Gracias a la abstención de los de Miquel Iceta, Torra podrá retirar a los Mossos de las calles si Policía y Guardia Civil utilizan pelotas de goma para disolver a los CDR.
Agentes de la Policía Nacional en los disturbios de Barcelona tras conocerse la sentencia del procés. @Getty
16/11/2019 13:11
La Policía Nacional, a través de uno de los principales sindicatos policiales, Unión Federal de Policía (UFP), ha afeado a Miquel Iceta, líder del PSC, que se abstuviera en el Parlamento catalán en la aprobación de una moción presentada por Podemos a través de la cual se impide a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado usar el material antidisturbios en las barricadas de los CDR en las calles de Barcelona. Un hecho, según explican en el comunicado, que pone en peligro tanto su seguridad como la de los ciudadanos que transitan por las calles de la Ciudad Condal.
Y no sólo eso, además, desde el sindicato policial hace enrojecer al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al echarle en cara su inmovilismo ante el atropello del orden constitucional reflejada en el artículo 104.
Éste reza, de manera clara que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
Éste reza, de manera clara que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
Recordemos que Iceta, con su abstención, ha permitido que el Govern de Quim Torra prohiba –a petición de Podemos– el uso de pelotas de goma a Policía Nacional y Guardia Civil. De seguir usándolas, los Mossos dejarán de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A partir de ahora, los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra no podrán participar en operaciones conjuntas con Policía Nacional y Guardia Civil si los cuerpos policiales estatales no se comprometen a no utilizar pelotas de goma en sus acciones.
A partir de ahora, los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra no podrán participar en operaciones conjuntas con Policía Nacional y Guardia Civil si los cuerpos policiales estatales no se comprometen a no utilizar pelotas de goma en sus acciones.
El sindicato policial ha señalado que "resulta sorprendente" que Iceta haya permitido que se apruebe una moción de estas características porque, apuntan, permite que "un Parlamento Autonómico condicione la actuación de la Policía Nacional, en casos de grave alteración de orden público, y que la Dirección General de la Policía o el propio Ministro del Interior no hayan anunciado que plantean recurso a la citada moción parlamentaria".
Denuncian, con amargura en el tono de su comunicado, que la complicada situación que están viviendo los agentes desplazados a Cataluña tras conocerse la sentencia del procés.
"Los policías destinados en Cataluña y los desplazados para colaborar con los Mossos en el restablecimiento del orden público, están soportando malas condiciones de alojamiento, difícil descanso, estrés derivado de la situación en la que trabajan, una sociedad hostil y violenta, con medios materiales en muchos casos caducados".
"Los policías destinados en Cataluña y los desplazados para colaborar con los Mossos en el restablecimiento del orden público, están soportando malas condiciones de alojamiento, difícil descanso, estrés derivado de la situación en la que trabajan, una sociedad hostil y violenta, con medios materiales en muchos casos caducados".
Por ello, señalan que el malestar entre los agentes va creciendo por momentos, sobre todo tras la aprobación de esta moción presentada por Podemos. "Ahora, además, se prohíbe el uso de material antidisturbios, bajo amenaza legal de que los Mossos no nos prestarán apoyo o dejarán de existir la colaboración, tan necesaria, entre ambos Cuerpos", explican desde el sindicato policial en el citado comunicado.
"¿En qué ley, protocolo operativo, etc, está escrito que los policías tengan que soportar durante horas lanzamiento de todo tipo de objetos contundentes sin que se organice un dispositivo para dispersar y detener a los violentos?;
¿Qué Estado y qué Gobierno permite que le “lapide” a los policías y que la respuesta de éstos sea meramente defensiva y arriesgando la vida de los agentes? (más de 300 heridos)", expone la Unión Federal de Policía (UFP).
¿Qué Estado y qué Gobierno permite que le “lapide” a los policías y que la respuesta de éstos sea meramente defensiva y arriesgando la vida de los agentes? (más de 300 heridos)", expone la Unión Federal de Policía (UFP).
