El Gobierno podrá Imponer Recortes de Gas a los Hogares este Invierno Sin decretar el Estado de Alarma

CRISIS ENERGÉTICA

El Gobierno busca vías legales para imponer recortes a los hogares si se agrava la crisis del gas

Defensa alertó en 2014 del riesgo de corte del gas ruso pero Sánchez lo ignoró en su plan energético

La UE no pide poner el aire a 27º ni apagar escaparates pero sí que Sánchez «predique con el ejemplo»

El Gobierno podrá imponer recortes de gas a los hogares este invierno sin decretar el estado de alarmaL. 

SELA / E. SEGOVIA
24/08/2022 06:51
ACTUALIZADO: 24/08/2022 06:51

El Gobierno cuenta con instrumentos legales para poder decretar recortes generalizados del suministro de gas en caso de que se agrave la situación con Rusia este invierno, y sin necesidad de recurrir a instrumentos excepcionales como el estado de alarma. Así, varias normas en vigor le habilitan para decretar cortes de abastecimiento en caso de emergencia, afectando incluso a los hogares si fuera necesario.

En 2019, el Ejecutivo aprobó el Plan de emergencia del sistema gasista español, impuesto por la UE para contar con protocolos de actuación en caso de que se produzca cualquier tipo de problema en la red. Este plan establece varios niveles de crisis (alerta temprana, alerta y emergencia) y permite tomar medidas como el corte del suministro de forma escalonada, empezando por la industria y, finalmente, afectando a los hogares en caso de carencia de materia prima.

El mecanismo se basa en el Real Decreto 1434/2002 (de la época de Aznar) que establece una serie de servicios esenciales a salvo de los cortes: centros sanitarios y hospitales, guarderías y colegios, residencias de ancianos, «instituciones directamente vinculadas a la defensa nacional, a las fuerzas y cuerpos de seguridad», el transporte público que funcione con gas y museos, bibliotecas y archivos.

El plan establece los procedimientos para cortar el suministro en una situación crítica, en función del consumo anual de los clientes, superior o inferior a 150 GWh/año (gran industria).

«Estos procedimientos tienen por finalidad evitar que, en situaciones de emergencia, los clientes no protegidos que tengan restricciones de suministro consuman gas de forma indebida», se explicita. La autoridad competente en el proceso es el Ministerio para la Transición Ecológica.

En uno de sus apartados, se recoge el «procedimiento de comunicación de orden de interrupción a los consumidores», que establece que «cuando entre los consumidores afectados por la interrupción se encuentren clientes protegidos, el distribuidor será el encargado de comunicar la situación de forma general a través de medios de amplia difusión, además de a los organismos oficiales afectados (comunidades autónomas, administraciones locales, Dirección General de Protección Civil y Emergencias, etc.) a los servicios esenciales afectados».

En estos casos, «la comunicación se realizará de forma directa desde los distribuidores a los consumidores, informándoles puntualmente de la evolución de la contingencia y previsión de normalización del suministro».

Dependencia rusa

La posibilidad de cortes en el suministro no se justifica tanto por un posible desabastecimiento de España (muy improbable por los contratos de las energéticas nacionales con Argelia o Estados Unidos), como por la posibilidad de tener que desviar parte del gas que llega a nuestro país a otros miembros de la UE más afectados en caso de que Vladímir Putin cierre totalmente el grifo hacia Europa. 

Esta eventualidad, de la que alertó Defensa en 2014 y que Sánchez ignoró en su plan energético, provocaría tener que desviar muchos de los buques metaneros que llegan a las costas españolas hacia esos países, además de bombear todo el gas posible a través de los gasoductos que nos conectan con Francia.

El giro dado por Pedro Sánchez en la política sobre el Sáhara, para contentar a Marruecos, ha provocado además la incertidumbre con el suministro gasista de Argelia, el mayor exportador a España. 

Tras varios altibajos, el suministro ha recuperado los niveles previos a la ruptura de las relaciones entre ambos países. Hace menos de una semana, el Gobierno socialcomunista aumentó las compras de gas a Argel después de que OKDIARIO destapara un viaje secreto del Ejecutivo al país.

A esto se añade la presión de los países centroeuropeos, con Alemania a la cabeza, que urgen a España y Francia a finalizar el gasoducto que uniría la Península Ibérica con el resto de Europa (Midcat) y que aliviaría la presión ejercida por las amenazas de Putin de cerrar el grifo del gas a toda Europa.

