Dolores Delgado, fiscal general del Estado, y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno.
LORETO OCHANDO
21/08/2020 15:36
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha enviado un comunicado referido a las informaciones periodísticas que revelan que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas aprecia delito en las cuentas de Podemos de las elecciones del 28 de abril de 2019, y pide que se abra una investigación, como adelantó este viernes la Cadena SER. El Ministerio Público destinado en el órgano fiscalizador estima que un contrato del partido con la consultora Neurona, vinculada a uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, por un valor de 363.000 euros, pudo ser simulado.
En la nota, sorprendente, la portavoz de la Fiscalía General del Estado matiza que «debe destacarse que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas carece de competencia para iniciar cualquier investigación de naturaleza penal. Sí tiene atribuciones en el ámbito de la fiscalización y del enjuiciamiento contable». Un hecho que es obvio y que ha sido publicado por todos los medios, ya que el fiscal del Tribunal de Cuentas no anuncia ninguna investigación. Únicamente pide que se investigue.
El mismo comunicado añade que «de la filtración efectuada de un documento interno del propio Tribunal de Cuentas no pueden extraerse otras consecuencias que las indicadas anteriormente”. «La necesaria y ulterior investigación para determinar si tales irregularidades tienen relevancia penal corresponde a la Fiscalía competente, por razón de la materia y del territorio», explica.
Un lavado de cara
El escrito, en el que un órgano a priori independiente del Gobierno Ejecutivo señala que el Tribunal de Cuentas no tiene competencias para investigar a Podemos, es cuanto menos extraño. Y esto es así ya que desde el órgano fiscalizador tan sólo dicen que “podrían haber simulado contratos” y que se debe investigar.
El Tribunal de Cuentas ya considera que debe ser un tribunal ordinario el que investigue la contabilidad de Podemos en las elecciones del 28-A por la facturación con la consultora Neurona Consulting, por lo que la nota informativa de la Fiscalía parece más un lavado de cara que una aclaración a los medios.
Dos delitos
La judicialización se produce después de que el fiscal, Miguel Ángel Torres Morato, aprecie dos tipos de delito en los servicios facturados a Neurona «al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor». De esta forma, sopesa que el contrato pudo ser simulado.
Según documentos internos remitidos a la sección de fiscalización del departamento de partidos políticos, el fiscal entiende que hay «hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios» de la comisión de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil. «Dado que este tribunal carece de competencias para el conocimiento de tales infracciones penales» pide que dichos pagos a Neurona se investiguen por la vía penal.
Para el fiscal, los 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A «no tienen consideración de gasto electoral» y, por tanto, no han sido admitidos como «susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales».
La razón es que la consultoría tenía «naturaleza preparatoria», es decir, no son gastos propiamente de campaña. Y aunque «en la fiscalización se aportaran vídeos y diseños publicitarios» por parte de Podemos para justificar los pagos, «no ha quedado suficientemente acreditado» que los elaborara el proveedor, Neurona Consulting.
Irregularidades
Según ha publicado OKDIARIO, el Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en el contrato de Podemos con la consultora Neurona, próxima a Juan Carlos Monedero e investigada por presuntos cobros del Gobierno de Evo Morales.
Neurona es una empresa de comunicación vinculada al chavismo. Ha realizado trabajos, entre otros, para los gobiernos de Evo Morales y Nicolás Maduro. Y en 2019, también para Podemos. El partido de Pablo Iglesias pagó en concreto 363.000 euros por la campaña de las elecciones del 28 de abril por sus servicios de consultoría.
El Tribunal de Cuentas requirió a Podemos información sobre dichos trabajos. Según consta en el último informe de fiscalización, en el trámite de alegaciones, la formación de Pablo Iglesias envió un contrato de prestación de servicios, firmado electrónicamente el 6 de mayo de 2019 «habido sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019».
El Tribunal de Cuentas señala que «de la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2019, no coincidiendo su objeto social con las prestaciones contratadas».
El organismo llama además la atención sobre el hecho de que «como señala la formación en alegaciones, en la fiscalización se aportaron vídeos y diseños publicitarios» pero «no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor».
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