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lunes, 29 de mayo de 2023
Biden cerró por decreto la investigación del Departamento de Justicia a Hillary Clinton abierta desde 2017
En un informe donde se intentó acusar a Trump de mantener una investigación abierta contra Hillary Clinton por razones políticas, el New York Times confirmó que fue Biden quien puso fin a las indagaciones del FBI contra la ex Secretaria de Estado.
29 May 2023
Fuente: La Derecha Diario
Esta semana, el medio The New York Times reveló que la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) a la Fundación Clinton, abierta en 2017 durante el gobierno de Trump y que seguía en curso cuando el ex presidente debió abandonar la Casa Blanca en 2020, fue inmediatamente cerrada por Biden en sus primeros días como mandatario.
La investigación que incluyó decenas de agentes del FBI y fiscales federales, partió de una investigación del autor conservador Peter Schweizer quien publicó sus descubrimientos en un libro que salió en 2015 sobre las donaciones que entidades extranjeras hicieron a la Fundación Clinton cuando ella era Secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama.
Esta era la segunda investigación federal que atravesaba Hillary Clinton, después de que en 2016 el FBI investigara su rol en la Primavera Árabe, la muerte del embajador Christopher Stevens en Benghazi y la eliminación de cientos de miles de correos electrónicos de una casilla privada que abrió ilegalmente mientras era Canciller.
Aquella investigación, que lideró el entonces director del FBI, James Comey, también fue cerrada por un presidente demócrata. Luego de que Comey testificara ante el Congreso que Hillary Clinton había cometido una serie de delitos pero que (por alguna razón) no recomendaba presentar cargos, Obama agarró la lapicera y puso fin a la investigación.
Muchos recordarán los debates entre Trump y Hillary, donde el republicano le diría en la cara que si hubiera jueces como él, ella ya estaría presa. En esos debates, aquella investigación fue un tema central, y cuando Trump llegó a la presidencia, cumplió su promesa y ordenó al DOJ que abriera una investigación sobre la Fundación Clinton.
El caso se centró en investigar las donaciones que la Fundación Clinton recibió de una empresa americana-canadiense llamada Uranium One mientras la empresa estaba siendo adquirida por la agencia nuclear rusa.
Clinton, como Secretaria de Estado, formó parte de un comité gubernamental que necesitaba votar para aprobar el acuerdo de en ese momento. Antes de la votación, su Fundación recibió una masiva donación de esta entidad, y días después, dio su voto a favor de la compra.
Hacia fines del 2017, Rod Rosenstein, vicefiscal general de la Casa Blanca, abrió la investigación de manera oficial, y su oficina ordenó una citación para la Fundación en 2018 y los fiscales a cargo del caso entrevistaron al ex director financiero de la organización.
La investigación fue dividida entre tres grupos de fiscales, uno en Washington D.C., otro en Nueva York, y el tercero en Little Rock. Éste último pidió cerrar el caso en enero de 2021, cuando asumió Biden, pero el principal agente allí a cargo dejó en claro en el comunicado oficial que fueron los fiscales (puestos por Biden), y no los agentes del FBI, los que tomaron la decisión de cerrar la investigación.
Tras el pedido de los fiscales en Little Rock, Biden tomó la lapicera y ordenó cerrar todas las investigaciones, entre enero del 2021 y septiembre de ese mismo año, completamente blindando a su aliada política de una investigación federal.
“El informe muestra, una vez más, que la Fundación Clinton ha sido objeto de acusaciones por motivos políticos sin ningún fundamento real”, dijo Craig Minassian, portavoz de la Fundación Clinton. “A pesar de esto, lo que sigue siendo cierto es que nuestro trabajo marca una diferencia significativa en la vida de millones de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo”.
https://tierrapura.org/2023/05/29/biden-cerro-por-decreto-la-investigacion-del-departamento-de-justicia-a-hillary-clinton-abierta-desde-2017/
sábado, 27 de mayo de 2023
28M: El Mapa de la Delincuencia Socialista
ELECCIONES 28M
Compra de votos por dinero -o droga-, secuestro, suplantación de identidad, agresión con lesiones, amenazas, fraudes varios...
Mapa delincuencia socialista
ACTUALIZADO: 26/05/2023 23:47
La recta final de la campaña electoral del PSOE se ha visto salpicada de un completo catálogo de ilícitos penales: corrupción electoral, compra de votos a cambio de dinero -y hasta droga-, secuestro, agresión e incluso la detención de un candidato vinculado a los Latin Kings. Este es el mapa de los municipios donde se suceden los escándalos relacionados con el PSOE sigue creciendo según se acercan las elecciones del 28M.
Secuestro en Maracena
Noel López, Berta Linares y Pedro Gómez Rosa.
Lo de Maracena, en Granada, roza el surrealismo: el secuestrador de la edil socialista Vanessa Romero, en su confesión, señala como inductores al número 2 del PSOE en Andalucía y a la alcaldesa del municipio, Berta Linares, como inductores del delito. Las notas de la Guardia Civil, desveladas por OKDIARIO, muestran que incluso le dieron cocaína al secuestrador, con problemas mentales, para que se «envalentonara» antes de cometer el rapto.
Le eligieron porque tenía problemas mentales. También está involucrado el concejal de Urbanismo y diputado provincial, Antonio García Leyva (Nono). El motivo, según declara el secuestrador y ex pareja de la alcaldesa, era que Vanessa podría «tener cierta documentación o información» de irregularidades llevadas a cabo en el consistorio.
Compra de votos en Melilla
El consejero involucrado, Mohamed Ahmed Al-lal (CPM).
El primero de los casos de compra de votos salta en Melilla. Una serie de detenciones policiales destapa una extensa trama de tráfico de papeletas orquestada por miembros de Coalición por Melilla. Un partido que gobierna en la ciudad en coalición con el PSOE.
Su líder, Mustafa Aberchán, ex miembro del PSOE, no se presenta a estas elecciones por estar inhabilitado: fue condenado por comprar votos en 2008. Ahora, se investiga la posible participación de Marruecos en esta compra de votos.
Compra de votos en Mojácar
Los dos candidatos del PSOE detenidos en Mojácar.
En Mojácar (Almería), lugar de veraneo de Pedro Sánchez hasta que llegó a la presidencia del Gobierno, es otro de los focos señalados por la compra de votos para el PSOE. El miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) detuvieron a 7 personas involucradas en la trama.
Entre ellos había dos candidatos del PSOE a las municipales: Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno , número 2 y 5 respectivamente. Compraban votos de inmigrantes en paro a los que le ofrecían trabajo municipal si llegaban al Ayuntamiento. Y pagaban hasta 180 euros por papeleta.
Votos por droga en Albudeite
La candidata del PSOE detenida en Albudeite en color.
