el consejero puig lo niega en el parlament
El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)
El Gobierno catalán ordenó espiar a ciudadanos. Tal y como suena. Como en cualquier república bananera. Durante los últimos días, los máximos responsables del Gobierno catalán, desde su presidente, Artur Mas, hasta el consejero de Presidencia, Francesc Homs, han insistido varias veces al día en que Cataluña no es una república bananera, sino una democracia occidental. Y como tal hay que tratarla. Pero, a la vista de los documentos que están aflorando, las dudas crecen como la espuma.
El 24 de febrero del 2012, a las 19.26 horas, el grupo de Información de los Mossos d’Esquadra envía un correo electrónico al director de la Policía Autonómica, Manel Prat, adjuntándole un listado de cuentas de Twitter que se deberían controlar. Entre ellos, de algunos significados “activistas” sociales implicados en movimientos ciudadanos, como el 15M, en la huelga de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) que entonces se llevaba a cabo y en actividades de protesta ante el Congreso de GSM que la semana siguiente se iba a llevar a cabo en la Fira de Barcelona. En total, se adjuntaban 35 cuentas de dicha red social: cuatro “twitters de éstos que puede utilizar la persona de interés” y siete “hashtags en relación con la huelga de TMB”.
A las 19.53, es decir, 27 minutos más tarde, Prat reenvía el listado a Carles Flamerich, director general de la Dirección General de la Sociedad de la Información, en otras palabras, el organismo oficial que controla directamente el Centro de Información de la Seguridad (Cesicat), el núcleo de lo que pretendía ser el CNI catalán. “Ahora te los he marcado en negrita”, le dice Prat a Flamerich. Le quería decir con esto cuáles eran las cuentas “preferentes” a vigilar.
En el documento adjunto a ese correo electrónico, figura como autor “DGSC”, que se corresponde con la Dirección General de Seguridad Ciudadana. La compañía para la que se hace es Mossos d’Esquadra y el título no deja lugar a dudas: Listado de twitters muy activos en relación con el movimiento 15-M, la huelga de TMB y otros… En las propiedades del documento también se da cuenta del usuario que lo guardó: 002020. En aquel momento, los Mossos d’Esquadra estaban comandados por Felip Puig, consejero de Interior, otrora hombre fuerte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
El exconseller de Interior, Felip Puig. (EFE)Durante la sesión plenaria que ayer tuvo el Parlamento catalán, el consejero Felip Puig, del que entonces dependían los Mossos d’Esquadra y ahora el Cesicat (dos unidades internamente muy relacionadas), negó cualquier tipo de espionaje.Puig no conoce ningún tipo de espionaje. No sabe si ha habido espionaje a líderes sociales. No sabe si ha habido estudios para crear una agencia de inteligencia del Gobierno catalán. No sabe nada. En realidad, lo niega todo. Casi casi, el Cesicat no existe. El actual consejero de Empresa y Empleo negó la mayor y dijo que el CNI catalán es una “fabulación” de “digitales” que se apoyan en documentos “apócrifos”. No dio más detalles.
Aceptó, no obstante, que hubo un robo de datos confidenciales en el 2011. “Una acción internacional que afectó a más de seis millones de usuarios, a un volumen de entre 3.000 y 4.000 correos de la Generalitat, de los 170.000 que tenemos, pero tomamos medidas, se cambiaron las contraseñas y se arregló el tema”, aseguró. Falso. Este diario continúa teniendo acceso a documentos confidenciales del Gobierno catalán porque no se han cambiado los datos de las credenciales. Y aceptó también que, en caso de alcanzar la independencia, Cataluña habría de tener unos servicios de inteligencia, aunque afirmó que su núcleo no sería el Cesicat. En este sentido, algunos dirigentes de CDC aseguran que estos servicios de inteligencia deberían estar fuera de la estructura de la Generalitat y que, en caso de que alguien de Cesicat o de Mossos d’Esquadra entrase a trabajar para la Agencia Nacional de Seguridad, debería pedir la baja de su actual trabajo, tal y como lo exige también el CNI español.
Lo cierto, sin embargo, es que, desde el mes de julio, Felip Puig ha estado esquivando explicaciones ante las reiteradas llamadas de El Confidencial, que tenía información y documentos tanto de problemas internos de la Generalitat que le afectaban como sobre algunas actividades supuestamente irregulares que el Gobierno catalán estaba llevando a cabo. Las huellas digitales de los documentos en poder de este diario desmienten rotundamente al consejero y demuestran que todos los documentos, tanto los referidos a los seguimientos a activistas como a la creación del CNI catalán, fueron realizados dentro de las estructuras del Gobierno de la Generalitat. Y con la anuencia de altos cargos.
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