(Vídeo: OKDIARIO)
El Ministerio de Sanidad pagó por partidas de material durante la crisis sanitaria enormes sobreprecios respecto al coste de mercado. Y va a seguir haciéndolo, según las cláusulas del nuevo megacontrato de material firmado por Sanidad. El departamento que dirige Salvador Illa pagará 0,75 euros -IVA aparte- por cada una de los 460 millones de mascarillas que adquirirá para una hipotética segunda oleada del coronavirus. Un precio unitario que supera incluso el coste que alcanzan estas protecciones en los supermercados.
El Gobierno tiene listo ya el contrato marco de adquisición de material sanitario con el que suministrar mascarillas, batas, guantes, gafas y test PCR a la red de hospitales públicos dependientes de las comunidades autónomas. Entre todas esas compras se incluye una partida de más de 460 millones de unidades de mascarillas quirúrgicas por un importe total estimado, según reflejan los pliegos del contrato, de 345 millones de euros.
Previsión de compras material del macro contrato de Sanidad.
El precio unitario de compra para cada una de estas mascarillas asciende a 0,75 euros, a lo que habría que sumarle el 4% del IVA que graba a este tipo de material (0,78 euros en total). Un coste sorprendente, ya que es incluso superior al que puede encontrarse en muchos establecimientos de venta al por menor y en reconocidas cadenas de supermercados, donde pueden encontrarse por alrededor de 60 céntimos. Se trata del mismo tipo de mascarilla quirúrgica, que incluso ha sido señalada como
una de las más óptimas y eficaces por las asociaciones de consumidores.
83 millones más
Tomando como referencia ese precio de venta al por menor, Sanidad va a gastar 83 millones de euros más (359 millones en total) respecto a lo que le costaría a precio de ‘supermercado’: 276 millones de euros.
El precio unitario establecido en las farmacias para este tipo de mascarillas es de 0,93 euros. Un límite que se estableció en plena pandemia para evitar que el coste se disparase en plena falta de existencias a nivel nacional. Sin embargo, con el mercado ya destensionado, el coste unitario de las mascarillas ha vuelto a descender. De esta manera, Sanidad volverá a comprar en un mercado al por mayor masivo por encima del coste del mercado al pormenor.
Sin empresas españolas
El megacontrato de 2.009 millones de euros destinado por el Gobierno de Pedro Sánchez para comprar el material destinado a crear la reserva anticovid estratégica española de mascarillas, batas, test, guantes, etc. impone unas condiciones económicas que dejan fuera del suministro de material a las empresas españolas del sector sanitario.
El Ejecutivo puso en marcha este contrato y poco después tuvo que paralizarlo. Las cantidades pedidas no cubrían las necesidades de todas las comunidades autónomas y había “riesgo de desabastecimiento”, con lo que habrá que esperar más para ampliar el pedido.
Pero, para terminar el cúmulo de imprevisiones, una de sus cláusulas expulsa del contrato a la inmensa mayoría de empresas españolas: exige contar con una facturación equivalente al importe de los lotes, los mismos oscilan entre los 19,5 millones de euros y los 359 millones, y la práctica totalidad de las compañías españolas no alcanzan esos niveles de facturación anual.
Todo un despropósito que ha enfadado ya a la industria española y que, encima, deja nuestro aprovisionamiento para la reserva anticovid a merced de empresas chinas.
La cláusula que expulsa a la industria española es la que se recoge en el “Criterio de Solvencia Económica-Financiera”, donde se señala que la “cifra anual de negocio” tendrá que respetar “lo establecido en la cláusula 8 del PCAP”. Y allí se señala que el “Umbral Mínimo requerido: el importe que deberán acreditar referido al mejor ejercicio deberá ser igual o superior de la suma del valor estimado de los lotes en que participe. (Impuestos excluidos)”.
Pues bien, la industria y distribución española no han tardado en trasladar al Ministerio su perplejidad. Y es que los lotes sacados a concurso oscilan desde los 19,5 millones hasta los 359 millones. Por lo tanto, para poder concurrir, las empresas deben haber facturado esas cantidades anualmente.
Empresas chinas
La industria española de este tipo de productos es pequeña y, por lo tanto, la condición impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, vuelve a dejar las compras de material anti Covid en manos de las grandes del sector: las compañías chinas.
Y todo ello ha ocurrido con un megacontrato que se ha tomado todo el tiempo del mundo en elaborar. Un pedido que responde al acuerdo marco con las comunidades autónomas para crear las reservas estrategias que Sánchez anunció hace un mes. El volumen total es de 2.009 millones más IVA, alcanzando los 2.400 millones con impuestos.
El Gobierno del caos: el Ministerio de Duque reclama «datos fiables» sobre los muertos en residencias
09/08/2020 06:44
La tragedia de las residencias se ha convertido en la cara más dramática del coronavirus en España. Pese a ello, la opacidad del Gobierno sobre las cifras oficiales de fallecidos en los centros ha sido una de las cuestiones más crtiicadas desde que comenzó la pandemia.
El Ejecutivo se ha revelado incapaz de gestionar los datos, esenciales para valorar el impacto de la crisis. El Ministerio de Sanidad no ha hecho oficiales a día de hoy esos datos, reclamados por activa y pasiva.