La Guardia Civil ha detenido a la candidata del PSOE en Albudeite (Murcia), Isabel de los Dolores Peñalver Neuhauser, por su implicación en una red que se dedicaba presuntamente a la compra de votos en el municipio.
La alcaldable socialista ha sido arrestada junto al número 19 de la lista del Partido Socialista al Parlamento de la Región de Murcia que encabeza Pepe Vélez, Héctor Antonio Martínez, y once personas más. El modus operandi de la trama era similar al del grupo desarticulado en Mójacar y que supuestamente lideraban dos candidatos del PSOE al Ayuntamiento andaluz. Se trata de ofrecer dinero y puestos de trabajo a cambio del voto por correo de inmigrantes o personas con problemas económicos. La trama también ofrecía droga a toxicómanos a cambio de su votos para el próximo 28M.
Latin King en Valencia
El número 20 de la lista socialista al Ayuntamiento de Valencia, Camilo Monsalve
El número 20 de la lista socialista al Ayuntamiento de Valencia, Camilo Monsalve, fue detenido el pasado 2 de mayo por la Policía. A Monsalve se le atribuye también su supuesta pertenencia a los Latin King, que él rechaza, según algunas fuentes. La detención, según las mismas fuentes, se produjo por una supuesta agresión, mientras que otras sostienen que fue a causa de un robo.
A pesar de que él mismo ha renunciado, su nombre estaba inicialmente en las papeletas que concurren a los comicios municipales, según han revelado a OKDIARIO fuentes próximas al caso. Las mismas fuentes han confirmado que detención se produjo el 2 de mayo. No es la primera vez que se relaciona a Monsalve con los Latin Kings, de cuyo líder se había declarado admirador en un reportaje del diario valenciano Levante.
Agresión en Tenerife
José Ángel Martín, número 2 del PSOE en Santa Cruz de Tenerife.
La Policía Local detuvo en la tarde de este pasado miércoles a José Ángel Martín, número dos de la lista del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, por una presunta agresión a un directivo del club de fútbol San José Tablero. Tras tomarle declaración el jueves fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Los hechos se produjeron cuando Martín, acompañado por algunos integrantes del equipo de campaña, intentó acceder al campo de fútbol para tomar imágenes y atestiguar el supuesto mal estado de las instalaciones.
En ese momento, según relata Clara, la presidenta del club, se produjo una discusión entre algunos padres y la comitiva socialista porque no querían que grabaran dado que estaba entrenando una selección de la isla y había menores. Así, cuando el directivo del club -marido de Clara- y su hijo fueron a la oficina para coger las llaves de los baños y los vestuarios, según su relato, Martín dio una patada a la puerta y Manolo «cayó mal» y tuvo que ser hospitalizado con fractura de tobillo, tibia y peroné. Mientras, el candidato gritaba «¡No sabéis quién soy yo!».
Votos en Huévar del Aljarafe
afael Moreno Segura y Aurea Moreno Borrego, ex alcaldes socialista de Huévar del Aljarafe (Sevilla).
También hasta Sevilla llegan los escándalos de compra de votos. La Audiencia de Sevilla ordenaba hace un mes reabrir una causa por un presunto caso de compra de votos a cambio de empleo por parte de los dos últimos alcaldes socialistas en el municipio sevillano de Huévar del Aljarafe, Rafael Moreno Segura y Aurea Moreno Borrego. Los hechos investigados se remontan a los años entre 2014 y 2019 y la Audiencia Provincial de Sevilla ya ha asegurado que ve «indicios de la presunta comisión de un delito de prevaricación en la actuación de los investigados».
Empadronamientos en Níjar
En el municipio almeriense de Níjar, no muy lejos de Mojácar, el PSOE ha sido denunciado después de detectarse el empadronamiento masivo de personas en domicilios de concejales socialistas. Hasta 20 personas, trabajadores eventuales del Ayuntamiento, se empadronaron en un sólo domicilio de cara a las elecciones del 28M.
Amenazas en Medina Sidonia
Juan María Cornejo, candidato del PSOE a la Alcaldía de Medina Sidonia.
El candidato del PSOE en Medina Sidonia (Cádiz), Juan Cornejo, ha sido denunciado por un presunto delito de amenazas. Según la denuncia, de la que los socialistas dicen no tener constancia, los hechos sucedieron el pasado 14 de mayo, cuando la víctima se encontraba en una plaza del municipio gaditano y, al encontrarse con el candidato del PSOE, fue amenazada al grito de «¡te tengo que coger!» o «¡te voy a dar una paliza, te vas a enterar!». Según la denuncia la amenaza se produjo en la Plazuela de la Zapata (Medina), junto a unos contenedores de basura.
Allí, Cornejo se habría dirigido al denunciante en los siguientes términos: «Te tengo que coger, ya te cogeré solo, te voy a dar una paliza, te vas a enterar». Tras ello, Cornejo se habría ido del lugar justo en el momento en el que llegaba una mujer, posible testigo de las supuestas amenazas.
Compra de votos en La Gomera
Casimiro Curbelo, presidente socialista del Cabildo de La Gomera.
La Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que lidera la investigación junto a la de Santa Cruz de Tenerife, tiene bajo la lupa a la Agrupación Socialista La Gomera. Se trata de una formación política escindida del PSOE, pero que gobierna con los de Pedro Sánchez, Podemos y Nueva Canarias.
Al parecer, inmediatamente después de tramitar el voto por correo, se presentaban en los domicilios de los vecinos integrantes de la Agrupación Socialista Gomera para explicarles su programa electoral y robarles mediante manipulación y engaño el voto por correo que habían solicitado fraudulentamente. Antes de eso habían hecho una tarea previa, desde ordenadores del propio Cabildo de La Gomera, solicitando la documentación suplantando la identidad de los gomeros.
Compra de votos en Arona
José Julián Mena alcalde de Arona con el mensaje de su asesor prometiendo dinero por el voto.
De nuevo en Canarias, y en uno de los feudos en los que operaba la trama del Tito Berni, el PSOE se ve salpicado en otro intento de compra de votos. Manuel Noda, asesor del alcalde socialista de Arona (Tenerife), José Julián Mena, ha sido denunciado por ofrecer 50 euros a cambio del apoyo electoral a su formación política.
Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Más por Arona han presentado este jueves una denuncia en la Policía Nacional por una supuesta compra de votos en el municipio tinerfeño. Una captura de pantalla, de un grupo de Whatsapp privado de actividades deportivas, lo delata.
Fraude electoral en Leganés
Para completar el mapa de los escándalos del PSOE, en el caso del municipio madrileño de Leganés, la táctica no ha sido la compra de votos, sino una vuelta de tuerca más: el PSOE ha falsificado los folletos de propaganda de un partido político local, la Unión por Leganés (ULEG), para buzonearlos entre los vecinos y potenciales votantes.
