¿Cómo la colusión entre el gobierno federal y las big pharma crearon la mayor red de corrupción en la historia de EEUU?

9 August 2022

Por Emmanuel Rincón – El American

El 17 de diciembre del 2019 la humanidad se encontraba, sin saberlo, en un punto de inflexión que desataría una serie de cambios culturales, económicos y políticos que han marcado, y seguirán definiendo el futuro de la civilización en las próximas décadas.

Aquel martes decembrino surgirían los primeros reportes en la ciudad de Wuhan, China, de un virus que próximamente propiciaría el confinamiento del mundo entero y daría pie a una serie de medidas autoritarias por parte de gobiernos —“democráticos” y dictatoriales por igual— así como el nacimiento de un fenómeno incontrolable que propiciaría la colusión entre corporaciones y Gobiernos para dar nacimiento a lo que muchos han denominado “la dictadura sanitaria”.

El virus de Wuhan, mejor conocido como coronavirus o Covid-19, además de enfermar a una buena parte de la población, generó una serie de incentivos económicos enormes para las grandes farmacéuticas e incentivos políticos para burócratas y funcionarios públicos, quienes apoyados en la “emergencia sanitaria” descubrieron la forma de ensanchar sus poderes y ejercer un mayor control sobre la población sin tener que rendir cuentas a la ciudadanía.

El primer capitulo de toda esta serie de falsas informaciones, corrupción y encubrimientos, no inició precisamente en China, sino en Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, desde donde el 14 de enero del 2020 se declaró que investigaciones preliminares no habían encontrado evidencias de transmisión entre humanos del novel coronavirus, pese a que ya varios médicos chinos habían alertado —en contra de las directrices del Partido Comunista de China— su peligrosidad y ya algunos países ya se preparaban a cerrar comunicaciones y viajes al gigante asiático. La OMS sólo cambió de instrucción cuando ya era demasiado tarde y el virus se había esparcido por Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, este artículo no entrará a analizar de forma exhaustiva el rol de la OMS o China en la propagación del coronavirus, ni las medidas autoritarias y el derroche económico por parte de los gobiernos occidentales. Nos referiremos de forma exclusiva a la colusión entre las grandes farmacéuticas, especialmente Pfizer y Moderna, con el Gobierno federal de Estados Unidos.

¿Emergencia sanitaria o económica? Un virus que enfermó los bolsillos de los americanos

Al momento de escribir este artículo, según fuentes gubernamentales, se han registrado en Estados Unidos 1,029,337 muertes debido al coronavirus. Este número es un aproximado, ya que durante los últimos años se han realizado diversas denuncias de personas que fallecen con covid pero no por la enfermedad, y son contabilizadas como víctimas del virus, además de la imposibilidad de llevar un registro preciso e incorruptible sobre los fallecidos, por lo que el número bien podría disminuir o incrementarse.

De igual manera, según USASPENDIG.gov, para el 5 de agosto del 2022, entre 43 agencias del Gobierno federal se han gastado 3,91 billones de dólares (trillones en inglés) en el tratamiento del Covid: el equivalente a más del 10 % de toda la deuda de Estados Unidos; esto, sin mencionar que, en el 2019 la deuda estaba por encima de los 22 billones de dólares, y actualmente supera los 30 billones de dólares, uno de los mayores incrementos de deuda en la historia del país, que se ha sumado a la también histórica inflación de 9,1 %, la mayor en más de cuatro décadas.

Nadie pone en tela de juicio la severidad con la que el coronavirus atacó a la población, especialmente a las personas mayores y con comorbilidades, quienes fueron los más afectados por el virus. Sin embargo, a lo largo de estos años —que parecen décadas por lo traumáticos que han sido— han ido apareciendo una buena cantidad de estudios que alertaban sobre la ineficiencia de los confinamientos, el uso de mascarillas, e incluso, la vacunación en ciertos grupos poblacionales, y pese a ello, la administración Biden y diferentes funcionarios electos —mayoritariamente demócratas— han impulsado mandatos de vacunación, de mascarilla y destinado miles de millones de dólares en el pago a farmacéuticas y programas con el supuesto propósito de contener el virus, que han degenerado en graves casos de corrupción y desnudado la ineficacia de las medidas gubernamentales.

