La confesión de Jordi Pujol el pasado 25 de julio puso en jaque a toda la familia del expresidente de la Generalitat. Ese día mandó un comunicado público para anunciar que su mujer, Marta Ferrusola, y varios de sus hijos habían regularizado una herencia de su padre tras ocultarla al fisco durante treinta años.
La razón de esta ‘inmolación’ pública todavía se desconoce. Algunos creen que lo hizo simplemente porque se iba a hacer pública una investigación por blanqueo, otros que se precipitó para intentar centrar las investigaciones en él y no en sus hijos, y unos terceros piensan que fue para salvar a CiU de un ataque policial y judicial por corrupción.
Sea como fuera, Jordi Pujol i Soley ha puesto en el punto de mira a su mujer e hijos y ha precipitado varias investigaciones que estaban en estado embrionario o avanzaban lentamente. Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citaba a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, para que declarara en calidad de imputado por presuntamente ocultar dinero en el extranjero, realizar operaciones sospechosas y recibir comisiones de varios empresarios. Esa causa llevaba abierta desde enero de 2013, cuandosu examante confesó que le había acompañado a trasladar bolsas de dinero desde España a Andorra, aunque el magistrado había sido cauteloso en esa investigación. Fue la confesión de su padre lo que incentivó al instructor para dar un paso adelante y citarle a declarar.
Tan sólo unos días después, la Fiscalía Anticorrupción abría unas diligencias de investigación al hijo menor del expresidente, Oleguer Pujol, por varias compras inmobiliarias sospechosas, entre ellas la adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander por algo más de 2.000 millones de euros. Mientras tanto, un Juzgado de Barcelona abría una causa contra Pujol i Soley y su esposa al sospechar que la herencia de la que habló en su confesión oculta tras de sí un largo camino de corrupción y comisiones, sospechas aún sin confirmar.
En los casi tres meses que han transcurrido, con la consulta catalana del 9-N sobrevolando, las investigaciones policiales se han centrado en la familia. Fuentes próximas al clan ven este “acoso” policial y judicial como un intento de frenar la oleada independentista en Cataluña, capitaneada por Artur Mas, presidente de la Generalitat y sucesor de Pujol.
Semana ‘horribilis’
Las investigaciones a varios miembros del clan Pujol han desatado en la familia una auténtica semana ‘horribilis’. Estos días se conocía que la Justicia de Liechtenstein había incoado una investigación al expresidente catalán por un posible blanqueo de capitales tras conocer las informaciones que se estaban publicando en España sobre un posible ocultamiento de dinero. Mientras tanto, Ruz imputaba a once personas, gran parte empresarios, vinculados a Jordi Pujol Ferrusola, con quien habrían cerrado algún tipo de negocios obteniendo este último algún tipo de beneficio económico ilícito.
No sólo eso, el magistrado alertaba que pocos días después de citarle a declarar como imputado, Pujol Jr. dispuso de 2,4 millones de euros a favor de una sociedad editorial mexicana, “información que había permanecido oculta a la instrucción” hasta ese momento. Antes de tomar una decisión, Ruz ha pedido información a México para conocer qué ha ocurrido con ese dinero. Fuentes jurídicas recuerdan que fue precisamente este argumento el que llevó al extesorero del PP Luis Bárcenas a la cárcel. Fue este mismo instructor quien decidió que Bárcenas debía ingresar en prisión preventiva tras conocer que, después de ser imputado y de conocerse que disponía de varias cuentas en Suiza, siguió moviendo dinero y transfiriéndolo a cuentas en otros países para evitar que lo localizara la Justicia española.
Tan sólo un día después de conocer estas nuevas imputaciones –entre ellas a varios miembros de la familia de Mercè Gironès, la exesposa de Pujol Ferrusola–, la Policía detiene a Oleguer Pujol y a su socio, Luis Iglesias. En la operación se esperaba que, después de que los agentes detuvieran a ambos mientras se registraban sus domicilios y oficinas, se les interrogara en comisaría sobre las operaciones inmobiliarias investigadas. Pero después de ocho horas de registros, ordenados por el juez de la Audiencia NacionalSantiago Pedraz, ninguno de los dos colaboró con la Policía y se negó a declarar en sede policial.
Ahora, Pedraz, que investiga únicamente a Oleguer tras admitir por un lado una querella de Podemos y Guanyem y, por otro, la de la Fiscalía Anticorrupción, debe esperar a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) analice toda la información incautada en los registrados. Se buscan posibles cuentas del pequeño de los Pujol en paraísos fiscales, operaciones cuyos beneficios no fueron declarados a la Agencia Tributaria, y el posible blanqueo de dinero con las compras realizadas.
Andorra y Suiza no colaboran
Una vez que la Policía analice esta documentación, el magistrado procederá a citarle a declarar en calidad de imputado y escuchar su versión de los hechos. Por ahora, Pedraz no va a solicitar comisiones rogatorias para buscar información bancaria en el extranjero que dé más pistas después de la oposición que ha encontrado en otros países a la hora de entregar datos en la causa que se sigue en el juzgado 31 de Barcelona sobre el matrimonio Pujol-Ferrusola. Tanto Andorra como Suiza se han negado a aportar la información porque la instructora no determina por qué hechos están siendo investigados y por qué otros delitos se les persigue además del delito fiscal, que no está tipificado en su Código Penal y, por tanto, no se incluye en el principio de reciprocidad.
Hasta que no se encuentren pruebas o indicios que demuestren que el matrimonio tiene dinero oculto en cuentas fuera de España obtenido de actividades delictivas, ni Andorra ni Suiza van a colaborar con la Justicia española. Por esta misma regla de tres, Pedraz prefiere esperar a que haya indicios de la existencia de otros delitos antes de solicitar información bancaria.
Mientras tanto, tras la confesión del patriarca se pudo conocer del resto de hijos que cuatro regularizaron su situación este mes de julio ante la Hacienda española por un dinero guardado en el Banco Privado de Andorra. Por otro lado, su hijo Oriol sigue inmerso en el escándalo de las ITV, por el intento de amaño en la concesión de estaciones de inspección técnica de vehículos en Cataluña. Fue imputado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona, lo que acabó provocando que abandonara su prometedora carrera política en Convergència.
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-10-24/el-horizonte-penal-del-clan-de-los-pujol_408131/
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