sábado, 1 de abril de 2017

La fiscal general de Venezuela denuncia “una ruptura del orden constitucional”

El Supremo ha asumido las funciones del Parlamento y ha retirado la inmunidad a los diputados

Un grupo de universitarios se enfrenta a policías antidisturbios contra el Gobierno de Nicolás Maduro (Fernando Llano / AP)

EFE, Caracas
31/03/2017 17:30 | Actualizado a 01/04/2017 08:50

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó este viernes que lasentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que este asumió las funciones del Parlamento de mayoría opositora representa una “ruptura del orden constitucional” en el país.



“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...) lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP).

La oposición acusó al gobierno de Maduro de cometer un “golpe de Estado” por la concentración de poderes

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a la persistencia del “desacato”, un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

Luisa Ortega se refirió al asunto como, dijo, su “obligación” de manifestar ante el país su “alta preocupación por tal evento”.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega (Juan Barreto / AFP)

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió el miércoles asumir las competencias del Parlamento, que es controlado por la oposición, por persistir en el “desacato”, una decisión que ha sido recibida por los opositores como un “golpe de estado”.

Como máxima representante del MP, “llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos, y para que respetando al Carta Magna propiciemos un ambiente de respetó y pluralidad”, invitó Ortega tras referirse a la Constitución venezolana, elaborada hace 18 años en un proceso constituyente, como el “contrato social” de que participaron todos venezolanos.

“Llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos”

La fiscal convocó a todos los actores políticos a conseguir “caminos institucionales que garanticen la paz, y que supere los obstáculos que impiden actualmente la calidad de vida que reclama nuestra población”, dijo.

Asimismo Ortega rechazó cualquier acción de injerencia en los asuntos internos del país caribeño, señalando que estos deben ser resueltos por las instituciones venezolanas y los actores políticos.

Manifestantes protestan frente al Tribunal Supremo en Caracas (Str / AFP)

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro desde el 5 de enero de 2016, fue declarado en desacato seis días después de asumir el poder por desconocer una decisión expresa del Supremo que ordenaba no investir a tres de los 112 opositores que obtuvieron la victoria en las legislativas.

La directiva que asumió el Legislativo entonces decidió juramentar a los tres parlamentarios indígenas alegando su investidura es un mandato popular alcanzado en las urnas, y que el máximo tribunal carece de legalidad por ser designado en una sesión “exprés” hecha por el chavismo a última hora después de saber que había perdido la mayoría parlamentaria.

Seis países de Unasur piden orden democrático

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay yParaguay, países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), condenaron hoy que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asumiera las funciones del Parlamento y pidieron el restablecimiento del orden democrático. A través de un comunicado conjunto, los firmantes expresaron que “causa alarma” la decisión del tribunal de Justicia.

http://www.lavanguardia.com/internacional/20170331/421342466771/fiscal-venezuela-denuncia-golpe-estado.html


Maduro retrocede y el TSJ revisará las sentencias contra la Asamblea

El Consejo de Defensa de la Nación, máximo órgano de consulta, ha exigido al alto tribunal a revisar los fallos con los que anulaba las competencias del Parlamento

Nicolás Maduro durante un acto con simpatizantes transmitido por la televisión estatal VTV. (EFE)


Metida de freno y marcha atrás, aunque sin tiempos ni márgenes claros. Esta madrugada, hora de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunciaba que la Sala Constitucional revisaría las decisiones 155 y 156 que pusieron en jaque el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Era parte de los acuerdos a los que se llegó en el Consejo de Defensa de la Nación, el máximo órgano de consulta para el Poder Público. Maduro lo convocó de urgencia en la tarde de ayer. Y la Fiscal General de la República fue la clave para que esto pasara.

Luisa Ortega Díaz, máxima representante del Ministerio Público dice en la presentación de la memoria de 2016 que las últimas decisiones de la sala del Tribunal Supremo de Justicia tenían “varias violaciones del orden Constitucional”. Lo llamativo no es lo que dijo, sino lo que supone y sus consecuencias. Y más allá de esta arrancada de caballo, frenada de burro de las últimas 24 horas.


2. Exhortar al TSJ a revisar decisiones 155 y 156 con propósito de mantener la estabilidad institucional y equilibrio de poderes (...)

La declaración de la Fiscal rompe un tabú esencial, saca algo que era parte de una caja negra, una brecha en el chavismo que pasó de latente a manifiesta. ¿Ha habido voces críticas en estos años? Sí, pero nunca tan abiertamente, desde los poderes del Estado, y por parte de alguien que pertenece al chavismo histórico. Y Ortega se encargó de enfatizar en sus declaraciones esto, que ella está desde el inicio y fue de las que participó en crear la Constitución de 1999. Lo dijo evocando a Chávez en palabra y gesto. Recordó que fue él quien impulsó esa Carta Magna “en un proceso abierto, popular, participativo y protagónico que fue del pueblo”. Mientras, la sostenía en la mano en el formato que tantas veces él mostró en televisión, un libro muy pequeño de tapas azules” y la agitaba. Casi le faltó la taza de peltre con café.

