La Guardia Civil desmonta la teoría de Mas: tras el 9-N siguió organizando la consulta

Uno de los caballos de batalla es el control de la organización a través de la web participa2014.cat. Según los acusados, la web se ‘congeló’ tras la resolución del TC pero eso no fue exactamente así

Artur Mas votando en la consulta del 9-N. (AP)

ANTONIO FERNÁNDEZ. BARCELONA

Los expertos de la Guardia Civil que examinaron la página web de la Generalitat a través de la que reclutaba voluntarios para la consulta del 9 de noviembre de 2014 han desmontado este jueves la versión del Gobierno sobre la paralización de la organización de ese “proceso participativo”. En los días anteriores del juicio, tanto los acusados,Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, como los testigos propuestos por sus defensas, alegaron que tras la resolución del Constitucional del 4 de noviembre prohibiendo la organización de la consulta se hizo caso al fallo y pasaron a tomar el control los voluntarios. Uno de los caballos de batalla es el control de la organización a través de la webparticipa2014.cat. Según los acusados y sus testigos, la web se ‘congeló’ tras la resolución del Constitucional, pero eso no fue exactamente así. Los rastros cibernéticos son contundentes y contradicen esas tesis.

Así, los peritos de la Guardia Civil emitieron un informe de 97 páginasen el que desmontan esta versión. El fiscal Emilio Sánchez Ulled fue directo al cuello del Gobierno catalán: “¿Hubo cargas de ficheros después del 4 de noviembre?”, preguntó directamente. Los peritos, tras comprobar las entradas de la web, determinaron que los días 4, 7, 9 y 12 de noviembre, así como el 10 de diciembre, “se realizaronintroducciones de ficheros o modificaciones de los que había por parte del administrador”. Ello significaría que, contrariamente a lo que habían dicho los responsables políticos, la web no se desactivó.

Además, a pesar de que el responsable de la misma, Joan Cañada, dijo que la página electrónica continuó colgada en la Red porque “no se podía desactivar”, los peritos de la Guardia Civil lo desmintieron. “El administrador tiene la potestad de dejarla inactiva –dijeron-. Y no hay ningún problema para ello. Sólo hace falta entrar en el dominio y eliminar las DNS”. Esta operación puede provocar la desactivación de una página web en cuestión de minutos, aunque también puede tardar un tiempo, como máximo 48 horas.

La web de participa2014.cat sigue activa

Las defensas, por su parte, intentaron obtener una baza a su favor y enfocaron su interrogatorio a los guardias civiles sobre si una página se puede “replicar”. Su intención era dar a entender que la página participa2014.cat podría haber sido duplicada y gestionada por terceros, lo que técnicamente es imposible. La respuesta fue que un particular podría replicar la página y podría acceder a ella, pero no podría interactuar.

Por tanto, si se introdujeron archivos y datos los días anteriores y posteriores al 9 de noviembre, la página no estaba desactivada, como sostuvieron los testigos de la defensa. Es más: hoy en día continúa en activo y cuenta con los logotipos de la Generalitat de Cataluña, que es su administradora. En el registro de dominio consultado este jueves por El Confidencial consta que el administrador continúa siendo el gabinete técnico del “Departament de Governació i Relacions Institucionals” y contiene no sólo la dirección de esta consejería, en la calle Via Laietana de Barcelona, sino incluso su número de teléfono como contacto.

“Ya es suficiente, señora”

Durante la jornada de hoy, desfilaron por el banquillo de los testigos pasaron hasta nueve voluntarios del 9-N que intentaron justificar que el Gobierno no tuvo nada que ver con la consulta tras el 4 de noviembre. Así lo manifestó, por ejemplo, Carles Fernández, jefe de comunicación de Joana Ortega, que afirmó que recibió la consigna de decir que a partir de esa fecha el Gobierno dejaba de tomar participación activa en la consulta.

También pasaron por el banquillo diferentes voluntarios, como la alcaldesa de Vilafant (Girona), que incluso dejó los locales municipales para poner las urnas. Otro de los voluntarios que declaró fue el exconsejero de Agricultura (en tiempos de Jordi Pujol) Joan Vallbé. Todos los voluntarios, a pesar de que algunos eran coordinadores del recinto de votación, declararon que no saben cómo llegaron las urnas, las papeletas y el material, como sobre o bolígrafos, ya que siempre se los encontraron cuando llegaron a sus respectivos recintos.

