No hay institución en España (Corona, partidos, ayuntamientos) que no esté afectada por el virus de la corrupción. En algunas de sus más graves manifestaciones: prevaricación, tráfico de influencias o cohecho.
Sigue el culebrón Bárcenas y vemos como algunos políticos se libran de la cárcel. Los escándalos en la casta política continúan siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza de los españoles. En el último barómetro del CIS se observa que la corrupción es la segunda preocupación de los ciudadanos (32,5%), tras el paro (80,5%).
Y no es de extrañar. Según un estudio de la Universidad de La Laguna, hasta 676 de estos casos se produjeron entre los años 2000 y 2010. El boom urbanístico, basado en la construcción masiva de terrenos recalificados, sería la causa del aumento de tejemanejes y acuerdos turbios entre el sector empresarial y el político.
Otros cálculos contabilizan que en nuestro país hay cerca de 300 imputados por delitos de corrupción política y económica. La prevaricación, el cohecho, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias, la estafa y la apropiación indebida, entre otros, han supuesto más de 1.200 millones de euros perdidos a las arcas públicas.
En la actualidad, los Juzgados y Tribunales tramitan un total de 2.173 procedimientos considerados de especial complejidad, de los cuales 1.661 corresponden a causas que afectan a ese tipo de delitos, según informa el Consejo General del Poder Judicial.
Por territoriosAndalucía y Valencia encabezan la lista de las comunidades autónomas más corruptas durante esta década, 154 y 94 escándalos respectivamente. Entre los hechos más destacados se encuentran la trama de los ERE, una presunta red orquestada desde la Junta que defraudó fondos públicos durante más de diez años. O el caso Gürtel, una supuesta connivencia corrupta entre empresarios y políticos del Partido Popular valenciano.
Sin embargo, en términos relativos, la Región de Murcia lideró este tipo de actividades delictivas. Este territorio congrega el mayor número de municipios afectados por la corrupción (57,8%), en parte, por ser la comunidad con menos ayuntamientos, 45.
El estudio también señala a los dos principales partidos políticos como los responsables del fraude público: un 44% de los municipios están gobernados por el PP y un 31,2% por el PSOE. Les sigue de cerca los partidos autonómicos, nacionalistas, regionalistas y locales (22,3%) y con un 2,7% se desmarca Izquierda Unida.
Y es que la delincuencia se produce desde los cargos municipales hasta las altas esferas. La trama ITV, en Cataluña, apunta directamente a la Generalitat, donde se estima que se movió de forma ilegal cerca de 5 millones de euros. O el actual caso Bárcenas, orquestado por el ex tesorero popular y que tendría en jaque a todo el Gobierno por cobrar, supestamente, sobresueldos ilegales.
Pero no son los únicos. La epidemia se extiende también a otros ámbitos, dejando en evidencia la corruptela de quienes tienen el mando. Con el caso Blesa, la Justicia estaría investigando si el ex presidente de Caja Madrid cobró comisiones opacas por la compra del Banco de Florida. Pasando por la Casa Real, donde el yerno del rey está imputado por las irregularidades de los convenios del Instituto Nóos y el gobierno balear.
CRISTINA ALCALÁ
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