CARTAS DE UN EMPRESARIO A GRIÑÁN Y FERNÁNDEZ
Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (i) y Manuel Chaves. (EFE)
La Junta de Andalucía miró para otro lado en la denuncias de Ernesto LeFranc, expropietario de la Academia Integral de Málaga, que alertó ya en 2007 de un presunto fraude en la justificación de los gastos de los cursos de formación sin que ningún responsable político del Gobierno andaluz “hiciera nada por investigarlo”, según han resaltado fuentes consultadas por El Confidencial.
Este empresario envió cartas exponiendo el caso a los exconsejeros José Antonio Griñán, de Economía y Hacienda; y Antonio Fernández, de Empleo (ambos del equipo de Gobierno de Manuel Chaves); al exdelegado provincial en Málaga, Juan Carlos Lomeña, y a Isabel Almendro, jefa del Servicio de Formación de Empleo, la que inició una caza de brujas entre sus subordinados. Almendro pertenece a Educación, la consejería que tiene ahora las competencias. Ni Griñán, ni Fernández, ni Lomeña ni Almendro contestaron. Los hechos ya los tiene en su conocimiento la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía, que investiga el caso Edu en toda Andalucía con indicios de fraude masivo.
LeFranc estuvo 13 años al frente de este centro de formación, durante cuya gestión recibió tres millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para los cursos FPO (Formación Profesional Ocupacional) a través de fondos europeos. El centro ha seguido recibiendo ayudas de la Junta, que ha ignorado las denuncias. En 2009 logró 229.000 euros, como consta en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) del 23 de octubre de ese año. El 4 de noviembre de 2008 también recibió una subvención de 205.000 euros, firmada por el exdelegado Lomeña, uno de los responsables políticos sobre el que se centra la primera fase de la investigación de la UDEF y que declaró a este diario el pasado 16 de abril: “La falsificación puede aparecer en cualquier momento. Si te falsifican, te falsifican. A ti y al sursum corda”.
“La Junta sabía todo esto, pero no importaba. Las academias que estábamos metidas en esta trama nunca éramos auditadas. Si no entrabamos por ahí no habían cursos ya que estos se otorgaban, según la Junta, de modo discrecional”, indican fuentes consultadas por El Confidencial que aseguran haber puesto en conocimiento todo este modus operandi y falta de procedimiento a la UDEF.
El empresario de origen cubano, que estuvo 20 años residiendo en la Costa del Sol, presentó también una denuncia penal. En el escrito judicial al que ha tenido acceso este diario, del 27 de abril de 2007 en el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga, LeFranc explica que cuando se separó de Nieves Jerónimo Contreras, esta asumió en marzo de 2006 el puesto de administradora única de Integral S.L. tras hacer uso de su mayor porcentaje de capital social en la entidad mercantil que regula la academia.
Foto: Agustín Rivera.
“A partir de entonces, esta señora viene firmando documentos de seguimiento de los cursos y de justificaciones de gastos en mi nombre, que han sido entregados por Registro por la Academia Integral como si fuera yo quien realmente estuviera realizando dicha labor”, explica. Según el empresario, su exmujer habría supuestamente falsificado su firma “insertándola en numerosos documentos para legalizar o dar una apariencia de legalidad a algo que desde hace tiempo ya no es de mi competencia y que no he podido fiscalizar”.
Santiago Souviron, abogado de Nieves Jerónimo, reconoce en conversación telefónica con El Confidencial que la firma no es la de Ernesto LeFranc Veulens, sino la de Ernesto LeFranc Jerónimo, hijo de Ernesto y Nieves. “Sabía perfectamente que la firma era la de su hijo, pero como estaba en el proceso de divorcio lo que se pretendía era hacer daño, que no le dieran los cursos y paralizar cualquier beneficio de Academia Integral”, explica Souviron a este diario. LeFranc Veulens es un trabajador de la empresa que tenía “poderes para actuar en nombre de la academia otorgados por su propio padre y así se acreditó en las diligencias penales”. Según este abogado, la Audiencia Provincial de Málaga archivó en 2006 la denuncia de LeFranc padre sobre las supuestas firmas falsas.
Un negocio muy lucrativo
LeFranc también alerta de que las subvenciones que recibían centros de formación como Integral estaban basadas en el llamado Módulo A (gastos salariales de profesores principalmente) y el Módulo B (gastos de material). En el Módulo A se declaraban sueldos de profesores que podrían ascender a alrededor de 3.500 euros mensuales. “La entidad contrataba al profesor por 800 euros y se quedaba con la diferencia. Además, los gastos nunca se cuestionaban por los funcionarios”, especifica la denuncia en el juzgado.
El negocio resultaba muy lucrativo. En el llamado Módulo B, denuncia LeFranc,los gastos de material didáctico se podrían haber justificado “con facturas falsas o, simplemente, facturas que no existen”, según el empresario. Estos cursos tenían también una subvención que estaba destinada a los alumnos para realizar prácticas en empresas. “Como la mayoría de los alumnos no existían, la entidad se queda también con el dinero destinado a estas practicas”, añade.
Foto: Agustín Rivera.
El negocio resultaba muy lucrativo. En el llamado Módulo B, insiste LeFranc, los gastos de material didáctico se podrían haber justificado “con facturas falsas o, simplemente, facturas que no existen”, según el empresario. Estos cursos tenían también una subvención que estaba destinada a los alumnos para realizar prácticas en empresas. “Como la mayoría de los alumnos no existían, la entidad se queda también con el dinero destinado a estas prácticas”, añade.
La deuda de la Junta y los 144.125 euros
El abogado de Nieves Jerónimo explicó a El Confidencial que la Academia Integral sí había hecho todo los cursos que había organizado, que habían presentado “toda la documentación” y que la Junta de Andalucía incluso les debía cursos de formación realizados, pero no abonados por la Administración autonómica. “A mi cliente se le debe dinero de parte de los cursos de los últimos años”, remarca.
El director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, Andrés Sánchez Hernández, firmó el 31 de enero de 2011 la concesión de una subvención de 144.125 euros a Ernesto LeFranc Jerónimo dentro del programa 32D Formación para el Empleo, como acredita el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 12 de julio de 2011.
Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-09/la-junta-andaluza-ignoro-desde-2007-las-denuncias-de-fraude-en-cursos-de-formacion_127035/
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