Si la Fiscalía Europea quiere Investigar, que empiece por la Empresa del Marido de Calviño

La Fiscalía se planta ante la maniobra de Sánchez contra Ayuso

Así es Tomás Díaz Ayuso: el hermano mayor de la presidenta que está en el ojo del huracán

OKDIARIO

29/03/2022 06:50

ACTUALIZADO: 29/03/2022 08:18

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Fiscalía Europea, a través de la mandada de Pedro Sánchez, la fiscal Concepción Sabadell, quiere buscarle las vueltas en relación con el contrato a una empresa vinculada con su hermano. 

Sin embargo, mira para otro lado cuando se trata de investigar a la empresa del marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, que fue acreditada para gestionar los fondos europeos a pesar de no haber pagado nada en el impuesto de sociedades en 2018, 2019 y 2020. La fiscal Sabadell dice que el contrato de la Comunidad se pagó con fondos europeos, pero se pone de canto ante el caso de la empresa del marido de la ministra, cuyo negocio consiste, precisamente, en gestionar fondos europeos.

Según consta en la ampliación de la denuncia a la Fiscalía que ha presentado este lunes el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, la consultora donde trabaja Ignacio Martínez de Lara, marido de la ministra, cuyo nombre comercial es Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A., tuvo bases imponibles tributarias negativas en el impuesto de Sociedades en los ejercicios 2019 y 2020 y resultado 0 en 2018. 

En esta situación difícilmente podría haber sido designada por el Ministerio de Economía «agente digitalizador», requisito indispensable para gestionar esos fondos. 

¿Qué es un agente digitalizador?, se preguntarán ustedes. Pues una empresa autorizada por el ministerio de Calviño para reajustar tecnológicamente los negocios. Un intermediario al que se le permite hacer negocio gestionando las ayudas comunitarias. 

A pesar de la dudosa situación financiera de la empresa del marido de Calviño, la ministra le dio el visto bueno para acreditarse como «agente digitalizador». Digital viene de dedo, en este caso del de su esposa ministra. Veremos qué dice la fiscal Concepción Sabadell, la que también fue puesta en la Fiscalía Europea por el dedo de Pedro Sánchez. Son todos muy digitales: digitalmente hipócritas.

https://okdiario.com/opinion/si-fiscalia-europea-quiere-investigar-que-empiece-empresa-del-marido-calvino-8816509

FONDOS EUROPEOS

Calviño autorizó a la empresa de su marido a gestionar fondos UE pese a deber 852.000 € al Estado

La sociedad del marido de Calviño cobra a pymes para acceder a los fondos UE que reparte su mujer

Calviño se niega a responder al PP por la empresa de su marido que capta fondos UE que ella reparte

Vox exige la comparecencia de Calviño por los trabajos de su marido con los fondos UE que ella reparte

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño.

PAULA BAENA

29/03/2022 06:46

ACTUALIZADO: 29/03/2022 09:00

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, autorizó a que la empresa donde trabaja su marido, Beedigital, fuera acreditada para gestionar fondos europeos a pesar de acumular deudas a la Administración Pública por 852.000 euros. 

Así consta en la denuncia que el Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la concesión de fondos europeos y de préstamos ICO a la empresa vinculada al marido de Calviño y la que ha tenido acceso OKDIARIO.

 Estos hechos inhabilitarían a cualquier empresa a ser contratada por la Administración General del Estado… a no ser que uno de sus ejecutivos sea el marido de la ministra.

Esas deudas eran sólo las que acumulaba en 2020, meses antes de que le dieran acreditación para gestionar los fondos. Pero llevaba años acumulando deudas con el Estado. En concreto, la consultora donde trabaja Ignacio Manrique de Lara, marido de la ministra, cuyo nombre comercial es Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A., declaraba en la cuenta “Otras deudas con las Administraciones Públicas” un saldo de 1.518.000 euros en 2018. 