De hecho, el propio ministro Salvador Illa se comprometió a ello en el Congreso, ya en abril. Meses después, de la única información que se dispone es de un informe interno publicado por el Observatorio Nacional de la Dependencia, en el que Sanidad admite más de 27.359 muertos en residencias. En el documento, al que tuvo acceso la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se recogen los datos remitidos por las comunidades autónomas entre el 6 de abril y el 20 de junio, y se admiten también las dificultades para el recuento.
Descoordinación
Sanidad se ha excusado en los retrasos de las comunidades autónomas para no ofrecer una cifra cerrada sobre las defunciones en estos centros. Pero ello refleja, a la vez, la incapacidad del Ministerio para asumir sus funciones y coordinar esa recogida de datos de la forma más urgente y precisa posible. El resultado actual es un batiburrillo de cifras, con criterios distintos, falta de depuración, fechas incoherentes y otras irregularidades.
En un informe impulsado por el Ministerio de Ciencia, que dirige Pedro Duque, se critica precisamente la escasa fiabilidad de los datos sobre fallecidos en residencias y se apunta a la necesidad de poner solución urgente.
El dossier está firmado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), un equipo de 16 investigadores de distintas disciplinas, creado por este departamento para funciones de asesoramiento y apoyo en cuestiones científicas relacionadas con la pandemia y sus futuras consecuencias.
Bajo el título ‘Informe del GTM sobre el impacto del Covid-19 en las personas mayores, con especial énfasis en las que viven en residencias’, los autores lamentan, desde el primer momento, que «la situación terrible de las residencias en España refleja lo acontecido en la mayor parte de los países en los que existe información al respecto. Sin embargo, para obtener una medida precisa de la situación, sería deseable realizar un esfuerzo para disponer públicamente y de forma transparente de datos suficientemente fiables».
«Es importante promover la valoración con indicadores mucho más sólidos y confiables», añaden.
Informe crítico
El documento es ciertamente crítico, y apunta a deficiencias «comunes en la mayoría de los países». «Fallos en las respuesta a la pandemia», como «la falta de priorización al no disponer de un diagnóstico temprano», la «falta de Equipos de Protección Individual», «los retrasos en un adecuado soporte» o el reemplazo de profesionales. También se avisa de la inexistencia «de consenso sobre el abordaje de la crisis en residencias, desde un punto de vista ético».
«Ante un posible rebrote en los próximos meses, es urgente que todos estos puntos se tengan en consideración y se planifiquen adecuadamente para poder dar una respuesta rápida, efectiva y contundente, tal como necesita y demanda nuestra sociedad», advierten.
Uno de los aspectos en los que más se incide es la falta de datos precisos. Así, se apunta como causas a «la heterogeneidad de las fuentes de información a nivel territorial» pero también al hecho de que «en las primeras fases de la pandemia, no se pudieron realizar pruebas diagnósticas masivas, por lo que fue difícil atribuir con certeza un volumen importante de fallecimientos a la infección por Covid-19», asumiendo así que la cifra de defunciones sería aún más elevada.
En este contexto, el grupo del Ministerio de Ciencia se ve obligado a recurrir a fuentes extraoficiales para estimar el número de defunciones. Entre ellas, se cita el informe del portal de la International Long Term Care Policy Network, red gestionada por la London School of Economics (LSE), según el cual, los fallecidos en residencias representarían aproximadamente un 70% del total.
«Restituirles la dignidad»
«En España, como en otros países, el sistema de información de muertes en residencias no ha sido óptimo, con carencias y retrasos en los datos oficiales (en concreto, a día de hoy no hay datos oficiales, así como ocurre en Italia, EEUU, y en otros países, como por ejemplo Reino Unido, donde sólo se presentaron datos parciales)», se añade.
El equipo de trabajo desarrolla a continuación sus propuestas de mejora en las residencias, para evitar el impacto de la segunda ola, que ya comienza.
«Después de la pandemia, y a la luz de sus consecuencias dramáticas, no sería aceptable el abandonar a nuestros mayores, y, en particular, a un grupo de población especialmente vulnerable, aunque heterogéneo, que ha acabado siendo protagonista, a su pesar, durante esta crisis. Se tiene, sin duda, que hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta situación no se repita y para mejorar sus condiciones de base, no tanto por razones de protagonismo, si no para restituirles la dignidad que merecen, juntamente con todo el sector residencial, especialmente los profesionales», destacan.
En este sentido, señalan que «la alta longevidad de España se tiene que aprovechar como un valor y una fortaleza, pues las personas mayores, a parte de la consideración que claramente les corresponde a nivel ético, pueden aportar mucho a la sociedad. De la misma manera, invertir en investigación, innovación y transferencia en este área podría resultar un magnífico revulsivo económico y social a la vez, con claro potencial de internacionalización».
Los Demoledores Gráficos de Oxford: así evoluciona de verdad la Pandemia en España
09/08/2020 06:42
Las estadísticas revelan que el Gobierno de España ha fracasado, otra vez, en su gestión de la pandemia de coronavirus.