Por todo esto anteriormente expuesto, los agentes de la Policía Nacional piden al Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía que reaccionen. "Deben recurrir la moción y no ceder ante el chantaje de los violentos y de los Grupos Parlamentarios que les apoyan en el Parlamento de Cataluña", explican. Además, recuerdan a Grande-Marlaska que "no hace falta recordar que el art. 104 de nuestra Constitución establece que, “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”".
Por lo tanto, concluyen desde la organización policial, "todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependen del Gobierno y cuando un Parlamento o un Gobierno Autonómico aprueban mociones que ponen en riesgo a los policías y a los ciudadanos, es obligación del Gobierno, de quien dependen, tomar las riendas de su mando, con firmeza y sin complejos".
https://okdiario.com/espana/policia-acusa-psoe-marlaska-poner-peligro-vida-no-dejarles-usar-pelotas-goma-barcelona-4824543
El Derecho a la Violencia
-16 noviembre, 2019
El comportamiento político de los soberanistas catalanes está dando lugar a un cierto número de términos nuevos para designar instituciones y deseos que no tienen cabida en el entramado formal de las democracias.
El llamado derecho a decidir, por ejemplo, debe reconocerse como una innovación ingeniosa, porque cumple a la perfección ese papel de envoltorio verosímil de un completo equívoco, de una petición de principio por completo sofística.
En particular, esa expresión, pese a ser ajena a cualquier lógica, oculta con cierta eficacia la negación de todo derecho a quienes no forman parte de la minoría que pretende arrogarse la capacidad decisiva.
Desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, tan benigna y bienintencionada como quepa imaginar, las protestas de hecho parecen haber tomado el lugar de vanguardia que hasta este momento se había otorgado a la retórica política, a la invención de supuestas razones.
Como los soberanistas parten de la base de que les amparan derechos tan innegables como amplios y convenientes, como sostienen que nunca han hecho nada que pueda tacharse de delictivo o ilegal, y no consta ninguna reacción recriminatoria hacia las actuaciones de guerrilla llevadas a cabo por esa turbamulta de organizaciones patrióticas, soberanistas, y republicanas, no me queda otro remedio que suponer que, por alguna razón que se me escapa, todavía no se han decidido a innovar en la teoría dando soporte conceptual a semejantes travesuras, no vaya a ser que cualquier españolazo (o fascista que es lo mismo, al parecer) se confunda y llegue a creer que las llamaradas en las calles, los cortes de vías férreas y de autopistas constituyan actos desprovistos de fundamento legítimo.
En esta línea, sugiero que se bautice como “derecho a la violencia” la legitimidad que según Torra (“apreteu, apreteu”) y otros tratadistas asiste a los incendiarios, saboteadores y ocupadores de calles que cumplen con el patriótico deber de poner en un aprieto a la malvada España y a sus pusilánimes gobiernos.
Tal proceder es otra manera de mostrar el derecho de Cataluña a ser un Estado independiente, un Estado de una Nación que, a ojos de sus historiadores apesebrados, ha sido la primera en existir, la más noble, la más brava y la más creativa y abierta en el universo mundo.
En efecto, desde Hobbes se sabe que la violencia es un poder que solo pertenece al soberano, idea que repitió Weber sobre el monopolio legítimo de la violencia, de modo que al ejercer el derecho a la violencia que ampara a los CDR y a los Tsunamis democráticos, se está demostrando de forma irrefutable, que Cataluña usa de manera independiente y soberana ese poder legítimo a violentar a los enemigos que la agreden, a oponerse a sentencias ilegítimas y abusivas, y a ejercer son limitación alguna una parte todavía pequeña de la violencia legítima que poseen en función de sus derechos nacionales.