Otras medidas

Como informó este martes OKDIARIO, la intención inicial de Pedro Sánchez es que la imposición de medidas de reducción del consumo no afecte a los hogares. Sin embargo, el Ejecutivo ya estudia las vías legales por las que se podría obligar a todos los ciudadanos a reducir su demanda en el caso de que la crisis del gas ruso se agrave.

Tras imponer por decreto sus primeras y polémicas medidas -la limitación de la temperatura del aire acondicionado a 27 grados y de la calefacción a 19, así como el apagado de escaparates a las 22 horas- el Gobierno diseña ahora el plan de contingencia que deberá remitir a Bruselas antes de finales de septiembre y que incluirá tanto nuevas restricciones como recomendaciones para la ciudadanía.

El Ejecutivo afronta este jueves en el Congreso una votación complicada para la convalidación de su decreto energético, aún sin los apoyos cerrados. Los habituales aliados parlamentarios de Pedro Sánchez -ERC, PNV y Bildu- no han aclarado aún su voto, aunque los gobiernos del País Vasco y Cataluña se han mostrado críticos con las medidas. 

El Partido Popular ya avanzó que votaría en contra del texto si el Gobierno no retiraba sus «frivolidades», pero Moncloa reivindica su propuesta y no hará modificaciones.

https://okdiario.com/espana/gobierno-podra-imponer-recortes-gas-hogares-este-invierno-sin-decretar-estado-alarma-9557329

Patada en la puerta de Sánchez en los Hogares para imponer su Decretazo

OKDIARIO

23/08/2022 06:36

ACTUALIZADO: 23/08/2022 07:58

El Gobierno socialcomunista quiere extender la cartilla de racionamiento energético a los hogares. Lo que en principio iba a ser voluntario ahora amenazan con convertirlo en obligatorio. Como ha podido saber OKDIARIO de fuentes gubernamentales, la clave estará en los domicilios, porque es allí «donde más energía se va a consumir en los próximos meses». Por ello, «un grado más o un grado menos en la calefacción facilitará un ahorro enorme», explican en el entorno de Sánchez. 

Si algún iluso pensaba que los hogares se iban a salvar de las medidas de pobreza energética del Gobierno, a estas alturas queda clara la intención de Teresa Ribera de actuar dentro de las casas, en los entornos familiares, para cumplir los objetivos comprometidos con Bruselas. Pero a diferencia de lo ocurrido con el primer decreto, el Gobierno no puede obligar a las viviendas particulares a limitar el consumo. Por eso, en Moncloa se buscan «mecanismos legales para, si fuera necesario, poder hacerlo».

Ya vimos que a este Gobierno le suelen dar espasmos totalitarios con los que sin ningún tipo de pudor arrasa con los derechos y libertades de los españoles. Ya sea amordazando a la prensa con la Ley de Secretos Oficiales o echando abajo la puerta de un piso por una fiesta con 14 jóvenes en Madrid durante la pandemia, este Gobierno tiene una especial predilección por meterse en los hogares de los españoles para dictaminar sus usos y costumbres. 

Tras la pandemia, el Ejecutivo le ha cogido gusto a aprovechar cualquier situación de excepcionalidad para aterrorizar a los españoles, traficando con miedo a cambio de servidumbre. Sánchez ya no aspira a granjearse el voto de los españoles, sino a asegurarse su obediencia. Si por él fuera, crearía ya mismo una Stasi contra el cambio climático.

https://okdiario.com/opinion/patada-puerta-sanchez-hogares-imponer-decretazo-9555419

PLAN DE "AHORRO ENERGÉTICO"

El Gobierno busca vías legales para imponer recortes a los hogares si se agrava la crisis del gas

El Gobierno no puede obligar a las viviendas particulares a fijar una temperatura con la normativa actual

Pedro Sánchez y Teresa Ribera

JOAN GUIRADO
23/08/2022 06:50
ACTUALIZADO: 23/08/2022 07:55

España quiere tomar la delantera en Europa en lo que al ahorro energético se refiere. Aunque la intención inicial del Gobierno de Pedro Sánchez era que las imposiciones no afectaran a los hogares, el Ejecutivo está estudiando vías legales para imponer una reducción del consumo a todos los ciudadanos ante las crecientes posibilidades de un corte del gas procedente de Rusia. 