En los siguientes apartados ejemplificaremos cómo los paquetes de gasto de la administración federal generaron una serie de incentivos para la corrupción y cómo las propias medidas demócratas pueden haber magnificado los efectos del virus, además de propiciar vacunas y medicamentos menos efectivos para el tratamiento del coronavirus.

Los esquemas de corrupción: miles de millones de dólares perdidos

En septiembre del 2020 el exjugador de la NFL, Josh Bellamy, fue acusado de obtener de manera fraudulenta 24 millones de dólares en ayudas por Covid.

Lee Price III, un residente de Texas de 30 años, recibió de manera fraudulenta 1,6 millones de dólares en ayudas por covid y se compró un Lamborghini con parte del dinero.

Johnson Eustache, un hombre en Florida, fue condenado a cinco años de prisión por haber cobrado fraudulentamente más de 1,3 millones de dólares en fondos de ayuda por la pandemia.

Don V. Cisternino fue extraditado desde Croacia después de que un gran jurado en Orlando (Florida) emitió una acusación en su contra por supuestamente defraudar más de $7.2 millones de dólares en fondos de emergencia de las ayudas contra el COVID-19.

James Stote, de 55 años, de Hollywood, y Phillip Augustin, de 52, de Coral Springs, se declararon culpables en la corte federal de Akron, Ohio, de conspiración para cometer fraude electrónico y obtener de manera fraudulenta más de $35 millones en préstamos de Covid-19.

Reddy Raghav Budamala, de 35 años, fue acusado de obtener de manera fraudulenta más de $5 millones de dólares en préstamos que se otorgaron por el Covid-19 a través de tres compañías ficticias. De acuerdo al Departamento de Justicia de California, usó el dinero para comprar una propiedad de $1.2 millones en Eagle Rock, otra propiedad de $600 mil dólares en Malibú, una residencia en Irvine, una inversión de $970,000 en un Programa de Visa de Inversionista Inmigrante EB-5 y un depósito de casi 3 millones en la cuenta personal TD Ameritrade.

Hay cientos, miles de casos más como estos. Solo en el estado de Illinois, según un estudio de Matt Weingarten del American Enterprise Institute, hay más de 1.800 millones de dólares perdidos.

Un artículo de Brad Polumbo publicado en la Fundación para la Educación Económica establece que el gobierno federal perdió 5 veces más dinero por fraudes del estímulo de COVID-19 que lo que gastó en el desarrollo de vacunas; otro artículo del mismo autor revela 7 ridículas formas en que fueron sustraídos miles de millones de dólares de las arcas públicas. Sólo en el estado de Washington, una red de fraude nigeriana se hizo con unos 650 a 850 millones de dólares en dinero robado a los contribuyentes mediante solicitudes de desempleo fraudulentas.

Ya en septiembre del 2020, el FBI estaba investigando cientos de casos de fraude por ayudas Covid. En ese momento, habían acusado a 57 personas y ya se habían identificado más de 500 sospechosos. Para diciembre del 2021, el Servicio Secreto estimó que como mínimo la impresionante cifra de 100.000 millones de dólares había sido robada de los programas de “ayudas” para el Covid.

Incluso, según un reportaje de NPR, el IRS envió por “error” cheques de estímulo por valor de $1,200 a ciudadanos no americanos en países europeos.

El Departamento de Justicia tiene una página de noticias relacionada con fraudes relativos al Covid. En ella, hay cientos o miles de acusaciones. Por más que intentara revisar cada uno de ellas, la lista es interminable. Los casos mencionados en este artículo no conforman ni el 1 % de las denuncias por fraude en todo el país.

En tiempos normales una serie de robos tan sistemático y escandaloso no debería ser pasado por alto, pero en los últimos años venimos en una emergencia tras otra, y las personas no tienen ni la oportunidad de reaccionar a una noticia cuando ya se sobrevino otra nueva. Si desde los inicios de la pandemia el FBI, el Departamento de Justicia y otros elementos del Gobierno federal ya habían advertido de las estafas y robos de dinero público, ¿cómo fue que nunca se hicieron correctivos? ¿Por qué se permitió que siguiera sucediendo?

