Pedro Sánchez, en Bruselas.27/10/2020 06:46
Pedro Sánchez vuelve a desoír a la Unión Europea (UE) con la imposición de un estado de alarma de larga duración y que esquiva el control parlamentario. Bruselas avisó, meses atrás, que el uso de medidas excepcionales debería ser limitado e instó a los países miembros a renovar sus legislaciones, adaptando las leyes vigentes para hacer frente a los brotes sin necesidad de recurrir a este instrumento.
La advertencia la lanzó la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho, Vera Jourova, el pasado mayo. En pleno estado de alarma, Jourova avisó que la salida del confinamiento debería llevar también a los Gobiernos a «reemplazar» progresivamente los estados de alerta y excepción decretados por el coronavirus por medidas «menos intrusivas».
«Entramos en la UE en una nueva fase en la que algunas medidas tomadas para proteger la salud pública se irán relajando gradualmente. Esta nueva fase significa que los estados de emergencia que dan poderes excepcionales a los Gobiernos deberían ser retirados o reemplazados progresivamente por medidas más orientadas y menos invasivas», indicó ante el Pleno del Parlamento europeo.
Sin control
La advertencia, aunque en medio del debate sobre la amenaza del Estado de Derecho en Hungría, no iba dirigida a un Estado en particular, sino a todos en general. En ese país, el primer ministro, Viktor Orban, había decretado un Estado de emergencia ilimitado.
La atribución de poderes excepcionales, la proporcionalidad y, especialmente, el control es lo que más preocupa a Bruselas. En el informe sobre el Estado de Derecho en la UE, publicado el pasado septiembre, se analizan precisamente los mecanismos activados en cada país para hacer frente a la pandemia. En el caso español, se destacan especialmente la capacidad de control parlamentario y por parte del Tribunal Constitucional.
También se incide en la proporcionalidad, al señalar que el Constitucional «puede también controlar si el Gobierno ha rebasado su margen de apreciación en la definición de la necesidad urgente invocada y valorar la conexión entre las circunstancias habilitantes y las medidas adoptadas».
El dossier destaca que el decreto de marzo fue supervisado por el Congreso, que autorizó seis prórrogas, lo que resultaba convincente para Bruselas, preocupada por los mecanismos de supervisión.
Sobre Hungría, país en el punto de mira por su quebrantamiento del Estado de Derecho, a la UE le inquietaba el estado de alarma decretado por el Gobierno de Orban el 11 de marzo, con una «duración no predefinida», lo que suponía que «el Gobierno tenía poder discrecional para mantenerlo o ponerle fin».
«Los poderes de excepción atribuidos parecían amplios, teniendo en cuenta el efecto combinado de unas competencias definidas de manera amplia y la ausencia de un plazo claro. Determinadas medidas de emergencia adoptadas utilizando estas competencias plantearon dudas en cuanto a su necesidad y proporcionalidad», se recogía en el informe. El Consejo Europeo recomendó a Hungría que «toda medida de emergencia» debía ser «estrictamente proporcional», tener «una duración limitada» y no «interferir con las actividades empresariales».
El Gobierno acumula así un nuevo desplante a las autoridades comunitarias. La pasada semana, el embrollo con Bruselas se produjo a cuenta de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que prevé acometer el Ejecutivo. La UE ha reiterado en sucesivas ocasiones la urgencia de evitar la politización de estos organismos. El Consejo de Europa -una entidad independiente de la UE- también avisó la pasada semana que la propuesta «puede suponer una violación de las normas anticorrupción».
En su nuevo estado de alarma, el Gobierno socialcomunista esquiva de un plumazo el control del Congreso. La intención de Sánchez es someter el decreto a una única prórroga -que se aprobará en el Consejo de Ministros este mismo martes- y, por tanto, a una única votación parlamentaria. Eso implica que el Ejecutivo podrá sortear el control de la Cámara, al eliminar las prórrogas que, según la lógica, serían quincenales.
Además, las autoridades de las comunidades autónomas tendrán el poder de restringir derechos fundamentales, sin supervisión por parte de los tribunales. Sánchez tampoco prevé acudir al Congreso a defender la aplicación de las medidas. De eso se ocupará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que será quien dé cuenta de su seguimiento cada dos semanas.
El Gobierno ha buscado el vacío legal para plantear un estado de alarma largo, puesto que la Constitución no dice nada sobre la duración de las sucesivas prórrogas.
https://okdiario.com/espana/ue-alerto-estados-alarma-dilatados-sin-control-parlamentario-como-que-quiere-sanchez-6338589
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