A la espera de que haya fecha para el juicio, el partido que preside Artur Mas está bajo sospecha por cobrar de Ferrovial comisiones ilegales a cambio de obra pública.
El juez da por concluida la instrucción del caso Palau tras iniciarla en 2009. Pese a ello, aún no hay fecha para celebrar el juicio. Tanto el juez, como la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria ven indicios claros para probar que el partido que preside Artur Mas, presidente de la Generalitat, se habría financiación de forma ilegal. CDC tiene embargada su sede como responsable civil al obtener jugosas comisiones de Ferrovial a cambio de contratos de obra pública.
En concreto, considera que CDC se ha financiado ilegalemente con las adjudicaciones de obra pública. Cobraba el 4% del montante total, quedándose el 2,5% mientras que el 1,5% restante se lo embolsaban los principales imputados, Felix Millet y Jordi Montull, que a su vez se quedaban para sí el 80% y el 20%, respectivamente.
La Fundación del Orfeó Catalán, propietaria del Palau, sólo señala como responsables del desfalcoMillet, Jordi Montull y su hija Gemma, las esposas de los dos primeros y diez personas, entre las cuales no hay ninguno de los políticos imputados en la causa.
El juez del caso Palau había pedido a las partes implicadas las últimas aportaciones al sumario antes de cerrarlo. En el escrito redactado por los abogados de Price Waterhouse en nombre del Palau, se acusa a Millet y Montull de haber retirado grandes cantidades de dinero destinado a fines particulares o intereses ajenos a la entidad.
Según el auto, de 47 páginas al que ha tenido acceso GACETA.ES, el juez continuará "las actuaciones por el procedimiento regulado en el Capítulo IV del Título II del Libro IV de la citada Ley respecto de los imputados Félix Millet Tusell, Jordi Montull Bagur, Gemma Montull Mir, Rosa Garicano Rojas,
Pedro Buenaventura Cebrián, Juan Elizaga Corrales, Jaume Camps Rovira, Daniel Osàcar Excrig, Miguel Jiménez-Salinas, Juan Manuel Parra González, Pedro Luis Rodríguez Silvestre, Vicente Muñoz García, Juan Antonio Menchén Alarcón, Ramón Marc Marti, Raimon Bergós Civit, Santiago Llopart Romero y Edmundo Quintana Jiménez, como responsables criminalmente y civilmente, de las sociedades BONOIMA S.L., AYSEN PRODUCCIONES 46 S.L., AUREA RUSULA S.L., FEBRERO MARZO S.L., BELFORT BAIX S.L., NEW LETTER MARKET DIRECTO S.L., LETTER GRAPHIC S.L., MAIL RENT S.L., ALTRAFORMA, HISPART S.A. y PUBLICIUTAT S.L, como responsables civiles subsidiarias, de Marta Vallés Guarro, Mercedes Mir Recio y Convergencia Democrática de Cataluñacomo responsables civiles como partícipes a título lucrativo, y de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música como responsable civil subsidiaria".
"No ha lugar a declarar a Clara Millet Vallès y Laila Millet Vallès responsables civiles como partícipes a título lucrativo", señala el juez, que también acuerda "el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones respecto de Angel Colom Colom y Esteve Escuer i Deu, como responsables civiles como partícipes a título lucrativo".
Ahora las acusaciones tienen 30 días hábiles para "formular el escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral, o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación, poniendo a su disposición en este Juzgado las piezas documentales y demás piezas de convicción, para su consulta".
Por otro lado y en un escrito, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música ha remitido un escrito al juez que investiga el saqueo de la entidad en el que acusa a la antigua cúpula, encabezada por Félix Millet y Jordi Montull, pero evita implicar en el caso a CDC, partido al que el fiscal responsabiliza de haberse llevado casi de cinco millones en comisiones.
L9, Ciutat de la Justicia...
Por parte del partido político CDC, la intervención fue del tesorero y responsable de finanzas de dicho partido Carles Torrent, fallecido en marzo de 2005, del imputado Daniel Osàcar Escrig, sucesor deCarles Torrent en el cargo de tesorero y responsable de finanzas del partido, y del imputado Jaume Camps, destacado militante y parlamentario de CDC, con la intervención de otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat de Catalunya y otros organismos públicos locales, vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública. La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción.
Y, junto a los imputados Millet y Montull, también intervinieron en estos trasvases de fondos de Ferrovial Agromán a CDC realizados a través del Palau, las imputadas Rosa Garicano, directora general que entre sus funciones tenía específicamente la de la relación con los patrocinadores, y Gemma Montull, directora financiera y responsable del área contable en las
tres entidades que conformaban el Palau de la Música.
Por este conducto, la constructora abonó a CDC comisiones por adjudicación de las siguientes obras públicas: como el revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro, adjudicada por la entidad Regs de Catalunya S.A., empresa pública de la Generalitat a Ferrovial en fecha 23 de noviembre de 2000 por 2.638.496,35 euros. Asimismo, por la construcción del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès, adjudicada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de dicha población, en el que gobernaba CDC, obra adjudicada a Ferrovial por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de dicha localidad de fecha 29 de abril de 2002, por un importe de 4.176.019,06 euros, con un plazo de ejecución de 11 meses.
También CDC cobró por la construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona, adjudicada a una UTE participada en un 20% por Ferrovial por la empresa pública GESTIÓ D’ INFRAESTRUCTURES S.A.U. (GISA) obra que, por su gran envergadura, se dividió en diversos tramos, dando lugar a un número de hasta 30 contratos independientes por un importe total de más de 2.350 millones de euros, desde el año 2001 hasta 2010, siendo la UTE en la que participaba Ferrovial en un 20 por cientoadjudicataria de diversos contratos relativos a 9 tramos de dicha obra, por un importe total de más de 890 millones de euros.