En este contexto, el presidente del Gobierno ya ha pedido a su equipo «analizar todos los escenarios legales». «Tenemos que entrar en las casas», apuntan en La Moncloa.

A la vuelta de las vacaciones, todos los países europeos -tengan las reservas gasísticas que tengan- se verán obligados a adoptar severas medidas que vayan en la dirección de reducir el consumo y, en consecuencia, la dependencia energética de Rusia. 

El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja desde hace semanas en el plan de contingencia que deberá remitir a Bruselas antes de que termine septiembre. Ha pedido propuestas a las comunidades autónomas, al contrario de lo que ocurrió con el decreto aprobado a principios de agosto y que obliga a los comercios y empresas a limitar la temperatura del aire acondicionado y la calefacción o a apagar los escaparates. Ese plan incluirá nuevas restricciones y también recomendaciones para el conjunto de la ciudadanía.

La intención inicial era que estos recortes no afectasen a los hogares, a quienes sí se dirigirá una intensa campaña de concienciación en los próximos meses. No obstante, ello no evita que el Ejecutivo se prepare para todos los escenarios ante el posible corte de abastecimiento del gas ruso.

El quid de la cuestión es la cuestión legal. Saben que no será tarea fácil, ya que podría abrirse un frente en el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá las primeras medidas, por suponer una injerencia en sus competencias autonómicas y chocar con otras normativas.

Esas primeras medidas dejan fuera a las viviendas y sólo afectan a edificios públicos y establecimientos comerciales o de hostelería. Pero fuentes gubernamentales reconocen que es «en los domicilios donde más energía se va a consumir en los próximos meses». Por ello, «un grado o más o un grado menos en la calefacción facilitará un ahorro enorme», explican en el entorno de Sánchez.

De ahí que actuar dentro de las casas, en los entornos familiares, sea «crucial» en invierno «si queremos cumplir con los objetivos» comprometidos con Bruselas. Ese compromiso implica una reducción del 7% en el consumo energético, que será mayor si se agrava la crisis energética.

A diferencia de lo ocurrido con el primer decreto, el Gobierno no puede obligar a las viviendas particulares a limitar el consumo. Por eso, en Moncloa se buscan «mecanismos legales para, si fuera necesario, poder hacerlo».

A día de hoy descartan adelantarse y avanzar cuáles podrían ser esos mecanismos. De momento, se fía todo a la recomendación que, asumen, «dependerá del grado de compromiso de cada familia». Pero, si la situación se agrava, el Ejecutivo considera que podría verse «obligado a adoptarlos». Se aprobarían en el Consejo de Ministros y supondrían, en mayor o menor medida, una intervención en el mercado y en el día a día de las familias.

Como ya ocurrió durante la pandemia, con un decreto que limitaba la movilidad de los españoles, en caso de una situación extrema el Ejecutivo podría recurrir a una herramienta similar para que la potencia que llega a las viviendas tenga una limitación concreta. Y que eso dificulte subir la calefacción por encima de la temperatura establecida. Nos obstante, para el confinamiento tuvo que declarar un estado de alarma, algo que quizá tendría que repetir ahora.

Alumbrado

La previsión del Gobierno es que este nuevo paquete de medidas de ahorro energético se acabe de definir a lo largo del mes de septiembre. El Gobierno estudia todos los escenarios. A partir del 23 de agosto, tras esos trabajos previos, los expertos del Ministerio para la Transición Ecológica definirán el plan de contingencia. El Gobierno está a la expectativa también de lo que dicta la Comisión Europea, que ya ha pedido un compromiso explícito a los Estados miembros y las medidas que adoptan otros países.

Hasta ahora, y como ha ido avanzando OKDIARIO, el Gobierno piensa en varias recomendaciones para la ciudadanía, como la limitación de la velocidad a los 100 kilómetros por hora o mantener también el aire acondicionado en los 27 grados como máximo.

Este lunes, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) avanzó, en una entrevista en la Cadena SER, que algunas de esas nuevas medidas podrían afectar al «alumbrado público». Joan Groizard admitió que estas luces «tienen una función muy importante para la seguridad ciudadana y en ningún caso se vería limitado», pero sí valoró que «puede haber determinados tipos de alumbrado que se llegue a la conclusión de que sean prescindibles». 

