jueves, 25 de mayo de 2017

Campaña de presión de los Mossos en busca de pruebas que demuestren la operación Cataluña

CITAN POR SORPRESA A DOS DETECTIVES SUPUESTAMENTE IMPLICADOS

Presiones e interrogatorios: los Mossos tratan de demostrar la operación Cataluña

El Gobierno catalán intenta demostrar que hubo una conspiración de España contra políticos catalanes y que se cometieron tropelías, como usar fondos reservados para hacer informes

Agentes de los Mossos d'Esquadra. (EFE)

El Gobierno catalán no está dispuesto a que una verdad le arruine una comisión de investigación. Y más si es una ‘investigación’ que le interesa en particular, como la de la denominada Comisión de Investigación de la Operación Cataluña, que se puso en marcha esta semana en el ‘Parlament’ y que intenta demostrar que hubo una conspiración de España contra políticos catalanes –independentistas, por supuesto- y que en la guerra sucia se cometieron tropelías, como utilizar fondos reservados para elaborar informes.



Para dar verosimilitud al relato, los independentistas cuentan con dos elementos esenciales: algunas notas informativas elaboradas en los años 2014 y 2015 por el comisario José Manuel Villarejo, y la teoría de que el Ministerio del Interior pagó con fondos reservados a dos detectives para que elaborasen informes sobre políticos catalanes, cosa de la que ni siquiera existen indicios.

Manifestación independentista en Barcelona. (EFE)

Ante esa falta de indicios, los Mossos d’Esquadra citaron por sorpresa la pasada semana a los dos detectives de Barcelona y les amenazaron con incoar un expediente sancionador en su contra si no colaboraban con ellos. Los agentes les citaron telefónicamente –lo que ya de por sí es una irregularidad-, señalando que había una simple denuncia administrativa contra ellos. Una vez en dependencias policiales, con un agresivo tono amenazante, se negaron a darles datos de la presunta denuncia y de quién la había interpuesto. Y comenzó un alucinante interrogatorio en el que su interés conocer su relación con el comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos del ANP y con su segundo, Rubén Eladio.


El plumero se les vio enseguida. “¿En qué consistió su colaboración con los señores Marcelino Martín y Rubén Eladio?”, le espetaron a Julián Peribáñez, uno de los dos detectives citados. Y no sólo eso. “¿Desde cuándo se ha producido su colaboración?”. 

Y más: “¿Cuál era la finalidad de su colaboración?”. “¿Qué se le pidió que investigara?”, le preguntan en un momento determinado a Peribáñez. Los mossos no escondieron mucho su interés político en el tema.

 “¿Cuáles fueron los términos del acuerdo con los señores Marcelino Martín y Rubén Eladio?”, dejaron caer, dando por hecho que trabajaron para el Ministerio del Interior. Y, sobre todo, una guinda que no podía faltar: “¿Qué tipo de contraprestación económica se acordó?”. 

Con una sola respuesta insegura, ya se podía sembrar la duda razonable de que los dos investigadores privados eran un ‘caballo de Troya’ del Gobierno español contra el independentismo en el corazón de Barcelona. Peribáñez se remitió en todo momento a su declaración ante el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, ante quien ya declaró el pasado mes de febrero.

Amenaza por no colaborar

Si algo dejaba claro el interrogatorio es que allí no había ninguna infracción administrativa por “supuesta extralimitación en sus funciones”, que fue la única explicación que les dieron. Porque, una vez los detectives en comisaría, la amenaza se hizo más tangible: si no declaraban, se iniciaría de inmediato un procedimiento sancionador por no colaborar con ellos, lo que les podría llevar a dejar en suspenso su licencia.

Si no declaraban, se iniciaría de inmediato un procedimiento sancionador por no colaborar, lo que les podría llevar a dejar en suspenso su licencia

El otro investigador, Antonio Tamarit, quiso dejar constancia de que, tal y como exige la Ley de Procedimiento Administrativo, tenía derecho a ser informado de quién le acusaba y de qué se le acusaba. Pero eso debía ser secreto de sumario, porque no le dieron ninguna explicación y le volvieron a amenazar con un expediente sancionador. La sorpresa es que el interrogatorio policial tomaba un cariz político y entraba en arenas movedizas, preguntando a ambos por actividades que incluso no habían realizado como detectives, puesto que pertenecían a un periodo de tiempo en el que no estaban dados de alta en el registro.


Peribáñez se remitió en todo momento a las respuestas que ya dio al juez José de la Mata, por lo que los Mossos dejaron constancia en el párrafo final del acta de su comparecencia de que “la falta de colaboración para responder a alguna o algunas de las preguntas ante la unidad instructora puede constituir falta muy grave de acuerdo con la Ley de Seguridad Privada, si así el órgano competente lo cree oportuno iniciando a tal efecto el correspondiente expediente sancionador”.

