Luis Sáiz.- La nueva situación económica creada por el coronavirus, como consecuencia de una mala gestión previa de lo que alguno no “vio”, o no quiso ver, está dando lugar a realidades, previamente existentes, que hacen que se me ericen los pelos de la espalda, y el resto del vello se me ponga como escarpias.
El papa Juan Pablo II ya condenaba y alertaba contra lo que definía como “Estado asistencial” -el cual era para el pontífice una transformación perversa del “Estado del bienestar”, en el cual estábamos cuando escribió, y que aceptaba- por causa de los abusos y excesos que derivan de una inadecuada compresión de los deberes propios del Estado.
Es misión del Estado la vigilancia y encauzamiento del ejercicio de los derechos humanos en el ámbito de la economía, pero teniendo claro que la primera responsabilidad corresponde a la persona y a las distintas asociaciones de las que la sociedad se compone. El Estado no puede asegurar directamente un puesto de trabajo a todos los ciudadanos sin estructurar rígidamente la vida económica y ahogar la libre iniciativa de los individuos.
Esto no significa que el Estado no tenga nada que decir en este ámbito, sino que aquél tiene el deber de secundar la actividad de las empresas creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, o estimulándolas donde sean insuficientes o incluso sosteniéndolas en tiempos de crisis. En suma, debe impulsar la armonización y dirección del desarrollo, cuyo peso básico cae en la iniciativa de los particulares, y para que situaciones de monopolio no afecten a esta iniciativa.
También podría ejercer ciertas funciones de suplencia cuando se den situaciones excepcionales “en sectores sociales o sistemas de empresa” demasiado débiles o que, en vías de formación, sean inadecuadas para su cometido.
Dicho esto, hay que incidir en que, en estos casos, las actuaciones del Estado deben ser “temporales” para no privar de sus competencias a los sectores sociales, sistemas de empresas e individuos, y así no ampliar excesivamente el ámbito de lo estatal, que perjudicaría claramente a la “libertad económica y civil”.
Las últimas actuaciones del Gobierno frente-populista (también servidor de la plutocracia), van encaminadas y en dirección contraria a todo lo que acabamos de decir, si bien parece un acelerón en algo que viene de muy lejos. El ingreso mínimo vital, fue defendido por éste que escribe a inicios del mes de abril de este año, como defensa de la crisis social que ya se adivinaba, pero insistía en su temporalidad, para que no se convirtiera en un PER encubierto.
La realidad es que este ingreso mínimo vital se ha convertido en un PER (bis), pues tiene visos de “permanencia en el tiempo, o falta de temporalidad”, tal como se publicó en el BOE, y es más que un PER, pues éste está limitado espacialmente y aquél se extiende a todas las Españas.
Junto a todo ello tenemos la previsión de los 300.000 autónomos, al menos, que van a desaparecer durante toda la crisis económica (son, a su manera, los últimos ciudadanos que no viven del Estado y no son asalariados o empleados). Todo apunta a la creación de un nuevo voto cautivo que amplía el ya existente en alguna región, lo que supone un “claro abuso y exceso derivados de una inadecuada compresión de los deberes del Estado”.
En este contexto de disminución de los autónomos, tenemos que considerar a los agricultores como tales, los cuales han sido conducidos poco a poco, desde hace decenios (vía Política Agraria Común, con todo el contexto de “derechos” y “pseudo-derechos” inventados, en los que un agricultor –hasta para ser agricultor tiene que pedir permiso a la Administración- no puede sembrar lo que quiera en su tierra o posesiones, ¡libertad! ), a una desaparición paulatina de ellos, y en las que se abandonan multitud de tierras.
Ahí están las manifestaciones masivas que podíamos ver poco antes del coronavirus y en las que ellos mismos denunciaban su paulatina pauperización, lo que a su vez supone, como denunciaban, una disminución de los mismos, que tienen que abandonar sus explotaciones. Como buenos autónomos no son asalariados ni viven del Estado y forman parte de los auténticos españoles libres.