Preguntado sobre esta cuestión, apuntó, por ejemplo, a la «publicidad luminosa o a los alumbrados monumentales», si bien señaló también que repercuten en el turismo y la actividad económica. 

El Gobierno se plantea también alguna limitación en el alumbrado navideño, aunque no está nada cerrado. «A lo mejor no tienen que estar toda la noche encendidas todas las luces en todas partes», apuntó Groizard.

https://okdiario.com/espana/gobierno-sanchez-busca-vias-legales-imponer-recortes-hogares-si-agrava-crisis-del-gas-9533894

La UE deja en evidencia el Castigo de Sánchez: Bruselas sólo planteó Limitar un grado el Aire o la Calefacción

Bruselas nunca habla de medidas drásticas, sino de meros patrones de ahorro que cualquier hogar o empresa suele adoptar en momentos como los actuales.

Carlos Cuesta

14/8/2022 - 07:38

Pedro Sánchez se ha empeñado en hacer que las restricciones energéticas en España sean las más duras de toda la UE, pese a asegurar en su propio decreto de cortes de luz y gas que España no tiene problemas de suministro por las limitaciones impuestas por Rusia. 

La argumentación del presidente es directamente falsa: España ya compra un 24,4% de su gas total a Putin y Rusia es el segundo proveedor nacional, tras haberse cargado las relaciones de amistad con Argelia por la entrega del Sáhara a Marruecos. Pero, al margen de ello, lo cierto es que el castigo de Sánchez a la población y las empresas, efectivamente, ha ido más allá de lo barajado por Bruselas. 

El texto de la comunicación original de la Comisión Europea, como ha confirmado Libertad Digital, tan sólo hablaba de alterar un grado la calefacción o el aire acondicionado. No de dejar la calefacción en invierno en 19º y el aire acondicionado en 27º, como ha hecho Sánchez, condenando a pasar frío en invierno y calor en verano en los establecimientos afectados.

El texto que recoge los planteamientos originales de Bruselas es la "Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 'Ahorra gasolina para un invierno seguro'". Fue emitida por la Comisión Europea el 20 de julio. Y su texto real se puede consultar en el archivo de documentos oficiales de la UE.

Allí se señalan con claridad las exigencias de cara a "reducir la calefacción y refrigeración" en los edificios. El texto afirma que "el Plan de Ahorro Energético del 18 de mayo en el marco de REpowerEU ya identificó una serie de posibles medidas de ahorro en los edificios y se estima que se podrían ahorrar 11 bcm". 

El texto explica que "el impacto de simples cambios de comportamiento como reducir la temperatura del hogar donde ya no es baja, acortar las duchas, apagar los electrodomésticos en lugar de ponerlos en modo de espera, cocinar, refrigerar y congelar de manera eficiente son medidas que no se lamentarán al recibir las facturas de energía".

Es decir, ese texto de Bruselas nunca habla de medidas drásticas, sino de meros patrones de ahorro que cualquier hogar o empresa suele adoptar en momentos como los actuales, y por su propia cuenta e interés, para evitar un derroche de energía y de dinero.

Pero lo más llamativo llega al hacer Bruselas una estimación de la modificación de los termostatos que se persigue: "Cuanto mayor sea la reducción a través de acciones voluntarias, menor será la necesidad de restricciones obligatorias para la industria en el futuro. 

Por supuesto, un menor consumo de gas significa facturas más bajas", aclara. Y acto seguido apunta que "el ahorro de gas ya se puede lograr durante el verano al reducir el consumo máximo de electricidad (y, por lo tanto, directamente el consumo de gas) de la refrigeración. 

Durante el 'invierno de gas' (octubre-marzo), se pueden lograr grandes ahorros mediante el despliegue de fuentes de calor alternativas para la calefacción urbana, a través de bombas de calor y sistemas inteligentes de gestión de energía en los hogares, y mediante campañas de ahorro de gas, por ejemplo, para bajar el termostato en 1° (excepto aquellos que ya no pueden calentar adecuadamente sus hogares) o usar menos agua caliente".

Es decir, el objetivo de la UE es un grado. No bajar una calefacción desde los 21º, 22º o 23º habituales hasta los 19º en invierno. Ni subir el aire acondicionado desde los mismos 21º, 22º o 23º normales hasta los 27º exigidos para locales y establecimientos y recomendados —por ahora— para los hogares.

