GOBIERNO SOCIALCOMUNISTA
Edmundo Bal, el ex jefe penal de la Abogacía del Estado; la ex Fiscal General del Estado, María José Segarra; y, la abogada del Estado en Hacienda que acreditó la malversación del 'procés' han sido fulminados de sus cargos.
Purgados
29/02/2020 06:47
Para el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez las exigencias de los separatistas catalanes son más fuertes que el mérito profesional y el cumplimiento de la ley. Ninguna de las tres principales figuras que defendieron al Estado español frente a los golpistas desde sus diferentes puestos al frente de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda continúa ya en el cargo que ocupaban durante el desafío independentista del aciago otoño de 2017 en Cataluña.
El jefe de los letrados públicos en asuntos penales, Edmundo Bal; la Fiscal General del Estado, María José Segarra; y, la abogada del Estado en Hacienda que acreditó la malversación de los líderes del ‘procés’ para la celebración del referendum ilegal del 1-O, Carmen Tejera, han sido fulminados de sus responsabilidades bajo la presidencia de Sánchez.
Edmundo Bal
El jefe de Penal de la Abogacía del Estado durante el juicio contra los artífices del 1-O, Edmundo Bal, fue cesado oficialmente por una «pérdida de confianza» en su labor. En 2018, el Gobierno decidía destituirle para situarlo en el área de lo contencioso-administrativo de los letrados públicos, en la que se pueden imponer multas pero no pedir prisión.
Bal accedió en 2002 al puesto de abogado del Estado-jefe del Departamento de Penal, donde fue responsable de durísimos escritos de acusación como los del caso Gürtel, donde sus peticiones de condena fueron más severas que las de la Fiscalía Anticorrupción.
Sin embargo, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, fulminaba a Edmundo Bal como jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación pública en la causa contra Oriol Junqueras y el resto de los golpistas de la Generalitat, por una evidente diferencia de criterios respecto al juicio del ‘procés’.
Mientras Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar a los golpistas de la Generalitat como autores de un delito de rebelión, la abogada general del Estado Consuelo Castro impuso un cambio de criterio, orientado desde el Ministerio de Justicia en manos de Dolores Delgado, para acusar a los procesados sólo por sedición y malversación. Una tesis que se tradujo en una sensible rebaja de las penas para los golpistas.
La negativa de Edmundo Bal a firmar y defender el planteamiento del Gobierno, le costó el puesto.
María José Segarra
La predecesora de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, era el objetivo definido por Podemos y ERC el pasado mes de noviembre, en plena conformación del Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias, para aumentar el control del Ejecutivo sobre una de las instituciones clave en la defensa de la legalidad del Estado.
Los republicanos catalanes, con el apoyo de la formación de Pablo Iglesias, pedían castigar a la fiscal general del Estado durante el juicio del ‘procés’. Si bien la titular del Ministerio Público no actuó directamente durante la causa celebrada en el Tribunal Supremo, sí respaldó permanentemente a los cuatro fiscales -Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno- que durante todo el proceso judicial mantuvieron la acusación a los golpistas por el delito de rebelión.
Sánchez accedía a apartar a Segarra del cargo, para sustituirla en una designación polémica por la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, a instancias de Podemos. Los de Pablo Iglesias querían contentar a los separatistas y provocar un cambio de criterio en la Fiscalía del Estado previa entrada de un perfil más alineado con su concepción de la situación catalana. Los independentistas, por su parte, buscaban vengarse de Segarra que, pese a proceder de planteamientos progresistas, permitió trabajar a los fiscales del Supremo con independencia y autonomía.
Podemos y ERC unían fuerzas para que tras la llegada del nuevo Gobierno se consumase la salida de la sevillana María José Segarra del Ministerio Público. Ya lo han logrado.
Carmen Tejera
Carmen Tejera tiene un currículum intachable: 17 años en el cargo, múltiples distinciones y el respeto absoluto de sus compañeros. De nada le ha servido. En el gesto más reciente de Sánchez para ganarse el favor de Torra y el resto de los separatistas catalanes, el presidente del Gobierno ha ordenado su cese como Abogada del Estado del Ministerio de Hacienda.
El mismo día de la reunión de la Mesa de negociación bilateral entre Sánchez y Torra, celebrada en La Moncloa, ERC pedía expresamente la cabeza de Tejera cuyo testimonio pericial en el juicio del ‘procés’ celebrado en el Supremo fue decisivo para probar la malversación de los golpistas. JxCAT se sumó a su linchamiento a través de Josep María Jové, procesado por el 1-O en el TSJC, segundo de Junqueras al frente de la vicepresidencia del Govern y responsable económico de la Generalitat de Puigdemont.