Lo que decía ese folleto, según la denuncia cursada por la formación ante la Policía, es que estaban dispuestos a pactar con Vox y el PP. La voz de alarma la dio una empresa que se dedica al buzoneo, que tras detectar la maniobra se negó a realizarla. Pero finalmente el PSOE lo hizo a través de otra empresa. En total, se calcula que se distribuyeron 40.000 folletos.
https://okdiario.com/espana/28m-mapa-mafia-socialista-10985084
viernes, 26 de mayo de 2023
Noél López, números 2 del PSOE Andaluz.
Auto judicial que recoge la declaración de Gómez Rosa.
jueves, 25 de mayo de 2023
El trabajo probatorio de la Benemérita impide a Marlaska hacer un ‘Pérez de los Cobos’
ACTUALIZADO: 25/05/2023 08:41
Resulta evidente que la Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación tan rigurosa y ha atado los cabos de las pesquisas de forma tan diligente que ha conseguido acumular en tiempo récord las pruebas inculpatorias que han llevado a la detención -por compra de votos- de dos destacados socialistas integrantes de las listas del PSOE de Mojácar, localidad almeriense a la que está unido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no en vano la eligió como lugar de veraneo. Mójacar no le es ajena al presidente del Gobierno y sus vinculaciones con la agrupación socialista de esta localidad son más que evidentes.
Precisamente, el gran trabajo probatorio de la Benemérita ha impedido que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cayera en la tentación de hacer lo que hizo con el coronel Pérez de los Cobos y sus investigaciones sobre la autorización de la manifestación feminista que fue autorizada por el Gobierno en pleno estallido de la pandemia de covid. Recuérdese que lo que hizo Marlaska entonces es entorpecer la investigación y solicitarle al militar explicaciones pese a que por mandato judicial las pesquisas eran secretas. Todo para salvar al Gobierno.
Por fortuna, esta vez la Guardia Civil ya tenía atados todos los cabos y no le ha dado tiempo al ministro para que se inmiscuyera en las investigaciones y terminara por echar tierra al caso. Marlaska, esta vez, no ha podido evitar que la Guardia Civil cumpla con su obligación de poner a buen recaudo a los socialistas implicados en una trama de compra de votos que le ha estallado a Pedro Sánchez en plena campaña. Quien crea que lo ocurrido demuestra que Marlaska se ha mantenido al margen de la operación por pulcritud democrática se equivoca. Lo que ha ocurrido es que la Guardia Civil ha sido rápida acumulando pruebas y se ha adelantado al ministro de forma clamorosa.
https://okdiario.com/opinion/trabajo-probatorio-benemerita-impide-marlaska-hacer-perez-cobos-10973738
FRAUDE ELECTORAL
El PSOE de Mojácar compraba votos de inmigrantes en paro prometiéndoles empleo
La Guardia Civil halla votos y listados censales en los domicilios de la trama del PSOE de Mojácar
ACTUALIZADO: 25/05/2023 10:08
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado votos y listas censales en los domicilios registrados dentro de la operación contra la trama del PSOE de compra de votos en Mojácar. La investigación da cuenta de un grupo presuntamente liderado por los candidatos socialistas para comprar votos entre los más vulnerables de la población de inmigrantes latinos del municipio. Para comprar sus votos, prometían un puesto de trabajo a inmigrantes en paro, o directamente les pagaban más de 100 euros.
Durante la decena de registros que los guardias han llevado a cabo en el municipio desde primeras horas de la mañana, se ha hallado abundante documentación que probaría, según fuentes del caso, la evidente relación de los detenidos con una trama de compra de votos por correo. Entre los efectos requisados, los guardias han hallado resguardos de votos por correo y listados censales con decenas de personas marcadas por haber sido supuestamente contactadas o susceptibles de serlo. A todas esas personas les unía la misma circunstancia: estaban pasando por una mala situación económica.
La trama, se dedicaba a buscar entre la población inmigrante de origen hispanoamericano, y entre ellos buscaban a los más vulnerables. No pagaban necesariamente por los votos. Para comprar sus votos, prometían un puesto de trabajo a inmigrantes en paro. En otros casos, compraban los votos a cambio de cantidades que oscilaban entre 100 y 200 euros. De hecho, entre los siete detenidos y dos investigados, hay seis españoles pero también ciudadanos de Ecuador, Colombia y Paraguay, acusados de ejercer como captadores dentro de la trama.
Ahora, una vez finalizados los registros, los detenidos permanecen en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en el municipio almeriense de Vera. Precisamente, es el Juzgado de Instrucción número 4 de la misma localidad el que lidera la investigación por un presunto delito de fraude electoral.
Fue la denuncia interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil de Garrucha por parte de la actual alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano Montoya (PP), la que dio pié a esta investigación. En esa denuncia, la regidora denunciaba que una tercera persona se había dirigido a ella para quejarse de la compra de votos por parte de los candidatos socialistas.
En concreto, la denuncia acusaba al candidato Cristobal (en referencia al candidato del PSOE ahora detenido) de intentar comprar el voto de esta tercera persona a cambio de 180 euros. A partir de ahí, los especialistas de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO de la Guardia Civil se apresuraron a reunir los testimonios de testigos y otros indicios necesarios para llevar a cabo la explotación de la operación.
https://okdiario.com/andalucia/psoe-mojacar-compraba-votos-inmigrantes-paro-prometiendoles-empleo-10973359
miércoles, 24 de mayo de 2023
Piden a la UE investigar la posible «injerencia de Marruecos» en la compra de votos en Melilla
Mustafa Aberchán y Fátima Hamed.ACTUALIZADO: 24/05/2023 02:14
La implicación de miembros de Coalición por Melilla en la posible compra de votos de cara a las elecciones del 28M ha llegado hasta Bruselas. Ciudadanos ha pedido a las autoridades comunitarias que investiguen el fraude «que podría haber sido orquestado por Marruecos como parte para violar la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea». Este martes, los 10 detenidos por el presunto amaño de las elecciones en Melilla han quedado en libertad.
El partido liderado por Mustafa Aberchán está en el punto de mira de la investigación judicial por la posible compra de votos de cara a las elecciones del 28M. Hay que recordar que el líder de Coalición por Melilla ya fue condenado en 2008 por el intento de comprar sufragios en los comicios.
El eurodiputado de CS Jordi Cañas ha pedido a la Comisión Europea que se tome muy en serio el caso y lo ha vinculado al caso Qatargate, que socavó la integridad de las instituciones comunitarias al descubrirse que varios diputados adscritos al Partido Socialista europeo habían cobrado sobornos de las autoridades de Qatar, Marruecos y Mauritania a cambio de influencia en el Parlamento Europeo.
El escándalo de Melilla llega, además, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un giro radical a las relaciones con el reino alauí al virar la política española sobre el Sáhara.
