Dos nombres sobresalen en los rumores que rodean la macrooperación contra la corrupción en las finanzas vaticanas: Grolux y Giovanni Angelo Becciu.
“Operaciones financieras llevadas a cabo en el tiempo”.
Oficialmente, no es mucho lo que sabemos aún de la macrooperación policial en la que la Gendarmería vaticana, por denuncia de la banca vaticana, el IOR, entró en los sacros palacios para incautarse de archivos informáticos en la sección económica de la Secretaría de Estado, salvo esas vagas palabras.
Un golpe así, más aún dado por la Secretaría de Estado contra sí misma, es cualquier cosa menos normal.
De hecho, no se recuerda nada parecido, y a la sorprendente noticia siguieron otras dos, como en un intrigante goteo: cinco funcionarios cesados de sus cargos -sobre todo, el responsable de la AIF, la Autoridad de Información Financiera, y un monseñor, Mauro Carlino, con solo unas semanas en su puesto y que había sido antes, durante un año, secretario y hombre de confianza de Giovani Angelo Cardenal Becciu, hoy prefecto de la Causa de los Santos y previamente sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el tercer puesto más relevante en la Curia.
Y la tercera noticia: el nombramiento de un nuevo juez, el único que existe en la Ciudad del Vaticano, en la persona del siciliano Giuseppe Pignatone, en mitad de todo este revuelo.
A falta de confirmaciones y nuevas pistas, las que tenemos parecen apuntar a un nombre: el cardenal sardo Angelo Becciu, y quienes ha seguido los alambicados tejemanejes de las nunca claras finanzas vaticanas también le han puesto nombre a esas “operaciones financieras llevadas a cabo en el tiempo”: Grolux.
En el centro de la operación hay un edificio con cientos de apartamentos en la periferia de la City londinense cuya compra se le plantea a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el brazo inmobiliario del Vaticano.
Se trata de una gran operación que podría superar los doscientos millones de euros: cualquier comisión a partir de ahí resulta muy sustanciosa y tentadora. Pero, consultados los expertos, se desecha la compra: no tiene sentido comprar aquello, la propiedad se hunde bajo las hipotecas. Además, hay dudas más que razonables sobre la limpieza ética de una compraventa así, visto que la propiedad del inmueble parece corresponder a una sociedad de pantalla.
El nuevo Papa, Francisco, ha dejado claro que quiere que las inversiones vaticanas sean “coherentes con la ética católica”, y aquello apesta a blaqueo de dinero y a saber qué más. Se desestima.
Y, sin embargo, un año después, en 2015, la propiedad se adquiere. ¿Cómo ha podido suceder? ¿Cómo es que la AIF, creada por Benedicto XVI como órgano de control anticorrupción para las operaciones del IOR, no ha bloqueado una compra costosísima que no tenía ni pies ni cabeza y en la que cualquier podía oler corrupción a kilómetros?
Pero se hizo, financiándola con fondos del Óbolo de San Pedro -la aportación anual de los fieles directamente al patrimonio de San Pedro, que en teoría se invierte en obras de caridad hacia los más necesitados-, y siendo último responsable, como sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado el todavía monseñor Giovanni Angelo Becciu.
Becciu era ya sustituto cuando Francisco ascendió al papado y encontró en el sardo un instrumento dócil. Fue el fautor de la intervención a saco en la Orden de Malta, que la dejó tocada por los restos, ni sombre de lo que fue. Cuando le apartó al fin de su cargo de número tres en la Curia fue con dos consuelos, dos premios de consolación: el mando de una congregación y, sobre todo, el capelo cardenalicio.
La cuestión central, lo que la sitúa más allá de una mera operación financiera corrupta, es que la operación necesitaba un detalle esencial: la firma del Papa, un quirógrafo de su puño y letra. Sabemos que la operación se concluyó. Sabemos que Francisco no firmó, no aprobó y no supo.
Lo demás solo son suposiciones, pero no carentes de lógica. Todo el mundo sabe que los cinco ‘suspendidos’ no son ni los cerebros ni los principales beneficiarios; todo el mundo sabe que Mauro Carlino es ‘hombre’ de Becciu, y que hay un nuevo sherif en Dodge City: el venezolano Edgar Peña Parra, nuevo sustituto.
Por Carlos Esteban | 04 octubre, 2019
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