La retirada del pasaporte al barón de la peineta nos devuelve la perspectiva. Por el auto del juez Ruz confirmamos que la caligrafía de Bárcenas, su visita al notario y el confeti de Ana Mato eran botes de humo.
Reaparece el fondo de la cuestión: la presunta financiación ilegal del PP y el enriquecimiento del su tesorero. A la sombra de Gürtel, por supuesto, en relación con las “elevadas cantidades de dinero procedentes de la organización del imputado Francisco Correa” que aquél recibía. De todo eso cuelgan los indicios delictivos “numerosos y contundentes” apreciados por la Fiscalía, concretados por ahora en el fraude fiscal, el cohecho y el blanqueo.
La primera en la frente. Luis Bárcenas declaró en la Audiencia Nacional que entre 1999 y 2007 el PP recibió la suma de 32,7 millones de euros en concepto de “donativos”, mientras que para un periodo más largo, el comprendido entre 1999 y 2007, la actual dirección del partido (informe interno entregado al Comité Ejecutivo el pasado 2 de febrero) sólo confiesa haber recibido 11,8 millones de euros por ese concepto.
Ahora resulta que en su mejor momento sus cuentas no alcanzaron los 22 millones de euros, como se suponía, sino 38. Él mismo lo confesó ayer ante el juez, el fiscal, la defensa y las acusaciones populares. ¿Se está curando en salud?
Ante tanta diferencia, más del doble, se comprende que, según reconoce la secretaria general, María Dolores de Cospedal, no haya ninguna empresa dispuesta a encargarse de la prometida “auditoría externalizada”. Ni inspector de Trabajo que entienda lo de la indemnización 'en diferido' para justificar la cobertura laboral prestada a Luis Bárcenas desde su teórico despido en abril de 2010 hasta la reciente aparición de las famosas listas. A la número dos se le escapó la palabra “simulación” y acabó de enredar la madeja. Al final no se sabe si estamos ante un salario con apariencia de indemnización, o una indemnización con apariencia de salario.
Como si Bárcenas estuviera necesitado de complementar con el sueldecito de Génova la fortuna acumulada durante sus casi veinte años de gerente y tesorero. Es decir, con el control de la llave y el libre acceso a la caja del PP, bajo la bien fundada sospecha de que eso le sirvió para aparcar en Suiza una “elevadísima cuantía de fondos cuyo origen es objeto de investigación”. Ahora resulta que en su mejor momento sus cuentas no alcanzaron los 22 millones de euros, como se suponía, sino 38. Él mismo lo confesó ayer ante el juez, el fiscal, la defensa y las acusaciones populares. ¿Se está curando en salud ante las comisiones rogatorias ya cursadas sobre otras cuentas suyas detectadas en Estados Unidos y Suiza? Eso parece, mientras insiste en que es legítimo el origen de su fortuna personal. Difícil de creer cuando tanto se ha esforzado en ocultarla a la Hacienda Pública.
La derivada política me lleva a reproducir textualmente lo que dijo la semana pasada el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, en relación con el caso: “Fallaron los controles y se relajó la exigencia ética”. Un amago de contrición que, a mi juicio, debería tener continuidad e incorporarse inmediatamente al libro de estilo de los dirigentes del PP.
Empezando por Rajoy, al que nadie imagina como un colaborador necesario del extesorero, pero sí como el consentidor que sabe, pero no actúa por evitar males mayores (pecar por omisión) o porque no sabe (pecar por desconocimiento). En cualquiera de los dos casos, la contrición sería liberadora para el presidente del Gobierno, que no tiene ninguna necesidad de aguantar al barón de de la peineta.
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