No es la primera vez que la fiscal se desmarca del madurismo tan claramente. En octubre de 2016 en una entrevista en televisión ya dijo que el TSJ no puede disolver la Asamblea nacional porque “no es su competencia”. En julio pasado mostró su preocupación por las “consecutivas denuncias de violaciones de Derechos Humanos que había recibido de las OLPs (Operaciones de Liberación del Pueblo)”. Bajó su perfil. Hasta ayer.

Opositores al Gobierno de Nicolás Maduro se manifiestan en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del Parlamento. (EFE)

Muchos sectores del chavismo califican de “salto a la talanquera” (profuguismo) el acto de la fiscal. Pero no sólo fueron punzadas las declaraciones contra la Sala Constitucional. Hubo otras más profundas. Y se rompió otro tabú: el de las cifras de homicidios en Venezuela. Si bien ya dio datos al respecto en 2015, los datos y el baile demográfico que presentó entonces hicieron que se dejara en entredicho la tasa de 58 homicidios por cada 100 mil habitantes. La diferencia con algunas ONGs alcanzaba los 10 mil fallecidos. Un año después ha puesto de manifiesto otra realidad latente: 21.752 homicidios, una tasa de 70.1 por cada 100 mil habitantes, 12 puntos por encima que el año anterior. Y destapa que probablemente Venezuela es el país más violento del mundo.

La tercera no fue una punzada, fue un remate sutil que dio cierre a su declaración: “que se superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población”.

Maduro se refirió a esto como “una discrepancia” entre los poderes públicos del Estado, “algo que pasa siempre, cada día, cada semana, cada mes”, y de la que se enteró “porque Venezolana de Televisión (canal del Estado) lo había emitido”. Dijo no saber ni lo que iba a decir la Fiscal ni las sentencias antes de emitirse, para luego remarcar que los poderes son independientes. Horas más tarde se afincó en la idea pero con una curiosa coletilla: “Me siento orgulloso de ser jefe de un Estado con poderes independientes. Los venezolanos pueden estar tranquilos, los órganos públicos están en manos de gente leal con al sueño de la patria construido por Chávez”.

Caras vemos...

El Consejo era para dirimir discrepancias entre el TSJ y el Ministerio Público. Sin embargo, la Fiscal no fue. No se sabe si fue invitada. Sí acudió el actual Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Cara larga, gesto serio. Y a las espaldas y en los pasillos, los rumores –rumores– de que quien tiene la capacidad para decidir esta encrucijada es él. Como también fue rumor tras las elecciones a la Asamblea de 2015 que sería destituido del cargo, supuestamente por no estar a favor de un también supuesto fraude del Gobierno y haberse impuesto para “hacer valer la Constitución”. Y ahí sigue en su puesto. Supuestos todos, claro, en una sociedad que cada vez que se mide en las urnas se deshace en historias de buenos, malos, chantajes de última hora y héroes, casi siempre con capa verde oliva.

Nicolás Maduro saluda al presidente del Supremo, Maikel Moreno. (Reuters)

A quién sí le llegó la citación fue al presidente de la Asamblea Nacional. Una carta con cargo, pero sin nombre, quizás porque se reconoce como presidente a Henry Ramos Allup, pero no al recién llegado al puesto Julio Borges. Fue este último quien recogió el capote y a través de la red social Periscope dijo que no acudiría al Consejo. “Hay un golpe de Estado y no vamos a ir a un diálogo que pretende crear un circo para decir que hay normalidad. Maduro quiere quitar presión a una crisis que él mismo ha creado”, dijo. Por supuesto, hubo toque castrense: “El mundo entero está viendo la actitud de las Fuerzas Armadas. No pueden ser parte del problema, sino de la solución”.

Se ha pedido la revisión de las decisiones pero no se dice lo que se demorará en revisar, qué es lo que se debe acomodar y qué pasará con la Asamblea

Puso en relieve el respaldo internacional que ha tenido la oposición, pero matizó que si “la presión internacional no se ve acompañada de fuerza en la calle, no hacemos nada. Tenemos que logar que reine la Constitución. Tenemos que volver a empezar a calentar la calle para defender nuestros derechos”. Elecciones y separación de poderes es la petición. A lo interno calle –pacífica, han dicho en varias ocasiones–, y presión política en lo externo dicen querer usar como medios.

Algunos venezolanos salieron a la calle este viernes para protestar por la polémica medida del Supremo. (EFE)

Pero el capítulo del día no cerró con la línea de la oposición, sino con las decisiones del Consejo en Defensa de la Nación que traen aún más incertidumbre. Se ha pedido la revisión de las decisiones 155 y 156 “con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes”, pero no se dice lo que se demorará en revisar, qué es lo que se debe acomodar y, tal vez lo más importante, qué pasa mientras con la Asamblea Nacional. Y una vuelta a la tortilla que viene con déjà vu: se pide a la oposición venezolana incorporarse aldiálogo nacional con Unasur, el Papa y los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. La última vez que se pidió esto fue en octubre. Entonces la oposición estaba en la calle para pedir que se siguiera el proceso del referéndum revocatorio. Y se sentaron a conversar.

http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-04-01/maduro-convoca-consejo-de-defensa-para-resolver-la-crisis-tras-la-decision-del-supremo_1359212/

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