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Argentina: aprueban ley ambiental “a la medida de Monsanto”
En la provincia de Córdoba, la Legislatura aprobó una nueva ley ambiental provincial que abre paso a la multinacional que desde hace meses persiste en sus intentos de instalarse en la localidad de Malvinas Argentinas, con la planta de secado de semillas de maíz más grande del mundo. Para sesionar, el gobernador Manuel De la Sota montó un gran operativo policial que tras la represión, concluyó con más de 20 detenidos y varios heridos.
El miércoles por la tarde, en la capital cordobesa, se aprobó el nuevo proyecto de Ley Ambiental con el apoyo de la mayoría del cuerpo legislativo -a excepción del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) cuyos representantes votaron en contra y del Frente para la Victoria (FPV) que decidió abstenerse-, luego de haber despachado el proyecto dos horas del inicio de la sesión.
La medida fue impulsada por el oficialismo, Unión por Córdoba (UPC), y contó con el apoyo del Frente Cívico y Social (FCyS) y la Unión Cívica Radical (UCR) que lograron introducir reformas al texto original. De acuerdo al Ejecutivo provincial, la nueva ley sancionada “complementa” el marco normativo de la Ley Nacional de Ambiente, que establece los presupuestos mínimos para lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente, preservación y protección de la diversidad biológica e implementación del desarrollo sustentable.
Tras meses de resistencia del pueblo cordobés a la injerencia de Monsanto en la provincia, el gobernador Manuel De la Sota anunció el proyecto en febrero para promover la “convivencia ambiental”. Sin embargo, desde los distintos espacios que llevan adelante la lucha contra la multinacional -Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Vecinos Autoconvocados y Madres de Barrio Ituzaingó Anexo-, denuncian que la nueva legislación “está hecha a medida de Monsanto y de los mega emprendimientos” al tiempo que destacan que no fueron convocados a participar del debate .
Quienes votaron contra el proyecto en la Legislatura, aseguran que no se fundamenta en un diagnóstico de las condiciones ambientales actuales de la provincia y concentra mucho poder en la autoridad de aplicación, mientras que la audiencia pública y la consulta popular -ambas de carácter no vinculante- quedan debilitadas.
Asimismo, sí bien la nueva ley establece que los emprendimientos a los que se les haya rechazado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no podrán volver a presentarse, Monsanto podrá hacerlo debido a que la ley no es retroactiva.
Tras dos instancias de postergación del debate en la Legislatura por supuestas “complicaciones”, la multinacional anunció que el nuevo estudio estará listo en el próximo julio, y será confeccionado por URS Corporation, una consultora estadounidense que ha realizado otros EIA para empresas megamineras que operan en el país.
En febrero, la Secretaría de Ambiente de Córdoba rechazó el estudio presentado por Monsanto por considerar que no se identificaban los impactos relevantes ni se presentaba documentación repaldatoria suficiente. Tras esta instancia, De la Sota anunció el nuevo proyecto de ley.
La represión
Luego de que numerosos manifestantes, provenientes en su mayoría de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Vecinos Autoconvocados y Madres de Barrio Ituzaingó Anexo junto a otras organizaciones políticas, se hicieran presentes en las inmediaciones de la sede legislativa, las fuerzas policiales comenzaron a reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma.
Como de la saldo de la represión, 26 personas fueron detenidas y otras tantas resultaron heridas. Durante las primeras horas de la noche, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad se negaron a dar los nombres de los detenidos al tiempo que prohibieron el acceso a los abogados de los militantes de las distintas organizaciones.
Entre los detenidos se registraron, una persona con problemas de salud, un menor de edad y una joven discapacitada que se dirigía a comprar medicamentos, los tres fueron liberados. El resto aún permanece privado de libertad por lo que las organizaciones que participaron de la manifestación el día anterior mantienen un corte este jueves en el Puente Centenario para reclamar por su libertad.
El megaproyecto
Con el apoyo de los gobiernos nacional y provincial, Monsanto busca instalar la mayor planta procesadora de granos en Malvinas Argentinas, una localidad a 14 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Tras una inversión de mil 500 millones de pesos, la multinacional se instalará sobre la ruta 118 en un predio de 28 hectáreas. El megaproyecto tiene por objetivo el tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz para la siembra, con una producción de hasta 3,5 millones de bolsas de semillas.
Se trata de una iniciativa que va en consonancia con el llamado PEA 2020 que anunció del Ministerio de Agricultura de la nación, cuyo objetivo es convertir a la Argentina en “un líder agroalimentario mundial”, aumentando la producción de granos en un 58 por ciento, lo que implica ampliar la superficie sembrada en un 27 por ciento -el equivalente a 42 millones de hectáreas-.
Frente al avance del agronegocio de la mano de las multinacionales, desde el pasado 18 de septiembre, los vecinos de Malvinas Argentinas mantienen un bloqueo en la entrada del predio de Monsanto para impedir el paso de camiones para la construcción de la planta de semillas. La medida de lucha fue reprimida varias veces por la policía de la provincia y patotas enviadas por la multinacional, quienes buscaban amedrentar a los manifestantes para que levantaran el acampe. Asimismo, a comienzos de enero, la justicia prohibió a la multinacional la construcción de la planta hasta tanto no presentara el estudio de impacto ambiental.
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