 En el ejercicio 2019 la cifra se dispara a 1.657.000 euros y en las cuentas del ejercicio 2020, -presentadas cuando fue agraciada con el certificado de Agente Digitalizador Adherido- figura una deuda de 852.000 euros. Estos conceptos incluyen una deuda con la Seguridad Social de 484.000 € en 2018, una de 421.000 € en el 2019, y de 374.000 en el 2020.

Traducido: que la empresa del marido de Calviño -según la denuncia- «presentaba dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social» cuando fue acreditada como Agente Digitalizador. Es más, la empresa, según la denuncia, «había sufrido una reducción de su capital social de casi 66 millones de euros en sólo 5 años. Un evolución que supone una disminución del 86% del capital social». Una empresa en estado ruinoso pero bendecida por la suerte.

«Acreditación irregular»

Una situación que, junto con una «significativa» reducción de su patrimonio neto entre los años 2018 y 2020, hacen que la empresa pudiera considerarse «en crisis», en virtud de lo fijado en el Anexo II de la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por lo que no podría haber sido acreditada como «Agente Digitalizador», requisito indispensable para gestionar esos fondos. «Esta acreditación podría haber sido irregular», afirman los denunciantes.

Los empresarios que optan a cualquiera de estas ayudas de los Fondos de la Unión Europea necesitan contratar previamente lo que el programa de Calviño denomina un “agente digitalizador”. Es decir, una empresa autorizada por el Ministerio de Asuntos Económicos que se dedique a reajustar tecnológicamente los negocios. Estas reconversiones son imprescindibles para la tramitación de la ayuda pública. 

De esta manera, el Estado se asegura el empleo eficiente del bono y Beedigital, cuenta con este estatus privilegiado de intermediario que le permite hacer negocio gestionando las ayudas, a pesar de su dudosa situación financiera.

La ampliación de la denuncia -que el Grupo Parlamentario Popular presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 10 de marzo, alertando de presuntas irregularidades sobre 12 contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez por valor de 326 millones de euros- recuerda que la acreditación como agente digitalizador no es un «mero acto reglado administrativo para poder ejercer una actividad con carácter general». 

Es decir, ahonda, «no es una habilitación para acreditar la capacidad profesional para desarrollar una labor a actividad económica determinada».

Fondos europeos sín límites

El Programa Kit Digital, que Nadia Calviño presentó el pasado 25 de noviembre de 2021, es un programa de 3.000 millones de euros proveniente de los fondos europeos cuyo objetivo consiste en promover la digitalización de pymes y autónomos. «Los beneficiarios recibirán una ayuda en función de su tamaño, midiendo éste según su número de empleados. 

A los efectos de estas bases, el derecho de cobro que nace de la resolución de concesión se denomina bono digital. Este bono digital no podrá hacerse efectivo hasta que el agente digitalizador, en nombre del beneficiario y siendo este el responsable último, presente la correspondiente cuenta justificativa de la realización de la actividad para la que se concede la subvención y el órgano concedente considere justificada la subvención», reza la ampliación de la denuncia.

Así, «las empresas que pudieran ser objeto de recibir las ayudas correspondientes no pueden proceder a realizar las acciones de digitalización previstas por medios propios o contratando a cualquier empresa capacitada para ello, sino que, de forma obligatoria, debe realizar la digitalización a través de quienes estén acreditados, que serán quienes cobrarán en el fondo la subvención».

De esa forma, según apunta el PP, «las empresas ven limitada su capacidad de decisión, convirtiéndose en auténticos beneficiarios a los agentes digitalizadores, ya que se constituyen en una situación de oligopolio, en la que un número limitado de vendedores controlan y acaparan la prestación del servicio de digitalización y el acceso a las ayudas».

Esta promoción de un oligopolio favorece, para quienes quieran acceder a las ayudas o entrar en el programa de digitalización, la «generación artificial de alianzas empresariales que, sin duda, puede suponer un beneficio significativo, más allá del correspondiente a la prestación específica del servicio».