Bruselas añade, por último, que "los sistemas de tarificación bonus-malus bien diseñados también pueden fomentar cambios de comportamiento y ahorros adicionales". Pero de eso, Sánchez no ha querido saber nada de nada. Y la Comisión Europea explica que "también se pueden encontrar ahorros exigiendo calefacción reducida de edificios públicos, oficinas, edificios comerciales y espacios abiertos como terrazas al aire libre, donde sea técnicamente factible y exigible. 

El papel de las autoridades públicas a la hora de predicar con el ejemplo es clave en este sentido". Sánchez, en este caso, ha impuesto el ahorro energético para todas las administraciones, incluidas las ajenas a su mando ordinario -autonómicas y locales-, salvo a él mismo, que sigue usando los medios de transporte con mayor consumo energético que existen: el Falcon y los Super Puma.

https://www.libremercado.com/2022-08-14/la-ue-deja-en-evidencia-el-castigo-de-sanchez-bruselas-solo-planteo-limitar-un-grado-el-aire-o-la-calefaccion-6923224/?_ga=2.222885851.1991731759.1660544259-637567555.1582494691

Madrid, en Rebeldía frente al Decreto de Cortes de Luz: grandes tiendas se niegan a seguir los dictados de Sánchez

Grandes tiendas se negaron ayer a las 22:00 horas a apagar sus escaparates pese a las exigencias y caprichos de un presidente del Gobierno.

Carlos Cuesta

11/8/2022 - 07:18

Madrid no se apaga

La batalla contra el decretazo de recortes de luz y gas de Pedro Sánchez ya no es sólo cosa de Isabel Díaz Ayuso, como mascarón de proa, y el PP y Vox, en general. Grandes tiendas se negaron ayer a las 22:00 horas a apagar sus escaparates pese a las exigencias y caprichos de un presidente del Gobierno que ha decidido que, en plena campaña turística, las grandes calles comerciales españolas apaguen a las diez de la noche sus tiendas, pese a que ningún otro país europeo aplica esas medidas.

Foot Locker, Parfois, Springfield, Pepe Jeans, Havaianas o Women Secret. Son sólo algunos de los ejemplos de las tiendas que ayer se negaban a apagar sus escaparates a las diez de la noche tal y como ha ordenado Pedro Sánchez en un alarde de competencias que invade las funciones de las comunidades autónomas e, incluso, las propias indicaciones de la UE.

Las fotos que hoy muestra Libertad Digital fueron tomadas entre las 22:00 y las 23:00 horas de la recién pasada noche del miércoles en Madrid.

Negocio que permanecía con su escaparate encendido

Muchos habían sido los avisos de los comercios sobre el grave y letal impacto que puede producir el apagado de los escaparates en una actividad comercial que aún se intenta reponer del COVID y de las subidas de costes fiscales y sociales impuestas por Pedro Sánchez.

Y muy insistente al aviso de Díaz Ayuso de que peleará en el Tribunal Constitucional contra un decreto que exige todos los sacrificios a los ciudadanos y ninguno a un Gobierno que sigue insistiendo en apagar las nucleares de forma acelerada, que se niega a prescindir de alguno de los 22 ministerios para ganar margen fiscal, o que rechaza la más mínima medida de rebaja impositiva profunda para ayudar a la población a encarar la escalada sin control de la inflación.

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España será el único país de la UE que apague los escaparates a las 22 horas por el empeño de Sánchez

De hecho, el propio Sánchez ha anunciado el decreto en medio de una carrera enloquecida por usar el Falcon, el Super Puma y toda la flota de coches oficiales para desplazarse, quemando combustible como si la crisis energética no fuera con él.

Y las tiendas han contestado en Madrid de la forma más contundente imaginable: manteniendo las luces de sus escaparates pese al decreto de Sánchez. 

El Gobierno por decreto y al más puro estilo ‘estado de alarma’ pero sin estado de alarma ordenó que desde las 00:00 horas del miércoles, España fuese el único país de toda la UE que a las 22:00 horas apague sus escaparates. Alemania, con dependencia total del gas ruso, no lo hace. Italia, que está heredando los contratos de gas argelino que va perdiendo España por culpa del regalo del Sáhara a Marruecos, no lo hace. 

Y Francia, repleta de energía nuclear, lo hace a la una de la madrugada, cuando el impacto visual, turístico y hasta comercial es ya prácticamente inexistente.

