El Gobierno catalán ha presentado este miércoles dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno central de impugnar la Ley de Consultas y la convocatoria del 9N.
También ha pedido al Alto Tribunal el “levantamiento inmediato” de la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria.
El Gobierno catalán –que ha hecho públicos sus recursos este miércoles horas después de presentarlos al TC– alega que el tribunal puede acordar el levantamiento inmediato “atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por las suspensión”.
El Ejecutivo también alega que la Constitución y el Estatut “llaman al legislador a promover y facilitar las libertades ideológicas y de expresión, así como la participación política de los ciudadanos”.
Los recursos –de 32 y 30 páginas– sustentan a través de una decena de argumentos los motivos por los cuales debe levantarse la suspensión de la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria, y abundan las referencias a la necesidad de que las leyes faciliten la expresión popular.
RIESGO DE EXTREMISMO Y VIOLENCIA
Los letrados de la Generalitat advierten de que “es difícil prever las consecuencias” si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, y se remiten a una resolución de 2003 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que alerta de los riesgos de no dar salida a los retos de gobernabilidad.
La resolución apunta que, si los parlamentos no resuelven importantes retos para la gobernabilidad y si la población tiene la sensación de ser privada de su derecho a participar en la toma decisiones, se tiende a alimentar “el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia”.
Para reforzar sus argumentos sobre la necesidad de dar salida a una reivindicación de los catalanes, los recursos apelan también a las movilizaciones en favor de la consulta que se han producido en Catalunya, así como a los pronunciamientos de numerosos ayuntamientos.
REFERENTES INTERNACIONALES
Para reivindicar la legalidad de la consulta, la Generalitat alega que, 35 años después de que fuera aprobada la Constitución, sus preceptos “ya no pueden ser leídos e interpretados del mismo modo que en el momento original de su entrada en vigor”.
El Gobierno catalán defiende que las consultas son “un procedimiento normal en el ámbito internacional de las democracias occidentales” y pone de ejemplo Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suiza y Suecia.
La Generalitat cita en el recurso la Decisión del Tribunal Supremo de Canadá que recoge, aludiendo al caso de Quebec, que “el sistema debe poder reflejar las aspiraciones de la población”, combinando la primacía del derecho y el principio democrático.
DECLARACIÓN DE SOBERANÍA
También se alude a la sentencia sobre la Declaración de Soberanía del Parlament que dictó el Tribunal Constitucional: aunque quedó anulada por el Alto Tribunal, el Govern considera que sí avaló el ‘derecho a decidir’ de los catalanes.
SÓLO CARÁCTER CONSULTIVO
El Gobierno catalán recupera una parte de aquella sentencia en la que se recogía que el derecho a decidir de los catalanes es una aspiración política a la que “solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a principios de legitimidad, democrática, pluralismo y legalidad”.
Los servicios jurídicos de la Generalitat remarcan también que la consulta tiene carácter consultivo y por sí sola no conlleva consecuencias, y precisa que las actuaciones que se pudieran llevar a cabo después por parte del Parlament u otras instituciones serían “jurídicamente independientes y no concatenadas a la propia consulta”.
Fuente: http://www.alertadigital.com/2014/10/01/el-gobierno-catalan-advierte-al-tc-de-extremismo-politico-y-violencia-si-no-se-cede-al-chantaje-de-los-separatistas/
Los Mossos d’Esquadra confunden al fiscal jefe de Cataluña con otra persona en un caso de prostitución y blanqueo de capitales
José María Romero de Tejada
Los Mossos d’Esquadra confundieron al fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, con un hombre que salía vinculado con el caso de los prostíbulos, e incluyeron una foto errónea en un atestado remitido al juzgado, según informa hoy La Vanguardia. Fuentes de la policía autonómica reconocieron ayer al citado medio la equivocación y anunciaron que rectificarán ante la juez, aunque el asunto, de hecho, no tenía ninguna trascendencia penal.
El pasado día 19, los Mossos d’Esquadra clausuraron dos clubs de striptease y registraron las oficinas del teatro Principal, en el marco de unas pesquisas por prostitución y blanqueo de capitales. El propietario de los establecimientos cerrados y un promotor nocturno fueron detenidos, así como cuatro guardias urbanos, por su posible connivencia con actividades ilícitas. Todos están en libertad provisional.
