Choque entre un policía y unos manifestantes que hacían fotos durante una protesta en Madrid.
España es el único país del mundo que no admite la inspección internacional de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE)
Sobre su curioso régimen de monarquía de partidos o partitocracia, lo que le ha llevado a incluirla en la “lista negra” de países con libertades restringidas, donde figuran Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rusia, Bulgaria, Albania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstan y Kosovo. Mientras condena a España, la OSCE valora los avances democráticos producidos en Turkmenistán, Afganistán, Moldavia, Kazajstan, Bielorrusia, Azerbaiyán, Ucrania y Montenegro en política penitenciaria, fronteriza, judicial, industrial, libertad de prensa, propiedad intelectual, violencia de género y medio ambiente, según la relación de los comunicados de condena similares a los que han tenido al régimen español como protagonista.
Por el contrario, Grecia, Italia, Portugal, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Croacia, Hungría, Italia, Moldavia, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Ucrania sí han permitido a la OSCE inspecciones de diplomáticos independientes en calidad de observadores para vigilar si se dan las condiciones democráticas en torno al derecho de reunión y manifestación de sus compatriotas.
Diplomáticos de todo el mundo han contemplado estupefactos cómo España reprime el derecho de manifestación y de reunión de sus ciudadanos y comienzan a explicarse así como un país con seis millones de parados, dos millones de exiliados y un millón de niños malnutridos no se lanza con más asiduidad a la calle contra sus autoridades. De hecho, las notas de la OSCE son de lectura obligatoria en el mundo diplomático y se reciben en las embajadas de todos los países adscritos a la misma.
Este organismo oficial europeo que vigila las libertades de los países que desean corroborar su calidad democrática tuvo que emitir el pasado viernes un comunicado oficial desde Viena (Austria) en el que condena a España por la expulsión de seis diplomáticos que venían a inspeccionar la manifestación que bajo el lema “Jaque al Rey” pretendía protestar contra la corrupción de la Corona española y la ausencia de un referendum que la legitime por el pueblo, junto a la exigencia de un proceso constituyente que consagre las principales características de los regímenes democráticos: división de poderes, elección directa de representantes, libertad de manifestación y reunión, etc…
Perplejidad diplomática
La OSCE es hoy la organización mundial políticamente más influyente del planeta y a ella está adherida España, lo que ha dejado perplejos a los diplomáticos demócratas: “Con 57 Estados de Europa, Asia Central y América del Norte, la OSCE es la mayor organización de seguridad regional del mundo” señalan, y en efecto en su plantilla figuran los seis observadores expulsados de España: Omar Fisher, Irina Urumova, Aleksandra Dloubak, Bartlomiej Lipinski, Marcin Jezulin y Yevgenia Aretisova.
En un gesto poco habitual y cargado de significado, el comunicado oficial de OSCE contra España está firmado por el diplomático esloveno Janez Lenarcic, máximo representante y director de la Oficina encargada de fiscalizar las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OSCE/ODIHR). El embajador Lenarcic recuerda que España se comprometió ante la comunidad internacional a garantizar la libertad de reunión y el control internacional que lo verifique debe estar siempre preservado.
Con la llegada de un nuevo Gobierno del PP y la alianza estable con el PSOE en cuanto al régimen monárquico se refiere, lo único que ha podido verificar la OSCE es que “este cambio es sorprendente”, pues antes las autoridades diplomáticas podían comprobar el estado de las libertades en España “con buena cooperación” y ahora no pueden, ya que sus representantes son expulsados.
Hace cuatro meses, concretamente en el mes de mayo, el presidente Mariano Rajoy y el ministro García Margallo “se comprometieron a cooperar plenamente” con la OSCE para que sus inspectores pudieran confirmar el estado de las libertades en España. Tras las imágenes que inundaron las televisiones y periódicos de medio mundo con la brutal represión de la masiva manifestación de “Rodea el Congreso”, convocada por la “Coordinadora 25-S” (la misma asociación ciudadana que organizó “Jaque al Rey”), los diplomáticos internacionales se temían lo peor.
Y en efecto así ocurrió: 1.400 policías para una cifra de entre 2.000 y 9.000 manifestantes, según el Gobierno o los organizadores, pero además detenciones previas, identificaciones masivas, el cierre de una estación de metro (Opera) para impedir el acceso, bloqueo de autobuses con participantes, etc… Durante el pasado 25-S, todo esto fue acompañado además de prolongadas retenciones en comisaría, multas, agresiones policiales y hasta “confiscación” de material “subversivo”, pues la Delegación del Gobierno de Madrid que dirige la aún convaleciente Cristina Cifuentes alegaba que los palos de las banderas y las pancartas eran en realidad instrumentos preparados para “agredir” a la policía.
El embajador Janez Lenarcic, no obstante, ya no parece creerse la versión de las autoridades españolas al impedir su comprobación: “La oposición repentina por parte de las autoridades españolas nos plantea preocupación sobre sus intenciones”, dice la OSCE en su nota pública, al tiempo que pide a los políticos españoles en el poder que “garanticen el pleno respeto a la libertad de reunión pacífica de acuerdo con compromisos de la OSCE y otras normas internacionales de derechos humanos.”
El hecho es que para la OSCE cada país tiene su problema y las protestas ciudadanas así lo reflejan, por lo que es la represión de los Gobiernos lo que lo deja en evidencia. En España es “la institución de la Monarquía”, en Serbia es la igualdad homosexual, en Rusia, Azerbayán, Uzbekistán y Kazajistán la libertad de prensa, etc…
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