Coalición por Melilla
Los detenidos por la Policía Nacional por presunta pertenencia a una trama de compra de votos para las elecciones del 28 de mayo en Melilla han quedado en libertad este martes, a disposición del juzgado, que les atribuye delito electoral y pertenencia a grupo criminal, han informado fuentes policiales.
Los arrestados están vinculados a CpM (Coalición por Melilla), según estas fuentes. La Delegación del Gobierno en Melilla informó por la mañana de que eran nueve los detenidos, tres el lunes y seis este martes, si bien fuentes policiales elevan a diez el número total de arrestados en esta operación.
Según han informado a EP fuentes del caso, entre las personas arrestadas están el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal (CPM), y un familiar del presidente de CPM, Mustafa Aberchán.
Este partido es el mayoritario en el Gobierno de Melilla desde junio de 2019, en coalición con el PSOE y un ex diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, una unión de los diputados de los tres partidos que permitió desbancar hace cuatro años a Juan José Imbroda (PP) de la Presidencia de Melilla tras 19 años ininterrumpidos al frente del Ejecutivo melillense.
Las detenciones se han producido en el marco de una operación en distintos puntos de Melilla, dentro de la investigación judicial que se ha abierto ante la sospecha de un intento de fraude electoral tras dispararse el voto por correo desde 4.200 de las elecciones de 2019 a los actuales 11.700, casi el triple.
Votos a cambio de dinero
Además de las detenciones y posterior puesta en libertad para ser citados próximamente por la juez que lleva el caso, efectivos de la Policía Nacional –tanto de uniforme como de paisano- han realizado registros en una decena de locales, entre viviendas y oficinas, entre ellos el inmueble que usa CPM como centro de datos y gabinete de prensa y comunicación que habría cedido a la formación un simpatizante de la misma.
El caso está bajo secreto de sumario y en el mismo se investiga si existe una trama que haya podido pretendido usar el voto por correo para comprar el sufragio con cantidades que oscila entre los 50 y los 200 euros por voto.
Sin embargo, el espectacular incremento en el número de votos por correo llevó el pasado día 18 de mayo a la Junta Electoral a exigir que la entrega en la Oficina de Correos sea individualizada, personal y presentando el DNI, pasaporte o carné conducir, prohibiendo de este modo que una única persona pudiera llevar sacas de votos por correo de otros electores como se podía hacer hasta ese momento.
Esta medida acabó en esa misma jornada con las enormes colas que se producían en las oficinas de Correos desde que se abrió el proceso del voto por correo.
Según datos del Ministerio del Interior, hasta este martes Correos ha validado el 16% del voto por correo en Melilla para las elecciones del 28-M. En los últimos 24 horas ha subido la cifra de 1.302 a 1.882 votos presentados, del total de 11.707 solicitudes.
https://okdiario.com/espana/piden-ue-investigar-posible-injerencia-marruecos-caso-compra-votos-coalicion-melilla-10968216
lunes, 22 de mayo de 2023
Un alto cargo de Sánchez Imputado por los Contratos Covid acusa al Ministro Illa: «Me lo pidió él»
ACTUALIZADO: 22/05/2023 06:26
Alfonso Jiménez Palacios, ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), y uno de los ex altos cargos del Gobierno de Sánchez imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos covid, declaró ante la juez Concepción Jerez, titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que él se limitó a ejecutar una «orden comunicada del ministro (Salvador Illa) para adquirir de emergencia todo el material». En otro momento de la declaración, el investigado reiteró que «la gestión financiera de las compras» correspondían al Ministerio de Sanidad, «sin lugar a duda», matizó.
En esta misma línea, declaró la ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, quien afirmó en sede judicial que informaba «de manera sistemática» sobre la adquisición de productos al «ministro». Es la primera vez que los ex altos cargos del Gobierno, imputados por las adjudicaciones por importe de 315 millones de euros destinados a la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia, señalan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable de las presuntas irregularidades.
OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la declaración de los tres ex altos cargos del Gobierno –dos de Sanidad y una de Hacienda– imputados por las presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la crisis provocada por el covid-19. El pasado 7 de abril de 2022, el ex director de Ingesa –ahora jubilado– aseguró que el responsable de la gestión era el Ministerio de Sanidad y que la orden la dio directamente el ministro Illa. Además, afirmó que el Gobierno creó un «equipo multidisciplinar» y estos expertos eran los que proponían qué empresas debían ser contratadas. A continuación, este periódico reproduce la declaración del ex director de Ingesa ante la juez Concepción Jerez:
Alfonso Jiménez. – Era una situación realmente dramática y, en esos momentos, a mí se me encargó –llevar a cabo– una orden comunicada del ministro para adquirir de emergencia todo el material que pudiésemos para hacer frente a esa situación.
Juez. – ¿Cómo se elegía a la empresa que iba a suministrar el material?
A. J. – Llegó un momento en el que en Ingesa, ni por recursos humanos ni por capacidades, nos era posible acceder al mercado internacional y más concretamente al chino. Entonces, el Gobierno decidió reforzar a Ingesa con un equipo multidisciplinar de altos funcionarios donde había gente de Hacienda, de la Agencia Tributaria, del Instituto de Comercio Exterior, de Industria, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de AENA, etc. En fin, de muchos organismos, que fue el equipo que se dedicó a localizar a los proveedores y luego me pasaban a mí la propuesta, en muchos casos ya con la factura proforma correspondiente, y yo ponía en marcha todo el procedimiento administrativo de compra como, por ejemplo, la memoria justificativa.
Juez. – ¿Se trataba de un procedimiento más reducido?
A. J. – Mucho más reducido, muchísimo más reducido.
Juez. – ¿O sea que son otras personas las que eligen al vendedor?
A. J. – Las que lo buscan y me lo proponen. Obviamente, el que lo firmo soy yo. No es que quiera quitarme responsabilidades, en absoluto.
Juez. – Quiero decir, que a usted le dicen: «Hay éste y éste, elija el que quiera». ¿O sólo le dan uno porque no hay más?
A. J. – En muchas ocasiones me dan uno y a un precio.
En otro momento de la declaración, el imputado responde a las preguntas de su abogado. El letrado le pregunta que «¿a quién correspondía la gestión financiera de las compras realizadas para hacer frente al covid?». Sin titubear, el investigado responde: «Al Ministerio». Añade: «De estos contratos –en referencia a los que están siendo investigados–, al Ministerio sin lugar a duda». Recalca: «Al principio hicimos nosotros algo, como he explicado antes, los primeros contratos, pero concretamente de todos estos contratos y todos los posteriores, es el Ministerio”.
«Informaba al ministro»
Ese mismo día también declaró la ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, que dimitió de su cargo tras la imputación. La abogada de Vox, Marta Castro, que ejerce la acusación popular en la causa, le preguntó: «Durante el tiempo en el que usted estuvo al frente de la contratación, ¿a quién informaba: a sus superiores, a Alfonso Jiménez o transmitía usted también información directa al ministro de Sanidad?».
