La Fundación Rockefeller, históricamente vinculada al Estado federal estadounidense, acaba de presentar un plan nacional para controlar la epidemia de coronavirus. Propone aplicar análisis de búsqueda del virus a 30 millones de personas cada día. El Estado correría con los gastos y los estadounidenses serían sometidos a un estricto control militar.
La Fundación Rockefeller tiene como presidente al doctor Rajiv Shah, un alto funcionario estadounidense especializado en la manipulación de “ayudas humanitarias” como instrumentos de presión política.
El doctor Rajiv Shah fue director del programa ecologista de la Fundacion Bill y Melinda Gates en África, antes de que Hillary Clinton lo pusiera a la cabeza de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Parece ser miembro del grupo de plegaria conocido como The Fellowship, que sirve de pretexto para que Hillary Clinton se reúna frecuentemente con los jefes del estado mayor estadounidense en un lugar cercano al Pentágono.
La Fundación Rockefeller ha presentado un Plan de Acción Nacional para el Control del Covid-19, que propone una serie de «pasos pragmáticos para reabrir nuestros centros de trabajo y nuestras comunidades».
Ese plan, a pesar de su título, no plantea simplemente medidas sanitarias. Varias de las más prestigiosas universidades -como Harvard, Yale y Johns Hopkins- participaron en su elaboración y es el preludio de un verdadero modelo social jerarquizado y militarizado.
En la cumbre... el «Consejo de Control de la Pandemia, análogo al Consejo de Producción de Guerra que Estados Unidos creó durante la Segunda Guerra Mundial».
En ese Consejo figurarían «líderes del mundo de los negocios, del gobierno y del mundo universitario», en ese mismo orden de importancia y poniendo en primera fila no a los representantes del gobierno sino a los representantes del mundo de la finanza y de la economía.
Ese consejo supremo tendría el poder de decidir qué se produce y qué servicios se prestan, gozando de una autoridad similar a la que se confiere en tiempo de guerra al presidente de Estados Unidos en la actual Ley para la Producción de la Defensa.
El Plan propuesto prevé que deben realizarse tests de verificación del Covid-19 a 3 millones de estadounidenses cada semana pero que la cantidad de estadounidenses verificados semanalmente debe elevarse a 30 millones en 6 meses. El objetivo sería alcanzar en un año la capacidad necesaria para realizar ese test de verificación a 30 millones de personas al día.
Según el Plan, cada persona sometida al test recibiría «un reembolso adecuado a un precio de mercado de 100 dólares». Lo cual significa que se invertirían, en dinero proveniente de los fondos públicos, «miles de millones de dólares cada mes».
La Fundación Rockefeller y sus socios financieros contribuirían a la creación de una red encargada de proporcionar garantías de crédito y de garantizar la firma de contratos con los proveedores, o sea con las grandes empresas productoras de medicamentos y de equipamiento médico.
Según el Plan, el «Consejo de Control de la Pandemia» estaría además autorizado a crear un «Cuerpo de Respuesta a la Pandemia», o sea una fuerza especial que no por casualidad el Plan denomina «Cuerpo» -en inglés Corp-, como el Marine Corp o «Cuerpo de Marines».
Ese «Cuerpo» contaría de 100 000 a 300 000 miembros reclutados entre los miembros de los actuales Peace Corps (los Cuerpos de Paz) y los AmeriCorps, creados por el gobierno de Estados Unidos para, oficialmente, «ayudar a los países en vías de desarrollo», así como entre los militares de la Guardia Nacional.
Los miembros del «Cuerpo de Respuesta a la Pandemia» recibirían un salario promedio bruto de 40 000 dólares anuales, para lo cual se prevé un gasto público de 4 000 a 12 000 millones de dolaras.
El «Cuerpo de Respuesta a la Pandemia» tendría como principal tarea garantizar el control de la población mediante técnicas de tipo militar, utilizando sistemas de seguimiento e identificación, en los centros de trabajo y de estudios, en los barrios de viviendas, en los locales públicos y durante los desplazamientos de las personas.
La Fundación Rockefeller recuerda que Apple, Google y Facebook ya disponen de sistemas que permiten realizar ese tipo de trabajo.
Según el Plan, las informaciones sobre cada individuo, su estado de salud y sus actividades serían confidenciales... «en la medida de lo posible». Pero se guardarían en una plataforma digital centralizada cuya gestión conjuntamente estaría en manos del Estado federal y de ciertas empresas privadas.
Los datos proporcionados por el «Consejo de Control de la Pandemia» serían utilizados para decidir periódicamente qué zonas serían sometidas a medidas de confinamiento y por cuánto tiempo.
Esto es, a grandes rasgos, lo que plantea el Plan que la Fundación Rockefeller pretende instaurar en Estados Unidos, así como en otras tierras. Su aplicación, aunque fuese sólo parcial, daría lugar a una concentración del poder económico y político en las manos de élites aún más restringidas que hoy, en detrimento de una creciente mayoría que se vería privada de sus derechos democráticos fundamentales.
Y toda esa operación se desarrolla invocando la necesidad de «controlar el Covid-19», cuya tasa de mortalidad -según los datos oficiales- se sitúa hasta ahora por debajo de un 0,03% de la población estadounidense.
El Plan de la Fundación Rockefeller utiliza el virus como un arma, de una manera aún más peligrosa que el riesgo que el Covid-19 puede representar para la salud humana.
mie, 20 mayo 2020 08:37 UTC
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