LA FISCALÍA ACUSA A LILIANA GODIA DE EVADIR IMPUESTOS
Liliana Godia. (EFE)
¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? Será para algunos. Porque aquí, en España, hay gente capaz de pulirse 1,5 millones de euros al año en “gastos personales”.
Y se queda corta esta apreciación. Así lo recoge una querella de la fiscalía barcelonesa contra Liliana Godia, el alma máterde la Fundación Francisco Godia y representante de una de las principales sagas económicas de la capital catalana.
“En el periodo 2007 a 2011, la querellada se sirvió de sociedades a ella vinculadas -dice el texto de la querella- para conciliar la llevanza (sic) de un nivel de vida traducido en elevados gastos personales(superiores a 1,5 millones de euros anuales) con la burla sistemática de su obligación de tributar por las rentas, con las que pudo sufragar dichos gastos, rentas que procedían de su capital mobiliario constituido, fundamentalmente, por su participación directa en el capital de la sociedad BCN Godia SL (que le pertenecía íntegramente) e indirectamente en el capital de las sociedades Doplette SL y Barcel Euro SL (que pertenecían al 100% y al 50% respectivamente a BCN Godia)”.
Cierto es que en tiempos de declaración de renta, las demandas por incumplimiento de los deberes fiscales encuentran una opinión pública más sensibilizada y alerta. Y si en esos tiempos se dejan caer nombres importantes, el ciudadano medio mira enseguida de reojo por si su declaración ante Hacienda tiene alguna rendija por la que le llegue el azote fiscal. Hace unos días fue el ídolo Lionel Messi, una persona jurídica que hasta ahora parecía haber estado por encima del bien y del mal. Pero llegó Hacienda y le metió en un brete al reclamarle casi cinco millones de eurosque presuntamente había escamoteado en los ejercicios 2007 a 2009. Inmediatamente, el futbolista presentó una declaración complementaria de los ejercicios posteriores y puso sobre la mesa otros 10 millones para cumplir con su deber en los dos siguientes ejercicios. Todo ello para evitar ir a juicio y arriesgarse ante una posible sentencia condenatoria.
Con la demanda contra Liliana Godia, sin embargo, lo que se toca es el hueso de una de las grandes fortunas catalanas. La empresaria es una de las herederas del imperio que había levantado su padre, Francisco Godia. La Fiscalía acusa a Liliana y a su marido, Manuel Torreblanca, así como a Javier Amat (administrador de algunas de sus sociedades), de un total de 14 presuntos delitos contra la Hacienda pública, por haber dejado de ingresar 5,7 millones de euros en concepto de IRPF durante los años 2007 a 2011, así como por un presunto fraude de IVA de las sociedades BCN Godia y Barcel Euro, además de dos delitos referidos al impuesto sobre el patrimonio de Liliana Godia por un total de 2,1 millones de euros.
Un chorro de millones en gastos suntuosos
El fiscal relata que la principal sociedad de Liliana le paga cotidianamente todos los gastos “estrictamente personales y familiares: gastos correspondientes al uso de los inmuebles en los que residía (amortización, mantenimiento, servicios, suministros, etc); gastos relacionados con el uso de vehículos para fines particulares; retribuciones del chófer personal; gastos de viajes de carácter particular que incluyeron vuelos privados, alquiler de embarcaciones, estancias en hoteles…; y, en fin, gastos de estricta índole personal de Liliana Godia, como adquisiciones de joyas,servicios de entrenador personal, equipos de gimnasia, equipos audiovisuales, alfombras, clubes privados, floristería…”.
Y el volumen de estos gastos espanta: van de 1,7 millones en 2007 hasta 1,6 en 2008, pasando por 1,7 en 2009, casi 2 millones en 2010 o cerca de 800.000 euros en 2011. Los gastos de su residencia en Baqueira Beret, la meca de los esquiadores de élite, eran pagados por la sociedad Barcel Euro, que se hacía cargo, asimismo, del ‘leasing’ de un Mercedes S500, del alquiler de aviones privados, y de joyas, viajes, ropa, fiestas y farmacia , entre otros gastos. En el 2011, Barcel Euro desembolsó más de 559.000 euros por los conceptos citados. Y, por último, Doplette sufragaba los gastos vacacionales: alquiler de casa en Mallorca, alquiler de unyate en periodo estival con tripulación, un amarre en Ibiza y un avión privado. Total, otros 410.093,06 euros. Es lo que el fiscal califica de “camuflaje contable y tributario”, a través del cual la empresaria dejaba de tributar IRPF por sus rendimientos mobiliarios: “Además, sus sociedades pudieron adelgazar su propia carga tributaria por Impuesto sobre Sociedades e IVA”, dice la querella.