Pero la declaración más sustancial fue la de la exdiputada de ERCGemma Calvet, que quiso lanzar su mitin particular en la sede judicial y tuvo que ser cortada por el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, en varias ocasiones. Calvet le espetó a los jueces que ella divagaba cuando le preguntaban porque “éste es un juicio de contexto”, a lo que el presidente del tribunal le contestó: “Usted viene como testigo y tiene que contestar a las preguntas que le hacen”. Y como ella insistía en la naturaleza de la vista, Barrientos le cortó secamente: “Ya es suficiente, señora”.

Durante su interrogatorio por las defensas, Calvet se explayó largamente sobre su cometido como responsable de los “observadores internacionales” que vinieron, especialmente dos diputados del Quebec. En varias ocasiones, fuese cual fuese la pregunta, Calvet siempre volvía a hablar de sus ‘invitados’, a los que, afirmó, acompañó por varios centros para que viesen cómo se organizaba la consulta y les explicaba el procedimiento y el cambio de la modalidad de ‘consulta’ a ‘proceso participativo’ “haciendo uso de certeza de legalidad. Hubo un esfuerzo enorme por parte del ‘Govern’ para hacer que el pueblo se escuchase. Todo era legal”. En otra ocasión, y sin venir a cuento, lanzó otra arenga subrayando que “algunos juristas, como Miquel Roca i Junyent, llegaron a decir que el referéndum tendría que hacerse algún día”. Y en otro momento llegó a afirmar que “en realidad, aquí debería haber 2,3 millones de personas acusadas”, o sea, todos los que participaron en la consulta.

Calvet, por otra parte, casi llega a justificar con una falacia la desobediencia a al resolución del TC: en un determinado momento, se acogió a que “en la resolución del TC de 4 de noviembre, el Constitucional se refería a la ‘consulta’, pero eso no existía ya, porque se había convertido en un ‘proceso participativo’”. Este extremo, sin embargo, fue desmentido por la Fiscalía que la estaba interrogando en ese momento. Y cuando Sánchez Ulled le preguntó sobre la página web y su actividad, volvió a mirar hacia otro lado y contestó con que desde el exterior “estaban desconcertados por la parálisis democrática del Estado español”. Y ahí fue donde el presidente le volvió a llamar la atención. Y es que no hay peor sordo que el que no quiere oír.

http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-02-09/juicio-9n-guardia-civil-artur-mas-consulta-constitucional_1328977/

La directora que se negó a abrir un colegio el 9N recibió amenazas de muerte: “Habría que quemarte”

La ex directora del instituto Pedraforca de Hospitalet de Llobregat, Dolores Agenjo (centro) (Foto: EFE)

Alejandro Burón

08/02/2017 22:35

“Ojalá te murieras”, “qué pena que no tengas cáncer” o “habría que quemarte como una bruja”. Son algunos de los insultos y amenazas que ha recibido Dolores Agenjo, la única directora de un centro público de Cataluña que se negó a abrir su instituto para celebrar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2015 (9N), y que en declaraciones exclusivas a OKDIARIO tilda de “indigno, cobarde e injusto” que los impulsores políticos de la consulta como el ex presidente Artur Mas descarguen la responsabilidad en los voluntarios en sus declaraciones ante el juez.

Agenjo, directora ya prejubilada del instituto Pedraforca de Hospitalet de Llobregat, declaró el pasado martes como testigo de la acusación en el juicio por la consulta independentista -en el que se sientan en el banquillo el ex presidente Artur Mas y las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega– tras haber entregado al fiscal “los correos electrónicos de los directores en los que se puede leer cómo nos estaban presionando y cómo nos sentíamos angustiados por esta situación”.

Para ella, todo comienza en el mes de octubre de 2014, algo menos de un mes antes de la cita independentista convocada por el entonces presidente Artur Mas. “La presión empezó el día 16 de octubre, cuando nos convocaron para decirnos que teníamos que colaborar en la consulta (…) Ante la pregunta posterior de su eso era obligatorio, nos dijeron que no era obligatorio pero sí pertinente“.

Esta petición venía acompañada de una advertencia para los centros públicos catalanes: “Añadieron que entregar las llaves del centro sí que era obligatorio porque todos los centros éramos propiedad de la Generalitat, y por tanto todos estábamos destinados a alojar la consulta“.

Dolores asegura que en ese momento tuvo claro que no quería colaborar en la captación de voluntarios que exigía la Generalitat: “Además de que eso no entraba en mis competencias, es que además era ilegal, y por tanto yo no quería participar en eso”.

Por tanto, decidió no dar respuesta a las demandas del Gobierno catalán y confiar en que su silencio se interpretaría como una negativa. “Pensé que ya me dejarían en paz y que no insistirían sobre el tema, que ya quedaba claro que yo no quería saber nada sobre este acto político”.

Sin embargo, “el día 6 y 7 de noviembre” regresaron las presiones. “El día 6 recibí dos llamadas y le día 4 recibí otras dos llamadas solicitándome las llaves [del centro]”.

