciado que expondrán sus razones para rechazar la posibilidad de que Manos Limpias actúe en solitario contra ella, pero en cada una de las alegaciones de su escrito de defensa niegan la “legitimación procesal” de Manos Limpias para acusar a su cliente. Así pues, se espera que usen argumentos similares a los del fiscal. El viernes, Roca y Silva se mostraron seguros de que el caso se archivaría. “La doctrina Botín es la ley”, aseguraron.

Delitos que protegen intereses generales

Apenas cuatro meses después de instaurar la doctrina Botín, el Supremo la rectificó sustancialmente. Fue lo que se conoció entonces como la doctrina Atutxa, en honor al expresidente del Parlamento vasco del PNV. Con ella los magistrados del alto tribunalllegaron a la conclusión opuesta. Es decir, que la acusación popular sí podía pedir la apertura de juicio aunque el fiscal se opusiera a ello. El único requisito era que el delito investigado afectara “a bienes jurídicos de titularidad colectiva o de naturaleza difusa”, es decir, que el delito protegiera intereses generales de la sociedad en su conjunto.

Esta última doctrina fue la que el Supremo aplicó al exjuez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, caso en el que finalmente fue absuelto. El exmagistrado de la Audiencia Nacional pidió la aplicación de la doctrina Botín, ya que el fiscal no le acusaba sino que el caso se sostuvo únicamente con la acusación popular de Manos Limpias y otra asociación, Libertad e Identidad. El Supremo rechazó aplicarle la misma solución que al banquero porque, según los magistrados, el delito que se le imputaba protegía “bienes jurídicos de naturaleza pública”, la excepción prevista en la doctrina Atutxa.

Varios magistrados consultados por este diario consideran que las deliberaciones que sus compañeras de Palma mantendrán a partir del lunes en el caso Nóos se centrarán en ese debate: si los presuntos delitos fiscales de la infanta Cristina afectan a la sociedad en general o solo de manera particular a la Agencia Tributaria, representada en el caso por el abogado del Estado.

“Es muy difícil sostener que un delito fiscal no tenga una trascendencia social más allá del propio perjuicio a la Hacienda Pública”, sostiene uno de ellos. Otro recuerda que tanto el fiscal como la Abogacía del Estado son organismos que en última instanciadependen del Ejecutivo, por lo que, al pedir el archivo, podrían estar defendiendo los intereses de este en lugar de la estricta aplicación de la legalidad. “Es algo que tendría que valorar el tribunal durante el juicio, en el que solo estará la Infanta si se permite acusar a la acción popular”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-01-10/dos-acusaciones-dependientes-del-gobierno-buscaran-el-archivo-del-juicio-a-la-infanta_1132910/

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