La investigada señaló que informaba al ministro Illa dos veces al día. «Nosotros en el Ministerio de Sanidad teníamos dos reuniones programadas diarias. Una a las 08:00 horas y otra a las 19:00 horas, todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Acudía yo misma y dentro de los puntos del orden del día que, además, eran sistemáticos todos los días, el ministro nos preguntaba cómo iba la adquisición de productos y yo informaba puntualmente de los avances que habíamos tenido», concluyó.
Cargos ad hoc
Los imputados por el caso Mascarillas, que afecta al Gobierno, fueron beneficiados por las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lacruz, por ejemplo, accedió a su puesto, reservado a funcionarios de carrera, sin contar con el respaldo legal necesario para ello, razón por la cual el Ejecutivo socialista se vio obligado a regularizar su situación a través de un Real Decreto que se aprobó ad hoc ocho meses después de su nombramiento.
Antes de convertirse en responsable de la Cartera Común, Lacruz lideraba la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Para ello, gozaba de una exención legal que le permitía ejercer sus funciones sin ser funcionaria de carrera. Sin embargo, en marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia de coronavirus, el Ministerio de Sanidad cambió su estructura orgánica básica y colocó a Lacruz en una cartera de nueva creación: la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, un departamento que no gozaba de este privilegio que permite a un no funcionario ocupar el puesto de director.
Así, y hasta que el Gobierno regularizó su situación, Patricia Lacruz ejerció las funciones de un puesto para el que no cumplía los requisitos. Lo hizo, además, durante ocho meses críticos, marcados por la etapa más dura de la pandemia.
Por otra parte, el ex director de Ingensa, Alfonso Jiménez Palacios, ocupó puestos de responsabilidad en el Gobierno con hasta ocho ministros del PSOE. Palacios es, además, el que más contratos fallidos acumula entre los investigados. Médico de formación, a Alfonso Jiménez el estallido de la pandemia le sorprendió precisamente dirigiendo la entidad sobre la que el Ministerio de Sanidad delegó la política de adquisición urgente de material de protección frente al coronavirus.
Sin embargo, antes de protagonizar algunas de las irregularidades que forzaron al Ministerio de Hacienda a intervenir en la compra de estos bienes, este alto cargo del Gobierno ya había ocupado otros puestos de responsabilidad con hasta ocho ministros socialistas. El primero de ellos, de la mano de Elena Salgado, quien en el año 2004, recién estrenada la primera de las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, le nombró director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud.
De este puesto cesó en abril de 2008 para, un año después, ser elegido director general de Farmacia y Productos Sanitarios en el Ministerio de Sanidad de Bernat Soria, cargo que mantuvo con las ministras del ramo Trinidad Jiménez y Leire Pajín. Esta última, en octubre de 2011, durante los últimos compases del Gobierno socialista, le nombró secretario general de Sanidad y Política Social. Dos meses después, con la llegada del Partido Popular a la Moncloa, fue destituido.
Pero su suerte cambió de nuevo en julio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy que entregó la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. Entonces, con Carmen Montón liderando el Ministerio de Sanidad, Alfonso Jiménez fue elegido director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, donde permaneció bajo la gestión de María Luisa Carcedo, Salvador Illa y Carolina Darias. Finalmente, en marzo de 2021 abandonó su puesto después de protagonizar decenas de polémicas por la adjudicación de contratos covid.
https://okdiario.com/investigacion/alto-cargo-sanchez-imputado-contratos-covid-acusa-ministro-illa-lo-pidio-10954074
sábado, 20 de mayo de 2023
El Gobierno socialista de Andreu dio 816.000 € de ayuda Covid a la bodega que dirige su marido
PRESIDENTA DE LA RIOJA
Fue una de las tres grandes bodegas que acapararon el 44% del dinero en detrimento de las más afectadas
El patrimonio de Andreu al descubierto: 2 pisos, 8 fincas y una casa en un campo de golf con su marido
La alcaldesa del PSOE en Calahorra gasta 9.000 € en editar un libro del presidente del Parlamento riojano
Concepción Andreu marido
SEGUNDO SANZ
20/05/2023 06:50 ACTUALIZADO: 20/05/2023 09:29
El Gobierno de La Rioja que preside la socialista Concepción Andreu dio 816.000 euros de un plan de ayudas Covid para almacenar vino a la empresa que dirige su marido, Rodolfo Bastida. Sólo esta asignación supuso el 15% de todo el importe del plan, que ascendió a 5,1 millones de euros y que no llegó a las bodegas más pequeñas, cuando éstas fueron las más afectadas por la pandemia de coronavirus.
En concreto, según consta en el registro del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Administración General del Estado (AGE), la empresa Bodegas Ramón Bilbao SA, teniendo al marido de Concepción Andreu como director general, recibió el 23 de julio de 2020 una subvención de 816.830,99 euros dentro de un plan de «ayudas para almacenamiento privado de vino en caso de crisis». Como adjudicataria figura la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Ejecutivo de Andreu, encargado de gestionar estos fondos habilitados por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de la Nación.
Este programa de ayudas incluía las categorías de destilación de crisis, almacenamiento privado y cosecha en verde. Y, según el Ministerio, fue concebido a fin de «paliar la difícil situación que atraviesa el sector por causa de la Covid.19». Sin embargo, en la práctica, la distribución de este dinero entre las bodegas, proceso del que se encargaron los gobiernos autonómicos, trajo cola porque fueron las grandes firmas las principales beneficiadas, en detrimento de los pequeños vitivinícolas.
De hecho, según el portal especialista lomejordelvinoderioja.com a partir de los datos publicados por el Boletín Oficial de La Rioja, sólo Bodegas CVNE, Ramón Bilbao (compañía de la que el marido de Andreu es director) y Pernod Ricard acapararon el 44% del importe total de estas ayudas para almacenamiento de vino, que fue 5,1 millones. El citado portal recogió que en esta comunidad autónoma había activas en ese momento más de 200 bodegas, mientras que sólo se presentaron y prosperaron solicitudes de 61 candidatas dada la burocracia y los requisitos que se fijaron (como una garantía del 100% de la ayuda solicitada).
Concesión de la ayuda a la empresa que dirige el marido de Andreu.
Este reparto llegó a ser objeto de iniciativas parlamentarias del PP en la Cámara regional de La Rioja. Por ejemplo, en una sesión plenaria en septiembre de 2020, la diputada del PP Noemí Manzanos preguntó a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hite, si estaba «satisfecha con el resultado del proceso de concesión de ayudas al almacenamiento privado de vino para el año 2020 en La Rioja».
La consejera del Gobierno de Andreu contestó que sí estaba satisfecha «con el resultado final de la concesión de ayudas al almacenamiento privado de vino, como también nos ha trasladado de forma mayoritaria el sector bodeguero riojano». Y lanzó a Manzanos el refrán «cree el ladrón que todos son de su condición».
