POR ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO A ARTURO FERNÁNDEZ
La Guardia Civil acusa a la presidenta regional de haber desempeñado un papel clave en la licitación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al expresidente de la patronal madrileña
Cristina Cifuentes
"Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente informe policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos deprevaricación continuada y cohecho. En relación a lo anteriormente citado se aprecia la presunta participación de Cristina Cifuentes y otras tres personas". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido en un demoledor informe fechado el 1 de marzo de 2017 que la presidenta regional pudo cometer estos delitos en la adjudicación del contrato que el empresario Arturo Fernández se llevó en la Asamblea de Madrid.
Como ya adelantó El Confidencial, Cifuentes presidió la mesa de contratación, como vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, que la Asamblea de Madrid adjudicó en el año 2011 al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería de Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña. Este es uno de los contratos investigados por la Audiencia Nacional. El juez Eloy Velasco cree que esta adjudicación pudo estar amañada. A cambio, el empresario donó dinero al partido. En la declaración de Fernández, Velasco le preguntó por su relación con Cifuentes.
La UCO ha hallado elementos que apuntan a que Arturo Fernández habría colaborado en la financiación ilegal del PP de Madrid a cambio de conseguir las concesiones del servicio de hostelería del Parlamento autonómico. Las pesquisas se centran en el periodo 2007-2013, durante el que el Partido Popular controló de forma ininterrumpida los órganos de decisión de la Cámara regional. Son varios los contratos investigados.
El expresidente de la patronal CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid Arturo Fernández. (EFE)
En julio de 2009 Cantoblanco se llevó la concesión del servicio de hostelería durante el siguiente año tras presentar una oferta de 212.900 euros. Obtuvo una puntuación total de 71,59 puntos y superó al segundo licitador, Clece SA (empresa integrada en ACS), que obtuvo 57,5 puntos. En ese año, la presidenta de la Asamblea era Elvira Rodríguez. En julio de 2011, Cantoblanco volvió a imponerse en el concurso con una propuesta de 174.960 euros. En este segundo contrato, aunque el proceso de licitación también fue iniciado bajo la presidencia de Rodríguez, la adjudicación la completó su sucesor en el cargo, José Ignacio Echeverría (que dimitió en diciembre de 2015 tras sufrir un accidente de tráfico y superar la tasa de alcoholemia permitida).
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En ambos procesos, el órgano de contratación del Parlamento autonómico resolvió que la compañía de Arturo Fernández había presentado la oferta más ventajosa. Cifuentes, como vicepresidenta primera de la Asamblea, presidió la comisión de expertos que estudió y aprobó la valoración de las ofertas presentadas en la adjudicación de 2011, el trámite final de la mesa de contratación después de que la mesa técnica analizara las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso. Cifuentes fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y principios de 2012 y le tocó presidir varias mesas de contratación.
Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, la UCO "ha identificado varias adjudicaciones en favor del grupo de Arturo Fernández, quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de Vicepresidencia y de la Asamblea de Madrid los años 2007, 2009 y 2011".
"Contrarios a derecho"
La UCO señala en su informe que los contratos que ganó Cantoblanco "presentan una preponderancia extraordinariamente significativa de los criterios valorables mediante juicios de valor, frente a los criterios valorables que responden a las ofertas económicas de las empresas. Lo citado con anterioridad contradice lo preceptuado en la legislación de contratación pública". Los agentes hablan de una"desnaturalización" de los criterios que se puntuaban en estas adjudicaciones, lo que provocó que "la adjudicataria final no haya sido la empresa que mejor oferta económica realizase". La Guardia Civil concluye que los pliegos de los contratos del servicio de cafetería de 2009 y 2011 "se han incluido criterios de solvencia y adjudicación que a juicio policial son contrarios a derecho".
Los investigadores destacan que tras el análisis de la contratación al Grupo Cantoblanco se aprecia una "coincidencia [entre] integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros del Patronato de la fundación Fundescam e integrantes del Comité de Campaña como Cristina Cifuentes Cuencas, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con la [responsabilidad] de ejercer como Presidenta de la Mesa de contratación, circunstancia contraria a Ia legalidad y que vulnera Ia imparcialidad que debe presidir Ia actuación de Ia Presidenta de Ia mesa de contratación".
Según la UCO, esta circunstancia "la sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en Ia aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por Ia mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo, pertenecía al patronato de Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario [Arturo Fernández] y que fueron destinadas a sufragar gastos de campaña y perteneció al comité regional de campaña del Partido Popular de Madrid". Es decir, la Guardia Civil hace un relato situando a Cifuentes en la Asamblea, donde podría haber maniobrado para valorar al alza la oferta de Fernández, y luego habría presidido la mesa en la que se le adjudicó dicho contrato. Además, la fundación de la que era patrona, Fundescam, recibió 160.000 euros del mismo empresario.
La Guardia Civil ya ha tomado declaración a varias personas que tomaron parte en la operación. Una de ellas, María Merino, jefa de protocolo en la Asamblea entonces e investigada por la Guardia Civil por prevaricación, que aseguró que se reunió en el despacho de Cifuentes en la Asamblea con la entonces diputada para el estudio de las ofertas. Los otros tres señalados por la UCO junto a Cifuentes son tres miembros del comité de expertos en la licitación de los años 2009 y 2011: María Virtudes Merino Muñoz, que fue Jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo; Tatiana Sonsoles Recoder, letrada de la Asamblea; e Isaac Arturo Zubiri.
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