Asimismo, por la construcción de la Ciutat de la Justicia de Barcelona y l’Hospitalet, adjudicada a una UTE participada a su vez en un 20% por Ferrovial, siendo el acuerdo de adjudicación de 22 de julio de 2003, y el importe total de la inversión prevista para la ejecución de las obras de 263.035.900 euros.
Según el auto, la constructora abonaba, por regla general, una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada, y de este 4 por ciento un 2,5 por ciento se asignaba a CDC y el 1,5% por ciento restante para los imputados Félix Milet y Jordi Montull, por su intermediación que, a su vez, éstos se distribuían en el 80% y el 20%, respectivamente.
También el imputado Jaume Camps recibió alguna remuneración por su intermediación, al menos en una ocasión, en marzo de 2003 en que recibió de Félix Millet la suma de 5.450.000 pesetas.
Estas comisiones de Ferrovial al partido que preside Artur Mas, vehiculadas a través del Palau, se articularon a través de tres procedimientos: Mediante entregas en efectivo a los tesoreros del partido, facturación mendaz por entidades mercantiles que se prestaron a ello y mediante convenios de colaboración aparente suscritos por la Asociación Orfeó Català y a la fundación del mismo nombre junto con la Fundación Trias Fargas, directamente vinculada a CDC.
Las entregas en efectivo se realizaron entre 2000 y 2007 a los tesoreros de CDC Carles Torrent Macau y el imputado Daniel Osàcar Escrig, que importaron el total de 2.314.495,21 euros, de los que 570.961,63 euros fueron recibidos por Carles Torrent Macau y 1.743.533,58 euros por Osàcar.
Además, ve facturación falsa, entre 2004 y 2009, tanto a la Asociación Orfeò como a la fundación del Palau por parte de las empresas NEW LETTER MARKET DIRECTO S.L. y LETTER GRAPHIC S.L., ALTRAFORMA, HISPART S.A. y PUBLICIUTAT S.L., pues las facturas se referían bien a servicios inexistentes, bien a servicios que en realidad no fueron prestados al Palau sino a CDC.
Los bancos no guardaron los cheques, como marca la ley
Los cobros de los cheques se realizaron en tres sucursales muy próximas al Palau de la Música, en las barcelonesas calles de Vía Laitana y Pau Claris. Pese a los numerosos cheques que se cobraban, las sucursales de cajas de ahorro de Bancaja, Caixa Catalunya y Caixa Manresa no encontraron ni uno solo de estos cheques.
Así, el juez instructor ha mandado un aviso al Banco de España sobre la falta de colaboración de estas entidades, que tienen por ley guardar durante un periodo de seis años toda la documentación para evitar el blanqueo de capitales. Así, Joan Maria Pijuán recrimina la actuación de estas tres entidades financieras y anuncia que ha advertido de ello al Banco de España, "a los efectos que procedan".
En concreto, el juez se queja de la falta de colaboración con la justicia de las tres entidades y advierte sobre el "posible incumplimiento" por su parte de las "obligaciones impuestas por la ley de prevención de blanqueo de capitales".
Asimismo, ha admitido que sólo es capaz de localizar 18 millones de euros y que no puede encontrar el destino de otros 9,6 millones de euros en metálico que Millet y Montull lograron hacer desaparecer ilícitamente del Palau de la Música entre 2002 y 2009, a través especialmente de cheques al portador cobrados en ventanilla y de reintegros en ventanilla.
En el auto, el juez lamenta la "falta de colaboración, en absoluto legítima", por parte de las tres entidades bancarias en las que se efectuaron las numerosas disposiciones en efectivo, pese a que en ocasiones los cheques llegaron a alcanzar los 300.000 euros.
El juez señala que pidió a las tres entidades que le hicieran llegar toda la información que obraba en su poder, en soporte documental o informático, relacionada con el cobro de los cheques y los reintegros, con la expresa mención de que le remitieran la fotocopia del anverso y reverso de las matrices o duplicados de los cheques y la identificación de la persona que los cobró en ventanilla.
Sin embargo, según lamenta el juez, las entidades financieras señalaron que "no disponían de dicha documentación o que no la localizaban ". Tras recordar la ley, Pijuán señala: "Este Instructor quiere creer que las entidades bancarias no desobedecieron al Juzgado sino que no guardaban dicha documentación, incumpliendo la obligación de custodia por el tiempo mínimo de seis años que la normativa vigente les imponía".
El juez remarca en el auto que cuando se efectuaron los "innumerables" cobros de cheques y reintegros en efectivo, entre esos nueve años, que sirvieron para desviar los fondos del Palau de la Música, las entidades bancarias estaban obligadas, en virtud de un real decreto sobre prevención de blanqueo de capitales, a conservar durante seis años los documentos o registros correspondientes que acreditaran con fuerza probatoria la retirada de fondos.
"Aunque por experiencia policial y judicial en esta materia se sabe que usualmente las entidades bancarias conservan documentos por su propio interés mercantil, por períodos de tiempo más prolongados, muy superiores a seis años, este instructor quiere creer que las entidades bancarias no desobedecieron al juzgado, sino que no guardaban dicha documentación, incumpliendo la obligación de custodia por el tiempo mínimo de seis años que la normativa vigente les imponía", subraya el juez.
En el auto, el juez reprende a estas entidades financieras porque tampoco cumplieron una normativa vigente desde 2003 que les obligaba a hacer rellenar un impreso a los clientes que iban a retirar un importe superior a 80.500 euros.
"Evidentemente, si se hubieran cumplimentado estos impresos en los casos de cobros y reintegros por sumas superiores a 80.500 euros, que no fueron pocos, se hubiera podido averiguar la identidad de los cobradores en todas estas operaciones", lamenta el juez.
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