Si el Ejecutivo de coalición ya se empeñó en justificar su retraso en la detección del virus -desbocado a finales de febrero cuando para las autoridades sanitarias aún no era un problema- el nuevo escenario de rebrotes confirma que Sánchez y su equipo siguen sin una estrategia eficaz frente a la enfermedad. Los gráficos actualizados del proyecto Our World In Data, basado en la Universidad de Oxford, son contundentes. Y reflejan un panorama preocupante para nuestro país.
Fuente: https://ourworldindata.org/
Porque estos gráficos sí muestran el dato clave que el Gobierno español intenta esconder, día tras día: el número de contagios reales. Diariamente, en sus balances, el Ministerio de Sanidad informa de los casos «diagnosticados el día previo». Este viernes, por ejemplo, fueron 1.895. Pero entre el jueves y el viernes, el cómputo global de infectados aumentó en 4.507.
La cifra que refleja acertadamente Oxford. El dato es fundamental, porque Sanidad no incluye en la cifra que destaca ante los medios de comunicación aquellos casos que le han sido notificados con diagnósticos de días anteriores. Se limita a incluirlos en el total. De ahí que la cifra de casos diarios no sea una buena referencia.
Como se observa en el gráfico, esa circunstancia no es menor. El lunes, por ejemplo, Sanidad informó de 968 nuevos contagios por coronavirus. Pero, en comparación con el viernes -el fin de semana no se ofrece actualización- el cómputo total se elevaba hasta en 8.532 nuevos casos. Así lo recoge Our World In Data.
Fuente: https://ourworldindata.org/
Como se observa, nuestro país está lejos de vencer al coronavirus. Al contrario. Tras relajarse durante unas semanas, la curva vuelve a crecer. Ésta es la forma que tiene en España. En la actualidad son 314.362, tras el último dato actualizado este viernes. Como se observa, el repunte es mucho más acentuado desde hace unos días.
Fuente: https://ourworldindata.org/
España se sitúa a la cabeza de Europa en cuanto a los valores más preocupantes para medir la evolución de la pandemia. Uno de esos indicadores es el de la incidencia acumulada. Se sitúa en 79,82 por 100.000 habitantes, recogiendo los datos de las últimas dos semanas. Como reconoce el propio Ministerio de Sanidad según sus balances, es con diferencia la más alta de Europa. La siguiente es Rusia, con 49,2 casos por 100.000 habitantes.
«Auditoría independiente»
Datos como estos son los que han llevado a un grupo de expertos científicos e investigadores españoles a solicitar una «evaluación independiente e imparcial, por un panel de expertos internacionales y nacionales»sobre la gestión del
coronavirus en España, según una
carta publicada en la revista Lancet.
La investigación, según este grupo de veinte científicos, entre los que se encuentran Alberto García-Basteiro, Margarita del Val y Carles Muntaner, debe centrarse «en las actividades del Gobierno Central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas», y debe incluir «tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico, y capacidad operativa».
«Además -dicen- deben tenerse en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a hacer que España sea más vulnerable, incluidas las crecientes desigualdades».
Los investigadores firmantes creen que esta evaluación «no debe concebirse como un instrumento para distribuir la culpa. Más bien, debe identificar áreas en las que la salud pública, y el sistema de salud y asistencia social deben mejorarse».
España necesita una «evaluación exhaustiva de los sistemas de salud y asistencia social para preparar al país para nuevas oleadas de Covid-19 o futuras pandemias, identificando debilidades y fortalezas, y lecciones aprendidas».
En la carta, estos investigadores se preguntan cómo es posible que España, que «tiene uno de los sistemas de salud con mejor desempeño del mundo», esté ahora en la posición frente al coronavirus en la que se encuentra con más de 300.000 casos y 28.498 muertes, «más de 50.000 trabajadores de la salud infectados y casi 20.000 muertes en residencias de ancianos».
«Las posibles explicaciones apuntan a una falta de preparación para una pandemia», con sistemas de vigilancia débiles, baja capacidad para las pruebas de PCR, y escasez de equipo de protección personal y equipo de cuidados críticos, anotan en la misiva.
Pero también, añaden, a «una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales, procesos lentos de toma de decisiones, altos niveles de movilidad y migración de la población, escasa coordinación entre las autoridades centrales y regionales, escasa dependencia del asesoramiento científico, envejecimiento de la población, grupos vulnerables que experimentan desigualdades sociales y de salud y falta de preparación en las residencias de ancianos».
Según los firmantes, «estos problemas se vieron exacerbados por los efectos de una década de austeridad que había agotado la fuerza laboral sanitaria, y reducido la salud pública y las capacidades del sistema de salud».
Los investigadores españoles indican que, aunque este tipo de evaluación no es habitual en España, varias instituciones y países, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Suecia, han aceptado la necesidad de dicha revisión como un medio para aprender del pasado y prepararse para el futuro.
«Alentamos al Gobierno español a considerar esta evaluación como una oportunidad que podría conducir a una mejor preparación para una pandemia, prevenir muertes prematuras y construir un sistema de salud resiliente, con evidencia científica en su núcleo», concluyen.
