El consejero de Economía y Conocimiento catalán, Andreu Mas-Colell, junto a Cristóbal Montoro en una foto de archivo
Los empresarios catalanes han convertido al Ministerio de Hacienda en su principal interlocutor. Han tenido que abrir una línea permanente de diálogo para buscar respuestas a sus problemas de liquidez, ante la falta de soluciones por parte de la Generalitat de Cataluña. La quiebra financiera del Gobierno de Artur Mas le ha colocado en un segundo plano ante la patronal catalana, que mira hacia Madrid en busca de ayudas para sus necesidades más inmediatas, vía iniciativas como el Plan de Proveedores. Otros 2.200 millones de euros necesita Cataluña para atender facturas sin pagar. Los empresarios llaman a Hacienda y vienen también a Madrid, y lo mismo hace con discreción el consejero de Economía y Hacienda, Andreu Mas-Colell. En las últimas fechas ha tenido una larga conversación con el ministro Montoro.
Estos datos confirman que la Generalitat sigue negociando bajo cuerda con el Gobierno para resolver sus problemas financieros al margen de la tensión política que Artur Mas alimenta. Ahí están iniciativas recientes como el informe sobre los supuestos incumplimientos y deudas del Estado con Cataluña.Nada más hacerse público este informe, con datos de lo más variopintos, Hacienda anunció que preparaba una réplica que daría a conocer en cuanto la tuviera redactada.
El Ministerio ha ido dando largas a la publicidad de esta respuesta, aunque al mismo tiempo desde hace semanas sostienen que las cifras de esa réplica están ya recopiladas. Las razones del aplazamiento son puramente políticas. El Gobierno se ha embarcado en una nueva estrategia de aproximación a la Generalitat para reforzar el diálogo institucional. Esto exige dejar a un lado los desplantes de las últimas fechas y no entrar en las «provocaciones» de Mas, explican en Moncloa.
Ayer, en TVE, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, confirmó que Hacienda no redactará un «contrainforme» sobre los supuestos agravios del Gobierno central con Cataluña hasta que «el conjunto de la parte catalana se ponga de acuerdo». Beteta recordó que después de que la Generalitat cifrase en 9.376 millones de euros la deuda del Estado con Cataluña, el presidente de la comisión bilateral, Josep Antoni Duran Lleida, «dijo que no le constaba esa cifra». «El señor Duran dijo que él creía que eran 700 y pico millones, y al día siguiente el Gobierno de la Generalitat le dijo que había deudas y deudas», enfatizó. Beteta defendió que una deuda es un concepto vencido, líquido y exigible, así que si no es ni una cosa ni la otra, «será una reclamación moral pero no una deuda».
En esta argumentación justificó la decisión del Gobierno de esperar a ver «cómo la parte catalana termina por concretar y definir» sus reclamaciones. Reconoció, eso sí, que ya han estudiado pormenorizadamente los conceptos incluidos en los 51 folios del documento. Pero él no opinará hasta que lo haga «el conjunto del Ministerio».
En cualquier caso, entre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores, Cataluña ha percibido ya casi 21.000 millones del Estado.
«Gestiono un fracaso»
En los últimos tiempos, existe un descontento creciente entre el empresariado catalán por la deriva independentista de Mas. Tal y como publicó LA RAZÓN la semana pasada, varios empresarios han tenido reuniones con el presidente del Gobierno y con su entorno para pedir que se recupere el diálogo. La situación es tal que el conseller de Presidencia, Francesc Homs, llegó a decir a un empresario: «Estoy convencido de que gestiono un fracaso».
Mas dobla el presupuesto para reforzar la acción de sus «embajadas»
«Reforzar las delegaciones del Govern en el exterior y mejorar el estatuto de la lengua catalana en la UE». Ésta es una de las prioridades que recogen los presupuestos de 2014 presentados ayer por la Generalitat. Tanto es así que Artur Mas doblará los recursos para sus cinco embajadas, que pasarán de 1,1 millones a 2,2 millones, aunque la partida de Exteriores no experimentará subidas en su conjunto. Tras cuatro años acometiendo recortes y excediendo los límites de déficit autonómicos fijados por el Gobierno, la Generalitat presentó un proyecto para 2014 que debe servir para revertir estos fenómenos.
El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, proclamó que los tijeretazos han finalizado y que, por primera vez desde que estalló la crisis, se cumplirá el objetivo de déficit (el 1 por ciento). Para posibilitar la cuadratura del círculo, la Generalitat modificará al alza una treintena de impuestos (algunos serán de nueva creación) y, sobre todo, realizará una privatización masiva de activos públicos mediante concesiones y ventas de patrimonio. El incremento de ingresos derivado de las nuevas tasas permitirá una recaudación extra de 43,7 millones –que hay que elevar a 909,5 millones si se tiene en cuenta el impacto de todas las medidas fiscales adoptadas desde 2012–, mientras que las ventas y concesiones deben posibilitar unos ingresos de 2.318 millones. Esta última cifra quedó de inmediato bajo sospecha porque Mas-Colell evitó concretar cómo piensa obtener la multimillonaria cantidad.
«Son estimaciones basadas en nuestros análisis. De ahí no me moveré», zanjó el conseller, que se negó a detallar si va privatizar las depuradoras catalanas o si va a vender terrenos del Incasòl (Instituto Catalán del Suelo) para lograr más de 2.000 millones. Escuchadas sus explicaciones, se hace difícil concebir que la Generalitat se salga con la suya, ya que en anteriores ejercicios tampoco se incumplieron las previsiones en este ámbito.
A lo largo de la presentación de los presupuestos de 2014 –que ya están prácticamente pactados con ERC–, Mas-Colell subrayó que no sólo preservan sino que aumentan la protección social con más gasto destinado a rentas mínimas de inserción, becas-comedor y lucha contra la pobreza infantil. En realidad, la distribución del gasto por departamentos es casi un calco de la prórroga presupuestaria de 2013, lo que significa que se mantienen buena parte de los recortes iniciados el año 2012. Uno de los datos más preocupantes es que la deuda de la Generalitat continuará aumentando el año que viene y se situará muy cercana a los 60.000 millones, lo que representa un 30 por ciento respecto al PIB.
06 de noviembre de 2013. 02:50h Marcos Pardeiro.
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