La sociedad civil aragonesa empieza a movilizarse para poner coto a los intentos expansionistas de los nacionalistas catalanes, que, además de reescribir una historia política inexistente (Reino de Cataluña), procuran anexionarse en sus mapas y libros de texto el territorio de Aragón Oriental.
Como ya se informó en su día, el Gobierno autónomo aragonés, presidido por la popular Luis Fernanda Rudi, ha interpuesto sendos recursos judiciales para que la Generalitat acate y cumpla las sentencias que obligan al Govern de Artur Mas a devolver los objetos sagrados que robaron durante la contienda de 1936.
Ahora se ha sabido, por medio de la denuncia efectuada por el investigador del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, Policarpo Sánchez, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permitió que la Generalitat se llevara documentos aragoneses que ahora mismo están depositados en el Archivo Nacional de Cataluña.
El investigador ha remitido esta misma semana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una carta en la que pide al jefe del Ejecutivo que haga cumplir la ley y la sentencia del Tribunal Constitucional para que devuelva al Archivo de Salamanca los documentos que erróneamente se llevó la Generalitat procedentes de Aragón (como otros de Asturias y de Madrid).
Sobre bases históricas y jurídicas documentadas, el investigador pide a Rajoy que impida el último envío de los documentos. Dicha salida estaba prevista el pasado 27 de agosto, pero finalmente se pospuso hasta octubre con la intención de mitigar las críticas a estos hechos de devolución de documentos a Cataluña, especialmente de los que no son suyos.
Policarpo Sánchez sostiene que más de cien documentos aragoneses están ahora en manos de Cataluña. ”Señor Presidente: Debe usted suspender ya esa ley que permite desgajar más documentos de Salamanca… No podemos contentar a los catalanes con el patrimonio archivístico que es de los demás…”
El investigador anuncia que, si el ministerio de Cultura autoriza esos envíos, presentará denuncia y recurso ante la Audiencia Nacional, donde aportará pruebas acerca del “robo” al Archivo de Salamanca. Un nuevo frente que se abre precisamente cuando Aragón ha puesto en manos de los tribunales otro caso de expolio, el de las pinturas de Sijena.
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