Igualmente se habla de que el Estado va a utilizar parte de los fondos europeos (los que no gaste o dilapide en lo que todos pensamos) para participar, con no mucho porcentaje, en ciertas empresas que considere estratégicas (he dicho considere, no que sean estratégicas).
El Gobierno logrará con ello el control de las mismas en número bastante y con un desembolso relativamente moderado. Todos sabemos que cuando el frente popular controle estas empresas “las poseerá(n) para siempre” (Cayo Mario a los cimbrios, por la muerte que dio a los teutones).
Al albur de esto, es bueno reflexionar sobre la concentración bancaria –también, y aún más, en la desaparición de las Cajas de Ahorros, muchas de ellas Montes de Piedad- que se anuncia entre Caixabank y Bankia (esta última antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid) y aplaudida con criterios oligárquicos hasta por la COPE (se supone que es una emisora de la Conferencia Episcopal Española).
¿Acaso esto no da lugar a situaciones de monopolio y por tanto es contrario a la doctrina social de la Iglesia, según lo susodicho? Me vienen a la memoria las palabras del Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate cuando hablando de la regulación de este sector dice: “También la experiencia de la microfinanciación, que hunde sus raíces en la reflexión y en la actuación de los humanistas civiles –pienso sobre todo en la fundación de los Montes de Piedad-, ha de ser reforzada en los momentos en que los problemas financieros pueden resultar dramáticos para los sectores más vulnerables de la población que deben ser protegidos de la amenaza de la usura y la desesperación (¿conocerán estas palabras los señores perlados?).
Llevamos decenios yendo claramente en la dirección contraria a la apuntada por el Papa Benedicto XVI, y “logrando” así, cada vez más, la concentración de los bienes en unas pocas manos, y en la que la actuación de los políticos fue fundamental, y bien pagada, para conseguir el objetivo deseado.
Parece claro que nos acercamos al llamado “Estado asistencial”, pues por esta vía se está incrementando e incrementará el claro abuso y exceso derivados de una inadecuada comprensión de los deberes del Estado, previamente señalados. Para mayor abundamiento, el “Estado asistencial” necesita una disminución progresiva de las libertades reales, las civiles de los ciudadanos.
La última “ofensiva sufrida contra estas libertades básicas”, so pretexto del coronavirus, y abonada con el miedo insuflado por los medios de comunicación del “régimen dinástico”, abunda en el pensamiento de que estamos llegando al Estado asistencial, caso de que no lo estemos ya, que es lo que creo.
A ello ha contribuido la casi concentración de medios televisivos en muy pocas empresas, auténtico oligopolio (terminada de realizar por el gobierno del Mariano Rajoy, aunque ya el Sr. Aznar lo comenzó con fruición), combinado todo ello con una programación simultánea (por lo mismo ilegal) de temas relacionados con lo mismo en las cadenas del oligopolio, y dirigidas a insuflar miedo.
La pésima gestión de la pandemia desde el inicio al final, junto con el rechazo a recibir asesoramiento de diversas asociaciones de expertos independientes, nacionales e internacionales (denuncia de éstas, conocida el 8 de agosto y reiterada el 20 de septiembre), hacen pensar en la mala fe de dicha gestión para imbuir el miedo necesario en la Sociedad, y a fin de facilitar su control por el aborregamiento. ¿Por qué somos los peores de Europa?
“Alguien tiene que ser el último”, dirá el “listo”. El colmo del cinismo queda patente cuando es el Gobierno -no es nada nuevo, aunque ahora se magnifica- quien se erige en protector de nuestro “derecho a la salud”. Así, aprovechándose de este conformismo propio de esclavos, ¡he dicho esclavos!, (puesto que se funda en el miedo) los gobernantes pueden ejercer sobre la sociedad una tutela benévola, en apariencia.
El Estado lleva confiscando durante decenios con unos impuestos que gravan a la clase media, de tal manera que ésta se encuentra depauperada, y lo que queda de ella es cada vez menor.