Cuenta Dolores que entonces solicitó una orden escrita a la directora de servicios territoriales, y que ésta le preguntó si pretendía enseñar esta orden a alguien. “Yo le dije que sí, que la orden se la iba a enseñar a la delegada del Gobierno y a la directora de la Alta Inspección”, asegura Agenjo, que también puntualiza que no volvió a saber de esa orden oficial: “Ya no me volvió a llamar, ni se presentó”.

“Habría que quemarte como a una bruja”

A partir de entonces, afirma que no volvió a recibir llamadas ni reproches por parte de sus superiores jerárquicos, aunque fue entonces cuando empezaron las amenazas. Mensajes anónimos que Dolores recibía en su móvil o en sus perfiles de Facebook o Messenger, y que contenían amenazas tan graves como: “Ojalá te murieras”, “habría que quemarte como una bruja”, “qué pena que no tengas cáncer” o “tendrías que estar agradecida a la tierra que te da de comer”. Otro de los mensajes que cita da una idea del talante de los autores de estas amenazas: “Ya puedes ir preparando las maletas y buscar trabajo en otro sitio”.

Dolores asegura no conocer la identidad de los autores de estos mensajes, y aunque descarta que procedan de sus antiguos compañeros de trabajo, señala que ningún superior la apoyó cuando se hizo público que recibía amenazas, ni siquiera desde la Generalitat. “Yo esperaba que al ver aquello alguien me llamaría y me diría, oye, ¿necesitas apoyo? ¿Necesitas algún abogado? Y no, nadie me llamó. Nadie, quiero decir, de la Generalitat“.

A pesar de las amenazas, y de la falta de respuesta de sus superiores, Dolores asegura que en ningún momento se ha sentido amedrentada. “No pasé miedo porque no soy miedosa. Si fuese miedosa habría entregado las llaves sin más“.

A pesar de ello, decidió no denunciar estas amenazas, porque no se “atrevía” a acudir a las mismas autoridades a las que había negado las llaves de su instituto: “Después de lo que había pasado, yo no me sentía con ánimo ni con fuerzas de ir y decirles a los mismos a los que había puesto en un aprieto negándoles las llaves que me estaban amenazando. La verdad es que no les dije nada”.

La declaración de Mas es “indigna”

Dolores Agenjo ha declarado como testigo de la acusación en el juicio por el 9N después de entregar al fiscal la documentación que, según ella, demuestra que a los directores de los centros públicos catalanes estaban siendo presionados desde la Generalitat, “y cómo nos sentíamos angustiados por esta situación”.

Según afirma, tomó la decisión de recurrir a la Justicia después de que Artur Mas e Irene Rigau descargasen la responsabilidad de la organización de la consulta en los voluntarios durante sus declaraciones ante el TSJC. “Cuando oí que la señora Rigau decía que todo lo había organizado los voluntarios ahí es cuando dije, perdona, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que no quieran asumir su responsabilidad?”

Esta actitud de negar su responsabilidad es lo que provocó que esta ex profesora diese un paso adelante: “Yo intentaba ponerme en el lugar de ellos y pensaba: si yo creo en algo, y yo quiero realizar un acto en el que creo, yo asumo la responsabilidad, no la descargo sobre otros que están debajo de mí y que son más débiles (…) Me pareció algo tan indigno, tan cobarde y tan injusto que fue por ese motivo por el que yo fui a pedirle al fiscal que admitiera mi testimonio, y le entregué también los correos”.

Para Agenjo, la explicación de los ex altos cargos imputados en el juicio no se sostiene. “Ellos dicen que lo organizaban todo los voluntarios, pero los centros no se abren solos, alguien les tuvo que dar las llaves a los voluntarios. Entonces los directores darían por su cuenta y riesgo las llaves a los voluntarios, ¿entonces están diciendo que los responsables son los directores? Eso es una barbaridad, y menos mal que nadie se lo cree porque, si se lo creyeran, ahora estarían declarando los directores que abrieron los centros. Porque de ellos saldría la iniciativa y serían ellos los únicos responsables”.

En su opinión, los directores de centros públicos se han visto comprometidos en un conflicto político y judicial con el que nada tienen que ver: “Sólo faltaría que además de estar cómo estábamos entre la espalda y la pared ante una legalidad, que es la vigente, que es la que tendríamos que cumplir, y ante una administración que nos estaba pidiendo la incumpliéramos, además tuviésemos que correr con la responsabilidad de lo que pasó, sería terrible y muy injusto”.

https://okdiario.com/espana/2017/02/08/directora-colegio-9n-recibio-amenazas-muerte-735026