Este caso, en el que se trabaja desde hace un año, tiene su origen en denuncias de clientes de los locales, a quienes las prostitutas vertían drogas en la bebida que anulaban su voluntad y a los que posteriormente desvalijaban. En las intervenciones telefónicas ordenadas por la juez, una persona sospechosa comenta a un amigo, el pasado mes de julio, que esa noche acudirá a una fiesta en una discoteca de la costa, en la que también estará el jefe de todos los fiscales de Cataluña.
Esta conversación fue reproducida en un atestado remitido al juzgado por la división de asuntos internos de los Mossos; y se acompañaba con una foto extraída del Facebook de la discoteca en la que se señala que un cliente que está allí es el fiscal jefe de Catalunya, José María Romero de Tejada. El informe se completa con una fotografía del representante del Ministerio Público el día en que tomó posesión del cargo y se señala que se trata de la misma persona.
El problema es que la identificación es errónea, según han reconocido los propios Mossos a La Vanguardia. Si se amplía la foto de Facebook puede verse que no es la misma persona y, además, en la conversación telefónica intervenida puede comprobarse que los interlocutores aportan datos sobre Romero que no son ciertos, con lo cual lo más probable es que, en realidad, ni aludieran a él. El mismo que le cita presume también de contactos con famosos y periodistas.
La referencia causó estupor en la Fiscalía de Cataluña. Los Mossos han explicado que lo más probable es que rectifiquen ante la juez, aunque en cualquier caso el asunto no tiene ninguna importancia penal, por cuanto se trata de un local conocido, público y legal, pero la identificación equivocada ya estaba en el atestado.
http://www.alertadigital.com/2014/10/01/los-mossos-desquadra-confunden-al-fiscal-jefe-de-cataluna-con-otra-persona-en-el-caso-de-los-prostibulos/
El Gobierno movilizará a 4.500 policías y guardias civiles para evitar que se celebre la consulta ilegal de Artur Mas
El Ministerio del Interior ha encargado planificar una actuación coordinada del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil por si fuera necesario intervenir para evitar que se celebre la consulta soberanista aprobada el viernes pasado en el Parlamento regional de Cataluña.
Fuentes próximas a la planificación de este operativo han explicado al diario La Gaceta que los cálculos iniciales implican el desplazamiento de 4.500 efectivos, “en el caso de que se pretenda una acción coordinada o la mitad, si lo que se pretende es actuar de forma escalonada”.
Por parte de la Policía Nacional se movilizarían efectivos integrados en la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y Grupo Operativo de Respuesta (GOR). En lo que al Instituto Armado se refiere, las unidades intervinientes serían la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), las Patrullas de Seguridad Ciudadana (PSC), las Unidades de Acción Rápida (UAR) y los Equipos de Atestados (ATGC).
Las personas consultadas aseguran que confían en la profesionalidad de la policía autónoma catalana, los Mossos d’Esquadra, quienes deberían actuar en defensa del ordenamiento jurídico, pero no descartan que, dado que dependen de mandos políticos, quede anulada su posibilidad de acción.
Los Mossos cobran de Interior
Las mismas fuentes aseguran que la competencia en materia de seguridad ciudadana “depende exclusivamente del Gobierno central, como establece el artículo 149 de la Constitución” y que el coste de esa policía autonómica depende directamente de Interior. De esta manera, al ministerio abona a Cataluña 40.000 euros anuales por cada agente del cuerpo policial catalán que asciende a 20.000 efectivos.
Del mismo modo, consideran que los Mossos no incumplirían con su obligación de impedir la celebración de una consulta ilegal. Al menos “contamos con ello en los municipios de mayor tamaño”. Pero no podemos tener la misma seguridad en el caso de las comisarías de ese cuerpo que se encuentran en zonas rurales o aisladas.
En cualquier caso, si los Mossos “no cumplen con su obligación, la nuestra es atajar esa consulta ilegal”, aseguran. En este sentido ya se han manifestado algunos representantes sindicales como los portavoces del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) que aseguran que se deben a su obligación de “cumplir y hacer cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de autonomía y la legislación vigente” y no han dudado en afirmar que “la obediencia debida a sus superiores no puede ir en contra de la Constitución”.
http://www.alertadigital.com/2014/09/30/el-gobierno-movilizara-a-4-500-policias-y-guardias-civiles-para-evitar-que-se-celebre-la-consulta-ilegal-de-artur-mas/