España será el único país de la UE que apague los escaparates a las 22 horas por el empeño de SánchezCarlos Cuesta

Pero Sánchez quería dar toda una lección de mando imperativo y ecologismo radical. 

Y es que se ha empeñado en apagar las nucleares cuando la UE pide que sean catalogadas e incentivadas en los países dentro del presupuesto de las energías verdes; se ha empeñado en no incrementar sus interconexiones de gas con el norte de Europa; ha bombardeado los contratos de gas con Argelia mientras todo el resto se los disputan; y, tras todo ello, ha anunciado un decreto con el que dice solventar la crisis energética con medidas que impactan de forma prioritaria en sectores privados. 

Y la lección se la han dado las tiendas manteniendo los escaparates iluminados en Madrid.

https://www.libremercado.com/2022-08-11/madrid-en-rebeldia-frente-al-decreto-de-cortes-de-luz-grandes-tiendas-se-niegan-a-seguir-los-dictados-de-sanchez-6922670/?_ga=2.110671878.22171926.1660197887-637567555.1582494691

El PP inicia una campaña contra Pilar Llop, la ministra de Justicia que "no mueve un dedo" para que se cumpla la Ley

"Se está convirtiendo una negacionaista del principio de legalidad", consideran desde el PP que pide su comparecencia.

Míriam Muro

11/8/2022 - 07:18

El Partido Popular denunció este miércoles el intento de la ministra de Justicia tratar de "interferir" en el Constitucional contra Isabel Díaz Ayuso después de que Pilar Llop asegurase públicamente que la presidenta de la Comunidad de Madrid iba a "tener que hacer muchas contorsiones" jurídicas para ganar el recurso que pretende presentar ante el TC contra el decreto energético del Gobierno.

El PP acusa a Pilar Llop de tratar de "interferir" en el Constitucional contra AyusoMíriam Muro

Desde Génova consideran que este movimiento de Llop es tan solo "uno más" en su "postura excesivamente pasiva en la defensa del Estado de Derecho y preocupantemente activa en hacer oposición al PP".

Los populares quieren poner en evidencia "lo que está sucediendo con la titular de Justicia" porque consideran que "no está cumpliendo con su labor". 

"Se está convirtiendo una negacionaista del principio de legalidad", aseguró este miércoles el responsable jurídico de los populares Fernando de Rosa en una comparecencia en Génova en la que destacó que Llop "se niega a exigir el cumplimiento de la ley allí donde no se respeta".

"No ha movido ni un dedo"

En este sentido, puso dos ejemplos de lo sucedido en las últimas semanas que, a juicio de los populares, demuestran la pasividad de Llop. Según el PP, la titular de Justicia "no ha movido ni un dedo" para que en Cataluña se cumpla la sentencia del TSJC que marca que el 25% de las clases tienen que ser en castellano.

Tampoco, dicen en el PP, Llop ha hecho nada contra el "delito de odio" que ha tenido lugar en el País Vasco contra el hijo del dirigente popular Carlos Iturgaiz, Mikel, que la semana pasada fue rodeado, insultado e intimidado por un grupo de radicales de ideología proetarra en el barrio de Romo de Getxo.

En cambio, destacan desde el PP que la ministra de Justicia sí que se ha pronunciado para tratar de interferir en las decisiones del Constitucional contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No cumple ni con la UE

Destaca también que Llop no cumplió con lo establecido por la Unión Europea al permitir la última reforma exprés del Reglamento del CGPJ para permitirle nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, algo que no podía hacer por estar en funciones. Recuerdan los populares que la UE advirtió a España de que cualquier ataque a la división de poderes podría llevar sanciones que afectarían al reparto de fondos europeos en aplicación del mecanismo de restitución.

El Gobierno culmina con ERC su asalto exprés a la JusticiaM. Muro | M.Loureiro

Los populares también recuerdan que Llop se ha mantenido en silencio mientras el Gobierno realiza reformas en materia de Justicia a través del mecanismo indirecto de las Proposiciones de Ley (presentadas por los socialistas en el Congreso). 

Desde el Ejecutivo consiguen así eludir los informes del CGPJ o el Consejo de Estado. "Es un fraude de ley" consideran desde el PP.

