El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. (Foto: EFE)
Lorenzo Ramírez . 05/11/2015
En medio del debate sobre la posibilidad de emplear el artículo 155 para intervenir Cataluña si certifica su proceso de secesión, el ministerio de Hacienda tiene una vía mucho más sencilla: enviar “hombres de negro” que tomen el control de la economía catalana ante el incumplimiento de los objetivos presupuestarios.
El objetivo de déficit público del 0,7% del PIB no se va a cumplir, es más, se triplicará esta tasa.
El Gobierno tiene una opción mucho más sencilla que la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la comunidad autónoma catalana ante el desafío secesionista. La llave la tiene el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su departamento estudia utilizarla sin necesidad de acudir a la Carta Magna.
Según confirman fuentes de Hacienda, Montoro “estudia todas las posibilidades” que ofrece la Ley de Estabilidad Presupuestaria para meter en cintura a Cataluña. Esta norma faculta al Gobierno para enviar a un equipo de técnicos (los denominados “hombres de negro”) que tomen el control de la economía catalana si la Generalitat no cumple sus compromisos fiscales.
La Generalitat no cumple con la Ley de Estabilidad: triplica el déficit permitido
La clave está, por lo tanto, en saber si Cataluña incumplirá sus compromisos fiscales para permitir a Hacienda iniciar el proceso de retirada de soberanía económica. Y eso se va a producir con toda seguridad, tal como confirma la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El objetivo de déficit público del 0,7% del PIB no se va a cumplir en el caso catalán, es más, se triplicará esta tasa, hasta alcanzar el 2%.
La intervención, en dos fases
La intervención se produciría en dos pasos. En una primera fase, la normativa (bajo el título “medidas coercitivas”) permite a Hacienda “el envío de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada”. Estos interventores“podrán solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos”.
Tras revisar las cuentas catalanas, la comisión “deberá presentar una propuesta de medidas (…) que serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora”.
En el caso de que la Generalitat no quisiera aplicar las órdenes de la comisión, entonces entonces se inicia el procedimiento “de cumplimiento forzoso”, mediante el cual “el Gobierno, requerirá al presidente de la comunidad autónoma (…) la ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos”.
Si Artur Mas siguiera en sus trece, entonces, “el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a su ejecución forzosa”. Es decir, una intervención en toda regla.
La Generalitat depende del plan de rescate
De hecho, la Generalitat ha pedido recientemente otros 2.300 millonesde euros al fondo de rescate autonómico (el FLA) para poder pagar los intereses de la enorme deuda pública regional (que ronda los 67.000 millones de euros) y atender los servicios públicos. El ejecutivo de Artur Mas ha dilapidado el dinero de los ciudadanos en su deriva independentista y ahora no tiene para pagar ni los medicamentos de las farmacias.
Tras una eventual intervención de la economía catalana, todos los servicios públicos los abonaría directamente el Estado, sin permitir a la Generalitat realizar asignaciones presupuestarias.
Una medida adicional de presión que podría utilizar Montoro, antes de realizar la intervención, es negar a Cataluña el dinero del fondo de rescate (el citado FLA), aunque esta medida no tendría el mismo efecto disuasorio que la aplicación estricta de la Ley Presupuestaria.
http://okdiario.com/economia/cuentas-publicas/montoro-estudia-enviar-hombres-de-negro-para-intervenir-la-economia-catalana-18695
El Constitucional permite que el Parlament catalán debata la moción independentista
Iceta, Arrimadas y García Albiol presentando el recurso (Foto: Efe)
Okdiario . 05/11/2015
El alto tribunal rechaza la suspensión cautelar del pleno del próximo lunes pedida por PP y Ciudadanos.
El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad que se suspenda la tramitación de la resolución independentista pactada entre Junts pel Sí y la CUP, que está previsto que se debata el próximo lunes en el pleno del Parlament catalán. Considera el Alto Tribunal que su suspensión constituiría “un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido se desconoce”.
Los once magistrados del TC se han reunido hoy una sesión plenaria en la que por la mañana han acordado admitir a trámite los recursos de amparo del PP, PSC y Ciudadanos por la vulneración de su derecho fundamental a la participación política en la cámara autonómica.
Los magistrados han dejado para la tarde su decisión sobre la suspensión solicitada por el PP y Ciudadanos de la Junta de Portavoces prevista para mañana en el Parlament, que convocará el pleno en el quese votará la resolución independentista.
Por unanimidad han rechazado esta medida por el “riesgo” de que el pleno del próximo lunes apruebe una resolución para iniciar el proceso independentista, ya que la Constitución, argumentan, asigna a cada institución un determinado momento para actuar, que este no es el del TC, sino el del Parlament catalán.
“Es a la propia cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución”, recuerdan los magistrados, que destacan que el Parlament es la “sede natural del debate político”.
Las asambleas parlamentarias, insisten, deben vigilar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, sin perjuicio “de que la última palabra” corresponde al TC. En este sentido, apelan a la sentencia que anulaba por inconstitucional la declaración de independencia adoptada por el Parlament catalán del 23 de enero de 2013.
Los jueces incluyen una advertencia y argumentan que las resoluciones de un poder público, “cualquiera que sea”, no afectan a las competencias del Tribunal Constitucional, que “ejercerá, cuando proceda, con prudencia y determinación”.
Los magistrados añaden que “el eventual resultado del debate político -la resolución independentista- es una cuestión que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate” y, por ello, se oponen a prohibirlo.
También aclaran que, en el caso de que finalmente se resuelvan los recursos de amparo dando la razón a los partidos de la oposición, esa eventual sentencia “conllevaría la declaración de nulidad de todos aquellos actos” que hubieran lesionado los derechos de los parlamentarios.
En ese caso, el TC adoptaría “las medidas precisas para restablecer” a los parlamentarios afectados “en la integridad de sus derechos y facultades como miembros de la Cámara” y podría “remediar la desconexión” de Cataluña respecto del orden constitucional español.
En la decisión previa sobre la admisión a trámite -adoptada también por unanimidad-, el TC aprecia que los recursos plantean cuestiones sobre las que no hay doctrina de este tribunal y añade que “el asunto trasciende del caso concreto, al suscitar una cuestión jurídica de relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales”.
Además, el pleno ha acordado dirigirse al Parlament de Cataluña para que en un plazo que no exceda de 10 días “remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones parlamentariascorrespondientes a los acuerdos impugnados”.
Si, como es previsible, el Parlament aprueba el lunes la moción, el Gobierno prevé impugnarla sin falta el martes 10 de noviembre. Para ello, según han indicado fuentes del Ministerio de Justicia, se reuniría a primera hora de la mañana el Consejo de Estado para emitir su preceptivo informe y, una vez cumplido ese trámite, lo haría el Consejo de Ministros para autorizar el recurso ante el Constitucional.
En principio, sería un representante de la Abogacía del Estado el responsable de presentar el recurso en la sede del tribunal de garantías, aunque no se descarta que lo haga directamente un miembro del Gabinete de Mariano Rajoy.
El Gobierno pedirá al Constitucional la suspensión cautelar de la iniciativa aprobada en aplicación del artículo 161.2 de la Carta Magna,que establece la suspensión automática durante un plazo de cinco meses de una norma autonómica cuando la impugne el Ejecutivo central.
De ese modo, según los cálculos con los que trabaja el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional podría reunirse el miércoles 11, admitir a trámite el recurso del Ejecutivo y dejar en suspenso la iniciativa independentista.
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