Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se enfrenta desde este lunes y hasta el próximo día 20 a la Corte de Justicia de la República (CJR) por supuesta negligencia en la malversación de fondos públicos, al conceder en 2007 una indemnización de 403 millones al empresario Bernard Tapie.
De ser hallada culpable Lagarde podría ser condenada a hasta un año de cárcel y el pago de una multa de 15.000 euros. Asimismo, su posición al frente del FMI se pondría en duda, si bien desde la entidad le han mostrado pleno apoyo.
El caso se remonta a 2007, cuando Lagarde, entonces ministra de Finanzas, dio luz verde a un procedimiento arbitral privado que acabó con el resultado favorable a Tapie. En 1993, el empresario se desprendió de sus acciones en el fabricante alemán Adidas para evitar un conflicto de intereses y poder formar parte del Gobierno deFrançois Miterrand. Para la venta de sus valores confió la operación a Crédit Lyonnais, en ese momento entidad pública, que colocó los títulos en un grupo inversor, que pagó unos 300 millones de euros. En dicho grupo se incluía el propio banco. Un año después, Crédit Lyonnais y el grupo inversor revendieron Adidas por 700 millones.
Tapie pasa al ataque
Tapie se sintió estafado y reclamó una compensación por la venta. Tras ello se inició una década de disputas judiciales entre Tapie y el Estado –propietario de Crédit Lyonnais hasta su privatización- que se cerraron con el arbitraje impuesto por Lagarde. Las dudas rodearon al proceso, ya que Tapie era amigo personal de Nicolas Sarkozy, presidente francés mientras Lagarde era ministra.
Los jueces instructores consideraron, en su decisión de enviarla a juicio, que la actual directora del FMI había mostrado en este asunto “una ligereza poco admisible” al recurrir a un arbitraje que se demostraría muy gravoso para las cuentas públicas y contra la opinión de la Agencia de Participaciones Estatales (APE).
Para esos magistrados, no sólo hubo “incuria” y “precipitación”, sino “una conjunción de faltas que por su naturaleza, su número y gravedad superan el nivel de una simple negligencia”, y frente a eso Lagarde sólo ha aportado “explicaciones poco convincentes, e incluso desoladoras”.
El Tribunal Supremo anuló el arbitraje y está pendiente un juicio (para el que todavía no hay fecha) en el que estarán todas las partes al margen de la exministra, un elemento que va a pesar en las audiencias ante la CJR.
Lagarde, confiada
De hecho, el abogado de la acusada pedirá que el proceso que comienza este lunes sea aplazado, con el argumento de que las investigaciones sobre estafa aún no han concluido, por lo que no estaría claro si efectivamente se malversaron fondos públicos. “No veo cómo el tribunal podrá decir en unos pocos días si hubo malversación pese a que los jueces de instrucción de París llevan varios años ocupándose del caso y aún no han fallado al respecto”, dijo el letrado. “Es una cuestión de sentido común”.
Su eventual responsabilidad la determinarán 15 magistrados (tres jueces profesionales y 12 parlamentarios) de la CJR, la única instancia habilitada para juzgar a miembros del Gobierno por hechos vinculados al ejercicio de sus funciones.
En una entrevista emitida el domingo por la noche por la emisora France 2, Lagarde negó haber favorecido al empresario. Dijo sentirse“confiada y decidida”. “La negligencia es un delito sin premeditación”, añadió. “Pienso que todos en nuestra vida podemos ser algo negligentes. Pienso que intenté hace todo mi trabajo lo mejor posible, dentro de los límites de lo que yo sabía”. También negó haber actuado en el caso Tapie siguiendo órdenes de Sarkozy.
MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016 23:00
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