En este sentido, la denuncia recuerda que «quien crea este sistema que favorece el clientelismo oligopolístico es el Ministerio de Asuntos Económicos, y quien acredita como agente digitalizador a determinadas empresas es el mismo ministerio, y que quien resultó beneficiaria, entre otras, de ser acreditada es una empresa, Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A cuyo Director de Marketing, es marido de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño».

https://okdiario.com/espana/calvino-autorizo-que-empresa-marido-gestionara-fondos-ue-debiendo-seguridad-social-8814564

The Economist lo certifica: Sánchez se está Cargando la Democracia

Pedro Sánchez y Hugo Chávez.

EDUARDO INDA

13/02/2022 06:55

ACTUALIZADO: 13/02/2022 09:18

Hubo un tiempo, tal que los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, en los que Venezuela era el faro económico y democrático abajo el Río Grande. 

Era un país riquísimo consecuencia de ostentar las mayores reservas petrolíferas del mundo por encima de Arabia Saudí y un Estado de Derecho consolidado, próximo al estadounidense y a los europeos y desde luego a años luz del resto de las naciones iberoamericanas que cuando no estaban gobernadas por sátrapas asesinos, caso de Argentina o Chile, veían cómo les vendían como democracia regímenes de cuasipartido único, con el PRI mexicano de ejemplo paradigmático.

Los venezolanos recuerdan, ahora que se encuentran bajo la bota del narcodictador y filoterrorista Nicolás Maduro, lo que espetaban en los albores del chavismo cada vez que un extranjero les mentaba la bicha, “vais a acabar como Cuba o Nicaragua”. Palabra arriba, palabra abajo, la frase representaba ya un lugar común:

—Eso es imposible, ese caldo de cultivo de las tiranías que es la pobreza no se da en Venezuela, somos la nación más rica de Iberoamérica, y además nuestro Estado de Derecho es muy sólido y la separación de poderes está razonablemente arraigada—.

Les sucedía lo mismo que a los cornudos y a las cornudas, que se piensan que es imposible que el amor de su vida les engañe con otro, otra u otre y, además, son siempre los últimos en enterarse. O lo que acontece en tu vida cuando un colaborador se vende al enemigo, que no terminas de creértelo por muchas pruebas que te pongan encima de la mesa. 

La fortaleza del sistema judicial venezolano hacía prever que el asesino Hugo Chávez lo tendría entre difícil e imposible. Es más, la Justicia resistió como pudo pese a que Hugo Chávez entró fuertecito en el Palacio de Miraflores cargándose por sus bemoles la Constitución de 1961 y promoviendo una Asamblea constituyente.

Chávez culminó su asalto al poder judicial en 2005 tras modificar el sistema de elección de los miembros del Tribunal Supremo

El siguiente paso consistió en demoler la Corte Suprema, botar a todos sus integrantes e instaurar el Tribunal Supremo. Buena parte de los nuevos magistrados de esta institución de nuevo cuño resistieron, entre otras razones, por dignidad, por apego a la legalidad y porque sabían perfectamente quién era el pájaro: un tipo que si bien es cierto que había aterrizado democráticamente en el poder en 1999, no lo es menos que lo había intentado previamente a las bravas con ese golpe de Estado de 1992 conocido por el ilustrativo nombre de El Caracazo.

Hasta que un día el comandante se hartó de que no le dieran sistemática y unánimemente la razón y perpetró ese golpe silencioso que supone siempre cambiar por decreto las reglas de juego establecidas históricamente. 

El repugnante personaje logró su objetivo en 2005 tras modificar el sistema de elección de los miembros del Tribunal Supremo: se pasó de una mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea Nacional a una absoluta, esto es, de la mitad más uno de los diputados.

 Y el número de magistrados se incrementó de 20 a 32 por el artículo 33 para conseguir la mayoría chavista que no habían podido obtener por las buenas.

