CGPJ
El nuevo texto normativo les advertirá de que pueden incurrir en los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva
Pedro Sánchez.JOAN GUIRADO
09/12/2022 00:31
ACTUALIZADO: 09/12/2022 07:44
Mediante amenaza de incurrir en responsabilidades penales. Concretamente en la comisión de los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva. Así es como Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición quieren obligar a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a renovar el Tribunal Constitucional en un tiempo récord: en enero.
Además, para evitar escollos que puedan poner en cuestión la idoneidad de sus designados -en este caso el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex asesora del Gobierno Laura Díez Bueso- con la nueva modificación del Código Penal, que PSOE y Podemos presentarán este viernes, retirarán también la verificación obligatoria que los magistrados del Constitucional tenían que hacer hasta ahora de los candidatos para valorar los perfiles.
En concreto en el texto normativo se incluirá una cláusula final que recordará a los magistrados del CGPJ que, en caso de incumplimiento de los nuevos plazos de renovación que ahora se estipulan -que no llegan a las dos semanas, entre la designación, la convocatoria del pleno y la elección-, se incurrirá en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal».
Así pues, tanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial como los vocales que forman parte de él que impidan a Sánchez ejecutar el asalto al Tribunal Constitucional, podrán ser considerados autores de dos delitos a partir de que entre en vigor la reforma.
Con este movimiento, y las nuevas advertencias a modo de amenaza, el Gobierno intenta poner palos en las ruedas al sector del CGPJ afín al centroderecha a la hora de proponer a sus candidatos, pues al manejar el sector de izquierdas los nuevos plazos exprés que se recogerán en la norma, una vez se añadan ambas enmiendas, los jueces afines al Ejecutivo dejan en clara desventaja a sus compañeros de cara a la elección de los dos vocales que acompañarán a Campo y Díez Bueso en la renovación que se hará efectiva en cuestión de semanas.
De cara a un futuro, y para no depender de otras instituciones, Moncloa ha modificado también la ley mediante una enmienda conjunta del PSOE y Podemos para que transcurridos nueve años -que es el mandato natural- y tres meses -de margen- de los magistrados una de las partes pueda designar a sus candidatos sin tener que esperar a hacerlo conjuntamente con otro de los poderes del Estado que también elige a los miembros del Tribunal Constitucional.
Así, hoy ya, Campo y Díez Bueso serían vocales del TC sin haber valorado sus perfiles. Algo que politizará aún más el sistema judicial español.
https://okdiario.com/espana/gobierno-despeja-camino-hacerse-constitucional-bajo-amenazas-penales-jueces-10123675
Pedro Sánchez ha decidido arrasar las instituciones del Estado empezando por el órgano de los jueces.
Sánchez asalta el CGPJ para lanzarse a la toma del Tribunal Constitucional
ACTUALIZADO: 09/12/2022 08:02
El asalto al CGPJ es ya una evidencia después de que el Gobierno haya decido cambiar la ley para que los candidatos designados al TC por los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por mayoría simple en lugar de una mayoría de tres quintos y, al mismo tiempo, romper el mandato constitucional que obliga a que los candidatos al TC designados por el CGPJ y el Gobierno sean elegidos por tercios.
De esta forma, Sánchez, con el apoyo de podemitas, golpistas y etarras, ocupará el CGPJ poniendo fin al bloqueo que impedía que el jefe del Ejecutivo colocara a sus peones en el Tribunal Constitucional. Estamos ante un ataque sin precedentes al Estado de Derecho que quiebra la separación de poderes y pone en jaque la independencia judicial.
Un golpe de consecuencias gravísimas para la democracia, sometida al yugo del socialcomunismo y sus aliados separatistas. Lo que está ocurriendo en España es la demolición acelerada del régimen del 78, un proceso de disolución institucional que busca dejar sin defensas nuestro marco constitucional para que los enemigos de la nación logren su objetivo.
La reforma socialcomunista conmina, además, a los vocales del CGPJ a cumplir con los plazos previstos por el Gobierno bajo la amenaza de consecuencias penales. Es decir, Sánchez ha urdido un plan ignominioso que de no ser acatado por el órgano de los jueces sería constitutivo de delito. Toda una extorsión y un chantaje al CGPJ que lo que pretende es que se someta dócilmente al Gobierno.
En estas circunstancias, la oposición parlamentaria a la dictadura sanchista tiene que recurrir con urgencia a la UE y denunciar el golpe antidemocratico de un Ejecutivo que ha dejado claras sus intenciones de subvertir el orden constitucional a través del asalto a la justicia. En Perú, el golpista Castillo no se atrevió a tanto.
https://okdiario.com/opinion/sanchez-asalta-cgpj-lanzarse-toma-del-tribunal-constitucional-10123829
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