Jueces para la Democracia defiende la legalidad de que se releguen los desahucios y el resto de reclamaciones de las entidades bancarias
Los portavoces de las asociaciones y fiscales que han acordado medidas de presión contra el Gobierno/EFE
Las asociaciones de jueces, independientemente de su ideología, han hecho frente común contra las políticas del ministro Ruiz-Gallardón, pero también contra los bancos, a quienes responsabilizan del colapso en los juzgados de primera instancia, e incluso contra los personajes famosos o populares, habituales de la prensa del corazón, que abusan de las demandas judiciales.
La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Teresa Sáez, ha declarado a Público que apoya que se cobren tasas por pleitear a las entidades bancarias, debido a que están "colapsando" los juzgados de Primera Instancia con sus ejecuciones hipotecarias, desahucios (que han dejado en la calle a miles de familias desde que empezó la crisis) , pólizas de crédito o reclamaciones de préstamos bancarios.
Sáez indicó, en relación al Proyecto de Ley de Tasas del Gobierno que tramita el Parlamento , que extiende ese impuesto a los ciudadanos de a pie y no sólo a las empresas como hasta ahora, que está de acuerdo en su imposición a los bancos --las tasas se elevan hasta en un 150%--, ya que, en cierto modo, los juzgados funcionan como "una oficina de los intereses de esas entidades". La semana pasada, la misma portavoz indicó que los tribunales estaban convirtiéndose en "oficinas de recaudación de los bancos".
La portavoz de la APM, asociación mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, señala que en otro colectivo dónde apoya la imposición de tasas es en el de determinados personajes habituales de la prensa del corazón, que abusan de los pleitos y demandas no en reclamación de justicia, según ella, sino "para obtener un papel para airear en los programas de televisión". Sáez se refería así a la noticia de que una juez de Alcobendas había pedido el traslado por la saturación de reclamaciones del mundillo de la denominada 'prensa rosa'. Sáez, que ejerce en una Sala Civil de la Audiencia de Málaga, recuerda que el Consejo del Poder Judicial ha calculado, en un estudio oficial, que cada juicio cuesta al erario público una media de 1.300 euros.
Bosch explicó, sobre esta posibilidad que están estudiando proponer a los jueces las asociaciones, que una relegación de ese tipo estaría justificada por el mayor estudio y análisis que requieren las reclamaciones de los bancos, donde en muchos casos se denuncian cláusulas abusivas o nulas.
Desde este viernes, 2 de noviembre, todas las asociaciones de jueces y fiscales han convocado al colectivo a una medida de 'autorregulación' y respecto escrupuloso de las horas de audiencia o juicio durante cuatro horas por las mañanas, que puede colapsar los tribunales. Sin embargo, las consecuencias de la medida no se podrán evaluar hasta, al menos, la semana próxima, según las asociaciones.
La denominada comisión interasociativa de ambas carreras, que ha convocado una gran manifestación en Madrid frente al Ministerio de Justicia el próximo 23 de noviembre, reclama al Gobierno la retirada del proyecto, que ya se tramita en el Parlamento, que supone la retirada de 1.200 jueces sustitutos sin prever la ocupación por jueces titulares.
La comisión se considera engañada por el ministro Ruiz-Gallardón porque incumplió lo que les prometió en la reunión del pasado 2 de octubre, por lo que no intentarán ponerse en contacto con él ni sus colaboradores. "No queremo saber nada del Ministerio, si quieren algo que llamen", destacó Bosch.
La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Teresa Sáez, ha declarado a Público que apoya que se cobren tasas por pleitear a las entidades bancarias, debido a que están "colapsando" los juzgados de Primera Instancia con sus ejecuciones hipotecarias, desahucios (que han dejado en la calle a miles de familias desde que empezó la crisis) , pólizas de crédito o reclamaciones de préstamos bancarios.
Sáez indicó, en relación al Proyecto de Ley de Tasas del Gobierno que tramita el Parlamento , que extiende ese impuesto a los ciudadanos de a pie y no sólo a las empresas como hasta ahora, que está de acuerdo en su imposición a los bancos --las tasas se elevan hasta en un 150%--, ya que, en cierto modo, los juzgados funcionan como "una oficina de los intereses de esas entidades". La semana pasada, la misma portavoz indicó que los tribunales estaban convirtiéndose en "oficinas de recaudación de los bancos".
La portavoz de la APM, asociación mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, señala que en otro colectivo dónde apoya la imposición de tasas es en el de determinados personajes habituales de la prensa del corazón, que abusan de los pleitos y demandas no en reclamación de justicia, según ella, sino "para obtener un papel para airear en los programas de televisión". Sáez se refería así a la noticia de que una juez de Alcobendas había pedido el traslado por la saturación de reclamaciones del mundillo de la denominada 'prensa rosa'. Sáez, que ejerce en una Sala Civil de la Audiencia de Málaga, recuerda que el Consejo del Poder Judicial ha calculado, en un estudio oficial, que cada juicio cuesta al erario público una media de 1.300 euros.
Jueces para la Democracia considera que hay vías legales para que los jueces releguen los desahucios
Sobre el mismo asunto, Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, defendió la existencia de cauces legales para que los juzgados releguen los desahucios y ejecuciones hipotecarias que están instando los bancos en la actual crisis económica y que están colapsando los juzgados.Bosch explicó, sobre esta posibilidad que están estudiando proponer a los jueces las asociaciones, que una relegación de ese tipo estaría justificada por el mayor estudio y análisis que requieren las reclamaciones de los bancos, donde en muchos casos se denuncian cláusulas abusivas o nulas.
Desde este viernes, 2 de noviembre, todas las asociaciones de jueces y fiscales han convocado al colectivo a una medida de 'autorregulación' y respecto escrupuloso de las horas de audiencia o juicio durante cuatro horas por las mañanas, que puede colapsar los tribunales. Sin embargo, las consecuencias de la medida no se podrán evaluar hasta, al menos, la semana próxima, según las asociaciones.
La denominada comisión interasociativa de ambas carreras, que ha convocado una gran manifestación en Madrid frente al Ministerio de Justicia el próximo 23 de noviembre, reclama al Gobierno la retirada del proyecto, que ya se tramita en el Parlamento, que supone la retirada de 1.200 jueces sustitutos sin prever la ocupación por jueces titulares.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales exigen más medios para atender el aumento de asuntos
Además, las asociaciones, que se han unido para exigir más medios --denuncian que tienen la misma ratio de jueces por habitante que Azerbayán, y que están a la cola de Europa-- también piden a Gallardón que olvide su proyecto de reformar el Consejo del Poder Judicial y que, según ellos, refuerza su "politización" y resta independencia a los jueces. "No podemos enfrentarnos a casos como Gürtel, Campeón o los ERE sin contar con la necesaria independencia", destacó Sáez. La comisión se considera engañada por el ministro Ruiz-Gallardón porque incumplió lo que les prometió en la reunión del pasado 2 de octubre, por lo que no intentarán ponerse en contacto con él ni sus colaboradores. "No queremo saber nada del Ministerio, si quieren algo que llamen", destacó Bosch.
