CRISIS DEL CORONAVIRUS
El contrato especifica que el Ministerio de Sanidad "desconoce" la dirección de la empresa a la que compra un millón de hisopos para extraer muestras de Covid-19.
02/05/2020 19:54
Nuevo capítulo del largo historial de irregularidades en las contrataciones públicas firmadas en pleno estado de alarma. La última ya no se centra en precios disparatados o intermediaciones desorbitadas. Ahora el nuevo capítulo se centra en haber comprado un millón de hisopos para toma de muestras de Covid-19.
La compra ha sido por valor de 4,3 millones de euros. El contrato firmado, de un millón de hisopos. Y la sorpresa aparece en el contrato, donde se refleja, sin más rubor, que la empresa tiene “dirección desconocida”.
El contrato aparecía recogido en el BOE del pasado jueves 30 de abril. “Contratación del Sector Público Ministerio de Sanidad. Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro de 1.000.000 de hisopos para toma de muestras. Expediente: Covid26”, señala el BOE de ese día.
El adjudicador, efectivamente es la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). El material queda claro que es “equipamiento médico”. Y la “descripción de la licitación” señala claramente que se trata del “suministro de 1.000.000 de hisopos para toma de muestras».
El tipo de “procedimiento de adjudicación: 7.1) Tipo: Negociado sin publicidad acelerado (Covid-19). 7.2) Justificación: 7.2.1) Situación de extrema urgencia”. Puesto que el estado de alarma ha abierto las puertas a este tipo de compras.
El contrato se ha publicado en el BOE del pasado jueves día 30 de abril.
La empresa que se hace con el contrato es MJ Steps. Y ahí es donde surge la sorpresa. Porque ver que se recoge en el apartado de “dirección: Dirección desconocida” no es cosa habitual. El valor “de la oferta seleccionada: 4.300.000,00 euros”.
No se trata de una irregularidad aislada. Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez, entre test y mascarillas fake adquiridas a diestro y siniestro, ha disparado los precios en la compra de batas de protección frente al coronavirus. Y lo ha hecho, además, al contratar los pedidos a empresas chinas, porque lo cierto es que el pago ha sido hasta 66 veces mayor al comprar a compañías chinas que a las españolas. Y esa práctica la ha hecho también al comprar guantes y gel contra el virus.
El BOE especifica que el Ministerio de Sanidad desconoce la dirección de la empresa a la que compra un millón de hisopos.
En la compra de gel, la comparativa entre unos y otros contratos es más que llamativa. Porque la compra a algunas empresas chinas se ha saldado a un precio de más del triple del cerrado con españolas.
Algo que se suma al hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez está realizando compras de urgencia de batas por el estado de alarma y el Covid-19, con diferencias de escasos días, en las que los precios se disparan hasta multiplicarse por 66 dependiendo de cuáles sean las empresas contratadas.
Es más, de nuevo, lo cierto es que cuando el Gobierno adjudica la compra a empresas españolas, por ejemplo de estas batas de protección frente al coronavirus, los precios son increíblemente inferiores a los pagados a empresas chinas.
Sánchez aprovecha el estado de alarma para Disparar los Cargos A Dedo: 14 Nuevas direcciones y subdirecciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité Técnico de Descalada a la que asisten vicepresidentes y ministros en el palacio de la Moncloa en Madrid. Foto: EFE
03/05/2020 06:47
Un estado de alarma muy bien aprovechado. Eso es lo que ha conseguido Pedro Sánchez, que, lejos de utilizarlo para hacer test masivos a la población, lo ha aprovechado para crear puestos masivos: en concreto, 14 direcciones y subdirecciones netas nuevas.
Todo ha partido del Consejo de Ministros de este pasado martes 28 de abril, donde, además de aprobar el plan de fases de desescalada del Covid-19, el Ejecutivo de Sánchez decidió aprovechar la ocasión para reorganizar la Administración y disparar aún más el número de organismos.
En concreto, en el Ministerio de Consumo se crean seis nuevas subdirecciones generales y una división. Además, para ostentar el cargo de director general de Ordenación del Juego no se requiere ser funcionario: vía libre a los puestos políticos.
En el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se crean dos nuevas subdirecciones generales.
En el Ministerio de Educación surge otra nueva subdirección general.
En el de Transición Ecológica y Reto Demográfico se crean una dirección general y dos subdirecciones. En el organismo autónomo denominado como Instituto para la Transición Justa, de nuevo, su titular no necesitará ser funcionario.
En el Ministerio de Trabajo desaparecen seis subdirecciones generales. Pero, si alguien se pensaba que eso podía suponer un ahorro presupuestario, va muy equivocado. Porque se crean, a cambio, una dirección general, cinco subdirecciones y una división más. Y, además, se transforman dos puestos con rango de director general para, a partir de ahora, una vez más, no tener que exigir el requisito de ser funcionario y poder asignar el cargo de forma totalmente libre a algún conocido político.
Y todo este alarde de generosidad presupuestaria -para ellos- debe sumarse a la creación por el Gobierno de nada menos que 23 direcciones generales para las que tampoco es necesario ostentar la condición de funcionario, incluyendo la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Hasta 23 organismos que fueron creados nada más llegar al poder.
Organismos como el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la Dirección General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Dirección General del Instituto de la Juventud (INJUVE), se vieron afectados por estos cambios expansivos.
Lo mismo ocurrió con otras direcciones generales, como fue el caso de aquellas integradas en la Agenda 2030: la de Derechos de los Animales, la de Migraciones, la de Inclusión y Atención Humanitaria, la de Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, la de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI o la de Consumo.
También se alteró la exigencia de ser funcionario en el caso de la dirección general de Comunicación, la de Diplomacia Pública y Redes; de Infraestructura; de Tráfico; de Agenda Urbana y Arquitectura; del Trabajo Autónomo y de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
La misma situación concurrió en el caso de la Dirección General de Política Energética y Minas; del Libro y Fomento de la Lectura; de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación; de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y la de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030.
Todo un campo libre a los contratos de políticos. Y, ahora, en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
