lunes, 13 de enero de 2020

Sánchez retrocede 30 años: un Diputado del PSOE vuelve a ser Fiscal General del Estado

GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

La ex ministra de Justicia Dolores Delgado fue elegida diputada del PSOE el pasado 10-N
El socialista Leopoldo Torres fue en 1990 el último diputado en ser elegido Fiscal General del Estado


Sánchez propondrá a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. (Vídeo: Europa Press)
13/01/2020 13:51

Treinta años después, la Fiscalía General del Estado vuelve a estar en manos del diputado de un partido político. Aunque fiscal de carrera, la ex ministra de Justicia Dolores Delgado resultó elegida el pasado 10 de noviembre para ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados tras ser quinta en la lista que Pedro Sánchez encabezó en Madrid.

 Dos meses después, la hoy diputada socialista será la próxima fiscal general del Estado. Sólo hay un precedente así en los últimos treinta años de democracia: cuando Felipe González ‘nombró’ a Leopoldo Torres en 1990.





El vicepresidente de aquellos Gobiernos socialistas, Alfonso Guerra, había decretado que «Montesquieu ha muerto», despejando así el camino a la mayoría absoluta del PSOE para una reforma de la Ley del Poder Judicial que propició que las Cortes pasaran a elegir por completo a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

La ‘ocupación’ de la Fiscalía General del Estado llegó poco después. Diputado en el Congreso desde 1979 y con varios cargos orgánicos en el PSOE a sus espaldas, Leopoldo Torres fue designado jefe de los fiscales seis meses antes de que comenzara en la Audiencia Nacional el primero de los juicios de los GAL, contra los comisarios José Amedo y Michel Domínguez.

El caso acabó con José Barrionuevo, entonces ministro socialista de Interior, en la cárcel tras haber visto a Felipe González declarando como presidente del Gobierno en el Tribunal Supremo.

Torres sustituyó a Javier Moscoso, que cuatro años antes había llegado al cargo aupado directamente por González desde el Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, a diferencia de Delgado, Moscoso no mantuvo previamente ninguna vinculación con el PSOE pues procedía de la UCD.

A torpedear el caso GAL

Lo que vino después de la designación de Torres como fiscal general del Estado fue todo un cúmulo de obstrucciones a la Justicia. El Estado se negó a poner a disposición de la Audiencia Nacional a tres implicados fundamentales en la trama de los GAL: Francisco Paesa, George Mendaille y Rafael Masa.

Finalizado su mandato como jefe de los fiscales, Torres mantuvo la relación con los responsables políticos del PSOE que se vieron implicados en los crímenes de Estado. Así, por ejemplo, dirigió la defensa letrada del ex ministro de Interior José Luis Corcuera.

La gestión de Torres fue la última de una Fiscalía General del Estado bajo la dirección de un diputado. Aunque la Fiscalía nunca ha estado a salvo de las críticas de politización y sumisión a los intereses del Gobierno, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zaptero, ni Mariano Rajoy se atrevieron a tanto, a medida que la Fiscalía fue ganando autonomía frente al Ejecutivo de turno. Y como no hay línea roja que a Sánchez se le resista, el presidente ha decidido imprimir al Ministerio Fiscal una involución de 30 años y, sin decoro alguno para la separación de poderes, ha vuelto a colocar al frente de los fiscales a un diputado de su propio partido.

Y ahora … «desjudicialización»

Como en el caso de Torres, Dolores Delgado llega treinta años después con retos de calado político: trabajar en lo que el PSOE, de acuerdo con ERC, ha convenido en llamar como la «desjudicialización» del «conflicto político» en Cataluña.

Si algo ha definido al Ministerio Fiscal en el tema catalán es su firmeza en la defensa de la ley y su independencia frente a las directrices políticas del Gobierno, tanto con Rajoy como con Sánchez. Sin embargo, a partir de ahora, dado el régimen jerárquico al que está sometido la Fiscalía, la ex ministra Delgado estará autorizada para marcar la línea del Ministerio Fiscal que, por ejemplo, en el Supremo ha desempeñado Javier Zaragoza, bestia negra del independentismo y con quien la ex ministra está enfrentado desde que el primero fuera su jefe en la Audiencia Nacional.

Delgado tendrá la última palabra en todas las decisiones que afecten a la Fiscalía, como por ejemplo si se opone o no a las medidas de beneficio penitenciario que el Govern de la Generalitat adoptará para los presos condenados por la sedición del 1-O.



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