El último testimonio lo tenemos en la pasada crisis del año 2008, en la que se incrementó el número de familias en el umbral de la pobreza provenientes de la clase media baja; cuando parecía que el final de la crisis había llegado, las familias ricas habían terminado la crisis siendo aún más ricas (sacado de datos oficiales de la Administración y de Cáritas española).
El contribuyente empobrece y el Estado, en lugar de disminuir gastos y por tanto disminuir impuestos e ingresos, se dedica a “descapitalizar” al pobre pechero.
Para colmo de males, los ingresos de los impuestos no los aplica a la compra de medios de producción, sino que los “invierte” inmediatamente creando nuevos cargos públicos, o bien transfiriéndolos a otro sector de capitalistas (cajas de ahorro que habían vaciado y, por tanto, eran inviables, eléctricas, etc.).
De esto último, el capitalista, lejos de ser expropiado por los experimentos de los “socialistas” modernos, queda confirmado en su poder. Nos guste o no reconocerlo, tenemos ya una realidad en nuestra sociedad, y es que ésta, en grandes líneas, se encuentra dividida en dos categorías de ciudadanos, “empleadores y empleados”.
Recordemos lo arriba dicho (susodicho) del número de autónomos que van a desaparecer, y por qué el Gobierno frente populista tiene manía a este gremio castigándole por ello con la legislación; pues son los últimos hombres libres que no deben su salario al Estado, ni al empleador capitalista al que aquél sirve.
El capitalismo, en doscientos años, nos ha esclavizado por un sueldo (a casi todos). La neta división de los ciudadanos en capitalistas y asalariados (dentro de no mucho volveremos a ser proletarios si nos dejan tener hijos, pues hoy día ni a eso llegamos) imposibilita a los segundos a combatir la posición privilegiada de los primeros, e introduce en la legislación positiva de la sociedad un reconocimiento de los hechos sociales que dividen a los españoles en los económicamente libres y los económicamente menos libres, e impone con la autoridad del Estado una nueva realidad social.
Esta realidad es la de que ya no hay hombres libres que pacten libremente en lo que afecta al trabajo o en lo relativo a otro bien que se halle en su posesión, sino la de dos realidades opuestas: “los poseedores y los desposeídos”.
A los primeros no se les permite que dejen sin subsistencia a los segundos y a los segundos no se les permite que obtengan el dominio de los medios de producción que se constituye en privilegio de los primeros. Para combatir esta realidad, que viene de lejos, ya el Papa Pío XI y posteriormente Juan XXIII abogaban por el “contrato de sociedad” como manera de atenuar el contrato de trabajo, “de tal manera que los obreros y empleados compartan el dominio y la administración”.
Son los cimientos de un nuevo orden planeado por unos pocos y confusamente admitido por la mayoría, como base sobre la cual se levantará una sociedad nueva que, en algún modo y por la propia evolución del capitalismo, reemplace a éste sin ser socialismo.
En este apartado citaré un ejemplo, y el resto está al buen entender del lector. De todos son conocidas las “oficinas del empleo”, que no son de ayer, pues tienen más de tres decenios, y se nos vendieron como una contribución del Estado a la búsqueda del empleo por parte del asalariado. ¿Para qué han servido, aparte de un incremento de la estructura del Estado y colocación de los suyos en las oficinas?
¡Qué pocos españoles pueden decir que gracias a las actuaciones de esta estructura hayan encontrado empleo! ¿Entonces? Han servido para que el Estado tenga un control de todos los empleados asalariados en toda su faceta de vida laboral. ¿Esto es libertad o una disminución de la misma?
El siguiente ejemplo, uno más, pone de manifiesto cómo se ha utilizado el “Estado del bienestar”, al que pertenece, para avanzar al “Estado asistencial”. La defensa del trabajador para momentos de inseguridad por causa del paro que siempre le amenaza, es deseable, y que el Estado se preocupe de ello también lo es, y forma parte del “Estado del bienestar”; pero veamos como sucede.