Por su parte, la diputada del PP reprochó a Hite que «de esos fondos casi la mitad, el 44 %, de esos más de cinco millones de euros, se los van a repartir tres grandes compañías bodegueras, tres grandes bodegas, señora Hita, que precisamente no son las más damnificadas por el cierre del canal Horeca, por el cierre de la hostelería durante la crisis del COVID», denunció. Una de esas tres grandes bodegas es la que dirigía entonces y dirige el marido de la propia presidenta del Gobierno de La Rioja, con el que además tiene un importante patrimonio, terrenos tipo «heredad viña secano» incluidos, como reveló el viernes OKDIARIO en exclusiva.
Ocho fincas rústicas
Concepción Andreu tiene dos pisos en Logroño, uno junto a su marido, así como ocho fincas rústicas en sociedad ganancial y un apartamento también de ambos en un exclusivo complejo de golf, según documentación obrante en el Registro de la Propiedad a la que ha tenido acceso este periódico. Esas ocho fincas se encuentran en el municipio de Ábalos (La Rioja). Un enclave que se caracteriza por su esmerado cuidado de sus viñas. Estos terrenos fueron comprados por la pareja en el año 2016 con superficies, por ejemplo, de 600 metros cuadrados, 1.800 metros cuadrados o 4.800 metros cuadrados.
Zona de los terrenos de Andreu y su marido en Ábalos.
Andreu presumió el viernes de que los empresarios le «agradecen» su «dedicación» porque cuando le pregunta uno «cuándo va a venir la subvención, que mi inversión está hecha desde el 2017», ella le contesta: «Pues no te preocupes, miramos a ver cómo está» porque es «obligación» del Gobierno «abonarlo». «El PSOE cuando gobierna, lo hace para proyectos de medio y largo plazo. Nada de pintar fachadas para que luzcan», sentenció.
https://okdiario.com/espana/rioja-concepcion-andreu-ayuda-covid-vino-empresa-dirige-marido-10946056
domingo, 14 de mayo de 2023
‘Caso Puertos’: un informe secreto de 20 folios aportado por un testigo acorrala al PSOE de Baleares
BALEARES
El PP exige a Armengol que «explique todo lo que sabe» sobre el amaño del concurso del Puerto de Ibiza
Rafael Ruiz y Francina Armengol del PSOE de Baleares
Rafael Ruiz y Francina Armengol del PSOE de BalearesACTUALIZADO: 14/05/2023 09:18
Un informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca por un empresario amenaza la reelección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Gobierno de Baleares. El documento, de 20 folios, fue aportado por un empresario imputado por «descubrimiento de secretos» que, sin embargo, ofreció este documento a la juez instructora del caso Puertos. Esta investigación judicial tiene como imputados a varios directivos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) dependiente del organismo Puertos del Estado a su vez bajo la órbita del ministerio de Fomento, y recientemente a Rafael Ruiz, alcalde socialista de Ibiza y miembro del consejo de Administración de la APB en representación del Consejo Insular de esa isla.
Este informe está siendo investigado por la juez instructora para valorar y decidir las posibles piezas derivadas del caso principal.
El caso fue destapado tras la denuncia de la empresa Club Deportivo Básico 12 Millas ante la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de la explotación del puerto deportivo ibicenco al Club Náutico de Ibiza (CNI). Esa concesión fue recurrida ante los tribunales administrativos que llegó hasta el Tribunal Supremo y acabó dando la razón al Club 12 millas.
El Club Náutico de Ibiza es un negocio muy codiciado debido a la gran cantidad de atraques para yates de lujo durante todo el año. Los actuales concesionarios han ido consiguiendo la adjudicación desde 1970 y todo fue bien hasta que apareció un competidor, Club Deportivo Básico 12 Millas, que aspiraba al negocio. Al no conseguirlo inició la batalla judicial que ha derivado en el caso Puertos.
La posterior investigación de la Guardia Civil descubrió conversaciones entre el presidente de la APB entonces, Joan Gual de Torrella, y la presidenta balear Francina Armengol donde se comprueba que el primero informaba a la segunda sobre las gestiones para la concesión al CNI de Ibiza. En el caso del alcalde ibicenco Rafael Ruiz la juez cree que su participación en la adjudicación del puerto de Ibiza va más allá de su mera participación en el consejo de Administración de la APB y por eso está imputado.
Un folio de la declaración del testigo.
El 23 de julio de 2020 la Guardia Civil irrumpía en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Baleares y detenía a su presidente Gual de Torrella, al vicepresidente Miguel Puigserver; el director, Juan Carlos Plaza; y los directivos José Fernando Berenguer y Armando Parada. Precisamente, Berenguer sería el supuesto autor de esos famosos 20 folios entregados 5 meses después por el empresario detenido e imputado en la causa, pero testigo en la pieza principal, según su declaración ante la jueza que ha podido conocer OKDIARIO.
En realidad este empresario no tiene nada que ver con las adjudicaciones, pero fue acusado de «descubrimiento de secretos» porque en una llamada telefónica efectuada entre el 19 y el 20 de julio de 2020 entre Berenguer y él decía que «les iban a intervenir». Berenguer, imputado por la juez, era el Jefe de Explotación de la APB. La juez también otorga un papel destacado en toda la trama a la asesora jurídica de la APB y abogada del Estado Dolores Ripoll.
Irregularidades
En su declaración el empresario, que fue detenido y pasó una noche en los calabozos de la Guardia Civil, se exculpa de haber avisado a la APB «porque no tengo relación con ellos desde 2017» e incluso explicó que su afirmación no tenía fundamentos reales y estaba basada en «rumores». Pero lo mejor de la declaración del empresario llegó al final de su comparecencia ante la juez cuando dice que posee «una información de la APB donde se ven irregularidades que se cometían en cada uno de los expedientes, que se la dio Fernando Berenguer».
Según el hombre convertido ahora también en testigo de la pieza principal del caso Puertos, él habría ido a casa de Berenguer a recoger esos documentos y le habría dicho «oye dame eso que se lo voy a dar a la gente que me ayuda a mí», aunque «cree que la información que el declarante recibía se la pasaba toda a Jiménez Cisneros (Club Náutico 12 millas)». Después lo aportó al Juzgado. Durante su declaración estuvo presente la fiscal Anticorrupción de Baleares.
El final de la declaración del testigo donde dice que posee un informe.
Ese informe, fechado en septiembre de 2020, consiste en una serie de 20 folios impresos sin firma ni membrete que recogen por escrito hechos presuntamente irregulares sucedidos en todos los puertos de Baleares tras la llegada de Gual de Torrella de la mano de Francina Armengol a la presidencia de la APB. Entre estas supuestas irregularidades se recoge la concesión del puerto de Mahón, en Menorca, a una empresa «menorquina o con participación menorquina» por «presiones» de la entonces alcaldesa de Mahón. El escrito también habla de la «zona portuaria en la Ribera Norte» donde se habría concedido un «depósito de combustibles en contra de los informes de Seguridad».