"Tiene que trabajar para que se cumpla la ley porque está en rebeldía contra el estado de derecho", aseguran los populares y por ello, el portavoz de Justicia en el Senado ha anunciado que piden su comparecencia para que para poner en evidencia su falta de compromiso con el cargo y que explique qué entiende por "desjudicialización" en Cataluña y si cree que es "no hacer cumplir la Ley; que no se persigan los delitos o que no se cumplan la sentencias".

https://www.libertaddigital.com/espana/2022-08-11/el-pp-inicia-una-campana-contra-pilar-llop-la-ministra-de-justicia-que-no-mueve-un-dedo-para-que-se-cumpla-la-ley-6922474/

La Generalitat se queja a los directores de colegios de que los alumnos hablen entre ellos en español

DICTADURA LINGÜÍSTICA

Decretazo de Aragonés para desobedecer al Supremo e impedir el 25% de español en las aulas

El Supremo avala la obligación de que el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano

Sánchez fía la enseñanza en español a su «confianza plena» en que lo hagan los separatistas

LUZ SELA
01/06/2022 06:49
ACTUALIZADO: 01/06/2022 08:17

La Generalitat separatista ha remitido una carta a los directores de 4.500 centros públicos y concertados de toda Cataluña en la que les insta a no aplicar el porcentaje mínimo establecido por la Justicia, del 25%, para las clases en español. Pero, más allá, en la misiva, el consejero de Educación Josep González-Cambray se lamenta por lo que considera un «retroceso significativo» en el uso del catalán en las aulas. 

Pero no sólo por parte de los docentes, también entre las conversaciones que puedan mantener los menores entre sí. El Gobierno independentista advierte «del descenso en los usos del catalán cuando el alumnado interactúa con los compañeros y compañeras dentro del aula para realizar trabajos en grupo». En otras palabras, quiere influir incluso en la lengua que utilizan los alumnos entre sí.

Para sostener sus argumentos, el Gobierno catalán se remite a varias encuestas que, reafirman, «ponen de manifiesto la reducción en los usos de la lengua catalana entre el alumnado y el profesorado», especialmente, remarcan, «en las actividades educativas que se hacen en grupo».

Así, lamentan, por ejemplo, que el catalán sea, según sus conclusiones, «la lengua de uso escolar durante un 62,1% de la jornada en Primaria y un 60,6% en Secundaria», frente al «33,1% y el 32,9% del español». «Se constata la importancia del papel compensatorio que la escuela representa para muchos niños y jóvenes a la hora de proporcionar espacios de interacción y comunicación en catalán», subraya el consejero en la misiva.

Polémicas

Las maniobras de la Generalitat para conocer si los alumnos hablan en español o en catalán han sido especialmente polémicas. En este sentido, se recordará, por ejemplo, el espionaje de la Plataforma per la Llengua -autodenominada ONG del catalán- que, en 2019, realizó una «observación de incógnito» en 50 colegios de Cataluña para estudiar los «comportamientos lingüísticos» de los escolares, incluso durante el recreo.

La carta de la Generalitat se acompaña de unas instrucciones a los directores de los centros para que no apliquen el 25% de las clases en castellano, como obliga la Justicia. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio 15 días de plazo para que el Gobierno catalán le comunicase qué órdenes ha enviado a los centros para dar cumplimiento a la sentencia. 

En las instrucciones remitidas se pregunta al equipo directivo si «el proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». Si se responde afirmativamente, la Generalitat aprobará el proyecto lingüístico del centro en cuestión. En caso contrario, deberá modificarlo. «¿El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, sea la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje?», es otra de las cuestiones.

En su estrategia para blindarse ante la obligación de impartir español, la Generalitat aprobó este lunes un decreto en el que se exige a los centros la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas», es decir, no fijar un porcentaje mínimo, como exige el Alto Tribunal.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado tomar medidas. La portavoz Isabel Rodríguez ha evitado este martes comentar las últimas decisiones del Govern sobre el uso del español en las aulas catalanas y se ha limitado a reiterar que las administraciones deben cumplir los mandatos de los jueces.

Rodríguez ha insistido en el compromiso del Gobierno de «poner en valor» todas las lenguas del Estado y el catalán, ha dicho, es una «lengua oficial en nuestro país», con protección constitucional.

https://okdiario.com/espana/generalitat-queja-directores-colegios-que-alumnos-hablen-ellos-espanol-9165536

La UE alertó de los Estados de Alarma “dilatados y Sin Control Parlamentario” como el que quiere Sánchez

ESTADO DE ALARMA

Pedro Sánchez, en Bruselas.