Todo lo que ha venido después es lo propio de una dictadura: supresión de los derechos humanos y las libertades fundamentales, cierre por decreto de medios críticos, encarcelamiento de opositores y periodistas, expropiación de propiedades y empresas para quedárselas ellos, ejecuciones extrajudiciales y furiosa represión de las manifestaciones de la disidencia con un balance ya de cientos de muertos en las calles de las principales ciudades del país.

El contraste de esa Venezuela próspera y libre con la paupérrima y encadenada de nuestros días me vino a la memoria esta semana al leer ese informe sobre la calidad de las democracias mundiales que cada año difunde una de las publicaciones más respetables, The Economist. 

Una revista que, dicho sea de paso, no se casa con nadie. La revista con sede en Londres creó en 2006 un índice, basado en diferentes parámetros, para vigilar los sistemas de gobierno en todo el mundo.

La democracia española logró las mejores calificaciones en el ecuador de la era de un Mariano Rajoy al que no se ha hecho justicia

España superó ampliamente en los primeros 15 años el corte situándose año tras año como “una democracia plena” con una nota media próxima al sobresaliente: un 8. Es decir, como un Estado con separación de poderes, alternancia en el poder, medios libres, respeto total a los derechos humanos, libertades fundamentales garantizadas y no demasiada corrupción. Por cierto: las mejores calificaciones las obtuvimos en el ecuador de la era de un Mariano Rajoy al que no se ha hecho justicia con un 8,3 en 2015 y 2016. Por primera vez en tres lustros, hemos pinchado. El Reino de España ha experimentado un downgrade al situarse como “democracia defectuosa [flawed democracy]”, pasando del 8,12 de 2020 al 7,94 con el que hemos cerrado 2021. Nada que unos pocos no hayamos advertido en los tres años y medio que llevamos de sanchismo y, muy especialmente, tras el advenimiento de la coalición socialcomunista en noviembre de 2019.

The Economist, la biblia del capitalismo mundial, incide en esa gran cuestión que para mí es crucial a la hora de determinar si un régimen es democrático o no: la separación de poderes y, más concretamente, la independencia judicial. 

Critica explícitamente el sistema de elección del CGPJ, que cumple ya tres años sin renovarse, e implícitamente ese intento de Iglesias y Sánchez de finiquitar el sistema de mayorías reforzadas para dejarlo en uno por mayoría simple como el que permitió a Chávez asaltar y, sobre todo, controlar ad aeternum el poder judicial en Venezuela.

 La publicación británica lo puede decir más alto pero no más caro: “La caída a ‘democracia defectuosa’ se debe principalmente al bajón en los ratios de independencia judicial”.

La revista resalta que España inició la senda a “democracia defectuosa” en 2017 con motivo del 1-O Cataluña, “en el que los políticos independentistas actuaron inconstitucionalmente”. Un palo a esa izquierda que ampara, perdona o relativiza el tejerazo y una enmienda a la totalidad a los indultos por conveniencia de Pedro Sánchez. Y el enésimo aval a quienes, como Felipe VI, se opusieron por ilegal al golpe de Estado.

El tercer pero es muy simple: “La progresiva fragmentación parlamentaria”. A buen entendedor, sobran palabras. 

A nadie se le escapa que se trata de una defensa encubierta de ese bipartidismo que funcionó a las mil maravillas durante cuatro décadas, con un partido socialdemócrata y otro liberal de centroderecha turnándose en el poder, y de una censura al surgimiento de partidos antisistema a los que etiquetamos con ese eufemismo que esconde toda suerte de tics totalitarios, “populistas”. 

Está claro que la normalización del partido político descendiente de ETA (Bildu), del que representa a los golpistas catalanes (ERC) y de los sicarios de Maduro (Podemos) no ha ayudado precisamente en el examen de 2021.