El documento continúa relatando los problemas con la concesión a una empresa en el Puerto de Alcudia (Mallorca), con varios informes contrarios de la Abogacía del Estado en 2011, 2012 y 2013 por incumplimiento de las condiciones de la concesión y tras el cambio de presidente de la APB la existencia de otro informe «favorable a la ampliación del plazo concesional» a la misma empresa.
El Molinar
También se recoge en uno de esos folios la polémica con las obras de El Molinar, en el Puerto de Palma, la demolición de dos edificios en la plaza Jardines de San Telmo y en el contramuelle Mollet del mismo puerto, la disposición de las instalaciones nuevas en una franja de 110 metros de ancho realizadas con fondos de la Unión Europea, un presunto incumplimiento de la concesión por parte de otra empresa en los Muelles Comerciales de Palma, una concesión para embarcaciones chárter en contra de informes técnicos de la propia APB. Precisamente el testigo fue preguntado si «avisó de la intervención a Berenguer a cambio de que él, como favor, le ayudara con la licitación de El Molinar», pero esto fue negado por el declarante, ya que el único interés que tenía era con la concesión de un hotel cuyo concurso ganó en la APB en 2017, pero que no le fue adjudicado y añadió que era «Fernando (Berenguer) decía que les iban a intervenir algún día porque no hacían una en derecho y le decía que lo del Molinar no se estaba haciendo bien».
Parte del citado informe.
El documento dedica varios folios en concreto a la concesión del Club Náutico de Palma y dos extensas páginas sobre la concesión al Club Náutico de Ibiza (CNI). En este segundo caso, se recogen por escrito los movimientos políticos realizados, como por ejemplo que «el pleno municipal del Ayuntamiento de Ibiza, el pleno del Consell Insular de Ibiza y el Parlamento Balear, por unanimidad, y la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, por dos veces, ha instado a la APB para que el Club Náutico de Ibiza (CNI), dado su arraigo social y las prestaciones que ha aportado a la sociedad ibicenca, debe seguir gestionando esas instalaciones por medio de la oportuna concesión, renovada o prorrogada». Cuando se realizó este informe todavía el proceso judicial en los tribunales administrativo estaba vivo y el caso Puertos acababa de comenzar. Finalmente, el Tribunal Supremo avaló que se anulase la concesión a CNI.
Durante la instrucción de la causa principal del caso Puertos la relación entre la APB y el PSOE de Baleares ha quedado más que acreditada, sobre todo tras la publicación de una conversación grabada por la Guardia Civil entre el ex presidente de la APB Gual de Torrella y Josep María Costa, imputado y hermano de Pilar Costa (ex senadora socialista y consejera de Presidencia de Baleares), recogida por El Periódico de Ibiza y Formentera, que señala directamente a Francina Armengol y al alcalde socialista de Ibiza, sobre las gestiones que podrían hacer ambos para decantar el concurso del club náutico de la isla en determinada dirección.
En la misma conversación sale incluso el nombre de Sofía Hernanz, diputada socialista y secretaria segunda de la mesa del Congreso, que según los audios era «colega» de José Luis Ábalos, ministro de Fomento cuando se tramitó el concurso investigado.
https://okdiario.com/investigacion/caso-puertos-informe-secreto-20-folios-aportado-testigo-acorrala-psoe-baleares-10901204
jueves, 11 de mayo de 2023
La Eurocámara exige al Gobierno de Pedro Sánchez que Explique en qué Ha Gastado 40.000 millones de euros de los fondos poscovid
La presidenta de la Comisión de Control Presupuestaria del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier.
La presidenta de la Comisión de Control Presupuestaria del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, solicitó este miércoles al Gobierno de España información sobre el destino de los fondos europeos Next Generation, concedidos con el objetivo de impulsar la economía poscoronavirus.
La eurodiputada alemana dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez confirmó que había recibido más de 40.000 millones de euros (43.900 millones de dólares) y que la mayoría se había distribuido a las comunidades autónomas. “Pero, ¿qué tipo de proyectos se han realizado? ¿Cuánto dinero se ha gastado?”, son algunas de las preguntas que aún siguen sin respuesta. “La última vez que pregunté fue hace tres semanas y hasta ahora no he recibido una cifra exacta”, denunció.
“Queremos saber cuánto dinero ha llegado a la economía real, cuánto dinero se ha gastado en hospitales, cuánto dinero se ha gastado en proyectos medioambientales, en áreas de digitalización. Queremos ver las cifras reales”, insistió Hohlmeier, recalcando que los beneficiarios finales de fondos europeos y los proyectos se deben publicar para que los conozcan los ciudadanos y las instituciones.
Sus declaraciones llegan después de que la Eurocámara pidiera esta jornada a la Comisión Europea que endurezca los controles sobre la ejecución de los fondos de recuperación poscovid. La resolución fue aprobada con 460 votos a favor, 129 en contra y 49 abstenciones.
“El texto advierte sobre el riesgo de uso indebido, fraude y delincuencia organizada e insta a la Comisión a reforzar la vigilancia de los sistemas de control interno de los Estados miembros para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”, reza un comunicado publicado en la página web del Parlamento.
Igualmente, los eurodiputados expresan en la resolución su preocupación ante “los primeros indicios” de que en algunos países de la UE, en referencia a España, los fondos se hayan podido utilizar para reemplazar el gasto nacional regular, en lugar de dedicarse a las reformas e inversiones recogidas en los planes de recuperación.
https://www.alertadigital.com/2023/05/11/la-eurocamara-exige-al-gobierno-de-pedro-sanchez-que-explique-en-que-gasto-40-000-millones-de-euros-de-los-fondos-poscovid/
miércoles, 10 de mayo de 2023
Jueces denuncian la corrupción judicial en España. Cuando lo hacen, el sistema judicial va contra ellos
Por Magdalena del Amo*.- Al nombrar la palabra corrupción enseguida aparece en nuestra mente la imagen de los políticos, con sus mentiras, falsas promesas, nepotismo, prevaricaciones, cohechos, cabildeos y demás vicios que se sirven casi a diario en titulares. Hablamos de corrupción de amplio espectro, en todos los campos, que tiene como origen la gran corrupción moral. Es un mal endémico, una suerte de castigo al que la sociedad parece estar condenada irremisiblemente. Incluso lo hemos aceptado e integrado mansamente, sin ofrecer ningún tipo de resistencia.
