Una multa de 20.000 euros y otra de 15.000 por dos viñetas. El Agitador, una página web satírica que lleva ocho años poniendo rostro y risas a la política y la corrupción en Canarias, acumula en total 35.000 euros en condenas por retratar a un fiscal, Miguel Pallarés, que tiene una casa ilegal en Lanzarote. En la primera viñeta sancionada, publicada en 2008, se le caracterizaba como Har...
Una multa de 20.000 euros y otra de 15.000 por dos viñetas. El Agitador, una página web satírica que lleva ocho años poniendo rostro y risas a la política y la corrupción en Canarias, acumula en total 35.000 euros en condenas por retratar a un fiscal, Miguel Pallarés, que tiene una casa ilegal en Lanzarote. En la primera viñeta sancionada, publicada en 2008, se le caracterizaba como Harpo Marx y se le llamaba Miguel Callaré, el fiscal mudo. En la segunda, de 2011, pasaba a ser Chiquito de la Calzada y se le hacía decir que él mismo iba a derribar su casa. La primera sentencia consideraba que al fiscal se le estaba haciendo responsable de no perseguir delitos. La segunda, dictada el pasado junio, establece que hay una intromisión en el honor del fiscal y que se hacen sobre él insinuaciones de corrupción.
En Arrecife, la capital de Lanzarote, hay una urbanización de 53 chalés anulada por el Tribunal Supremo sobre la que pesa un procedimiento penal contra los promotores, uno de los cuales, ya fallecido, era funcionario municipal. Construyeron, según la Fiscalía, que solicita penas de cuatro años de cárcel, 23 casas de más, ocuparon suelo que no era suyo y se saltaron la orden de paralización de las obras. Una parte de 14 de esos chalés se asienta sobre suelo rústico protegido y cuenta con orden de derribo dictada por el Gobierno de Canarias. Las casas estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante ocho años, así que sus propietarios no pagaban el IBI, y debían tener 96 metros cuadrados, según los contratos de compraventa, pero tienen más de 200. Una de las propietarias es la presidenta insular del PP, Astrid Pérez, y otro es Miguel Pallarés, ex fiscal coordinador de Arrecife que hoy ejerce en Las Palmas de Gran Canaria y sobrino político del ex secretario municipal que firmó las licencias, Felipe Fernández Camero, que estuvo imputado en esta misma causa y que lo sigue estando en el mayor caso de corrupción de la Isla, la operación Unión.
Con estos ingredientes, El Agitador cocinó las dos viñetas. Pallarés presentó dos querellas por injurias y calumnias y ha ganado las dos veces. El Agitador ha recurrido: una va camino del Tribunal Constitucional y la otra de la Audiencia Provincial.
Pero antes de estas dos hubo otra querella más por atentar contra su honor. En 2003, el propietario de los terrenos ocupados por las casas, Gonzalo Murillo, se quejaba en un artículo en La Voz de Lanzarote de que la causa penal, iniciada en 1999, estaba paralizada, y mencionaba los lazos familiares del fiscal, que le pidió tres años de cárcel. En el juicio, el fiscal no supo recordar cuándo había comprado su casa, cuántos metros tiene ni cuánto le había costado. Tanto los promotores de la urbanización como la agencia de protección del medio urbano y natural achacan la diferencia de tamaño de las casas, entre la documentación y la realidad, a los compradores, y por tanto a Pallarés, asegurando que se ampliaron después de que fueran entregadas. “Increíblemente, yo me quejaba en el año 2003 de la paralización del procedimiento, y 11 años después aún no se ha llevado a juicio”, resalta Murillo, que fue condenado y tuvo que pagar 12.000 euros de indemnización más 3.000 de multa.
Pallarés siempre ha defendido, durante los tres juicios, que la Fiscalía es una institución jerárquica y que él no era el fiscal jefe, que es quien decide las acciones legales que se emprenden. Por su parte, el teniente fiscal de la provincia de las Palmas, Ernesto Vieira, dice que este caso se trata de una denuncia particular “aunque se le haya dado relevancia por ser fiscal” y que no hay ningún tipo de corporativismo: “Se le trata igual que a cualquier otro denunciante”.
El editor de El Agitador, Carlos Meca, señala que en 1992 César Manrique ya decía que en Lanzarote “si se denuncia la corrupción tercermundista que tenemos, te puedes jugar el tipo”. “Hemos dedicado viñetas muy duras en estos ochos años a los principales iconos de la corrupción lanzaroteña, en todos sus niveles -añade Meca-. Pero los grandes problemas, más allá de las presiones cotidianas, llegaron cuando señalamos al fiscal. Tenía todas las papeletas para ello: propietario de una vivienda parcialmente ilegal y con orden de derribo; coordinador de una fiscalía que, en nuestra opinión, no estuvo a la altura de las circunstancias en una época de grandes escándalos de corrupción urbanística; y familiar de Felipe Fernández Camero, considerado por informes policiales como el “cerebro jurídico” de la trama para la concesión de licencias ilegales en la Isla. Para cualquier medio humorístico de denuncia, Pallarés era un chollo”.
Meca recuerda que la revista El Jueves fue condenada a una multa de 3.000 euros por una viñeta sobre los Príncipes y considera “desproporcionadas” las dos condenas. Para afrontarlas han tenido que poner en marcha una web de apoyo (yotambiensoyelagitador.wordpress.com). “Cuesta esquivar la idea de que la Justicia ha intentado, por simple corporativismo o para evitar futuras críticas, dictar una sentencia “ejemplar”, como pidió durante la vista del juicio la propia Fiscalía”, asegura.
Extraído a partir del tweet de @el_pais
Condenan a una web satírica de Lanzarote con 35.000 euros de multa por retratar a un fiscal que tiene una casa ilegal http://t.co/QvAShLWicV
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