LA JUEZ ALAYA ‘ENTRA’ EN LAS PRIMARIAS
El presidente de la Junta de Andalucía, Jose Antonio Griñán (EFE)
No se lo esperaban. El auto de la juez Mercedes Alaya ha desatado una tormenta política en Andalucía. A la imputación estrella de Magdalena Álvarez, consejera de Economía y Hacienda de la Junta entre 1994 y 2004, también se le une la más importante, en clave interna, de Antonio Lozano, viceconsejero de la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, por considerar Alaya “fuera de normativa” el procedimiento de transferencia de las ayudas sociolaborales en Andalucía.
Estas imputaciones, más las de otros 20 altos cargos en la Junta, como la del ex número dos de la Consejería de Economía y Hacienda, Rafael Salgueiro, expresidente de Renfe, ha desatado los nervios en el PSOE y el Gobierno andaluz. Lozano, el hombre en la sombra más poderoso de la Junta, es el fontanero del Palacio de San Telmo, una figura clave en el organigrama de la Junta por ser el coordinador de los consejillos, las reuniones preparatorias de los Consejos de Gobierno de los martes, a los que también acude y en los que ejerce como secretario de Actas.
Fuentes de la Junta de Andalucía subrayan a El Confidencial la capacidad profesional de Lozano, que fue profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga. “Técnicamente es solvente y garante siempre de las leyes, que las cosas estén bien hechas”. Lozano, muy útil por su disciplina y amplia capacidad de trabajo, no pertenece al mundo político y forma parte de una terna de hombres grises sin ambiciones por figurar en primera línea, pero que conocen al dedillo la Administración autonómica.
Con el mismo perfil del número 2 de Díaz, candidata oficialista a las primarias del PSOE de Andalucía, estarían el consejero de Empleo e Innovación, Antonio Ávila, oJuan Antonio Cortecero, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que también lo fue de Presidencia entre 2002 y 2009. Cortecero formó parte del núcleo duro de Manuel Chaves que se trasladó al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Otro punto en común y no poco importante: los tres son de Jaén, aunque Lozano y Ávila están más vinculados con Málaga.
Los “vinitos” con Griñán
Lozano ha sido uno de los grandes impulsores internos de leyes como la de la transparencia. En unas jornadas celebradas hace tres semanas en Málaga, él mismo la defendió: “Una ley valiente que la sociedad merece y la administración necesita”. Muy vinculado a la capital de la Costa del Sol, el secretario del PSOE de Málaga,Miguel Ángel Heredia, promocionó el 18 de mayo de 2012 en su cuenta de Twitter la estrecha relación del viceconsejero con Griñán y el consejero de Cultura (en ese momento titular de Turismo). “Disfrutando de un agradable paseo y unos vinitos por el centro de Málaga con @PepeGrinan, Luciano Alonso y Antonio Lozano”.
El PP se apresuró ayer, en boca de Carlos Rojas, su portavoz en el Parlamento de Andalucía, a pedir la dimisión de Lozano. También lo hizo el coordinador de UPyD Andalucía, Martín de la Herrán. ¿Qué hará el Gobierno andaluz? No “le dimitirán”, como ocurrió la semana pasada con la directora de la Agencia Tributaria. “¿Y por qué tiene que dimitir? (...) La jueza sólo instruye, falta que lo procesen y lo condenen”, señalaron a El Confidencial fuentes próximas al presidente de la Junta de Andalucía. “Además, él está imputado como exdirector general de Presupuestos, no como viceconsejero de Presidencia”.
Las “causalidades” de los autos de Alaya
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, pidió respeto y defendió la presunción de inocencia de los altos cargos imputados por Alaya. La consejera de Salud, María Jesús Montero, los arropó en su cuenta de Twitter con esta frase: “Yo también soy hoy Antonio Lozano, Magdalena Álvarez…”. El primer puesto de Lozano en su homenaje en la red social demuestra la importancia que concede el Gobierno andaluz a la imputación de Griñán.
De una forma mucho más gruesa se mostró el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez. “Las casualidades no existen y empieza a ser chocante e intolerable la coincidencia entre la agenda política e institucional de Andalucía con los pasos más significativos de la instrucción de los ERE”, destacó Jiménez. El Confidencial ya publicó el pasado 31 de marzo cómo el calendario de los autos de Alaya beneficiaba la estrategia política del PP.
En su discurso de apertura del Comité Director del PSOE-A para convocar elecciones primarias, Griñán dejó muy claro cuál debería ser el argumentario de los militantes de su partido: “Hemos venido aquí a hablar entre nosotros y vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, sin limitaciones y con libertad; ni nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE”, subrayó al principio de su intervención, de 20 minutos, en el hotel Barceló Renacimiento de Sevilla, el mismo escenario de la noche del 25 de marzo de 2012, la de la derrota dulce de Griñán.
