lunes, 19 de diciembre de 2016

El polémico alcalde de Alcorcón (PP) fríe a multas a los vecinos que le increpan


Aplica una ordenanza de convivencia (con sanciones de hasta 3.000 euros) para castigar gestos, insultos o críticas a su gestión. También ha expedientado a 36 vecinos expulsados del pleno

El alcalde de Alcorcón, David Pérez. (EFE)


Ángel Fernández es un prejubilado que reside en Alcorcón (municipio del sur de Madrid de 168.000 habitantes). El pasado mes de abril, se acercó a la sede del consistorio para presentar un recurso contra la tasa del vado que le había girado el ayuntamiento. "Una cantidad abusiva", señala. Al salir, vio al alcalde, el popular David Pérez (que también es diputado en la Asamblea de Madrid), y le intentó mostrar su malestar. "No le dije nada. Pero le miré y me puse la palma en la cara, el gesto de que es un caradura. Entonces se me acercó un agente de paisano que él me envió y me dijo que me identificara. Lo hice tras pedirle a él su placa. En julio me llegó una multa por 1.000 euros. El motivo de la sanción, alterar la convivencia. Obviamente, la he recurrido".

Carmen es la secretaria del Ateneo Popular de Alcorcón, un espacio común de colectivos que "promueve alternativas de organización popular y luchas sociales", y también ha recibido una notificación municipal con una sanción de 2.000 euros. "Nos acusan de injuriar al alcalde por poner un vídeo en el pregón de las fiestas alternativas que hacemos en el municipio. En ese vídeo sale un muñeco que representa al regidor. David Pérez nos fríe a multas porque somos de izquierdas. No solo a título particular, también al ateneo. Ya van más de 16.000 euros en sanciones. Las hemos recurrido".

Imanol (prefiere que usemos un nombre ficticio por temor a represalias) también recibió la apertura de un expediente sancionador por insultar al alcalde. "Reconozco que me lo encontré cerca de mi casa y le grité un término inadecuado. Lo asumo. Pero un policía que le acompañaba se me acercó y me pidió que me identificara. A las pocas semanas, recibí una multa de 3.000 euros. La he recurrido y no he vuelto a saber nada". Al regidor de Alcorcón no le gusta que le increpen. Peréz, en la picota mediática por sus comentarios machistas, aplica a rajatabla una ordenanza municipal del año 2007 para perseguir económicamente a los vecinos que le hacen algún gesto, le insultan, le increpan o simplemente reprueban su gestión.

La oposición en pleno ha pedido su dimisión. PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos e IU-LV aprobaron hace unos días con 17 votos a favor y 10 en contra (los del PP) una moción urgente para reprobar al regidor y exigirle que se marche. El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea, que apoyó la investidura de Cristina Cifuentes, ha reclamado incluso a la presidenta regional que releve a Pérez al frente de la alcaldía. Sus palabras contra el colectivo feminista aún retumban: "A veces, son mujeres frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y cómo hay que pensar". Este sábado, partidos políticos, sindicatos y colectivos sociales convocaron una nueva manifestación ha recorrido las calles de Alcorcón pidiendo su renuncia.

Peréz utiliza una ordenanza municipal que aprobó el Gobierno socialista que le precedió para castigar a sus vecinos. Se trata de la ordenanza para la convivencia ciudadana y de prevención de actuaciones antisociales, que entró en vigor en abril de 2007. El artículo 9.1 dice que "está prohibida toda conducta de desprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, ya sea de contenido xenófobo, racista, sexista o de cualquier otra condición personal o social mediante insultos, burlas, molestias, coacciones, agresiones o conductas análogas, de hecho, de palabra o por escrito". Es el artículo que se utiliza para iniciar los expedientes sancionadores después de que la Policía Local identifique al presunto infractor. Las multas oscilan entre los 750 y los 3.000 euros.

Un portavoz del ayuntamiento señala que, desde que gobierna David Pérez (junio de 2011), la Policía Local ha aplicado el artículo 9.1. contra vecinos de la localidad en 35 ocasiones, aunque no ha querido matizar, "por protección de datos", qué porcentaje de sanciones corresponden a "conductas de desprecio" contra el propio alcalde, cuántas contra concejales de su equipo, cuántas por increpar a concejales de la oposición y cuántas se han puesto simplemente porque la Policía detectó este tipo conductas entre vecinos del municipio. El ayuntamiento tampoco ha facilitado información sobre el importe de estas sanciones. "Cuando nosotros gobernábamos, nunca aplicamos este artículo para recriminar las críticas de los vecinos a la gestión municipal. Nunca", señala la portavoz socialista,Natalia de Andrés. "Y 35 son pocas. Son más de 100 seguro", recalca.



Uno de los expedientes sancionadores abierto a un vecino por insultar al alcalde de Alcorcón.

Los portavoces del PSOE, de Ganar Alcorcón y de Ciudadanos señalan a El Confidencial que no tienen constancia de que la Policía Local haya abierto sanciones de este tipo contra vecinos que hayan insultado o increpado a sus concejales. "David Pérez aplica esta ordenanza para perseguir a los vecinos", señalan. La imagen de arriba, por ejemplo, es otro decreto municipal de 2012 que inicia una sanción a un vecino del municipio por "proferir insultos contra el excelentísimo alcalde de Alcorcón en su presencia, en el recinto ferial, junto a la caseta de Izquierda Unida".

"Desde que el Partido Popular y David Perez llegaron al gobierno en Alcorcón han instaurado un ambiente de persecución política contra vecinos y vecinas, sindicalistas, colectivos sociales y políticos. Persigue toda diferencia de opinión y toda crítica con un despotismo asfixiante. Es algo insólito en la reciente historia de nuestro municipio y de todos los ayuntamientos del país", señala Jesús Santos, portavoz de Ganar Alcorcón.
También dentro de los plenos

Al alcalde también le gusta multar a los vecinos que acuden a los plenos municipales y al parecer no se comportan como a él le gusta. El pasado mes de junio, Ana Gómez, la concejala delegada de Presidencia, presentó en la Junta de Gobierno Local una proposición para iniciar expedientes sancionadores contra 36 vecinos. La Policía Local elevó dos informes "donde constan los nombres y números de DNI de personas que fueron expulsadas de distintas sesiones del pleno por el señor alcalde". Para multar a estos vecinos, el ayuntamiento no utiliza la ordenanza de convivencia, sino el Reglamento Orgánico Municipal.

Según el artículo 79.3 del mismo, "el público asistente a las sesiones no podrá intervenir en estas, ni tampoco se permitirán manifestaciones de agrado o reprobación, ni utilizar voces, pancartas o instrumentos que distraigan la atención de quienes participan en la sesión, pudiendo el presidente proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión e incluso ordenar su detención si sus acciones fueran pertinaces o punibles".


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