Cuando el robo se hace a tal escala y magnitud, no basta con simplemente castigar a la parte más débil del eslabón, sino también a los creadores de ese sistema corrupto que propició una perdida millonaria para la nación y todos y cada uno de los americanos, quienes ahora no solo son más pobres y han contraído mediante el Gobierno federal una deuda mucho más grande de la que pueden pagar, sino que a su vez, afrontan una inflación del 9,1 % que ha devaluado el valor de su dinero, y absolutamente nadie se hace responsable.

La colusión entre las farmacéuticas y el Gobierno federal que generó la crisis económica e incentivos de corrupción

El Gobierno federal ha prometido y repetido una y otra vez, que las vacunas y pruebas del covid—19 son absolutamente gratuitas y que nadie tendría que pagar un solo centavo. Esa es la primera gran mentira de una serie de afirmaciones falsas.

Si bien, según Biden, los funcionarios de su administración y los medios de comunicación liberales, los tratamientos para el Covid—19 han sido gratis, la verdad es que los americanos han pagado cada una de las vacunas y pruebas, bien sea, mediante impuestos, o incluso, mediante la inflación que devaluó el valor de su dinero —actualmente en 9,1 %—. Y gran parte de ese dinero ha sido transferido de forma arbitraria a las grandes farmacéuticas y/o a través de los programas de ayuda del Gobierno federal, que como se ha demostrado, acabaron en una buena parte en manos corruptas.

“En el año 2021 los ingresos de Pfizer fueron de 81.300 millones de dólares, aproximadamente el doble que, en 2020, cuando sus productos más vendidos eran una vacuna contra la neumonía, el medicamento contra el cáncer Ibrance y el tratamiento contra la fibromialgia Lyrica, que había dejado de estar patentado”, según un reportaje de Kaiser Health News.

Ahora bien, naturalmente sería fantástico si Pfizer hubiese obtenido esa gran cantidad de beneficios operando en un mercado libre y brindando a los consumidores un producto que debido a su gran efectividad para combatir una enfermedad, fuese comprado en masa por la población sin ningún tipo de coerción. El problema radica en que, realmente, los ciudadanos nunca tuvieron la opción de elegir si les gustaba o no la vacuna de Pfizer o Moderna; muchos ni siquiera querían que se les administrara y fueron obligados por la burocracia gubernamental.

En resumen: el Gobierno federal adjudicó miles de millones de dólares a las grandes farmacéuticas acordando directamente con ellas un precio y un producto —sin importar su efectividad o efectos adversos—, para luego inocularlo a la fuerza a millones de personas.

Los estratosféricos ingresos de Pfizer en el 2021 son más del doble del PIB de una nación como Croacia. En la actualidad la vacuna de ARNm de Pfizer acapara el 70 % del mercado americano y europeo.

El pasado mes de julio, la administración Biden acordó comprar otros 105 millones de dosis de la vacuna del Covid—19 de Pfizer para la campaña de refuerzo de otoño, acordando el pago 3.200 millones de dólares. El precio acordado fue de 30,47 dólares por dosis, un precio superior a los 19,50 dólares por dosis que el gobierno pagó por las primeras 100 millones de dosis, supuestamente, porque la misma se está modificando para combatir las primeras variantes de ómicron.

El mismo reportaje de Kaiser Health News establece que Pfizer ha gastado muchísimo dinero para reforzar su influencia durante la pandemia. La empresa pagó más de 25 millones de dólares a 19 empresas de cabildeo, presionando para que el Gobierno proteja sus productos y promueva programas de vacunación más intensos en Estados Unidos.

De hecho, muchos especialistas de la salud han levantado las alarmas denunciando que el Gobierno federal básicamente se ha convertido en un portavoz de las grandes farmacéuticas.

Cerrando el 2021, el médico Peter Attia discutió en su podcast con el Dr. Marty Makary, Profesor de Johns Hopkins e investigador de salud pública, y el Dr. Zubin Damania, Internista formado en Stanford por la UCSF y fundador de Turntable Health, sobre los efectos adversos y beneficios de las vacunas en personas jóvenes.