Los detectives, en cambio, reconocieron a sus interrogadores que tuvieron que declarar ante Marcelino Martín Blas como extrabajadores de Método 3. El comisario del CNP les había citado porque había una investigación abierta sobre la posibilidad de que un miembro de aquel Cuerpo estuviese trabajando para la agencia de detectives y, en ese caso, era competencia de su grupo de Asuntos Internos el realizar un informe. Tamarit fue más explícito y detalló que le habían tomado declaración en Madrid para saber “si el señor Marco [Francisco Horacio Marco, exdirector de Método 3] tenía algún contacto en la Policía Nacional, ya que le habían encontrado un informe secreto de la trama Gürtel”, por lo que su interés era buscar “si había algún policía que había filtrado esta información secreta”.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante la inauguración en la sede central de los Mossos d'Esquadra. (EFE)

Ésa fue, subrayó el detective, su única aportación a Martín Blas. Y, como su compañero, negó que hubiese firmado ningún contrato con el Ministerio del Interior ni que hubiese cobrado, ni que le hubiesen pedido seguimientos o realizar informe alguno. Y también negó con vehemencia que le hubiesen pedido “que trabajara para ellos”, según consta en la declaración firmada. Sólo un detalle: le preguntaron por una casa en la Cerdanya (donde tenía su residencia la familia Pujol, que entonces ya estaba siendo investigada).


La obsesión de los Mossos, sin embargo, era conocer si habían realizado seguimientos físicos de personas en Cataluña, si grabaron a alguien, si se reunieron con terceras personas para conseguir información o si realizaron informes sobre alguien. La respuesta de ambos fue siempre no. Y ante las reiteradas negativas de los dos detectives, intentaron al final agarrarse a un clavo ardiendo: “¿ ¿Tiene algún tipo de documento o correo donde se le pide alguna gestión?”, terminaron reclamando a los investigadores privados. Nueva respuesta negativa.

Acusaciones archivadas

Estas amenazas se producen justamente unos días antes de que los detectives comparezcan en el Parlamento de Cataluña ante la Comisión de la Operación Cataluña, con la que Junts pel Sí (JxS) y la CUP pretenden demostrar que hubo una conspiración de España contra Cataluña. Antonio Tamarit y Julián Peribáñez, extrabajadores de la agencia Método 3 que ganaron los juicios laborales que mantenían con la misma y a quienes se les adeuda cientos de miles de euros de indemnizaciónn, ya habían sido denunciados por el exdirector de la misma, Francisco Horacio Marco.

Estas amenazas se producen justamente unos días antes de que los detectives comparezcan en el Parlamento de Cataluña ante la Comisión

En su denuncia, Marco aportó testimonios de la exesposa de Peribáñez –que recientemente firmó una declaración señalando que sus documentos fueron tergiversados- sobre la presunta participación de Tamarit y Peribáñez en esa denominada Operación Cataluña. Ambos, según esa versión (difundida por los medios de comunicación independentistas y adoptada inmediatamente como bandera por los partidos a favor de la secesión), habían trabajado para la Policía española elaborando informes sobre políticos catalanes y cobrando de los fondos reservados del Estado más de 1.000 euros mensuales. Los dos detectives negaron en todo momento esas acusaciones, de las que no se aportó prueba alguna. Un juez barcelonés primero, la Audiencia provincial más tarde y, por último, el juez De la Mata, de la Audiencia Nacional, archivaron las denuncias por poco fiables y porque no contenían ni siquiera indicios de que las acusaciones fuesen ciertas.


Tras los primeros reveses judiciales, el tema fue aireado por la prensa independentista como un gran escándalo, ocultando que el tema ya estaba archivado y dando por hecho que Tamarit y Peribáñez habían trabajado para el Gobierno español. Y tras el portazo de la Audiencia Nacional, han sido los Mossos d’Esquadra los que han tomado cartas en el asunto y han intentado que los detectives confiesen su relación con comisarios del Cuerpo Nacional de Policía justamente cuando comienza a andar la Comisión de la Operación Cataluña. 

De hecho, la principal baza en que se asienta la pretendida ‘Operación Cataluña’ –nombre diseñado en un despacho barcelonés- es la posibilidad de que los dos detectives hubiesen trabajado espiando a políticos catalanes y cobrando de fondos reservados. Ahora, pocos días antes de su comparecencia en la cámara, el Gobierno catalán ha movido sus hilos amagando con abrir un expediente por falta muy grave por unos hechos que, para más inri, tuvieron lugar en un momento en que ni Tamarit ni Peribáñez trabajaban como detectives. Y para ello, utilizan a la verdadera policía patriótica catalana.

http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-05-25/mossos-amenaza-detectives-espias-politicos-catalanes-espana_1388406/



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