O el PP acaba con la corrupción, o la corrupción con el PP
Fíjense que no digo SU corrupción, sino LA corrupción. Es importante el matiz, porque aunque la principal atención de los medios de comunicación sea estos días el encarcelamiento de Bárcenas y todo lo que eso conlleva o puede conllevar, lo cierto es que se trata de un caso más, muy importante, eso sí, dentro de lo que para los ciudadanos es ya un clima generalizado de corrupción. Ayer nos sorprendía la juezAlaya en Andalucía imputando nada menos que a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez por el caso de los ERE, un hecho grave teniendo en cuenta que Álvarez ocupa un puesto de vital importancia para España en el seno del Banco Europeo de Inversiones.
Algunos periodistas, lejos de caer en la tentación de universalizar los comportamientos, llevamos tiempo diciendo que no toda la clase política es igual, quelos corruptos son unos pocos y que la mayoría de los políticos son personas honradas y decentes, pero resulta muy difícil mantener ese argumento cuando las portadas de los periódicos y los informativos de la radio y la televisión dedican casi la totalidad de su espacio a hablar de casos de corrupción de un lado y del otro. Ningún partido es ajeno a ella, pero el partido que gobierna tiene una cuota añadida de responsabilidad a la hora de poner coto a lo que ya empieza a ser un clima muy desagradable.
Es lógico que la gente esté hasta la coronilla de todo lo que está pasando: Bárcenas,Gürtel, los ERE, Urdangarin, Blanco, Campeón, Mercasevilla, Palau, Pujol… Podemos seguir hasta casi el infinito. Es lógico el malestar, el cabreo ciudadano alimentado por la crisis económica, pero que ya trasciende a esta. Esa impresión generalizada de que “todos los políticos son iguales” que se ha instalado en el subconsciente colectivo va a ser muy difícil de combatir, incluso aun cuando se supere la situación de crisis, y eso es así porque el ciudadano percibe una apatía casi unánime en la clase política a la hora de luchar contra la corrupción.
Tengo la impresión de que al ciudadano no le afecta tanto el hecho de que existan corruptos que, por desgracia, existirán siempre, sino que lo que realmente le indigna es la impunidad con la que actúan, la complacencia con la que el resto de la clase política se enfrenta a las ovejas negras dentro de sus propias filas e, incluso, de las contrarias -cuántos indultos han intercambiado PP y PSOE en sus años de Gobierno; “tú indultas a mis corruptos, yo indulto a los tuyos”, parece ser el trato-. Y es ahí donde el PP tiene la oportunidad ahora de hacer algo que nunca se ha hecho en este país, que es combatir con absoluta firmeza la corrupción, con leyes que endurezcan las penas y aparten a los corruptos del ejercicio de lo público.
El Gobierno está a punto de llevar al Parlamento la Ley de Transparencia, pero no puede ser ese el único paso que se dé en esta materia, sino que debería de haberse presentado ya un programa de actuaciones firmes contra la corrupción. No se ha avanzado nada en ese sentido. Todo aquello que Rajoy dijo que se llevaría a cabo, parece haber caído en el olvido
Rajoy anunció en el pasado debate sobre el estado de la Nación una batería de medidas contra la corrupción. Es verdad que el Gobierno está a punto de llevar al Parlamento la Ley de Transparencia, pero no puede ser ese el único paso que se dé en esta materia, sino que debería de haberse presentado ya un programa de actuaciones firmes y concretas contra la corrupción, pero, al menos aparentemente, no se ha avanzado nada en ese sentido. Todo aquello que Rajoy dijo que se llevaría a cabo parece haber caído en el olvido.
Y el PP corre un grave peligro con esto, primero porque es evidente que hay casos graves de corrupción que le afectan muy particularmente y, aunque es verdad que en la mayoría de los casos el partido de Rajoy ha actuado con más contundencia de lo que lo hace el PSOE con los suyos, a los ojos de la opinión pública parece insuficiente y, además, sigue yendo por detrás de los pasos que da la Justicia, lo cual habla bastante poco y más bien mal de su disponibilidad a la hora de llevar a cabo esa limpieza interna que a todas luces parece tan necesaria.
Pero la obligación del PP, como partido en el Gobierno, va más allá de mirar de puertas para adentro, sino que tiene que hacer frente al descrédito generalizado que la clase política tiene a ojos de la opinión pública, tiene la obligación moral de hacer todo lo posible por volver a recuperar la confianza de los ciudadanos en el noble ejercicio de la política y la dignidad de las instituciones. Si lo hace, si demuestra que quiere hacerlo, es más que probable que eso, unido a un cambio de ciclo en la situación económica, le vuelva a dar al PP y a Mariano Rajoy una mayoría absoluta muy necesaria para volver a poner a España en condiciones de liderar el crecimiento europeo.
Pero, por el contrario, si lo que ofrece el Gobierno es complacencia y sensación de haber llegado al límite en esta materia, entonces puede ocurrir justo lo contrario: que la corrupción, la propia y la ajena, acabe por apear al PP del poder en unas condiciones para nuestro país muy complicadas como serían las de un Parlamento muy fraccionado con pequeños partidos en los extremos y formaciones nacionalistas controlando los destinos de España.
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