En ese momento, Alemania y Francia se habían convertido en los primeros países en bloquear la vacuna de Moderna para menores de 30 años en territorio europeo, debido a que dicha vacuna presenta un riesgo 3 o 4 veces mayor al de otras vacunas de generar casos de miocarditis en personas jóvenes.

Posteriormente Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega siguieron dicha recomendación, sin embargo, en Estados Unidos se siguió administrando la vacuna de Moderna en personas jóvenes, e incluso, algunas empresas, universidades, y gobiernos locales exigieron la vacunación obligatoria a dicho grupo de personas.

Los especialistas revelaron que, con la aparición de ómicron, Pfizer sacó un comunicado de prensa diciendo que la vacuna era segura para combatir la nueva variante, pese a que, en ese momento ni laboratorios privados, ni el propio Gobierno tenía datos suficientes o información para hacer dicha afirmación, y al día siguiente los CDC publicaron una recomendación de colocar un refuerzo a todos los adolescentes.

Durante los últimos dos años, las Big Pharma, basándose en investigaciones internas, han anunciado con frecuencia la siguiente etapa de la lucha contra la pandemia antes que las autoridades del Gobierno federal se pronuncien, e incluso, antes de que tengan tiempo de revisar las investigaciones según las cuales se establecen los próximos pasos a seguir.

Moderna comunicó ingresos totales de 18.500 millones de dólares para el 2021, lo que supuso un aumento respecto a los 803 millones de dólares del año completo 2020.

El aumento de los ingresos de Moderna en 2021 se atribuye principalmente a las ventas comerciales de su vacuna Covid-19, Spikevax.

Pese a las complicaciones que las vacunas de Moderna generaron en algunos grupos poblacionales, al cerrar el 2021, las ventas de su vacuna registraron ganancias de 17.700 millones de dólares tras la venta de 807 millones de dosis de la vacuna.

Actualmente las grandes farmacéuticas tienen una protección extraordinaria que básicamente las inhibe de ser demandadas ante efectos adversos por las vacunas, todo esto en perjuicio de los consumidores y la salud de los americanos. Si el Gobierno federal no hubiese negociado directamente con las farmacéuticas las vacunas, y no se hubiesen aprobado mandatos de vacunación en distintas escalas de la administración pública, las empresas se hubiesen visto obligadas a hacer investigaciones más exhaustivas de sus productos, a procurar una mayor eficacia, y sacarlas al mercado con un precio más competitivo.

Sin embargo, en su lugar, las grandes farmacéuticas solo debieron pagar unos cuantos millones de dólares a lobistas y esperar a que los mismos negociaran con emisarios del Gobierno los precios de sus productos e impulsar el mandato obligatorio de vacunas para hacer toneladas de dinero, en perjuicio de los americanos.

Sin la protección del Gobierno federal a las grandes farmacéuticas y los cheques gordos asegurados para las mismas por parte de las arcas del Estado, seguramente hubiésemos tenido vacunas mucho más eficientes, con mucho más testeo y menos efectos adversos, debido a que las corporaciones se hubiesen visto obligadas a cubrirse las espaldas y salir al mercado con productos sin fisuras capaces de competir en un mercado libre.

No obstante, ante la protección del Gobierno federal, la salud de los americanos quedó relegada a un tercer lugar, pues Pfizer, Moderna y las otras empresas no tenían la obligación de convencer con eficiencia, pruebas y datos a los consumidores, sino negociar directamente con un par de burócratas y ver como sus cuentas se inflaban.

A su vez, todos estos mandatos debían ir de la mano con el estado de caos y alarmismo generalizado que destruyó la economía y las vidas de millones de personas. Precisamente, lo que acabó con millones de empleos y consiguió el cierre de miles de empresas, no fue el virus, sino los confinamientos totalitarios impuestos por el gobierno que debían justificarse con la narrativa escatológica. Estos cierres forzosos inhibieron a las personas de trabajar, y a su vez, para “combatir” esto, el gobierno comenzó a emitir “cheques de ayuda”, y lanzó programas de estímulo que como observamos anteriormente, terminaron convertidos en programas de corrupción.

