Intentaban que los agentes acabasen en la cárcel porque unos inmigrantes murieron ahogados intentando entrar ilegalmente en España.
03/6/2022 - 18:26
La pesadilla judicial de varios guardias civiles llega a su fin. Participaron en una actuación para frenar una avalancha de inmigrantes que trataba de entrar ilegalmente en la ciudad autónoma de Ceuta y, desde entonces, se han convertido en el objetivo de un grupo de ONG que se dedican casi exclusivamente a labores relacionadas con la inmigración ilegal. El objetivo de las mismas era que los agentes terminaran entrando en la cárcel por cumplir con su deber.
Los hechos sucedieron el 6 de febrero de 2014. El vallado de Ceuta sufrió un asalto organizado en el que participaron 250 inmigrantes. Los guardias civiles desplegados en la frontera taponaron los puntos claves del vallado, lo que hizo que un parte de ese grupo de inmigrantes se dirigiese hacia el espigón de la playa de El Tarajal para tratar de acceder a nado a territorio español. Terminaron muriendo una quincena de inmigrantes ahogados.
El PSOE, los partidos de extrema izquierdas y las ONG de la inmigración montaron un escándalo político porque los agentes habían utilizado material antidisturbios para defender la frontera. Lo usaron para erosionar al entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy, pese a que el mismo PSOE también permite cuando está en el Gobierno el uso de material antidisturbios en el vallado de las dos ciudades autónomas.
Las víctimas colaterales, como siempre en estos casos, fueron los agentes del Instituto Armado. Un capitán, un teniente, un sargento y 13 guardias civiles que fueron acusados de delitos de homicidio imprudente, lesiones y denegación de auxilio. Todo ello pese a que los forenses constataron que los fallecimientos se habían producido por asfixia por inmersión y que los cuerpos no presentaban ningún signo de violencia. Es decir, que fallecieron porque no sabían nadar.
Los acusadores fueron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH-E), la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Asociación Sociedad Humana y el Observatori de Drets Humans (DESC) -del que forma parte el abogado Gonzalo Boyé, quien fuera condenado por participar en el secuestro por parte de ETA de Emiliano Revilla y que tiene entre sus clientes actuales a Carles Pugdemont.
La presión mediática y política generada en un primer momento provocó que un tribunal de Ceuta aceptase la causa y iniciase el proceso judicial contra los agentes de la Guardia Civil. Así empezó una pesadilla que podía haber acabado hace varios años tras los autos de sobreseimiento de diversos tribunales, al no apreciar indicio alguno de delito en la actuación de los agentes, pero que ha continuado artificialmente por los recursos de las ONG.
El Tribunal Supremo ha puesto fin a esa pesadilla y en un fallo al que ha tenido acceso Libertad Digital da la razón a la defensa de los agentes, comandada por los servicios jurídicos de la Unión de Oficiales -una de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil-, rechazando los recursos de las ONG e imponiéndoles el pago de las costas judiciales ocasionadas por sus recursos.
https://www.libertaddigital.com/espana/2022-06-03/el-supremo-pone-fin-a-la-pesadilla-de-16-guardias-civiles-perseguidos-por-varias-ong-por-proteger-ceuta-6903853/
