viernes, 21 de abril de 2017

Operación Lezo III: detenido López Madrid,consejero de OHL, y desfile en la Audiencia Nacional

La compañía defiende que sus procesos de licitación, adjudicación y contratación se han realizado con total transparencia.

Javier López Madrid. | EFE

No hay tregua en la Operación Lezo que alcanza su tercera jornada consecutiva. Ha amanecido este viernes con la noticia de la detención nocturna de Javier López Madrid, consejero de OHL que hasta ahora se encontraba en Inglaterra. El yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora, conocido por antigua amistad con los actuales reyes de España –doña Letizia le llamaba compiyogui–, es el 13º arrestado en esta investigación por presunta corrupción que tiene como principal rostro al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y como epicentro la empresa pública encargada Canal de Isabel II que dirigió entre 2003 y 2012.



No es la primera vez que un escándalo salpica a López Madrid. Está inmerso en la Operación Púnica que instruye el mismo juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, porque habría compartido yate y tropelías con Francisco Granados. El mismo juez investiga también la presencia de sus iniciales en las agendas de Beltrán Guitérrez, exgerente del Partido Popular de Madrid, y el propio Granados que sustentan la presunta financiación irregular de la formación. Es uno de los 65 condenados por el uso indebido de las tarjetas black y la titular del Juzgado de Instrucción nº39 de Madrid archivó con polémica la causa en la que estaba imputado por presunto acoso a la doctora Elisa Pinto, según la denuncia, con ayuda del comisario José Villarejo.
Comisiones millonarias a González

¿Por qué esta nueva detención? Según ha trascendido de la instrucción, declarada secreta, surge de una supuesta comisión de 1,4 millones de euros depositada en 2007 en una cuenta en Suiza, al parecer gestionada por testaferros. El presunto pagador, López Madrid; el presunto receptor, Ignacio González. Respondería a una contraprestación por el amaño del contrato público para la construcción del tren de Navalcarnero, otorgado por la Comunidad de Madrid a OHL. Casi una década más tarde de su concesión, dicho proyecto –estimado en 362 millones de euros– está enterrado y por imposibilidad de pagos por parte del Gobierno regional.

Esta constructora ha estado vinculada en otras ocasiones a casos de corrupción en el Partido Popular. Por ejemplo, en la adjudicación del contrato para la construcción del hospital Son Espases en Palma de Mallorca o en la Operación Púnica. Bajo el foco, además, la implantación del metro ligero a Pozuelo de Alarcón que costó 92 millones de euros. Probablemente como consecuencia de este ruido, las acciones de OHL en Bolsa perdieron este jueves más de un 10% de su valor de cotización.

Canal, Price, Indra, OHL, Saerco…

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil busca toda la documentación que ayude al juez Velasco esclarecer esta causa. Se centra en personas vinculadas al Gobierno madrileño de Ignacio González que habrían desviado fondos públicos para su propio beneficio cometiendo ocho presuntos delitos: prevaricación, organización criminal, malversación de fondos públicos, cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsedad documental y corrupción en los negocios. De esta hipótesis surgen los registros efectuados desde el miércoles. Los agentes han accedido a la sede de PwC –antes PriceWaterhouseCoopers–siguiendo la pista del familiar de un detenido.

También en Indra, donde investigan los contratos que firmaron con la empresa de informática de la Comunidad –la Agencia de Informática y Telecomunicaciones ICM–. José Martínez Nicolás, consejero de ICM, está imputado en Lezo y Púnica. Entre las compañías registradas figuran además el Canal de Isabel II, OHL, Saerco y Subastas Segre, presidida por la mujer de González, Lourdes Cavero, también investigada.
¿Freno de la Fiscalía?

La polémica está servida. Según fuentes del Ministerio Público, Manuel Moix, fiscal jefe de la unidad especial de Anticorrupción, intentó frenar las detenciones de la Operación Lezo, con especial ahínco la de Ignacio González. Los dos fiscales del caso que colaborar en contacto con Eloy Velasco, Carmen García y Carlos Yáñez, no aceptaron dicha orden puesto que la investigación contaba con el aval del anterior fiscal jefe Antonio Salinas y su colega Belén Suárez, que le sustituyó temporalmente.