Tendríamos que empezar a preguntarnos, en serio, si los políticos son necesarios o deberíamos prescindir de ellos y elegir opciones alternativas de autogobernarnos, al margen de ambiciones desmedidas y deseos enfermizos de poder, más que de servir y ejercer de estadistas. Los “sabios” de turno echarán mano de análisis históricos y sociológicos para argumentar y concluir que la democracia es la mejor forma de gobierno. Pero habrá que seguir buscando alternativas para acabar con la casta política parasitaria a la que, por desgracia, nos hemos acostumbrado.
Hablar de corrupción política es hacerlo de las instituciones. ¡Y estas son nidos de corrupción! Es lamentable que los órganos institucionales del Estado estén rebozados de esta peste maloliente, pero lo realmente grave y atentatorio contra las Constituciones y cualquier derecho de la ciudadanía es la corrupción política que planea sobre ellos cual aves rapaces hambrientas de bocado. Es grave aseverar esto, lo sé, pero lo realmente preocupante es su constatación en el día a día. Los ciudadanos lo saben y lo sufren; no es ningún secreto, pero hay que gritarlo y denunciarlo para mantenerlo vivo, porque el deterioro es progresivo y con escasas esperanzas de cambio.
La corrupción afecta a todas las instituciones, y basta ya de hacer la vista gorda. Si hablamos de la enseñanza, la sombra de la educación prusiana permea el fondo, la forma y los fines: los currículos y la dinámica educativa, desde infantil hasta la universidad no está diseñada para el crecimiento, la evolución y la formación de ciudadanos libres e iguales; simplemente se adoctrina para servir al sistema, que dicta sus normas y marca los carriles, en los que la creatividad es ahogada antes de aflorar.
Sede del Consejo General del Poder Judicial
La simbiosis entre cultura –en sus diferentes expresiones— y corrupción es prácticamente indivisible. Véase, si no, las tendencias hollywoodienses, el adoctrinamiento de las plataformas a través del divertimento, el relativismo, el ataque a los valores, la visibilidad de los nuevos modelos antropológicos, la exaltación del universo queer, la cristofobia, la prostitución del arte en general y mil puntos más.
Y si hablamos de sanidad, tres cuartos de lo mismo. La salud se ha ido convirtiendo en una cuestión política, ideológica y económica, en la que importa más la cuenta de resultados de las farmacéuticas y sus beneficiados en niveles descendentes o los propios centros hospitalarios, siguiendo los protocolos de la OMS, que la salud auténtica y holística de los ciudadanos. Así como suena, y no vamos a poner ejemplos que ya hemos denunciado en otros escritos.
Podríamos seguir con el resto de instituciones, corporaciones, fundaciones, órganos consultivos y todo tipo de chiringuitos ad hoc, donde la corrupción se sirve al por mayor. Pero lo realmente sangrante es cuando la afectada es la justicia, porque eso nos arrebata la última esperanza. ¿A quién recurrimos si la justicia es corrupta y obedece a los políticos de turno? Desgraciadamente, hablamos de una especie de metástasis global, que tiene a la humanidad herida de muerte y que afecta a todas las naciones, aunque a unas más que a otras.
La corrupción de las altas instancias políticas e institucionales de los gobiernos de Estados Unidos, México, Argentina, y Venezuela, por ejemplo, es de escándalo, conocida desde hace décadas; con conexiones con el narcotráfico y otras actividades del mundo del hampa. Pero el reino de España, en esta carrera de la sinrazón y el despotismo, está a punto de equipararse a los países que nos llevaban ventaja centenaria. Las sentencias importantes de los últimos tiempos han sido resoluciones políticas pactadas, trufadas de chantajes, ascensos y concesiones.
Si jugamos a buscar culpables, ¿a quién dirigimos nuestro dedo acusador, a los políticos corruptores, a los jueces y fiscales proclives a corromperse, o a ambos? La culpa de los primeros será siempre mayor, y las consecuencias de los segundos, mucho menos justificadas y de mayor alcance y trascendencia. ¿Dictaría un juez una sentencia injusta si no hubiera un político presionando, chantajeando o prometiendo un mejor futuro?
A los políticos se les llena la boca cuando hablan de la división de poderes, pero cuando alcanzan la poltrona del Palacio del Gobierno, siempre se las arreglan para que el Ejecutivo ejecute, legisle y juzgue. ¡Tres en uno! ¿Recuerdan al ufano presidente Sánchez cuando le espetó al periodista de RNE aquello de “la Fiscalía de quién depende? Pues ya está”. Tan claro, que el periodista asintió. Así es, y ni se preocupan de ocultarlo. Desgraciadamente, algunos gobiernos no solo doblegan a los jueces y retuercen la ley en beneficio propio, sino que se saltan todas las líneas rojas, convirtiéndose en un auténtico peligro para la nación. ¡Como el de Pedro Sánchez!
Luis José Sáenz de Tejada Vallejo
Es necesario un Consejo General del Poder Judicial independiente y honesto. Rueda estos días una noticia divulgada por el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, que ejerció durante 18 años como juez por oposición, y magistrado de carrera. En un momento de su vida laboral se vio obligado a denunciar la corrupción judicial que estaba presenciando, de la cual tenía pruebas irrefutables, lo cual fue el inicio de una dinámica de represalias que se prolongaron durante más de diez años. Fue víctima de un procedimiento ilegal, a pesar de lo cual cumplió con todas las resoluciones judiciales. Curiosa y fatalmente lo “enredaron” con un tema de género, argucia muy recurrida para tapar trapos sucios.
Ahora, el represaliado acaba de crear el espacio “Canal magistrado anticorrupción TV” para denunciar la corrupción y va a poner nombres en la palestra: “… determinados magistrados, letrados y letradas de la Administración de Justicia, miembros del Ministerio Fiscal, y algunos abogados que han actuado en connivencia para que se pudieran producir estos hechos”.
En el vídeo preparatorio empieza fuerte y ya da algunos nombres. Estaremos muy pendientes tanto del canal como del magistrado, máxime sabiendo cómo se las gastan en las alturas. (Recomendamos el visionado del vídeo de presentación del magistrado que encontrarán al final del artículo).
En días pasados seguimos con estupor los pasos dados por el Fiscal general del Estado de Colombia, Francisco Barbosa, quien, con su familia, se ha visto obligado a abandonar el país, temiendo por sus vidas, por no someterse a los intereses del presidente Gustavo Petro. También estamos acostumbrados a lo que ocurre en Argentina con jueces y fiscales que no se someten a las conveniencias y corrupciones del poder.
¡Los liquidan! España no es Colombia ni Argentina, pero está incorporando lo peor de la corrupción de estas naciones de ultramar. Esperamos que el magistrado Sáenz de Tejada pueda lavar su nombre y conseguir que se haga justicia; por su bien y por el de todos.
*Psicóloga, periodista y escritora
https://www.alertadigital.com/2023/05/10/jueces-denuncian-la-corrupcion-judicial-en-espana-cuando-lo-hacen-el-sistema-judicial-va-contra-ellos/
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