Puede que algunos crean que es cuestión de dejar pasar el tiempo, de esperar a que los aguerridos republicanos vean que no hay nada que hacer, pero hay un error muy de fondo en ese planteamiento, y es que no se puede dialogar con quien emplea la violencia ni se puede premiar a quienes la auspician y legitiman
Los sorprendente del caso es que este supuesto derecho de cualesquiera catalanes, sin necesidad de investidura alguna, a golpear, perseguir, asustar, interrumpir, destruir, quemar, la vida ordinaria de cualquiera que tenga la mala suerte de tener que andar por ahí, es jibarizado de manera irresponsable por el Gobierno bonito de Sánchez, más ocupado en defunciones varias, que en sus funciones, reduciéndolo a la categoría de desórdenes públicos, lo que en buena lógica debiera irritar sobremanera a quienes usan de un derecho tan fundamental como el de la violencia legítima cuando lo consideren necesario y contra quien quiera que se tropiecen.
Son muchos los que han hablado de la desaparición del Estado en Cataluña, pero ninguna desaparición puede compararse a esta dejación en manos de las turbas del monopolio de la violencia mientras los ciudadanos tienen que contemplar atónitos y sufrir con resignación esta apropiación de las funciones legítimas del único y verdadero Estado democrático.
Al actuar de ese modo, están jugando con fuego, y no solo literalmente. Al ocupar las vías públicas en base a su derecho a la violencia están poniendo de manifiesto que el Estado no se atreve a comparecer, pero, sin darse cuenta, están dando una imagen muy adecuada de qué clase de cosas promueven en realidad, de cómo sería cualquier supuesta República catalana, no un oasis sino un infierno en el que los más necios y brutales se acabarían saliendo con la suya.
No podemos seguir consintiendo que se transforme el derecho de manifestación en un inexistente derecho a ejercer la violencia sobre los ciudadanos que creían vivir bajo el manto protector de la ley y el derecho. Es verdad que cualquier manifestación bordea los límites de la violencia por cuanto impide a terceros su derecho a circular, pero no puede haber ningún derecho a manifestarse que se convierta en un ejercicio de violencia bien preparado, ejercido con órdenes precisas y apoyado de una manera bien abierta por el Estado mismo en su función de gobierno y administración autonómica, lo que ha llegado a la paradoja máxima de azuzar a los manifestantes al tiempo que enviaba a los guardias, aunque, eso sí, con la advertencia clara de empapelar a cualquier agente que se extralimitase y atentase contra ese nuevo derecho catalán a la violencia callejera, de momento.
Los sucesos de Cataluña rompen todos los moldes y expresan de forma muy elocuente el barroquismo de la cultura política catalana, esa mezcla de hipocresía, cobardía y ostentación tan propia del prototipo del miles gloriosus.
Lo en verdad nuevo aquí es la indeterminación de los Gobiernos de España para atajar esa violencia, su incapacidad para desmentir cualquier atisbo de legalidad en la lucha incivil por una imposible república y su determinación para proteger el derecho de una mayoría de catalanes a la vida pacífica y de la totalidad de los españoles a vivir en una democracia digna y no sometida a chantajes sean culturales, democráticos o populares.
Puede que algunos crean que es cuestión de dejar pasar el tiempo, de esperar a que los aguerridos republicanos vean que no hay nada que hacer, pero hay un error muy de fondo en ese planteamiento, y es que no se puede dialogar con quien emplea la violencia ni se puede premiar a quienes la auspician y legitiman.
Los soberanistas están empleando la misma táctica de Arzalluz, dejar que algunos descerebrados agiten los nogales para que los más astutos puedan quedarse con las nueces, pero es hora de que los españoles aprendan que no puede haber premio a la violencia, que la deslealtad se paga, que la Nación tiene memoria y dignidad y no debiera consentir por más tiempo que quienes la insultan y agreden se lleven luego los mejores frutos del trabajo honrado de la mayoría, los impuestos de todos. El hecho de que existan políticos dispuestos a dialogar con quienes nos agarran del cuello y están empezando a apretar con cara de tener derecho a hacerlo, es una desgracia, pero tarde o temprano tendrá remedio y castigo.
Mientras llega ese feliz momento, bastará con que sepamos deconstruir con claridad los falaces argumentos soberanistas, ese inexistente derecho a decidir que nos priva de la ciudadanía a todos los demás, y ese ridículo derecho a ejercer la violencia cuando se les antoje, sin que nadie haga lo que debe hacer por protegernos del mal.
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