Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cree que el embajador en Londres, el cartagenero Federico Trillo, y el portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez-Pujalte, "tenían que haber abandonado sus puestos” tras desvelarse que compatibilizaron su escaño con una actividad privada que, a su juicio, es "ilegal".
En una entrevista en Cuatro, Sánchez avanzó ayer que el PSOE va a remitir a la Comisión del Estatuto del Diputado un escrito para que se pronuncie sobre el caso de ambos dirigentes 'populares', convencido de que es distinto al de otros parlamentarios que compatibilizan actividades.
El diputado de IU Ricardo Sixto denunció ayer en Murcia que Martínez-Pujalte vulnera la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al ejercer una actividad privada por la que percibe una retribución, al margen de lo que cobra por su actividad en el Congreso.
Sixto indicó que según el apartado dos del artículo 157 de la citada ley, el mandato de los diputados y senadores es incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma.
El diputado del PP por la Región de Murcia Vicente Martínez-Pujalte compareció el jueves con su declaración de actividades en la mano para demostrar que siempre dispuso de la autorización necesaria para compaginar su labor en el Congreso con la gestión de la firma Sirga XXI Consultores, la mercantil que investiga la Agencia Tributaria por haber ingresado 75.000 euros por supuestos trabajos de asesoría de los que no existe ningún tipo de soporte documental. Pero la declaración que exhibió Pujalte no sólo no avala su argumento exculpatorio, sino que lo destruye.La declaración que formuló el dirigente popular y que fue aprobada al comienzo de la actual legislatura recoge dentro del capítulo de Actividades privadas autorizadas que es “administrador único de Sirga XXI Consultores SL”. Pero, a continuación, asegura que la actividad de la firma no guarda “ninguna relación con la Administración Pública ni con empresas públicas”, algo que ha quedado desmentido por la investigación de Hacienda, según informa El Confidencial.
Los inspectores de la Agencia Tributaria han concluido que, entre 2008 y 2009, mientras Pujalte ocupaba un escaño en las filas de la oposición, su mercantil facturó servicios de asesoramiento por valor de 75.000 euros a una empresa constructora con sede en Valladolid, Collosa (Corporación Llorente SA), cuya actividad depende precisamente casi por completo de la Administración Pública. La propia constructora admite que su negocio se concentra en la construcción de infraestructuras y edificaciones públicas, en la concesión de servicios públicos, en la conservación de obras públicas y en el impulso de parques eólicos que dependen de licencias públicas. El asesoramiento de Sirga obligatoriamente tuvo que afectar a los negocios de Collosa con la Administración.
Según consta en la base de datos oficial, Pujalte comparte Sirga XXI Consultores conMiguel Jaime Marín Cózar, antiguo asesor de José María Aznar, actual directivo de FAES y socio de Alejandro Agag en la mercantil Addax Team, entre otras actividades. Con anterioridad, Pujalte había sido socio de la diputada del PP Ana Torme, elegida curiosamente por la circunscripción de Valladolid, la misma en que Collosa concentra gran parte de su negocio. En estos momentos, es senadora por la misma demarcación.
La declaración de actividades de Pujalte tiene otro punto conflictivo. Figura como administrador único desde el año 2003 de la firma Lihory Inversiones SL, con domicilio fiscal en Valencia. La mercantil tiene como objeto social “la compra y arrendamiento no financiero de un local sito en Mijas, Málaga”. Sin embargo, el político no mencionó la firma al inicio de la legislatura en su declaración de actividades ni tampoco la incluyó en la de bienes. Asegura que todo se debe a un simple olvido. “Esa sociedad se creó para una operación comercial que no llegó a cerrarse. Sinceramente, no sabía que esa sociedad seguía existiendo y voy a cancelarla en cuanto pueda, porque no ha tenido ningún tipo de actividad”, se excusa el diputado popular.
La investigación de la Agencia Tributaria, desvelada por El País, se centra en una larga lista de empresas que habrían estado involucradas en la concesión ilegal de licencias para la construcción de parques eólicos en Castilla y León. El escándalo ha terminado salpicando a Martínez-Pujalte por los supuestos servicios de asesoramiento que prestó a Collosa, una de las sociedades señaladas por Hacienda en el marco de la investigación.
No es el único dirigente del PP que recibió pagos de Collosa por supuestos asesoramientos verbales. El actual embajador de España en Londres, Federico Trillo, percibió otros 354.560 euros de la constructora entre 2006 y 2008. Los facturó a través de la mercantil Estudio Jurídico Labor SL. Durante los ocho años que el exministro de Defensa pasó en la oposición (2004-2011), esa firma ingresó un total de 4,5 millones de euros.
Trillo facturó 100.000 euros al PP en pleno ‘caso Gürtel’
La asesoría de Federico Trillo no sólo hizo negocio con la constructora Grupo Collosa, beneficiada en los parques eólicos de Castilla y León. Este despacho, Estudio Jurídico Labor, bajo la lupa ahora de Hacienda por el cobro de 354.560 euros de Collosa en tres años, también prestó servicio al PP en una de las épocas más comprometidas del partido, en pleno caso Gürtel. Según documentación de la contabilidad oficial del PP a la que ha tenido acceso Vozpópuli, esta sociedad de Trillo facturó a Génova dos trabajos de asesoría jurídica en 2009 por valor de casi 100.000 euros.
Tal y como consta en estos extractos de la tesorería popular, el primero de los pagos a Estudio Jurídico Labor se formalizó el 7 de abril de 2009 y su importe ascendió a 30.000 euros. Esta operación se efectuó ocupando Trillo un puesto destacado en el organigrama de Génova: era secretario de Justicia y Libertades Públicas del PP (2008-2011). Justo en los dos meses previos a esta contratación estalló el caso Gürtel.
En febrero, el exjuez Baltasar Garzón había decretado prisión incondicional, entre otros, para Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, y para Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia, mientras que la Fiscalía había implicado al entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por los famosos trajes. El extesorero del PP Luis Bárcenas fue imputado aquellos días. En marzo, el exinstructor de la Audiencia Nacional se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Desde Génova apoyaban abiertamente a sus cargos implicados.
El segundo de los encargos a Estudio Jurídico Labor tiene fecha, según la transferencia bancaria del pago, de 23 de diciembre de 2009. La cantidad aquí se elevó a 69.600 euros. Una cifra muy superior a los honorarios habituales que venía abonando la dirección del PP en su área de de asesoría jurídica. De hecho, dentro de dicho campo, este pago a la consultoría de Trillo fue el segundo de mayor cuantía del ejercicio, sólo por delante de los 75.000 euros que percibió un prestigioso bufete de abogados con proyección internacional. En total, los populares gastaron aquel año en este concepto un total de 528.225 euros, destinando el 13% de este monto a la consultoría de Trillo.
Sábado, 25 de Abril de 2015
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