Los separatistas no perdonan a la técnico de Hacienda su papel en la investigación el desvío de fondos públicos de la Generalitat para la celebración del referendum ilegal del 1-O ni su declaración como experta ante el tribunal presidido por Marchena, que fue decisiva para probarla.
Jové pidió a Sánchez en la mesa de negociación purgar a la abogada del Estado que probó la malversación
Pedro Sánchez saluda a Josep María Jové en La Moncloa
29/02/2020 06:50
Carmen Tejera acaba de ser cesada por el Gobierno de Sánchez. Ella fue la abogada del Estado decisiva para demostrar y condenar a los golpistas del 1-O por malversación de fondos. Pedro Sánchez ha decidido purgarla el mismo día que se sentaba con Quim Torra para negociar las cesiones ante los separatistas.
Y es que Josep Maria Jové, uno de los negociadores independentistas que se sientan en la mesa formada por el PSOE, acaba de recibir la exigencia de una fianza solidaria de 4,5 millones de euros gracias, principalmente, a la labor investigadora y defensora del Estado de Carmen Tejera. El propio Jové pidió en la conformación de la mesa la cabeza de la abogada del Estado. Sánchez quiso mostrar su predisposición a agradar a los separatistas decapitando a la profesional que ha defendido el cumplimiento de la ley.
Desde ERC y JxCat tenían la venganza guardada. Los testimonios e informes de la abogada del Estado decapitada por Sánchez fueron claves para condenar a los golpistas por malversación. Pero no sólo a los más conocidos.
Uno de los artífices del golpe separatista, y al que se consideraba entre los independentistas como el “arquitecto de las estructuras de Estado” de la pretendida república independiente de Cataluña, también fue golpeado por la labor impecable de Tejera. Esa persona era Josep María Jové, imputado aún y miembro de la mesa de negociación montada por Sánchez para decidir el futuro de Cataluña.
Imputación de Jové
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de comunicar el procesamiento por el 1-O de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, altos cargos destacados por encima del resto bajo el mando del condenado Oriol Junqueras. La acusación a Josep Maria Jové y Salvadó incluye desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Y, por ahora, esa batería penal les ha costado ya una fianza de 4,5 millones de euros.
En el auto, la magistrada del TSJC Maria Eugenia Alegret, que ha instruido la causa en el Alto Tribunal, señala que ambos tuvieron una «participación activa» en los preparativos del 1-O y en la planificación de las denominadas «estructuras de Estado”.
La juez, que ha citado a los dos diputados de ERC el próximo 11 de marzo para una declaración judicial una vez notificado su procesamiento, les ha impuesto la obligación de acudir mensualmente al juzgado, les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir de España y les ha fijado una fianza por responsabilidad civil de 2,8 millones en el caso de Jové y otra de 1,6 millones compartida para ambos.
Pero ese mismo Josep Maria Jové es ahora un hombre poderoso ante Sánchez. Tanto, que sus deseos se han convertido en órdenes. Por eso, el mismo día de la reunión de la mesa de negociación entre Pedro Sánchez y Quim Torra, el presidente del Gobierno ordenó el cese de Carmen Tejera, la misma abogada del Estado del Ministerio de Hacienda, cuyo testimonio pericial en el juicio contra el golpe separatista del 1-O fue decisivo para probar la malversación de fondos. La misma por la que ahora Jové se enfrenta a un duro juicio y una importante fianza.
JxCat exigió su linchamiento
ERC pidió expresamente su cabeza. JxCat exigió igualmente su linchamiento. Y es que el testimonio de Tejera -al margen de su trabajo en Hacienda- terminaron de desmontar buena parte de las mentiras separatistas. Ahora se observa que las exigencias golpistas son más fuertes ante este Gobierno que los méritos y el cumplimiento de la ley.
Hay que recordar que el papel de Tejera, además, quedó claro en el grupo de cuatro técnicos de Hacienda, expertos en materia fiscal, tributaria y presupuestaria que se sentaron como peritos en el juicio del 1-O para desgranar, a preguntas del Ministerio Fiscal, con un nivel de conocimiento envidiable –inédito en la Sala hasta la fecha– los datos que determinaron cómo el Govern de la Generalitat utilizó «fondos públicos» para «la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum» ilegal, del 1 de octubre de 2017. Hoy, esa labor le ha costado la cabeza profesional a Tejera.
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