LUZ SELA

27/10/2020 06:46

Pedro Sánchez vuelve a desoír a la Unión Europea (UE) con la imposición de un estado de alarma de larga duración y que esquiva el control parlamentario. Bruselas avisó, meses atrás, que el uso de medidas excepcionales debería ser limitado e instó a los países miembros a renovar sus legislaciones, adaptando las leyes vigentes para hacer frente a los brotes sin necesidad de recurrir a este instrumento.

La advertencia la lanzó la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho, Vera Jourova, el pasado mayo. En pleno estado de alarma, Jourova avisó que la salida del confinamiento debería llevar también a los Gobiernos a «reemplazar» progresivamente los estados de alerta y excepción decretados por el coronavirus por medidas «menos intrusivas».

«Entramos en la UE en una nueva fase en la que algunas medidas tomadas para proteger la salud pública se irán relajando gradualmente. Esta nueva fase significa que los estados de emergencia que dan poderes excepcionales a los Gobiernos deberían ser retirados o reemplazados progresivamente por medidas más orientadas y menos invasivas», indicó ante el Pleno del Parlamento europeo.

Sin control

La advertencia, aunque en medio del debate sobre la amenaza del Estado de Derecho en Hungría, no iba dirigida a un Estado en particular, sino a todos en general. En ese país, el primer ministro, Viktor Orban, había decretado un Estado de emergencia ilimitado.

La atribución de poderes excepcionales, la proporcionalidad y, especialmente, el control es lo que más preocupa a Bruselas. En el informe sobre el Estado de Derecho en la UE, publicado el pasado septiembre, se analizan precisamente los mecanismos activados en cada país para hacer frente a la pandemia. En el caso español, se destacan especialmente la capacidad de control parlamentario y por parte del Tribunal Constitucional.

También se incide en la proporcionalidad, al señalar que el Constitucional «puede también controlar si el Gobierno ha rebasado su margen de apreciación en la definición de la necesidad urgente invocada y valorar la conexión entre las circunstancias habilitantes y las medidas adoptadas».

El dossier destaca que el decreto de marzo fue supervisado por el Congreso, que autorizó seis prórrogas, lo que resultaba convincente para Bruselas, preocupada por los mecanismos de supervisión.

Sobre Hungría, país en el punto de mira por su quebrantamiento del Estado de Derecho, a la UE le inquietaba el estado de alarma decretado por el Gobierno de Orban el 11 de marzo, con una «duración no predefinida», lo que suponía que «el Gobierno tenía poder discrecional para mantenerlo o ponerle fin».

«Los poderes de excepción atribuidos parecían amplios, teniendo en cuenta el efecto combinado de unas competencias definidas de manera amplia y la ausencia de un plazo claro. Determinadas medidas de emergencia adoptadas utilizando estas competencias plantearon dudas en cuanto a su necesidad y proporcionalidad», se recogía en el informe. El Consejo Europeo recomendó a Hungría que «toda medida de emergencia» debía ser «estrictamente proporcional», tener «una duración limitada» y no «interferir con las actividades empresariales».

El Gobierno acumula así un nuevo desplante a las autoridades comunitarias. La pasada semana, el embrollo con Bruselas se produjo a cuenta de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que prevé acometer el Ejecutivo. La UE ha reiterado en sucesivas ocasiones la urgencia de evitar la politización de estos organismos. El Consejo de Europa -una entidad independiente de la UE- también avisó la pasada semana que la propuesta «puede suponer una violación de las normas anticorrupción».

En su nuevo estado de alarma, el Gobierno socialcomunista esquiva de un plumazo el control del Congreso. La intención de Sánchez es someter el decreto a una única prórroga -que se aprobará en el Consejo de Ministros este mismo martes- y, por tanto, a una única votación parlamentaria. Eso implica que el Ejecutivo podrá sortear el control de la Cámara, al eliminar las prórrogas que, según la lógica, serían quincenales. 

Además, las autoridades de las comunidades autónomas tendrán el poder de restringir derechos fundamentales, sin supervisión por parte de los tribunales. Sánchez tampoco prevé acudir al Congreso a defender la aplicación de las medidas. De eso se ocupará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que será quien dé cuenta de su seguimiento cada dos semanas.

El Gobierno ha buscado el vacío legal para plantear un estado de alarma largo, puesto que la Constitución no dice nada sobre la duración de las sucesivas prórrogas.

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