Pensar que la democracia es tierra conquistada resulta una imbecilidad porque es algo que hay que defender todos los días

La última pata es un clásico cada vez que se pasa revista a España: la corrupción o, para ser más exactos, lo que The Economist denomina con un toque literario “letanía de escándalos de corrupción”. Aunque no lo cite, resulta perogrullesco que alude esencialmente a las cuentas en paraísos fiscales y al cobro de comisiones de Juan Carlos I, que siguieron de plena actualidad el año pasado. 

También a esos casos protagonizados por las anteriores cúpulas del PP, una historia interminable que cumple ya 13 años, y a unos ERE socialistas que pasan por ser el mayor saqueo de fondos de la Europa contemporánea en términos absolutos tras el de los Pujol, naturalmente. ¡Ah! Se me olvidaba: y también a las chorizadas de los sindicatos con los cursos de formación y al reguero de episodios de financiación ilegal por parte de Podemos con Neurona como eje vertebrador y con Venezuela como regante número 1 e Irán como segundo de la fila.

La última frase del apéndice español es un aviso a un navegante llamado Pedro Sánchez, que no ha dudado en pactar con toda ralea de independentistas con tal de seguir yendo en Falcon. The Economist sitúa como cuarta causa de que España haya dejado de ser una democracia plena “el crecimiento del nacionalismo regional en Cataluña planteando desafíos a la gobernancia”. 

Aquí el nacionalismo y el separatismo es políticamente correcto, guay, cool, sexy, molón si me apuran, y la constitucionalísima Vox “facha”, pero en las naciones serias se considera de extrema derecha a las formaciones nacionalistas por su ADN inequívocamente racista, xenófobo y supremacista. Vamos, lo obvio.

Siempre nos quedará la Unión Europea. Si no fuera por Bruselas esto podría acabar en Guerra Civil, en tiranía bananera modelo Venezuela o versión Perú o en una autocracia como la de Putin o la de Erdogan y sin el Banco Central Europeo estaríamos en suspensión de pagos hace tres años. Holandeses, alemanes, franceses, daneses, suecos, finlandeses e incluso italianos no permitirán jamás que esto devenga en algo peor, entre otras razones, porque el efecto dominó estaría servido y porque se creen esto de la democracia. 

Sánchez es un peligro para el único acierto de nuestra convulsa historia: el sistema constitucional. Si con 120 míseros escaños hace lo que hace, no quiero pensar lo que ocurriría si sumase los 202 del Felipe del 82. Hay que echarlo en las próximas generales antes de que se convierta en un Putinito. 

Conviene no tomarse a beneficio de inventario el recado de ese árbitro imparcial que es The Economist. Así como la confianza en “no terminar jamás como Cuba” mató a nuestros hermanos venezolanos, la nuestra al asegurar tajantemente que “la bolivarianización es imposible en España” es suicida porque nos pueden pillar en el momento menos pensado con la guardia baja. 

El totalitarismo nunca descansa. Pensar que la democracia es tierra conquistada resulta una imbecilidad porque es algo que hay que defender con uñas y dientes todos los días, básicamente, porque el despotismo anida en el fondo del alma de la mayor parte de los seres humanos. Como dice la canción de Joan Manuel Serrat: “Para la libertad sangro, lucho, pervivo / Para la libertad, mis ojos y mis manos / Como un árbol carnal, generoso y cautivo / Doy a los cirujanos”. Pues eso.

https://okdiario.com/opinion/que-sanchez-esta-cargando-democracia-no-lo-digo-yo-lo-certifica-the-economist-8569780

La Comisión Europea Ávisó al menos 5 veces de que Sánchez podía bajar la Factura de la luz

FACTURA DE LA LUZ

Sánchez incumple la directiva de la UE que exige proteger a los consumidores ante la subida de la luz
Sánchez presumió ante Bruselas de la rebaja del precio de la luz para recibir los 69.500 millones

LUZ SELA

15/08/2021 06:45

ACTUALIZADO: 15/08/2021 06:45

El Gobierno puede frenar el alza de los precios de la luz o aligerar el importe final de la factura que pagan los españoles. Así se lo hizo saber Bruselas en reiteradas ocasiones a los eurodiputados españoles a través de distintas respuestas por escrito a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

Durante meses, el Ejecutivo socialcomunista se resistió a bajar el IVA de la luz, entre los más altos de Europa (21%). No fue hasta junio que el Gobierno accedió a aprobar una rebaja al 10%, que sólo afecta a los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kW. Una medida trampa que deja fuera hasta al 85% de la hostelería y que sólo se mantendrá hasta finales de año.

