Pedro Sánchez y Quim Torra se saludan (Foto: EFE).
06/10/2019 06:50
La reforma de la financiación autonómica tan aireara y prometida en los últimos tiempos tendrá aún que esperar. Y es que pese a que el PSOE ha incluido su urgente modificación en su programa electoral, este cambio legislativo no será ni tan rápido ni tan general.
La razón radica en que esta herramienta de asignación de los ingresos recaudatorios nacionales a las comunidades autónomas se volverá a negociar de forma anticipada con Cataluña. Y sólo después podrá ser asumida por las demás comunidades autónomas españolas.
Se trata de la misma práctica que ya desarrolló en su momento José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel presidente socialista negoció primero con Cataluña el texto de la ley de financiación autonómica que aún sigue vigente, y, tras incluirlo en el actual Estatuto de autonomía de esa región, ofreció el modelo al resto de territorios.
La escena se repetirá en la próxima legislatura si Pedro Sánchez sale vencedor de las elecciones del 10 de noviembre.
Las regiones gobernadas por el PP han empezado a recibir ya los mensajes de dilación correspondientes a esta demora, provocada, principalmente, por dos motivos.
El primero de ellos es la ralentización de la recaudación fiscal, algo que provoca que sea difícil poner de acuerdo a todos los territorios españoles en una fórmula de reparto cuando la mayoría de ellos exige, no sólo no ver caer sus ingresos, sino incrementarlos de forma notable.
Hay que recordar que la última vez que se abrió esta negociación de forma oficial, fue el presidente valenciano, Ximo Puig, quien estimó la necesidad de nuevos fondos para todas las autonomías en más de 20.000 millones de euros. La cercanía de una crisis económica hace que estas expectativas queden con toda probabilidad enterradas.
Pero, si este argumento es ya de peso, no lo es menos la segunda causa de este retraso en la reforma de la financiación autonómica. Y es que Sánchez pretende dar tiempo a una negociación previa con los separatistas catalanes para llegar a un acuerdo estable de gobernabilidad tras las elecciones.
Pedro Sánchez, con este fin, trabaja ya en un nuevo modelo de Estatuto catalán. Y dentro de ese texto pretende ofrecer una especie de ‘cupo vasco’ a la catalana para reducir la aportación de esta comunidad al sistema de solidaridad que nutre a las autonomías más necesitadas.
Las cesiones las planteará el ahora presidente en funciones principalmente a ERC. Los socialistas de Sánchez -con la asesoría directa de Miquel Iceta– tienen ya un plan de negociación con los republicanos. Y ese plan incluye un sistema de financiación que incremente los fondos para Cataluña, algo que afecta a todo el resto de regiones que beben de la hucha común.
El plan pasa por reformar el modelo de financiación autonómica con un factor de reducción de la aportación solidaria que ahora realizan las comunidades más ricas y estirar al máximo las competencias regionales en materia fiscal dentro de ese nuevo Estatuto de autonomía generando, de ese modo, más poder para gestionar e inspeccionar los impuestos en territorio catalán. En resumen; un cupo camuflado que les permita esconder recursos y aportar menos al resto de territorios.
Una de las vías para conseguir este punto es lo que se denomina como principio de ordinalidad. Un factor que ya estudian los técnicos del Gobierno y que consiste en que las autonomías que aportan al sistema de solidaridad tengan un tope en su aportación: un freno que se activaría justo antes de perder el puesto que ostenta cada región en el ranking de nivel de ingresos antes de aportar al resto.
Los socialistas saben que semejante reforma puede chocar con buena parte de los intereses del resto de regiones, en especial, de las más pobres. Y, precisamente, por ello, saben que necesitarán tiempo y esfuerzo para desarrollar las negociaciones. Algo que choca frontalmente con las promesas de reforma urgente del modelo general de financiación autonómica.
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