El trabajador es obligado por ley a deducir determinadas sumas de sus salarios en concepto de seguro contra la desocupación (Estado del bienestar) y obliga al empleador a colectar esta parte del salario y entregárselo al Estado (¿Estado del bienestar?), con lo que el trabajador ha dejado de ser quien decida cómo se emplearán esas cantidades que por habérselas detraído –no son impuestos-, son suyas.
No están ya en su poder ni en sociedad alguna que pueda fiscalizar. Su uso lo hará el funcionario de turno. ¿No es esto Estado asistencial, o más?
Decía proféticamente Tocqueville: “Por encima de ellos –los ciudadanos- se eleva un poder inmenso y TUTELAR, que se encarga él solo de asegurar sus goces y de velar su suerte. Es absoluto, detallado, regular, previsor y dulce. Se parecería a la autoridad paterna, si como ésta, tuviera como objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero no pretende, en realidad, sino fijarla irrevocablemente en la infancia…
Trabaja de buen grado para su bienestar – la del ciudadano-, pero anhela ser el único agente y el solo árbitro. Provee a su seguridad, asegura sus necesidades, facilita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige su industria, regula sus sucesiones, divide sus herencias.” Si esto ha llegado, y es un abuso de los poderes propios del Estado ¿no estaremos ya en el Estado asistencial, o en un estadio más avanzado?
Analicemos de nuevo, cada uno de nosotros, lo que decía el Papa Juan Pablo II. Yo continuaré afirmando, que en grandes líneas, los seres humanos en las Españas ya se encuentran divididos en dos clases: la primera económica y políticamente libre, en posesión ratificada y garantizada de los medios de producción –una minoría-; la segunda sin libertad económica y muy limitada la política (acordaos aquello de un tal Felipe: “vota, paga impuestos y calla”) pero a la cual, por su misma deficiencia de libertad, hay que garantizarle la satisfacción de ciertas necesidades vitales y un nivel mínimo de bienestar, por debajo del cual no caerán sus miembros.
Acordémonos de nuestros mayores cuando decían aquello de “dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Este sistema, de papá Estado, partitocrático-liberal presume de libertades –artificiales la mayoría-, pues nunca ha habido menos libertad auténtica que en la cacareada “época de las libertades”.
Nos encaminamos hacia una sociedad en la que unos pocos ciudadanos tendrán en su poder la propiedad de los medios de producción y una multitud, carente de estos medios de producción, se verá obligada por las circunstancias a trabajar a disposición de los primeros.
El actual Estado, además de controlarlo todo, en vez de favorecer que el ciudadano pueda ganarse el pan, y de esta manera realizarse personalmente y contribuir al perfeccionamiento de la creación, prefiere alienados cerdos (es un símil, por favor) a los que “otorga” derechos inventados, propios de cerdos de lodazal, y les da pan y entretenimiento (versión moderna del pan y circo del mayor período esclavista de la Historia) a la espera de que a cada cerdo le llegue su San Martín, por haber renunciado a luchar por su auténtica libertad.
“La sociedad se asentará en aquel principio servil que fue su fundamento antes de la llegada de la fe cristiana, principio del cual esta Fe le emancipó lentamente, y al cual vuelve naturalmente con la decadencia de ésta” (Hilario Belloc).
Ahora comienza a entenderse lo de “la nueva normalidad”, pues lo que se avecina es nuevo y será normal (aunque distinta a la anterior que hemos conocido), cuando la Sociedad la haya hecho suya y habituado a ella. Por esto, en este contexto, las consideraciones éticas no son meramente irrelevantes, son un impedimento, porque según Keynes, hacia 1930, “lo sucio es útil y lo bello no lo es.
La avaricia, la usura y la precaución deben ser nuestros dioses un poco más de tiempo todavía”. Para los actuales mandatarios, como para esta eminencia mal empleada, la hora de la belleza aún no ha llegado, y el camino hasta el cielo está pavimentado de malas intenciones.
https://www.alertadigital.com/2022/10/14/hacia-la-nueva-esclavitud-del-siglo-xxi/
Pedro Sánchez con Úrsula Von der Leyen. (Foto: EP)
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Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.