En definitiva, todo fue parte de un ciclo vicioso en el que, para corregir el primer mal, se acudía a un mal superior, y la sociedad fue cayendo en una trampa infinita en la que cedía más poder al Gobierno y se endeudaba cada vez más, mientras que los únicos que se beneficiaban eran las grandes farmacéuticas, las empresas lobistas, y los burócratas del Estado que veían sus poderes incrementarse sin ningún tipo de contrapeso.

La viruela del mono, ¿se repite la historia?

El pasado jueves la Administración Biden declaró “Emergencia sanitaria nacional” por la viruela del mono, esto, pese a que, según reportes del mismo Gobierno, hasta la fecha no se ha registrado el primer fallecido por la enfermedad en todo Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que un brote que no ha causado un solo fallecido es repentinamente una “emergencia sanitaria nacional”?

A seguir el dinero. La declaración de la administración Biden le permitirá a las agencias federales acceder a fondos de emergencia, para supuestamente facilitar la gestión de vacunas y tratamientos para la enfermedad.

Ya la semana pasada se había anunciado que más de un millón de vacunas serían puestas a disposición. El Gobierno federal también hizo un pedido por 119 millones de dólares para 13 millones de vacunas liofilizadas contra la viruela del mono; mientras que la semana pasada se reportó que las mismas autoridades federales habían dejado que se vencieran 20 millones de dosis de dicha vacuna.

No deja de resultar curioso que una enfermedad que no se ha cobrado el primer fallecido en todo el país, y cuya propagación está bastante lejos de llegar al 0,10 % de la población, ya se ha convertido en una “emergencia nacional”, con el Gobierno y la prensa corporativa tratando de levantar las alarmas y someter a la población una vez más en estado de miedo y ansiedad.

Los efectos secundarios de las políticas gubernamentales

Ha quedado en evidencia que la colusión entre el Gobierno y las grandes farmacéuticas, lejos de favorecer a la salud pública, han ocasionado enormes perjuicios a las familias americanas y a las arcas públicas del Estado.

El estado de alarmismo generado para poder poner en funcionamiento los mandatos de vacunación y confinamientos, propiciaron a su vez un gasto exacerbado por parte de las autoridades disfrazados de “ayudas” que condujeron a la aparición de unas de las redes de corrupción más grande en la historia de Estados Unidos, son toneladas de dinero, miles y millones de dólares robados que ahora los americanos trabajadores y honestos deberán pagar con el sudor de su frente mediante impuestos, e incluso, mediante la devaluación de su dinero.

En vista de esta situación y el enorme déficit generado por las políticas públicas del Covid, la administración Biden ha puesto en marcha un nuevo plan de gasto que pretende subir todavía más los impuestos a los americanos, pese a que la economía actualmente se encuentra en una recesión técnica.

En definitiva, los gurús de la salud pública y burócratas del Gobierno federal, no sólo comprometieron la salud de los americanos habiéndose coludido con las grandes farmacéuticas al favorecer el lanzamiento al mercado de vacunas subsidiadas sin el suficiente testeo, sino que a su vez, enfermaron todavía más a la población al arruinar la economía de la nación, creando una doble crisis nacional: de salud, de economía, y ahora de desconfianza en las instituciones.

¿Quién va a responder por los 100.000 millones de dólares robados? ¿Quién va a responder por los efectos secundarios que las vacunas produjeron en ciertas personas? ¿Quién va a responder por el hundimiento de la economía?

 ¿Quién se hace cargo de las familias que se quedaron sin hogar, sin alimentos, sin ingresos por las medidas autoritarias del Gobierno? ¿Quién va a responder por la inflación? 

¿Quién dará un paso al frente y dirá: fuimos cómplices de una de las mayores estafas en la historia de Estados Unidos y el mundo?

https://tierrapura.org/2022/08/09/como-la-colusion-entre-el-gobierno-federal-y-las-big-pharma-crearon-la-mayor-red-de-corrupcion-en-la-historia-de-eeuu/