Desde los tiempos de Nixon no se veían políticas tan agresivas: Informe del CPJ
Nueva York - Las políticas agresivas del gobierno de Barack Obama contra filtraciones y el control de información oficial no tienen precedente, ponen en duda la promesa del presidente de que encabezaría el gobierno más transparente en la historia del país, y dañan la libertad de prensa en Estados Unidos, concluye un amplio informe elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) difundido hoy.
“La guerra de la administración Obama contra las filtraciones y otras iniciativas para controlar la información, son las más agresivas que he verificado desde la administración del presidente Richard Nixon, cuando yo era uno de los editores involucrados en la investigaciones del Washington Post sobre el caso Watergate”, afirma el autor del informe Leonard Downie, Jr, ex editor ejecutivo del Post.
En el gobierno de Obama, señala, los funcionarios tienen cada vez más temor de hablar con los medios. El informe El gobierno de Obama y la prensa detalla las políticas y las medidas promovidas por este gobierno para controlar la información oficial así como para proceder contra los que se atreven a compartirla.
El informe afirma que, de acuerdo con 30 periodistas de larga experiencia de los principales medios que cubren Washington entrevistados en esta investigación, pese a la promesa de Obama de encabezar el gobierno más abierto, sus políticas han inhibido el intercambio entre periodistas y fuentes oficiales.
Ninguno recuerda un precedente para este tipo de medidas de control de la información oficial. Cita lo escrito recientemente por la editora pública del New York Times, Margaret Sullivan, de que está acabando por ser una administración de secretismo y ataques contra una prensa libre sin precedente.
El informe registra que este gobierno ha promovido una cifra récord de investigaciones penales por filtraciones de información oficial clasificada. Por otro lado, indica que el llamado Programa contra amenazas internas implementado por este gobierno –y revelado recientemente por la cadena de periódicos McClatchy– ordena a los empleados federales vigilar el comportamiento de sus colegas como medida de control de la información. Además, detalla el empleo de órdenes judiciales secretas que autorizan la intervención de las comunicaciones electrónicas de periodistas en este país.
“Desde 2009, seis empleados gubernamentales –además de dos contratistas, entre ellos Edward Snowden– han sido objeto de procesos penales por delitos graves, de conformidad por lo previsto por la Ley sobre Espionaje de 1917, por filtrar información clasificada a los medios, comparado con un total de tres en todos los periodos presidenciales anteriores en la historia de Estados Unidos. Ello sin contar que se han iniciado otras investigaciones penales en torno a filtración de información. En dos de esas investigaciones el gobierno solicitó y confiscó de manera secreta los correos electrónicos y el registro de llamadas telefónicas de los periodistas”, sostiene el informe, el primero elaborado por CPJ sobre Estados Unidos.
Recuerda que un reportero de la cadena Fox News fue acusado de ser cómplice, instigador y/co-conspirador de una persona acusada de filtraciones, colocando al periodista en riesgo de un proceso penal por su trabajo periodístico. En otro caso, a un reportero del New York Times se le ha ordenado declarar contra una persona acusada de filtraciones y ante ello arriesga ser enviado a la cárcel.
Todo esto está congelando el intercambio de información y por lo tanto el ejercicio periodístico de obligar al gobierno a un rendimiento de cuentas, advierten los autores. Aquellos sospechosos de discutir con periodistas cualquier cosa que el gobierno ha clasificado como secreto son sujetos a investigación, incluyendo exámenes de polígrafo y escrutinio de sus registros de teléfono y correo electrónico, afirman.
Por lo tanto, el informe reporta que los funcionarios están cada vez más renuentes a conversar con periodistas, mientras éstos temen comunicarse con sus fuentes en el gobierno ante el temor de que dejarán una huella que podría dañar a ambos. Eso genera un clima de miedo que inhibe la función periodística.
No sólo eso, sino los periodistas entrevistados para la elaboración del informe se quejan de que los voceros gubernamentales frecuentemente no responden a solicitudes u ofrecen escasa información más allá de la oficial que difunden de manera muy efectiva en las redes sociales y sitios de Internet del gobierno.
Esta es la administración más cerrada y obsesionada por controlar la información que yo haya cubierto, afirmó David Sanger, veterano corresponsal del New York Times en Washington.
La administración Obama ha mostrado un extremo afán de control y resistencia respecto de la intervención de los medios. Existe una manera de pensar y un enfoque en el sentido de mantener a la mayor distancia a los periodistas, comentó Michael Oreskes, editor de alto rango de la agencia Associated Press (Ap), la más grande de Estados Unidos.
Downie concluye su informe escribiendo que Obama enfrenta varios desafíos en el resto de su periodo que definirán su legado. Uno de ellos es cumplir su primera promesa: hacer de su administración la más transparente en la historia de Estados Unidos en un contexto de preocupaciones por la seguridad nacional, incertidumbre económica, polarización política y rápidos cambios tecnológicos. Su éxito o su fracaso pueden tener un impacto duradero en la rendición de cuentas de los actos del gobierno estadunidense y en la posición de Estados Unidos como ejemplo internacional de la libertad de prensa.
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