FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DE ESTADO
El proyecto del vicepresidenta podemita busca que la igualación de rangos produzca una degradación en el control de las funciones clave de los miembros del Instituto Armado
Operativo de seguridad de la Guardia Civil.
30/05/2020 06:47
El Podemos de Pablo Iglesias está decidido a tumbar el actual esquema de la Guardia Civil. Ni quiere que sobreviva su estatus militar, ni quiere que continúen como cuerpo con un elevado grado de independencia frente a su control político.
El objetivo final de Pablo Iglesias es unificar su estructura con la de la Policía Nacional, eso sí, con un regalo sorpresa final: la integración de los mandos, primaría a los de la Policía Nacional, de forma que se produzca una relegación natural de los cargos más potentes de la Benemérita.
Un plan oculto que permitiría, por ejemplo, que las grandes instrucciones judiciales no topasen con más Perez de los Cobos.
Pablo Iglesias y José Antonio Delgado, su agente de la Guardia Civil preferido y recién incrustado como asesor estrella en el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, tienen un plan consistente en forzar un profundo cambio estructural en la Guardia Civil. Un cambio que llevaría de la mano una equiparación de escalas entre los mandos policiales y los de la Guardia Civil -por rango militar-.
Usurpación de funciones
La consigna final es decisiva: en esa equiparación, los podemitas pretenden que la igualación de rangos sea a la baja para la Benemérita, de forma que, de facto, se produzca una degradación en el control de las funciones clave de los miembros de la Guardia Civil.
Dicho de otra manera, que se produzca un control de todas las funciones policiales decisivas por parte de la Policía Nacional.
El resultado sería, por ejemplo, que las investigaciones judiciales más relevantes y delicadas para el Gobierno quedarían fuera del máximo mando del cuerpo de la Guardia Civil, aunque fuesen designados sus agentes como policía judicial por un juez.
Pablo Iglesias quiere a la Guardia Civil sin independencia para escapar al poder político. Las últimas demostraciones de respeto a la ley de los agentes en la instrucción del juicio por el 8-M han terminado de convencer al líder morado de esta postura.
Por ello, el vicepresidente social ha exigido a Pedro Sánchez que acabe con todo lo que hace diferente a la Benemérita: su estructura militar y la independencia de sus mandos para poder cumplir la ley frente a órdenes contrarias a las exigencias constitucionales.
La reforma total de la Guardia Civil es una vieja aspiración del partido de Pablo Iglesias. Una tan obstinada que el Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos ha tenido ya que contestar a dos preguntas parlamentarias de Vox sobre sus intenciones con respecto al futuro de la Guardia Civil.
El Gobierno mantiene oficialmente que no prevé «suprimir el carácter militar». Pero fuentes del citado Cuerpo han confirmado a OKDIARIO que la presión de Pablo Iglesias es creciente y que los últimos capítulos vividos con el purgado coronel Diego Pérez de los Cobos y el resto de dimisiones y ceses en la Guardia Civil a causa de las intromisiones políticas del ministro Fernando Grande-Marlaska en la instrucción judicial por la nefasta gestión del coronavirus han ido de la mano de un incremento de la presión de Podemos.
Porque lo cierto es que Iglesias ha dejado claro que quiere un control de la Guardia Civil y un control de las principales instrucciones judiciales.
«Iglesias sabe que el carácter militar del Cuerpo es una barrera en sus planes de control», señala una fuente conocedora de los objetivos de los morados.
Guardia Civil y Código Militar
Podemos no ha ocultado sus deseos en los programas electorales. El texto presentado de cara a las elecciones del 10-N, de hecho, incluía su deseo en el apartado denominado ‘Garantías de Justicia Laboral y Pensiones’, donde se señalaba el siguiente compromiso: «Reconocer los derechos sindicales y civiles negados a los y las guardias civiles».