Al parecer, se acogieron al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, según el cual, "el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola". La Junta dio el ok y culminaron las detenciones.

La Fiscalía General del Estado, dirigida ahora por José Manuel Maza, reaccionó con rapidez ante esta información. Maza, que seleccionó a Moix por ser de su confianza, distribuyó una nota en la que calificaba de "falso" que el jefe de Anticorrupción "haya intentado obstaculizar la investigación de Operación Lezo, iniciada por la Fiscalía en octubre de 2015, y judicializada posteriormente en el año 2016. Es igualmente incierto que se intentara paralizar la investigación en lo referido al expresidente de la Comunidad de Madrid Sr. González". A renglón seguido, reconocía la existencia de "puntuales discrepancias técnico- jurídicas en el seno de Fiscalía Anticorrupción que fueron resueltas en una Junta de Fiscales conforme a las previsiones del Estatuto".

Fuentes jurídicas consultadas aseguran que Manuel Moix permanece en contra del criterio de Eloy Velasco de imputar a los detenidos el delito de organización criminal.
Ronda de interrogatorios

Los interrogatorios a arrestados comenzaron este jueves en la Audiencia Nacional. Eloy Velasco tomó declaración a María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal, y al exgerente Adrián Martín. Acordó para ellos el ingreso en prisión eludible con fianza de cuatro millones y 100.000 euros, respectivamente, por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude. Ambos ingresaron en la cárcel hasta depositar las cuantías fijadas por su vinculación con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao que acometió el Canal de Isabel II en 2013 por un importe de 23 millones de euros.

Sin embargo, los primeros en acudir a la Audiencia Nacional fueron, en la mañana del jueves, dos imputados no arrestados. Se trata del presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y su actual director Francisco Marhuenda. Este último negó a la salida que hubiesen orquestado presiones a Cristina Cifuentes desde el diario. En contra, el magistrado maneja indicios de que coaccionaron a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid para que no siguiera tirando de la manta en el Canal. Ya por la tarde llegó el empresario detenido Adrián de la Joya, titular de la cuenta suiza donde López Madrid abonó la supuesta mordida a González. Según fuentes en el interrogatorio, ha confirmado la maniobra y se ha mostrado dispuesto a colaborar y facilitar documentación. Velasco le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.

El desfile es incesante este viernes en la Audiencia Nacional. El magistrado y los dos fiscales del caso reciben a los arrestados. Los primeros, Edmundo Rodríguez Sobrino y su secretaria Clarisa Guerra. Sobrino es uno de los principales imputados como supuesta mano derecha de González. Fue miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid cesado por la presidenta Cifuentes y, actualmente, es consejero delegado de la editora del diario La Razón. Al parecer, como responsable de las inversiones del Canal en el extranjero, habría provocado un agujero de 25 millones de euros públicos mediante la compra de una sociedad en Brasil a un precio desorbitado. Poseía distintas sociedades offshore administradas por un presunto testaferro y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido su ingreso en prisión incondicional. También ha prestado declaración su secretaria Clarisa Guerra.

Restan también los interrogatorios al propio López Madrid; a Ignacio González que, según fuentes consultadas, lo más probable es que ingrese en prisión incondicional si no confiesa; a su hermano Pablo González, protagonista del presunto blanqueo al que han cesado de forma fulminante de su cargo como directivo de la empresa pública Mercasa y a la compañera de éste María Jesús Prieto Jiménez; y su cuñado Juan José Caballero.

Otros de los arrestados que prestarán declaración es el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, investigado también en el caso Púnica.

Fernando Lorente 2017-04-21
http://www.libertaddigital.com/espana/2017-04-21/detenido-javier-lopez-madrid-consejero-de-ohl-en-la-operacion-lezo-1276597384/

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