Pese a las críticas, el Ejecutivo se resistió a bajar el IVA en momentos especialmente complicados, como ocurrió durante la tormenta ‘Filomena’, cuando el precio de la luz alcanzó también cifras de récord. 

La ‘excusa’ era que Bruselas no lo permitiría porque, según reiteró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «no estaría en la línea con lo que se marca por parte de Europa». «España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que se hace de forma abusiva o excesiva, respecto al IVA reducido o superreducido», alegó la entonces portavoz.

Sí se puede bajar el IVA

Esa afirmación choca en cambio con la postura de la UE. En una respuesta por escrito firmada por la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, se destacaba que «sí que es posible aplicar tipos diferentes a este tipo de suministro, siempre que se respete el principio de neutralidad fiscal».

En la misma línea, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, respondió rotundo en otra ocasión que «el artículo 102 de la Directiva del IVA permite a los Estados miembros aplicar un tipo impositivo reducido del IVA a las entregas de electricidad, previa consulta del Comité del IVA». «De hecho, Portugal ha efectuado recientemente una consulta a este Comité relativa a una reducción selectiva para las gamas de bajo consumo. Croacia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Malta son otros Estados miembros que están aplicando, total o parcialmente, tipos reducidos del IVA a las entregas de electricidad», expuso, en dos ocasiones, a los parlamentarios españoles.

Sólo al final de su respuesta, y tras dar manga ancha a países para ajustar sus impuestos beneficiando así a los consumidores, Gentiloni señalaba que «un uso excesivo de los tipos reducidos puede perjudicar la recaudación de los Estados miembros». Esa respuesta -a pregunta de los eurodiputados del PP Antonio López-Istúriz y Dolors Montserrat- está fechada el 30 de marzo, tres meses antes de que el Gobierno de Sánchez accediese al fin a la rebaja.

En mayo, la Comisión Europea confirmaba que «el impuesto especial español sobre el consumo de electricidad de los hogares está muy por encima del mínimo de la UE establecido por la directiva sobre fiscalidad de la energía». Y remarcaba que «los Estados miembros son libres de determinar los tipos de impuestos especiales por encima de estos mínimos, en función de sus necesidades nacionales».

Por si quedaban dudas, la comisaria Simson añadía en otra extensa respuesta a parlamentarios españoles: «España puede aplicar un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a los hogares» y «puede impulsar reformas, siempre que estén en consonancia con los principios y normas acordados a nivel de la Unión».

Proteger a los ciudadanos

En otra respuesta más reciente, a pregunta también de Dolors Montserrat, la Comisión Europea corrobora que «los Estados miembros pueden aplicar algunas salvaguardias, como intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables, en determinadas condiciones, y conceder derechos a los clientes respecto a los contratos con precios dinámicos».

La Comisión Europea ha dejado reiteradamente sin excusas al Gobierno ante su inacción con la factura de la luz. La última vez, esta misma semana, cuando, a preguntas de OKDIARIO, fuentes comunitarias confirmaron que «España puede modificar las normas nacionales aplicables al sector eléctrico, siempre que los cambios se ajusten a las normas del mercado interior de la UE».

Sólo unas horas antes, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había tratado de esquivar de nuevo las responsabilidades, culpando a Bruselas de no querer cambiar el modelo de fijación de precios.

https://okdiario.com/espana/comision-europea-aviso-menos-5-veces-que-sanchez-podia-bajar-factura-luz-7659636