El cambio albergado bajo estos eufemismos es profundo: «Reconoceremos la condición de sindicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la participación en la vida sindical», lo que exige la desmilitarización.
«Al mismo tiempo, garantizaremos sus derechos laborales y la capacidad de organización para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la ciudadanía», lo que huele a lo mismo.
«Por otro lado, suprimiremos la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de separarla del ámbito militar y constituirla como una verdadera fuerza civil de seguridad pública», concluye. En un abierto mensaje ordenado a esa desmilitarización.
El plan de descuartizamiento de la estructura de la Guardia Civil y del rango actual de sus mandos, de hecho, se ha acelerado gracias a que Podemos cuenta ahora con un vigilante de honor en el Ministerio del Interior: y es que el ex diputado de Podemos José Antonio Delgado Ramos desempeña ahora el papel de asesor del Ministerio del Interior, el departamento de Fernando Grande-Marlaska.
Se trata del guardia que cobró protagonismo por su cercanía a Pablo Iglesias y que ahora disfruta de un cargo de confianza equiparable al de un funcionario de Nivel 30 (el grado máximo). Su papel es precisamente el de insistir en ese objetivo: el de desmilitarizar el cuerpo benemérito.
https://okdiario.com/espana/plan-pablo-iglesias-unificar-guardia-civil-policia-nacional-relegar-mandos-benemerita-5683895
El vicepresidente segundo también está señalado por los presuntos delitos de lesiones, omisión de socorro y prevaricación
LA DENUNCIA CUENTA CON EL APOYO DE 50.000 AFECTADOS POR LA NEFASTA GESTIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO
Pablo Iglesias, denunciado por «homicidio imprudente» en las residencias de mayores
El vicepresidente segundo también está señalado por los presuntos delitos de lesiones, omisión de socorro y prevaricación
JOSÉ ANTONIO PUGLISI 29 May 2020 - 18:52 CET
Pablo Iglesias
Pablo Iglesias fue denunciado por su gestión de las residencias de mayores en la crisis del COVID-19.
Como adelanta Segundo Sanz en OkDiario, el vicepresidente segundo es señalado por el presunto delito de homicidio imprudente a través de una denuncia ciudadana firmada por Miguel Pader, representante de la asociación ‘España No se Rinde’.
El escrito, presentado este 28 de mayo en el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla, también señala al fundador de Podemos por los presuntos delitos de lesiones, omisión de socorro y prevaricación.
En este sentido, solicitan que la denuncia sea admitida a trámite y remitida al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del vicepresidente del Gobierno y diputado de Podemos.
Es importante recordar que, desde el mando único para el estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, delegó en Pablo Iglesias la coordinación con las comunidades autónomas en la gestión de las residencias mayores.
Sin embargo, la actuación de Iglesias generó grandes dudas e incertidumbre. No en vano, las residencias de mayores es uno de los ámbitos más golpeados por el COVID-19, lo que explica el ‘secretismo’ del Gobierno de Pedro Sánchez para ofrecer cifra de las personas fallecidas en residencias durante esta crisis sanitaria.
«Es evidente que la demora en el actuar implica la existencia de un nexo casual entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos que se han producido en las residencias de personas mayores», explica la denuncia.
«El denunciado no adoptó medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para impedir la propagación», precisa.
«La omisión de la adopción de medidas por el denunciado lo que provocó fue la propagación en mucho residentes, que si bien han superado la infección, lo cierto es que han requerido tratamiento médico y hospitalización para su sanidad, padeciendo en algunos casos secuelas pendiente de determinación, lo que evidencia que estamos ante el resultado típico, esto lesiones constitutivas de delito», agrega.
Tales lesiones, incide el texto, son «consecuencia de las omisivas conductas» por parte de «quienes ha eludido ejecutar y desarrollar las más elementales normas de precaución, lo cual (…) supone una vulneración clara y flagrante del deber objetivo de cuidado que les incumbe», matiza.
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