Pedro Sánchez y Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados. (Foto: Efe)
07/02/2021 06:47
La legislación ampara el derecho de los diputados a obtener información para ejercer su trabajo parlamentario, y ese derecho viene avalado por el propio Tribunal Constitucional, aludiendo a la Carta Magna.
Esta arquitectura jurídica podría aplicarse a la reciente polémica tras conocerse que Pedro Sánchez hurtó al Congreso un informe del Consejo de Estado crítico con el decreto sobre los fondos europeos para la pandemia. Desde el Partido Popular se ha activado ya la maquinaria para obtener el documento. Eliminarlo, sostienen desde el principal partido de la oposición, es un «vicio del procedimiento que puede hacer nulo el decreto».
El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 3 de noviembre de 1989, amparó el derecho de los diputados a requerir información, lo que bien podría ser aplicable a este caso.
El tribunal se pronunciaba entonces sobre el rechazo, por parte de la Generalitat, a que un diputado del PP pudiese acceder a documentación oficial, acompañado de sus asesores.
En concreto, el parlamentario ‘popular’ Josep Curto había requerido a la Conselleria de Economía fotocopia de los extractos de varias cuentas bancarias recogidas en el informe de la Sindicatura de Cuentas.
El Govern se negó a aportarle dicha documentación, pero se abrió a ponerla a disposición en las dependencias de la Conselleria. Allí se personó Curto, acompañado de tres asesores, a los que, en cambio, y como recoge la sentencia, les fue vedado el acceso. Los hechos se elevaron a la Mesa del Parlament, que interpretó que sólo los diputados -y por tanto no los asesores- tendrían derecho a acceder a la documentación.
Desde el PP se consideró que esa interpretación restringía los derechos de los diputados e implicaría una «vulneración frontal de los derechos reconocidos en los artículos 9 y 23 de la Constitución, en cuanto impide el legítimo y eficaz ejercicio de las funciones representativas y de participación de los diputados como representantes del puebl0».
En su sentencia, el Constitucional destacaba que, efectivamente, la Carta Magna, en su artículo 23.2, «garantiza no sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas y los desempeñen de conformidad con lo que la Ley disponga».
Para completar ese artículo, el tribunal recuerda que el Parlament -y, en el caso que nos ocupa, el Congreso- deberían «establecer los derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos y funciones públicos».
En concreto, la Cámara Baja, en su artículo 7, determina que: los diputados “tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas”, y “la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al Presidente del Congreso, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en derecho que lo impidan”.
El Constitucional falló, en aquel caso, que el diputado Curto, en virtud del artículo 23.2 de la Constitución, tenía derecho a examinar la documentación con el auxilio de sus asesores.
Asimismo, el Tribunal Supremo estableció, a través de una sentencia, de 2o15, que, tras la aprobación de la Ley de Transparencia, el acceso a la información y documentos públicos por parte de los diputados no podrá ser inferior a los que ya tienen a su disposición los ciudadanos en virtud de las leyes, sino que debe suponer un plus añadido.
Informe «demoledor»
El Gobierno, según reveló este miércoles el líder del PP Pablo Casado, evitó incluir en el decreto sobre la gestión de los fondos europeos el dictamen que solicitó al Consejo de Estado y que sería «demoledor».
El Consejo de Estado confirmó que, efectivamente, el Gobierno solicitó un dictamen sobre el decreto ley de los fondos europeos, aunque esto no sería obligatorio al tratarse de un decreto ley.
Desde el PP y Ciudadanos aseguraron que el documento, en manos del Ministerio de la Presidencia de Carmen Calvo, va en contra de los intereses del Gobierno. Los ‘populares’ han solicitado por la vía del Congreso que el Gobierno haga público el dictamen.
Asimismo, piden que los servicios jurídicos de la Cámara realicen un informe jurídico sobre las consecuencias de que el decreto ley de los fondos europeos fuera remitido sin el informe del Consejo de Estado que había solicitado el Gobierno, ya que quiere saber si esa circunstancia puede anular la norma que se convalidó la pasada semana.
La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha rechazado convocar de urgencia a la Mesa de la Cámara para abordar la solicitud del PP
https://okdiario.com/espana/sanchez-choca-doctrina-del-constitucional-hurtar-informe-del-consejo-estado-6792415
