De acuerdo con una nueva propuesta filtrada de la Comisión Europea en las negociaciones en curso del TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión), las iniciativas legislativas de los estados miembros de la UE tendrán que ser previamente aprobadas en previsión de sus impactos potenciales sobre los intereses de las empresas privadas.
La propuesta forma parte de un plan más amplio para la denominada “cooperación regulatoria”.
Grupos de la sociedad civil ya han denunciado anteriormente este plan, calificándolo de herramienta para detener o revertir la regulación destinada a proteger el interés público.
Los nuevos elementos filtrados de la propuesta, ponen de relieve los peores temores de los activistas.
Grupos de la sociedad civil han condenado el plan de “cambio normativo” como una afrenta a la democracia parlamentaria. “Esto es un insulto a los ciudadanos, a los políticos electos y a la democracia misma”, dice Max Bank de la organización Lobby Control.
La propuesta de “cambio normativo” obligará a que las leyes elaboradas por los políticos elegidos democráticamente, sean sometidas a un amplio proceso de escrutinio.
Este proceso se realizará en los 78 Estados (los 50 de EEUU y los 28 de la UE) y no sólo en Bruselas y Washington DC.
Las leyes serán evaluadas para que sean compatibles con los intereses económicos de las grandes empresas.
La responsabilidad de este examen de las leyes recaerá en un organismo de “cooperación regulatoria”, un cónclave permanente formado por tecnócratas europeos y americanos, que no tendrá carácter democrático y no rendirá cuentas ante los ciudadanos.
“Tanto la Comisión como las autoridades estadounidenses podrán ejercer una presión excesiva sobre los diferentes gobiernos y los políticos en virtud de esta medida. Los dos es muy probable que comparten la misma agenda: la defensa de los intereses de las multinacionales”, afirma Kenneth Haar de Corporate Europe Observatory.
“La propuesta de la Comisión Europea crea un laberinto de burocracia para los reguladores, que encima es pagado por el contribuyente y cuya función es impedir que se adopten legislaciones enfocadas al interés público”, sostiene Paul de Clerck de Friends of the Earth Europe.
Esta vigilancia sobre las leyes, podrá aplicarse antes incluso de que una propuesta sea presentada formalmente y antes de que se adopte, y además podrá ser aplicada sobre las normativas ya existentes, proporcionando con ello, una oportunidad continua de debilitar y retrasar todo tipo de leyes que no intereses a las multinacionales:
“Lo que quizás es más aterrador de esta propuesta es su posible aplicación a la regulación existente, ya que no sólo paralizará la legislación futura sino que paralizará la legislación actual retroactivamente”, sostiene David Azoulay del Center for International Environmental Law (CIEL).
“Cualquier legislación vigente de interés público que no sienta bien a los grandes intereses comerciales a ambos lados del Atlántico podría ser sometida al mismo proceso, para que se adapte a los intereses de las grandes corporaciones”.
Por decirlo de otra manera: estamos viviendo un golpe de estado a nivel intercontinental, en el que el poder absoluto será entregado a las multinacionales y en el que la democracia, ya extremadamente debilitada en la actualidad, se convertirá en una broma de mal gusto.
La dictadura corporativa está a la vuelta de la esquina…
Visto en : El Microlector
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