El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso para explicar la postura del Gobierno sobre la situación en Cataluña. (Foto: Efe)
02/01/201906:50
El líder del PSC, Miquel Iceta, habló abiertamente del indulto a los golpistas del 1-O.
La idea procedía de los partidos separatistas pero fue recogida por el Gobierno de Pedro Sánchez y se ha hablado incluso en los encuentros mantenidos entre el presidente del Gobierno y el responsable autonómico de Cataluña, Quim Torra.
Se trataba de la principal opción de los golpistas para librarse de la prisión a la que con toda probabilidad van a ser condenados por el golpe de Estado perpetrado por medio del referéndum ilegal del 1-O.
Pero impulsar ese indulto sin el respaldo del tribunal encargado del caso y de la Fiscalía sería una locura electoral porque el protagonismo del Gobierno sería absoluto. Y ni el Tribunal Supremo ni los fiscales del caso están dispuestos a avalar semejante indulto.
Las presiones políticas han convivido con los fiscales y la acusación particular de VOX desde el inicio del caso por el referéndum ilegal. De hecho, en el caso de VOX desde antes, y es que este partido abrió el proceso previamente y en el Juzgado número 13 de Barcelona a raíz de las declaraciones del juez Santiago Vidal.
Pero la tramitación de un indulto, tal y como han pretendido los golpistas, sobrepasa cualquier tipo de presión normal. Especialmente cuando el tribunal encargado del caso y la Fiscalía tienen que ser informados y pueden respaldar o rechazar el deseo del Gobierno de aplicar el indulto.
Y en este caso la respuesta sería unánime. Ni el primero ni el segundo están dispuestos a avalar semejante decisión.
Lo primero, porque la existencia de delitos de máxima gravedad en el 1-O es obvia y obscena. Y, lo segundo, porque, además, se trata de unos delitos con un peligrosidad y una implicación política que hace imposible respaldar un indulto de esta naturaleza sin manchar por completo la apariencia de independencia frente al poder político.
Y eso supondría un desprestigio total y duradero tanto para el Tribunal Supremo como para los fiscales implicados o el propio Ministerio Público en su conjunto.
Respaldar el indulto mancharía por competo la apariencia de independencia frente al poder político de fiscales y Supremo
Hay que recordar que los cuatro fiscales encargados del caso del golpe de estado separatista –Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza– han mantenido ya encuentros con la fiscal general María José Segarra para dejar claro que no van a ceder a ninguna presión. Y, menos aún, a una destinada a que avalasen un indulto carente por completo de justificación ni política, ni jurídica, ni social -y es que los mismos partidos impulsores del golpe siguen hoy en día lanzándolo-.
Es más, los fiscales ya han advertido de que, en caso de que observen un incremento excesivo de las coacciones sobre su trabajo, acudirán de inmediato al Consejo Fiscal en busca de amparo y para dejar constancia pública de que la capa política ha cruzado cualquier límite admisible, tal y como ya ha publicado OKDIARIO. Por su parte, el Tribunal Supremo se mantiene exactamente en las mismas tesis: en las de no aceptar ninguna intromisión.
Y eso implica que si el Gobierno quiere sacar el indulto lo tendrá que hacer con el rechazo expreso de las dos instituciones, algo que puede suponer un coste electoral excesivo para el equipo de Pedro Sánchez y sus pretendidas opciones de revalidar mandato en las próximas elecciones generales.
https://okdiario.com/espana/2019/01/02/fiscales-supremo-plantan-cara-sanchez-no-avalaran-ningun-indulto-golpistas-3531700
Denuncian a 7 mossos ante la UE por actuar como “policía política” al servicio del golpe separatista
Carles Puigdemont en Bruselas, con el mosso que le protege como escolta.
02/01/201906:50
La asociación Cataluña Pueblo de España, fundada en Lausanne (Suiza), ha remitido al Comité de Derechos Humanos de la ONU, al Parlamento europeo y a la Fiscalía de Barcelona un dossier sobre las actividades ilegales de siete agentes de los Mossos d’Esquadrada, para denunciar que este cuerpo funciona como una “policía política” al servicio del golpe de Estado separatista de Puigdemont y Torra.
La denuncia también ha sido remitida al Ministerio de Interior español, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska, y al Gobierno suizo, para que se investiguen las actividades de Marta Rovira, Anna Gabriel y la ANC en aquel país. La asociación fundada por François Meylan ya presentó el pasado mes de octubre ante la Fiscalía suiza una denuncia contra el presidente de la Generalitat Quim Torra por delitos de odio y apología de la violencia.
En el dossier presentado ahora, Cataluña Pueblo de España explica que a Generalitat ha creado una “policía política” en el seno de los Mossos d’Esquadra, cuyos miembros, “inducidos por sus superiores y por el aparato secesionista catalán, no tienen el menor inconveniente en infringir leyes y reglamentos” para ponerse al servicio del golpe de Estado separatista. Algunas de las actividades ilegales que se enumeran en el dossier son las siguientes:
El ‘mosso’ de la cicatriz
El sargento del área de escoltas de los Mossos d’Esquadra Lluís E.M. viajó a Bruselas para proteger a Carles Puigdemont como guardaespaldas tras huir de la Justicia. Se pasó tres meses en Bruselas alegando que estaba de vacaciones. La Guardia Civil sospecha que este agente ayudó a Puigdemont a huir de España y fue el encargado de trasladarle oculto en el maletero del coche desde su casa de Gerona hasta el aeropuerto de Marsella, el 29 de octubre de 2017.
El dossier elaborado por la asociación Cataluña Pueblo de España señala que este mosso podría haber incurrido en un delito de encubrimiento (según el artículo 451 del Código Penal), además de vulnerar el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que prohíbe a los agentes desarrollar actividades privadas incompatibles con su cargo.
Calduo Español 