El fisco pone así, contra las cuerdas a una de las más importantes familias de la alta sociedad barcelonesa. No es la primera vez que la Administración se fija en los movimientos dinerarios de la saga: hace exactamente cuatro años, la fiscalía anticorrupción interpuso una querella contra Camen Godia y Enrique Bañuelos(hoy, el factotum del Eurovegas catalán) por utilizar presuntamente información privilegiada para comprar acciones de Fadesa poco antes de que esta compañía fuese comprada por Fernando Martín. Godia y Bañuelos eran socios en Astroc, el primer gran escándalo del ladrillo.
En aquel momento, algunas fuentes incluso apuntaron a que quien había comprado acciones de Fadesa había sido Liliana y no Carmen, la socia de Bañuelos. Y el propio fiscal reconocía que la operación de compra se había hecho a través de la sociedad G3T, propietaria de un paquete de acciones de Astroc pero perteneciente al grupo BCN Godia, cuya cabeza visible es Liliana. De lo que no había duda era de que ambas sociedades compartían domicilio social. Pero, a pesar de todo, los Godia salieron airosos de la investigación y no hubo condena porque no se pudo demostrar que utilizasen información privilegiada comprando acciones de Fadesa a la espera de que se revalorizasen tras su absorción por Martinsa.
A por los Carulla
Pero los Godia no es la única familia en el punto de mira de la Administración: la Audiencia de Barcelona ordenó esta semana la reapertura de la investigacióncontra otra de las sagas ilustres del panorama catalán: los Carulla, propietarios de Agrolimen y a quienes se acusa de evasión de impuestos (dejaron de pagar casi 12 millones de euros) en el reparto de su sociedad holding, mediante un complicado entramado de sociedades ubicadas en paraísos fiscales.
El pasado 2 de mayo, el fiscal Francisco Bañerespresentó un recurso contra el archivo de la causa que llevaba el juzgado de instrucción número 4 y que no había realizado diligencia alguna en los últimos meses, a pesar de que ya en febrero la audiencia había revocado dicho archivo y que provocó que incluso la fiscalía acusase al juez de adoptar una actitud de “abierta insubordinación” por realizar precisamente lo contrario de lo que le había ordenado la Audiencia.
En abril, el titular del juzgado volvió a archivar el caso y el fiscal apeló de nuevo a la Audiencia. “La operación que dio lugar a la generación de las cuotas fiscales que consideramos defraudadas –dice el texto del fiscal- consistió resumidamente en encubrir, mediante una cadena de negocios jurídicos –en la que intervinieron sociedades holandesas que también pertenecían a los imputados -la distribución de un dividendo por importe de 61,5 millones de euros, el cual remansaba en el activo de Arborinvest [sociedad holding]. Los negocios jurídicos empleados para ocultar el verdadero sentido de la operación igualmente se relacionaron en nuestro anterior recurso y se hallan perfectamente descritos en los informes de la Agencia Tributaria y, especialmente, en el informe final de 11 de febrero del corriente”.
Y prosigue, criticando al juez: “Si no ha aflorado ningún dato ni criterio nuevo, de significación exculpatoria y que tenga cierta entidad, repetir la decisión que ya fue corregida por la Audiencia no es sino una taima empleada para porfiar, sin fundamento, sosteniendo una doctrina que fue palmariamente desechada en un ejercicio de inexplicable contumacia”. Y más: sostenía que el juez, “en una decisión a la que no hallamos otra justificación que la de su propio capricho, ha decidido sortear el mandato inequívoco del Tribunal haciéndonos retroceder a todos hasta situarnos en el mes de octubre pasado [fecha en que archivó la causa por primera vez], como si se tratara de uno de esos juegos de mesa en que te penalizan con volver a la casilla de salida’”.
Atendiendo estas consideraciones, la Audiencia da un rapapolvo al juez instructor y considera de nuevo que existen indicios racionales de fraude, por lo queordena continuar con el procedimiento y abrir juicio oral, donde se dilucidará si existe o no delito porque “la función del instructor es valorar la existencia de indicios y no dictar una resolución sobre el fondo”.
